PGN - DEBIDO PROCESO Doctrina de la pgn

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: 085-11557

Disciplinado: Jesús Alberto Quiñones Cháves

Cargo y entidad: Gerente del Hospital San Andrés de Tumaco

Quejoso: Eduardo Homero Padilla Fecha queja: Septiembre 23 de 2002

Fecha hechos: Agosto 29 de 2002

Asunto: Trasladar del sitio de trabajo a Eduardo Homero Padilla, en forma irregular.

Bogotá DC, 0 8 SEP. 2005 El Despacho, de conformidad con las facultades del artículo 25 numeral 4 del Decreto Ley 262/00 y el artículo 19 inciso tercero de la Resolución 17 de febrero 4/00 de la PGN, procede a resolver la apelación interpuesta contra el auto de pruebas de 5 de julio de 2005 de la Procuraduría Regional de Nariño.

CONSIDERACIONES: EDUARDO HOMERO PADILLA, radicó en la Procuraduría Provincial de Tumaco, copia del oficio enviado al Gerente del Hospital de San Andrés-ESE de Tumaco, por el cual le solicita a este último funcionario, que se reconsidere el acto administrativo por el cual lo trasladó al área financiera del Hospital, petición que realizó teniendo en cuenta la percepción que tuvo de la conversación personal que sostuvieron los dos, el día inmediatamente anterior.

Con base en dicho escrito, la Procuraduría Provincial de Tumaco, avocó el conocimiento en indagación preliminar mediante auto de 23 de septiembre de 2002 (fls. 9 y 10).

Previo el traslado de las diligencias, la Procuraduría Regional de Nariño, hizo lo propio al abrir investigación disciplinaria en contra de JESÚS ALBERTO CHÁVES, en calidad de Gerente del Hospital San Andrés de Tumaco, según auto de 27 de octubre de 2004 (fls. 105 a 110). Por auto de 23 de mayo de 2005 (fls. 127 a 136), se formuló cargos en contra JESÚS ALBERTO QUIÑONES CHÁVES, porque en condición de Gerente del Hospital San Andrés de Tumaco, habría realizado "...objetivamente una conducta típica consagrada en la ley como delito... al cometer actos posiblemente arbitrarios e injustos en contra del señor EDUARDO HOMERO PADILLA,..." cuando sin motivo alguno, mediante Resolución 0486 de 10 de mayo de 2002, lo desvinculó del cargo de Auxiliar del Centro hospitalario, tanto como que después de reintegrarlo, por Resolución 0830 de 29 de agosto de 202 lo trasladó irregularmente de lugar de trabajo; circunstancia ésta que lo obligó a presentar renuncia del empleo. Le señala como fuente de la acusación, entre otras pruebas, la copia el oficio enviado por EDUARDO HOMERO PADILLA el 10 de mayo de 2004 al Gerente del Hospital, adjuntando copia de la queja que presentó ante la Procuraduría General de la Nación, sobre posibles irregularidades de carácter contractual; copia de la referida queja; y las Resoluciones 486 y 830 de 10 de mayo y 29 de agosto de 2002, respectivamente. En ejercicio del derecho de defensa, que hizo valer a través de su defensor, Doctor

ROBERTO OLIVA JARAMILLO (fls. 139 a 152), argumentó entre otras cosas, que el quejoso padecía ciertos trastornos relacionados con su estado mental y que las afirmaciones que hizo en el escrito y otras diligencias que sirvieron de base para adelantar la investigación, carecían de objetividad; por lo cual era necesario, el recaudo de varias pruebas, entre ellas, la de solicitar al Instituto de Seguros Sociales con sede en Tumaco, la remisión de copia de la Historia Clínica de EDUARDO HOMERO PADILLA Castro, tanto como que su médico tratante ÁLVARO CORTÉS expidiera certificación en donde expresara, desde cuándo padece cuadros de ansiedad y depresión, cuáles las patologías síquicas o sicológicas y cuáles patologías orgánicas de otra especie constan en su historia clínica y desde qué época se remontan. Así mismo, solicitó que se le dispusiera de un perito en Psicología o Psiquiatría para que en declaración formal explicara lo que es un cuadro clínico de ansiedad y depresión; si un paciente con estas patologías puede sentirse en un momento dado, perseguido sin fundamento alguno; () juzgar como negativas, situaciones que para otras personas resultan normales. Al resolver sobre el conjunto de pruebas solicitadas por la defensa, la Procuraduría Regional de Nariño, en auto de 5 de julio de 2005 (fls. 155 a 159), denegó practicar las que se solicitaron con relación a la incorporación de la copia de la Historia Clínica y del concepto del perito técnico, luego de considerar abruptamente que tales pruebas

vulneraban el derecho a la intimidad, máxime cuando al folio 8 del expediente, obraba una constancia relativa el estado mental de PADILLA, que extendió el médico ÁLVARO

CORTÉS MARTÍNEZ.

Dentro de los términos constitucionales y legales, la parte afectada apeló la decisión de pruebas (fls. 165 a 170), señalando, que resultan pertinentes y necesarias la incorporación de la Historia Clínica del paciente EDUARDO HOMERO PADILLA y del concepto que debe rendir un perito neutral, sobre las consecuencias que se presentan en una persona que ordinariamente se cataloga como paciente depresivo y con ansiedad mental. Argumenta el recurrente que las citadas pruebas que negó el aquo, se constituyen en fundamentales para demostrar de manera fáctica y jurídica que las afirmaciones contenidas en la queja del empleado EDUARDO HOMERO PADILLA CASTRO son irreales, fundadas en apreciaciones subjetivas fruto de la imaginación de una persona emocionalmente inestable; y que son las principales elementos probatorios con que cuenta el investigado para demostrar su absoluta inocencia por hechos objeto de la investigación. Reitera la defensa, que las pretendidas pruebas en nada afectan la intimidad del paciente EDUARDO HOMERO PADILLA CASTRO, en cuanto su incorporación al expediente tiene un propósito único, cual es la de conocer los alcances de las afirmaciones de una persona con determinados y concretos síntomas síquicos y patológicos que lo alteran emocionalmente, pruebas pertinentes y necesarias requeridas no para vulnerar los derechos del paciente, sino para establecer valorativamente la subjetividad de su queja y por consiguiente llegar a la verdad real de

la situación que pone en riesgo la honestidad y la situación laboral de investigado. El debido proceso, es una garantía fundamental cuya titularidad es inherente a toda persona dentro de las actuaciones administrativas y jurisdiccionales, derecho constitucional que para efectos disciplinarios, implica el reconocimiento de otros derechos constitucionales, verbi gracia, el de legalidad, buena fe, de defensa, etc. En ese contexto, el investigado tiene la libertad de presentar y solicitar la practica de pruebas en su favor y de controvertir las que aparezcan en su contra, siempre que no se atente contra los derechos y libertades ajenas y por su parte la administración la de acceder de conformidad, siempre que guarden relación de conducencia, pertinencia y necesidad procesal. En el caso de examen, como se conoce, la investigación disciplinaria tuvo su origen en la copia del escrito que EDUARDO HOMERO PADILLA CASTRO le envió al Gerente del Hospital San Andrés de Tumaco, solicitándole que reconsiderara el traslado laboral interno realizado el 29 de agosto de 2002, petición que hacía por considerar que la novedad laboral era clara manifestación de la persecución laboral a propósito de la queja que el empleado memorialista había elevado ante la Procuraduría General de la Nación. Para contener no solo las afirmaciones del memorialista, sino del mismo auto de cargos, el investigado Gerente del Hospital San Andrés de Tumaco, conocedor de la salud mental del quejoso, cree indispensable que su conducta se pone a salvo con una serie de pruebas posibles de valorar, razón por la cual se arriesga a solicitar que procesalmente se allegue copia de la historia clínica de aquel paciente, tanto como del

Test de preguntas que en materia de patología mental de una persona indeterminada debe realizar un perito en temas de psicología y/o psiquiatría. El aquo, en contraposición a los argumentos de la defensa, considera que las pruebas requeridas son inconducentes e impertinentes, primero porque con relación a la historia clínica, además de ser "...ilegal...", se vulneraría el derecho a la intimidad y en nada cambiarían las "...resultas del proceso.."; y en segundo lugar, porque recurrir ante un " psicólogo o psiquiatra, que valore el posible estado de depresión del Señor PADILLA..." no guarda relación causal entre los hechos del proceso y lo que se pretende demostrar. Para el Despacho, resulta inconsecuente la posición de la Procuraduría Regional de Nariño, que desconoce los argumentos de la defensa; pues incorporar la historia clínica del paciente PADILLA CASTRO y el concepto neutral de especialista en materia de psicología o psiquiatría, no resulta "ilegal" ni viola el derecho a la intimidad de persona alguna. Por el contrario, en el escenario disciplinario, tales pruebas contribuyen a garantizar el derecho fundamental de defensa y el debido proceso a que tiene derecho el investigado y por consiguiente a enriquecer fáctica y jurídicamente el tema de controversia objeto de la investigación disciplinaria. Las pruebas son conducentes, porque de otra manera sería imposible establecerse si las afirmaciones que se cristalizaron en el escrito que motivaron la investigación, se tornan objetivas, o si por el contrario son meras apreciaciones subjetivas, producto de la imaginación del febril estado mental que dice la defensa alterar literalmente la

percepción del quejoso. La historia clínica que afirma el investigado, encontrarse en el Instituto de Seguros Sociales, además de resultar conducente, se torna pertinente y necesaria, pues de su contenido, que debe matizarse con lo que diga el certificado expedido por el médico tratante ÁLVARO CORTÉS MARTÍNEZ sobre las condiciones sicológicas y mentales del paciente PADILLA CASTRO y el cuestionario que debe rendir el perito requerido en relación con asuntos semejantes, resultan relevantes a la hora de decidir de fondo sobre la verdad de los hechos. Así mismo, como esta dicho, la certificación que allegue el médico tratante sobre las condiciones mentales de su paciente, como el interrogatorio a absolver por parte del perito en asuntos de psicología y/o psiquiatría, es un imperativo dentro del proceso objeto de estudio, pues de una parte se tiene que una y otras pruebas guardan relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el asunto mismo de la investigación. Nada es mas saludable resulta, para el cumplimiento de los fines de la acción disciplinaria, que garantizar el derecho de defensa y por consiguiente el debido proceso al investigado JESÚS ALBERTO QUIÑONES CHÁVES, que permitirle dentro del marco constitucional, traer al proceso la historia clínica del paciente EDUARDO HOMERO PADILLA CASTRO, la certificación de su médico tratante ÁLVARO CORTÉS MARTÍNEZ y el concepto del perito en los términos requeridos por el defensor, Doctor

ROBERTO OLIVA JARAMILLO.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia

Administrativa, en uso de las facultades jurídicas, RESUELVE: PRIMERO: Revocar parcialmente el auto de pruebas de 5 de julio de 2005 proferido por la Procuraduría Regional de Nariño.

SEGUNDO: Ordenar las pruebas solicitadas por la parte acusada de manera que se recaude en copia la historia clínica del paciente del Instituto de Seguros Sociales de la Seccional de Tumaco, EDUARDO HOMERO PADILLA CASTRO en la parte pertinente al tratamiento psicológico o psiquiátrico correspondiente; de la certificación que debe expedir el médico tratante ÁLVARO CORTÉS MARTÍNEZ relativo al tiempo que PADILLA CASTRO lleva padeciendo cuadros de ansiedad y depresión, y cuáles patologías síquicas o sicológicas constan en su historia clínica; y el peritaje en los términos contenidos en el memorial de descargos.

TERCERO: Comunicar la decisión a las partes procesales, advirtiéndoles que contra la mismo no procede recurso alguno.

CUARTO: Devolver el expediente al Despacho de origen para lo de su competencia.

QUINTO: Dejar las constancias de rigor.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM Ppjnc Rddc PJNC 85-11557-04