PGN - DEBIDO PROCESO Elementos

PROCURADURÍA SEXTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto N° 116 Bogotá D.C., 21 de mayo de 2004

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente Dr. JUAN ÁNGEL PALACIO HINCAPIÉ Referencia: 2500023240001994490101

Radicado: 13164

Asunto: Nulidad contra las Resoluciones Nos. 0019 y 0591 de 14 de enero y 6 de julio de 1994, respectivamente, proferidas por la

Superintendencia de Valores.

Actor: NEGOCIOS DELTA LTDA. y OTROS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 numeral 7 de la Constitución Política; en los artículos 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo, en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente

Alegato de Conclusión.

I. ANTECENDENTES

Cra. 10 No. 16-82 Oficina 803 Teléfonos Nos. 3346076 – 2829266 Fax: 3423609 e-mail: 6consejoestado@procuraduria.gov.co 2 Expediente N° 13164

1. En este Proceso, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca profirió la sentencia del 27 de septiembre de 2001, en la que decidió denegar las súplicas de la demanda.

2. El apoderado de la parte demandante interpuso, oportunamente, el recurso de apelación.

3. El Tribunal concedió el recurso y el Expediente fue enviado al Consejo de

Estado.

4. La Sección Primera asumió el conocimiento de ese Proceso, y posteriormente el Consejero a quien le fue repartido dictó el auto del 8 de marzo de 2002, en el que dispuso “remitir el presente expediente a la Sección Cuarta, por competencia”.

5. Ese auto se notificó en debida forma, “por estado, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 321 del C. P. C., el 13 de marzo de 2002.

6. El 22 de marzo de 2002, el Secretario de la Sección Primera remitió el Expediente a la Secretaría de la Sección Cuarta.

7. El Expediente fue sometido a reparto, y el Secretario de la Sección Cuarta lo envió al Consejero a quien le correspondió el conocimiento del mismo, el 8 de abril de 2002.

8. EL Consejero Ponente expidió el auto del 12 de abril de 2002, en el que dispuso que se diera traslado “al apelante por el término de tres (3) días a fin de que sustente el recurso”.

9. Ese auto también fue notificado en debida forma, “por estado”, el 19 de abril de 2002, y la parte demandante se abstuvo de sustentar el recurso, dentro de aquel término, razón por la cual debía declararse desierto, de acuerdo con el artículo 212 inciso 2º. del C. C. A.

3 Expediente N° 13164

10. El apoderado de la parte demandante pretendió justificar su descuido, y

atribuirle la causa del mismo al Secretario de la Sección Primera, y para lograr su propósito, el 30 de abril de 2002, presentó una solicitud de nulidad procesal, por violación al debido proceso y también por configurarse, a su juicio, la causal prevista por el artículo 140 del C. P. C. El apoderado de la demandante inicialmente expresó que la nulidad de todo lo actuado debía declararse “a partir del auto del 12 de abril de 2002, por medio del cual la Sección Cuarta concedió al recurrente 3 días para sustentar el recurso de apelación”. A continuación, el apoderado manifestó que el proceso es nulo porque si bien es verdad que el auto del 8 de marzo de 2002, que dictó el Consejero a quien inicialmente le correspondió este asunto en la Sección Primera, fue notificado “por estado”, el día 13 de los mismos mes y año, también es verdad que en el “Cuaderno Radicador No 39”, que emplea la Secretaría de esa Sección, y en el cual se registró la historia de dicho Proceso, ese Despacho omitió “anotar” que el expediente había sido enviado a la Sección Cuarta, y esa circunstancia fue la causa de que el apoderado de la parte demandante no conociera las actuaciones y providencias dictadas por esta última Sección, concretamente el auto del 12 de abril de 2002, por medio del cual el Señor Consejero Ponente dispuso que se diera traslado al recurrente, por tres días, para que sustentara el recurso de apelación. El apoderado agregó que de conformidad con el artículo 29 de la Carta, el debido proceso debe ser “público”, que este principio “implica la obligación de los

funcionarios de ventilar el proceso a la luz de las partes, procura la transparencia del proceso y garantiza el derecho de defensa” y persigue “evitar las graves consecuencias de que se tramiten procesos en forma secreta sin que las partes puedan conocer las actuaciones”, que en el Libro Radicador No. 39 de la Sección Primera, no se anotó que el Proceso había sido enviado a otra Sección, “razón por la cual no nos fue posible saber que en la Sección Cuarta se venía tramitando 4 Expediente N° 13164 el proceso”, y que “la forma de darle publicidad a la efectiva remisión del expediente de la Sección Primera a la Sección Cuarta, era realizando la anotación correspondiente en el folio 123 del libro radicador No. 39 de la Secretaría de la Sección Primera”.

11. Dos días después de haber solicitado la nulidad de todo lo actuado, el 2 de mayo de 2002, el apoderado de la parte demandante presentó un nuevo escrito en el que insiste en que “se declare la nulidad solicitada en el escrito del 30 de abril de 2002 y se consideren las razones expuestas en este escrito, las cuales demuestran los motivos por los cuales debe revocarse la sentencia apelada y consecuentemente declarar la nulidad de las Resoluciones demandadas y ordenar el correspondiente restablecimiento del derecho”.

12. La petición de nulidad ha debido ser sometida al trámite que señala el artículo 142 del C. C. A. y ser rechazada porque, como más adelante se explicará, carece por completo de fundamentación legal y desconoce la realidad procesal, como es el hecho de que el auto del 8 de marzo de 2002, de la Sección Primera, fue

notificado de acuerdo con la ley, al igual que el auto del 12 de abril del mismo año, de la Sección Cuarta.

13. El artículo 142 inciso 5 del C. P. C. establece que la petición de nulidad procesal “se resolverá previo traslado por tres días a las otras partes, cuando el juez considere que no es necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido solicitada y no decreta otra de oficio”, y que “en caso contrario se tramitará incidente”.

14. El Señor Consejero Ponente no observó esta disposición pues, sin someter la petición de nulidad al trámite que el mismo precepto indica, procedió a dictar el auto del 10 de mayo de 2002, en el que sin ningún análisis de la realidad procesal, se limitó a manifestar que dada la circunstancia de que “existió un error por parte de la Secretaría de la Sección Primera al no desanotar en el libro radicador que el proceso de la referencia fue enviado a esta Sección por distribución del trabajo, situación que le impidió al apelante conocer el auto

5 Expediente N° 13164 que corrió traslado para sustentar el recurso, el Despacho tendrá como presentado oportunamente el memorial de sustentación de (sic) interpuesto el 2 de mayo de 2002, por el apoderado de la parte actora”, y en consecuencia se admite “el recurso de apelación contra el fallo del 27 de septiembre de 2001, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección ‘B’”.

15. El 29 de mayo de 2002, el apoderado de la parte demandada,

Superintendencia de Valores, interpuso el recurso de reposición.

16. El 4 de junio de 2002, el apoderado de los demandantes se opuso a las pretensiones del recurrente porque, de acuerdo con el artículo 183 del C. C. A., modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, el recurso de súplica procede contra los autos interlocutorios, y como el auto del 10 de mayo de 2002 pertenece a esta categoría, es claro que el recurso de reposición interpuesto contra el mismo, es improcedente.

Se advierte que el apoderado de los demandantes se limitó a afirmar que aquella providencia es interlocutoria, pero no expuso una sola explicación para demostrar esa afirmación; por otra parte, insistió en que el auto de la Sección Cuarta que ordenó el traslado para sustentar el recurso de apelación, contra la sentencia del Tribunal, no surtió efectos jurídicos, es decir, es ineficaz, y aclaró que en este caso “no se discute si en la Sección Cuarta se realizaron los trámites formales para notificar las providencias proferidas en dicha Sección”, sino “si ante la falta de información sobre el momento en que fue remitido el expediente a la Sección Cuarta, los mencionados trámites pueden producir los efectos previstos en la Ley”.

17. El Señor Consejero Ponente dictó el auto del 14 de junio de 2002, en el que, sin ningún análisis, acogió la objeción del apoderado de la parte demandante en el sentido de que el auto recurrido es interlocutorio, y rechazó “por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la Superintendencia de

Valores”. 6 Expediente N° 13164

18. El 10 de julio de 2002, el apoderado de la Superintendencia de Valores interpuso el recurso ordinario de súplica, y la Sección Cuarta expidió el auto de fecha 12 de septiembre de 2002, en el que sostuvo que la providencia recurrida es de trámite, y que por lo tanto sí era procedente el recurso de reposición, que aquél oportunamente interpuso, revocó el auto de 14 de junio de 2002 y ordenó que se envíe “el expediente al Despacho del Sustanciador para proveer”.

19. El Consejero Ponente dictó el auto de fecha 8 de noviembre de 2002, en el que expresó que “no se repondrá el auto recurrido como quiera que si la providencia que ordenó remitir el proceso por distribución del trabajo a esta Sección se notificó por estado a las partes, la no desanotación en el libro radicador de la remisión del expediente a esta Sala, hizo incurrir en error al apoderado del demandante, quien esperaba encontrar en dicho libro la fecha de envío del expediente de aquella Secretaría, para acudir posteriormente a la Sección Cuarta y estar atento para sustentar el recurso”.

El Señor Consejero Ponente agregó que “si bien la anotación y desanotación de las actuaciones de los procesos en los libros no constituye medio de notificación de las providencias judiciales, sí son un medio de consulta de la situación cronológica del trámite procesal siendo por ello de gran importancia que los mismos se encuentren actualizados, máxime cuando se trata del traslado de un proceso a otra Sección que de no estarse al día puede

generar una situación de error en cualquiera de las partes que confiadas en que no ha habido actuación alguna siguen esperando que se surta el trámite pendiente por adelantar”, y es “precisamente el caso que se ha presentado en el sub lite, en el cual el apoderado judicial de la parte demandante no tuvo conocimiento oportunamente del traslado efectivo del expediente de la Sección Primera a la Sección Cuarta de esta Corporación por el atraso en la anotación de dicha diligencia, mientras que al mismo tiempo en esta Sección se estaba surtiendo el trámite correspondiente a la sustentación del recurso de apelación del cual no tuvo oportunidad de conocer dicha parte quien aún esperaba que el traslado tuviera lugar”. 7 Expediente N° 13164

20. El apoderado de la Superintendencia interpuso el recurso ordinario de súplica, y la Sección Cuarta decidió rechazarlo, “por improcedente”, por medio de auto del 5 de febrero de 2004.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Con el debido comedimiento, esta Agencia del Ministerio Público, solicita al Señor Consejero Ponente que decrete la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto de fecha 10 de mayo de 2002, por considerar que se desconoció el “debido proceso”, contenido en el artículo 29 de la Carta.

A. El artículo 29 de la C. N. garantiza el “debido proceso” en “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” (inciso 1º.).

De acuerdo con ese precepto, el “debido proceso” está integrado por diferentes elementos, tales como, entre otros, la obligación que tienen los funcionarios

administrativos y judiciales de adelantar las actuaciones y trámites que les correspondan, dentro de un determinado proceso, “conforme a leyes preexistentes” y “con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. En lo que atañe a los jueces, el artículo 230 de la Carta reitera uno de esos elementos, concretamente la obligación de aquéllos de observar la ley, en todas sus actuaciones, al decir que los jueces, “en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley” (inciso 1º.). Se observa que en este asunto se han desconocido estas normas, que el proceso ha sido adelantado sin cumplirse, en algunas de las etapas del mismo, los trámites y formalidades que señala la ley, y que ciertas providencias del Consejero Ponente, concretamente los autos del 10 de mayo de 2002, 14 de junio de 2002, el cual fue revocado por la Sala, y 8 de noviembre del mismo año, carecen de motivación y no se fundamentan en una norma legal, sino en simples afirmaciones y pareceres subjetivos del Ponente. 8 Expediente N° 13164 En primer lugar, se advierte que la petición de nulidad procesal que la parte demandante formuló, el 30 de abril de 2002, no fue sometida al trámite que señala el artículo 142 inciso 5 del C. P. C., el cual dispone que la solicitud de nulidad procesal “se resolverá previo traslado por tres días a las otras partes, cuando el juez considere que no es necesario la práctica de alguna prueba que le haya sido solicitada y no decreta otra de oficio”, y que “en caso contrario se tramitará

incidente”. El Señor Consejero Ponente reemplazó ese trámite por una actuación diferente, que no prevé la ley, como fue la expedición de un auto, de fecha 10 de mayo de 2002, en el que admite la pretensión que perseguía la parte demandante en caso de que se hubiera decretado la nulidad de todo lo actuado, pretensión cuya finalidad era el desconocimiento del auto del 12 de abril de 2002, en el que se ordenó el traslado por tres (3) días para sustentar la apelación contra el fallo de primera instancia, sustentación que, por negligencia y descuido, omitió la parte demandante, y que se dictara una nueva providencia en la que se dispusiera un nuevo traslado. También se observa que el auto del 10 de mayo de 2002 decide que se tenga como sustentación del recurso y como oportunamente presentado un escrito que la parte demandante presentó extemporáneamente, el 2 de mayo de 2002, sin exponer ninguna motivación seria y razonable que justifique esa determinación y que justifique la decisión de no tramitar la petición de nulidad, pues simplemente se limita a afirmar que por descuido o negligencia o error, que atribuye, sin aducir ninguna prueba, a la Secretaría de la Sección Primera, error que consiste en haber omitido anotar en el libro radicador que el expediente había sido enviado a la Sección Cuarta, se le impidió a la parte demandante que conociera esa situación y advirtiera que en esta última Sección fue expedido un auto que ordenó el traslado para sustentar el recurso de apelación. De otro lado, igualmente se advierte que la decisión que contiene el auto que se

comenta y la afirmación que éste hace en el sentido de que la parte demandante 9 Expediente N° 13164 no pudo sustentar oportunamente, ante la Sección Cuarta, el recurso de apelación, porque la Secretaría de la Sección Primera omitió anotar, en el libro radicador No. 39, que por medio de auto del 8 de marzo de 2002 el Ponente había ordenado que se remitiera el expediente a la Sección Cuarta y que ya se había cumplido esa providencia, no se fundamentan en ninguna norma legal y desconocen la validez, pues no ha sido revocado, y la eficacia del mencionado auto. La eficacia de una providencia judicial es la capacidad de ésta de producir efectos jurídicos, y esa eficacia surge cuando se surte la notificación de la misma, y no cuando, después de realizarse ésta, se anota en los denominados “libros radicadores” que el acto fue expedido y que su cumplimiento se producirá en determinada fecha, ya que esta condición no la señala ninguna norma legal. El artículo 313 del C. P. C. dispone que las providencias judiciales “se harán saber a las partes y demás interesados por medio de notificaciones, con las formalidades prescritas en este Código”, y que salvo los casos expresamente exceptuados, “ninguna providencia producirá efectos legales antes de haberse notificado”. El artículo 314 del mismo estatuto se refiere a la notificación personal y señala las providencias judiciales que deben ser notificadas mediante este sistema. El artículo 321 de ese Código, el cual consagra la denominada “notificación por estado”, dice que la notificación de los autos que no deba hacerse

personalmente, se cumplirá “por medio de anotación en estados que elaborará el secretario” y señala las formalidades que deben contener esos estados. El auto del 8 de marzo de 2002 fue notificado, como lo ordena la ley, “por estado”, el 13 de marzo del mismo año, y comenzó a generar efectos jurídicos, a ser obligatorio, a partir del siguiente día. 10 Expediente N° 13164 Al ser eficaz y obligatorio, la Secretaría de la Sección Primera debía cumplir ese auto inmediatamente, es decir, debía proceder a remitir el expediente a la Sección Cuarta, en el menor tiempo posible, como efectivamente lo hizo, sin necesidad de que antes de cumplir aquel auto anotara en el libro radicador esa circunstancia. Ninguna norma legal dice que los juzgados, tribunales y demás corporaciones judiciales deben tener “libros radicadores”, en los que deban anotarse los procesos que tramitan, las actuaciones adelantadas por el funcionario competente y por la Secretaría de esos Despachos, y que tales actuaciones son válidas una vez se efectúan esas anotaciones. Es aconsejable que en esos Despacho se empleen libros u otros sistemas en los que se registren los diferentes Procesos que aquéllos adelanten, el número de radicación asignado a cada uno de éstos, las providencias dictadas en los mismos y demás actuaciones judiciales, para facilitar a los interesados consultar el estado en que se encuentran y obtener toda clase de información acerca de esos procesos, pero es claro que la validez y eficacia de las providencias judiciales y otras actuaciones de los Despachos no depende de las anotaciones que, sobre

tales providencias y actuaciones, se hagan en esos libros u otros sistemas de información. Como ya se dijo, la validez, eficacia y obligatoriedad de las providencias judiciales dependen del acto de notificación de las mismas. El auto del 8 de marzo de 2002, que ordenó remitir el expediente a la Sección Cuarta, no sobra repetirlo, es un acto eficaz y obligatorio. Al ser notificado ese auto en debida forma, en este caso “por estado”, se presume que fue conocido por las partes y que éstas se enteraron que la Sección Primera carecía de competencia para tramitar y decidir el Proceso, en segunda instancia, que la Sección Cuarta era la competente, y que el expediente sería enviado a esta última, en el menor tiempo posible, y en tales circunstancias, ante la eficacia de esa providencia, las partes debían comparecer permanentemente a 11 Expediente N° 13164 la Sección Cuarta, para verificar los “estados” o las notificaciones por este sistema y establecer la situación en que pudiera encontrarse dicho Proceso. La parte demandante incurrió en un gran descuido, porque no acudió a la Sección Cuarta para averiguar el estado en que se encontraba el Proceso, y por esa circunstancia, atribuible a su propia negligencia, y no a error de la Secretaría de la Sección Primera, no advirtió que el Magistrado Ponente había dictado el auto de fecha 12 de abril de 2002, en el que dispuso que se diera traslado al recurrente, por tres (3) días, para que sustentara la apelación, y que esa providencia fue notificada en debida forma, descuido que le impidió sustentar el

recurso, dentro de ese término. En estas condiciones, de acuerdo con el artículo 212 inciso 2º. del C. C. A., era procedente declarar desierto el recurso. Debe agregarse que el auto del 12 de abril de 2002 es una providencia eficaz y obligatoria, porque fue notificada en debida forma, y en estas circunstancias no tiene sentido que, habiéndose producido esa notificación el día 19 de los mismos mes y año y habiéndose completado el 24 de abril, el término de tres días que se concedió al apelante para que sustentara la apelación, el Señor Consejero Ponente hubiera decidido tomar como sustentación del recurso el escrito que presentó la parte demandante el 2 de mayo de ese año, es decir, mucho tiempo después del vencimiento de ese término. Por último, es preciso señalar que los autos del 10 de mayo y 8 de noviembre de 2002 no indican ni comentan cuál es la prueba en que se fundamentan, para afirmar que la Secretaría de la Sección Primera no anotó en el libro radicador No 39 que el expediente había sido enviado a la Sección Cuarta, y que esa supuesta irregularidad fue la causa del descuido y negligencia de la parte demandante. De acuerdo con todo lo anterior, es indudable que en este asunto, después que la parte demandante, el 30 de abril de 2002, solicitó la nulidad de todo lo actuado “a partir del auto de 12 de abril de 2002...”, se desconocieron las reglas del debido 12 Expediente N° 13164 proceso porque no se cumplieron, respecto de esa solicitud, los trámites y

formalidades que consagra la ley, y de otro lado, porque los autos del 10 de mayo y 8 de noviembre del mismo año no se fundamentaron en ninguna norma legal, no aducen una prueba que respalde sus conclusiones, y desconocieron la realidad procesal y la eficacia y obligatoriedad de los autos del 8 de marzo y 12 de abril de 2002. Por lo expuesto, esta Procuraduría Delegada solicita que se declare la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto del 10 de mayo de 2002, para que la petición que la parte demandante formuló el 30 de abril del mismo año, sea sometida a los trámites legales que establece el artículo 142 del C. P. C. Del Señor Consejero Ponente,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

J.J.P.V./L.B.S.M.