PGN - DEBIDO PROCESO El funcionario debió estar pendiente de que la persona que delegó rea

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPETICIÓN-En contra del Subsecretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá al notificar en indebida forma la insubsistencia de una funcionaria ACCIÓN DE REPETICIÓN-Elementos Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos: Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública. Que efectivamente se haya realizado el pago. PRUEBAS-El demandante demostró la condena a la entidad y el pago efectuado por la Alcaldía Mayor de Bogotá/RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADODaño antijurídico El Ministerio Público considera que en el presente caso, el demandante demostró suficientemente los requisitos establecidos por la Ley 678 de 2001, es decir la condena a la entidad y el pago efectuado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Dentro del acervo probatorio se encontró acreditada la condena a la entidad mediante sentencia del 14 de noviembre de 2002, proferida por el Consejo de Estado, quien condenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a reintegrar a la señora. Se probó que la entidad demandada Alcaldía Mayor de Bogotá, se hizo responsable administrativamente del perjuicio sufrido por la actora al producir la administración un daño el cual tenía que resarcir, como consecuencia de la conducta

de un agente suyo. También se encontró probado el pago a la víctima, pues se demostró que la señora, recibió la suma de ciento diez millones cuatrocientos setenta y seis mil trescientos cincuenta y seis pesos mcte ($110.476.356), la cual le fue consignada el día 3 de noviembre de 2004, según certificación expedida por el Jefe de la Unidad de Pagaduría de la Alcaldía Mayor de Bogotá, mediante consignación efectuada a la señora, aportado al proceso. DAÑO ANTIJURÍDICO-Por indebida notificación de la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de una funcionaria produciéndose la condena patrimonial/ACCIÓN DE REPETICIÓN-Es necesario demostrar la culpa grave o dolo de las actuaciones del funcionario demandado Es menester concluir que el procedimiento utilizado por la Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para notificar los actos administrativos, mediante los cuales se confirmó la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la señora, no se cumplió en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo, lo que conllevó a su anulación y en virtud de ello se produjo una condena de orden patrimonial contra el Distrito Capital. De acuerdo con la jurisprudencia anotada, para que exista responsabilidad del demandado en acción de repetición es necesario demostrar la existencia de culpa grave o dolo en sus actuaciones. No obstante observamos que el criterio para apreciar la culpa se condiciona a la existencia de un factor psicológico, que consiste en no prever un resultado dañoso habiendo podido preverlo y confiar

en poder evitarlo. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01

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ACCIÓN DE REPETICIÓN-Se debe declarar responsable al demandado por su conducta gravemente culposa/DEBIDO PROCESO-El funcionario debió estar pendiente de que la persona que delegó realizara la notificación en debida forma Para esta Delegada es acertado inferir, que se debe declarar responsable al demandado, por considerar que su proceder está tipificado dentro de la conducta culpa grave, al quedar demostrado que el señor en calidad de Subsecretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la época de los hechos, dentro del manual de funciones que tenía a su cargo, está la de notificar los actos administrativos de la Alcaldía y la Secretaría General y por lo tanto debía estar pendiente de que la persona que delegó para realizar las notificaciones lo hiciera en la debida forma, pues de lo contrario está incurriendo en una falta del debido proceso, ya que su función es la de cumplir la Ley tanto formal como material. Extrapolando el concepto de “buen padre de familia”, para un funcionario con deberes de coordinación de personal subalterno, le cabría entonces el “buen funcionamiento público jefe” el deber de verificar que todos los subalternos están cumpliendo con los deberes, de acuerdo a la ley.

Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos en este concepto, es dable colegir, que la conducta desarrollada por el funcionario, en el caso concreto por la indebida notificación de la Resolución 519 del 1° de julio de 1998, mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora, al no notificarla personalmente del contenido de dicha resolución y proceder a su emplazamiento, pues en el expediente aparece el oficio enviado, más no aparece que la señora haya recibido tal documento pues dicho documento carece de firma del remitente como constancia de recibido. ACCIÓN DE REPETICIÓN-Culpa grave o dolo según jurisprudencia del Consejo de Estado ACCIÓN DE REPETICIÓN-Responsabilidad personal del agente y definición de culpa grave según jurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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E.A.S.T.

CONCEPTO No. 18 / 2014

Bogotá, 04 de febrero de 2014.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor: Mauricio Fajardo Gómez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200502097 01(48435)

Acción de Repetición

ACTOR: Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Hacienda Distrital.

DEMANDADO: Guillermo Salcedo Hernández.

Sentido del Concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida. /Se demostró la existencia de culpa grave en las actuaciones del demandado en acción de repetición; dentro del manual de funciones que tenía a su cargo, está la de notificar los actos administrativos y por lo tanto debía estar pendiente de que la persona que delegó para realizar las notificaciones, lo hiciera en la debida forma, incurriendo en una falta del debido proceso, ya que su función es la de cumplir la ley tanto formal como material.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y al Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda - hechos

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T.  La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de repetición consagrada en el artículo consagrado en el artículo 142

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, entabló demanda, contra el señor Guillermo Salcedo Hernández, por los daños y perjuicios, ocasionados a la Alcaldía Mayor de Bogotá al haber sido condenado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.  El señor Guillermo Salcedo Hernández, en calidad de Subsecretario General de la Alcaldía del Distrito para la época, tuvo a su cargo la notificación de la resolución No. 519 de 1998 a través de la cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Gladys Mireya Rubio Arias. Mediante oficio con radicado No. 2-18776 del 13 de julio de 1998, sin firma, ni constancia de recibo por su destinataria, se solicitó a la señora Gladys Mireya Rubio presentarse a Subsecretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, advirtiéndole que de no efectuarse dicha notificación se procederá a su emplazamiento. Ante la no comparecencia de la actora, la resolución fue notificada por edicto por el término de 10 días, desde el 28 de julio de 1998 hasta el 11 de agosto de 1998.  La señora Gladys Mireya Rubio Arias demandó la nulidad de la Resolución 519 de 1998 ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca el cual negó las pretensiones de la demanda y la parte actora apeló la decisión ante el Consejo de Estado.  El Consejo de Estado revocó la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y en su lugar declaró la nulidad de las

resoluciones 519 y 675 del 1 de julio y 1 de septiembre de 1998 y del oficio 3010 del 5 de octubre del mismo año y a titulo de restablecimiento del derecho, ordenó reintegrar a la actora al cargo que desempeñaba o a uno de igual o superior jerarquía y al pago de salarios y prestaciones dejados de devengar 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T. desde el momento de su retiro hasta la fecha de su reintegro, junto con la correspondiente indexación.  Mediante Resolución No. 981 del 25 de octubre de 2004 la Alcaldía Mayor de Bogotá da cumplimiento a lo ordenado en la sentencia del 14 de noviembre de 2002 y ordena pagar a la señora Gladys Mireya Rubio Arias la suma de ciento cuarenta y tres millones de pesos mcte ($ 143.993.402), la cual le fue pagada el 3 de noviembre de 2004 según certificación expedida por el jefe de la Unidad de Pagaduría de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. 1.2. La contestación 1.2.1. Frente a las pretensiones materia de demanda, el apoderado del accionado, se opone a todas y cada una de ellas de acuerdo con lo siguiente:

 Señaló que no hay existencia de notificación irregular de la Resolución 519 de 1998, ya que sí se intentó de manera personal notificar a la señora Gladys Mireya Rubio Arias, trámite que estuvo a cargo del señor Jorge Armando Cortés, quien informó que al momento de notificar de manera personal a la señora Rubio Arias, no se encontró en su sitio de trabajo, teniendo en cuenta que la Secretaría de Hacienda Distrital y la Subsecretaría de Hacienda Distrital se encuentran en diferentes sedes, surtiéndose la notificación mediante edicto.  Indica que hay ausencia de responsabilidad patrimonial del demandando, por cuanto no tiene responsabilidad patrimonial ya que su conducta, fue acorde con las funciones que desempeñaba como Subsecretario del Distrito.  Expone que en el presente asunto se encuentra actuación defectuosa del Comité de Conciliación de la Secretaría de Hacienda Distrital, puesto que desconoció las disposiciones jurídicas, jurisprudencias, conceptos e instructivos para llevar a 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T. cabo el acta del Comité de Conciliación, al no hacer el análisis respecto de la existencia de elementos suficientes para la imputación del daño a título de culpa

grave o dolo y la procedencia o no de la acción de repetición. 1.3. Sentencia en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia de fecha treinta de mayo de 2013, negó las pretensiones de la demanda, basado en los siguientes argumentos:  Consideró que si bien aparece demostrada la existencia de una condena judicial a cargo de la entidad pública con la sentencia del 14 de noviembre de 2002, la calificación de dolosa o gravemente culposa de la conducta del agente estatal no se demuestra.  Argumentó que la condena proferida por el Consejo de Estado se originó en una interpretación diferente del artículo 1222 de 1993 a la interpretación de dicha norma por parte de Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues mientras el Consejo de Estado consideró que dentro de los 45 días siguientes a la interposición del recurso contra la declaración de insubsistencia de un empleado de carrera, la administración debía proferir la resolución que resolviera el recurso contra la declaración de insubsistencia de un empleado de carrera y notificar personalmente la misma.  Arguyó que si bien el oficio de notificación de la Resolución 519 no se envió por correo recomendado, lo cierto es que dicho oficio si fue entregado a la señora Gladys Mireya Rubio Arias en su lugar de trabajo, razón por la cual era posible considerar que la mencionada señora no compareció personalmente a notificarse de la resolución 519 del 1 de julio de 1998 y que improcedente en consecuencia 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T. la fijación de Ley.  Concluyó que no fue demostrada la culpa grave o dolo del demandando por cuanto, si bien el demandando le correspondía por el manual de funciones notificar los actos los actos administrativos expedidos por el Alcalde mayor y el Secretario General y que fue demostrado que el oficio 2-18776 del 13 de julio de 1998, de citación de notificación a la señora Gladys Mireya Rubio de la resolución 519 del 1 de julio de 1998, no fue enviado por correo, dicho oficio sí se entregó en el lugar de trabajo de la señora Rubio Arias. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte demandada, presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 30 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, argumentando lo siguiente:  Argumentó que si bien la resolución No. 519 fue expedida el 1 de julio de 1998, dentro de los 45 día siguientes a la presentación del recurso de reposición vencían el 3 de julio de 1998, para dar a conocer la decisión que resolvió dicho recurso, la entidad debió notificarla conforme al procedimiento establecido en el artículo 44 del C.C.A, puesto que por tratarse de una actuación administrativa surtida dentro de un proceso reglado, tenía plena aplicación la referida disposición que ordena la notificación en forma personal, previa citación enviada por correo certificado a la dirección registrada por el interesado, puesto que la

notificación por edicto, solo es procedente cuando no fuere posible hacerla en forma personal, al cabo de cinco (5) días del envío de la citación.  Arguyó que el anterior precepto no fue tenido en cuenta por la Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor, dependencia responsable de la notificación de 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T. dicho acto administrativo, la cual para la fecha de la ocurrencia de los hechos se encontraba bajo la dirección del aquí demandando en calidad de Subsecretario, quien sin intentar la notificación personal procedió a notificar la Resolución, mediante edicto fijado el 28 de julio de 1998 y desfijado el 11 de agosto del mismo año, sin que obre prueba alguna sobre la imposibilidad de efectuar la notificación personal en debida forma, antes de acudir a la notificación por edicto.  Concluyó que procedimiento utilizado por la Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, para notificar los actos administrativos, mediante los cuales se confirmó la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la señora Gladys Mireya Rubio, no se cumplió en la forma prevista en el Código Contencioso Administrativo, lo que conllevó a su anulación.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad al señor GUILLERMO SALCEDO HERNÁNDEZ, en calidad de Subsecretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá en su época, al notificar en indebida forma la Resolución 519 del 1° de julio de 1998 la cual declaró la insubsistencia de la señora Gladys Mireya Rubio Arias? 2.1.2. ¿Se cumple con las exigencias de la Ley 678 en cuanto a los requisitos de procedibilidad para impetrar la acción de repetición? 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público. 2.2.1. Del dolo y la culpa grave en la Ley 678 de 2001. La Ley 678 de 2001: establece en su artículo 2 que La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente

culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este orden de ideas la misma ley establece claramente el significado de culpa grave en el artículo 6 cuando expresa: ARTÍCULO 6o. CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 2.2.2 Acción de repetición – Elementos estructurales Sobre los elementos que conforman la acción de repetición la misma Ley 678 de 2001 establece: 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T. “la acción de repetición requiere la concurrencia de los siguientes elementos estructurales: a) Que una entidad pública haya sido condenada a reparar la causación de un daño antijurídico; b) Que la entidad haya pagado el monto de la condena a favor de la víctima; c) Que la condena haya sido impuesta como consecuencia del actuar del servidor o ex servidor público y, d) Que la condena se haya producido a causa de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor del Estado o de un particular que ejerza funciones

públicas. La Sala analizará cada uno de los anteriores requisitos en la medida en que se verifique su existencia. Con base en los anteriores medios de prueba, encuentra la Sala satisfecho el primero de los elementos para la prosperidad de la acción de repetición, pues se encuentra acreditado que la entidad demandante fue condenada a pagar una suma de dinero a favor de una persona, como consecuencia de la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el demandado.1 (Negrillas fuera de texto). 2.2.3. Acción de repetición - culpa grave o dolo en la jurisprudencia: El Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de abril de 2010, Consejera Ponente Myriam Guerrero de Escobar, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08809-01 se pronunció sobre las características que se deben estudiar para determinar la responsabilidad patrimonial por culpa grave o dolo del funcionario público, ex funcionario público o particular con funciones públicas en ejercicio de sus funciones que haya ocasionado una detrimento patrimonial al Estado, diciendo lo siguiente: Frente a estos conceptos, el Consejo de Estado ha dicho que para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 90 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley, a propósito de algunas

instituciones como por ejemplo contratos, bienes y familia. En consideración a lo anterior, la Sala ha explicado que, para establecer la responsabilidad personal de los agentes o ex agentes estatales, el análisis de sus actuaciones dolosas o gravemente culposas comporta necesariamente el estudio de las funciones a su cargo y, si respecto de ellas, se presentó un incumplimiento grave. Igualmente, se requiere establecer si dicho incumplimiento fue debido a una actuación consciente y 1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Consejero Ponente Myriam Guerrero Escobar Radicación No. 2500023-26-000-1999-02563-02 (36489). 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T. voluntaria del agente, es decir, con conocimiento de la irregularidad de su comportamiento y con la intención de producir las consecuencias nocivasactuación dolosa -, o si al actuar, pudo prever la irregularidad en la que incurriría y el daño que podría ocasionar, y aún así no lo hizo, o confió en poder evitarloactuación culposa-. Es claro entonces, que se trata de establecer una responsabilidad subjetiva cualificada, en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente; por ello, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier

actuación que desconozca el ordenamiento jurídico, permite deducir su responsabilidad y resulta necesario comprobar la gravedad de la falla en su conducta. Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional haya estipulado expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios sólo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo que podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. (Negrillas fuera de texto). 2.2.4. Responsabilidad personal del agente – Culpa Grave. Definición El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación No. 52001-23-31-000-199708394-01(17933) ha definido la culpa grave: “Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el

resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T. norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión

de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo. 2 2.3. Las pruebas obrantes: 2.3.1. Para efectos del presente concepto es preciso destacar las siguientes pruebas que en su momento se arrimaron al plenario, esta son:  A folios 179 a 188 del cuaderno 1 de pruebas, obra copia de la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2002, emitida por el Consejo de Estado.  A folios 55 a 64 del cuaderno 2 de pruebas, obra copia auténtica de la Resolución 519 del 1 de julio de 1998, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición que confirmó la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de la señora Gladys Mireya Rubio.  A folios 71 del cuaderno 2 de pruebas, obra copia auténtica de la comunicación con número de radicación 2-18776 del 13 de julio de 1998 sin firma, en la que se le solicitó a la señora Gladys Mireya Rubio Arias presentarse a la Subsecretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a fin de que se notificara personalmente del contenido de la Resolución 519 del 1 de julio de 1998.  A folios 65 a 66 del cuaderno 2 de pruebas obra copia auténtica del edicto por

medio del cual se notificó el contenido de la Resolución 519 del 1 de julio de 1998. 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación No. 52001-23-31-000-1997-08394-01(17933)”. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.48435 250002326000200502097 01 E.A.S.T.  A folio 103 del cuaderno 2 de pruebas, obra certificación expedida por el Jefe de la Unidad de Pagaduría en la que consta que la Dirección de Tesorería de la Secretaria de Hacienda de Bogotá consignó el 3 de noviembre de 2004, en la cuenta de ahorros No. 008380323124 del Banco Davivienda a favor de Gladys Mireya Rubio Arias la suma de ($110.476.356) y realizó descuentos por aportes a la seguridad social por valor de ($19.669.817).  A folios 106 a 109 del cuaderno 2 de pruebas obra copia de la Resolución 594 del 22 de noviembre de 1995 por la cual se adopta el manual de funciones y requisitos a nivel de clases de trabajo de los cargos o empleos que conforman la planta de personal de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la

cual estableció como funciones de la Subsecretaría General entre otras: (…) “14. Dirigir, supervisar y controlar la ejecución de las funciones administrativas, contables, financieras, presupuestales, de servicios generales, de archivo y correspondencia de la Secretaria General.

21. Notificar los actos administrativos expedidos por el Alcalde Mayor y el Secretario General”. 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada que la sentencia de primera instancia deberá ser revocada conforme a los siguientes argumentos: Para que proceda la acción de repetición deben concurrir los siguientes elementos:

13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27. PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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1. Que la entidad pública haya sido condenada al pago de los daños antijurídicos causados o haya acordado mediante conciliación u otro mecanismo alternativo de solución de conflictos dicho pago.

2. Que dicha condena se haya ocasionado por la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario público o un particular que ejerza función pública.

3. Que efectivamente se haya realizado el pago.  El Ministerio Público considera que en el presente caso, el demandante demostró suficientemente los requisitos establecidos por la Ley 678 de 2001, es

decir la condena a la entidad y el pago efectuado por la Alcaldía Mayor de Bogotá.  Dentro del acervo probatorio se encontró acreditada la condena a la entidad mediante sentencia del 14 de noviembre de 2002, proferida por el Consejo de Estado, quien condenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a rei