PGN - DEBIDO PROCESO La apertura de investigación después de 6 meses fijados para indagaci

161-2178/04

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil cuatro (2004) Aprobada por Acta de Sala Extraordinaria No.47

Radicación: 161-02178 (162-84350/2003)

Disciplinado: JESÚS ALBEIRO ESTUPIÑÁN

HURTADO

Cargo y Contralor Departamental del

Entidad: Amazonas

Quejoso: Fernando Libreros Agudelo Fecha queja: Octubre 15 de 1999

Fecha Hechos: Septiembre de 1998 – noviembre de

1999

Asunto: Apelación fallo de primera instancia P.D. PONENTE: Dr. LEÓN DANILO AHUMADA RODRÍGUEZ La Sala Disciplinaria en virtud de la competencia otorgada por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, revisa por vía de apelación, la decisión proferida el 29 de abril de 2004 por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, por la cual se sancionó al señor JESÚS ALBEIRO ESTUPIÑÁN HURTADO, en su condición de Contralor Departamental del Amazonas, con multa de sesenta (60) días del salario devengado para la época de los hechos.

ANTECEDENTES PROCESALES Tuvo origen el presente proceso disciplinario en la queja formulada el 15 de octubre de 1999, por el ciudadano FERNANDO LIBREROS AGUDELO al señor Procurador General de la Nación, denunciando la existencia de presuntas irregularidades contractuales en la Contraloría Departamental del Amazonas (folio 1 del C.O. 1). En

atención a esa información, el señor Procurador General asignó a una Asesora Grado 24 para adelantar la práctica de diligencias disciplinarias, respecto de posibles irregularidades contractuales, presupuestales y conexas en dicha Contraloría Departamental (folio 13 ídem). Esta funcionaria dispuso la apertura de indagación preliminar mediante auto del 19 de octubre de 1999 (folio 14 ibídem). Una vez trasladado el expediente, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública ordenó la apertura de investigación disciplinaria mediante auto del 12 de mayo de 2003 contra el Dr. JESÚS ALBEIRO ESTUPIÑÁN HURTADO, en su condición de Contralor Departamental del Amazonas y la misma dependencia le formuló cargos a través de providencia del 30 de septiembre de 2003, por la celebración de una serie de ordenes de prestación de servicios con violación de las normas de la contratación estatal (folios 537 del C.O. 3 y 923 del C.O. 5). En providencia del 30 de septiembre de 2003, la Delegada declaró la prescripción de la acción disciplinaria respecto de las órdenes de prestación de servicios núms. 001 1 161-2178/04 a 087 de 1998 (folio 923 del C.O. 5); por auto del 27 de noviembre del mismo año hizo lo propio en relación con las ordenes 088 a 125 de 1998 (folio 966 ídem) y, finalmente, en el fallo recurrido se declaró tal fenomenito frente a las ordenes 126 a 147 de 1998 y 001 a 041 de 1999. Por esta circunstancia este fallo no se referirá al

cuestionamiento de estos compromisos. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En el fallo de primera instancia objeto de esta decisión, dictado el 29 de abril de 2004, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública declaró responsable de los cargos formulados al disciplinado JESÚS ALBEIRO ESTUPIÑÁN HURTADO en su condición de Contralor Departamental del Amazonas y decidió sancionarlo con la multa referida, determinación que se tomó con sustento en los argumentos que se sintetizan a continuación, expuestos por esa instancia después de referirse a la actuación procesal, los cargos, las pruebas recaudadas, los descargos y los alegatos de conclusión (folios 1005 del C.O. 5). El cargo consistente en la celebración de ordenes de prestación de servicios (OPS) sin solicitar por lo menos otra oferta distinta del adjudicatario del contrato y con violación del principio del deber se selección objetiva, se desvirtúa por haberse allegado como pruebas en los descargos, otras hojas de vida que acreditan que las mismas fueron tenidas en cuenta en las adjudicaciones correspondientes, aunque no se hubieran presentado invitaciones escritas en tales procedimientos. Se desconoció por el disciplinado la disposición que ordena que los contratos de prestación de servicios (CPS) solo se deben celebrar con personas naturales cuando dichas actividades no pueden realizarse con personal de planta o requieren conocimientos especializados (Ley 80 de 1993, art. 32 num. 3º). Lo propio ocurrió con la norma que prohíbe tales contratos para el cumplimiento de funciones que estén a cargo de empleados de la planta de personal de las Contraloría Departamentales (Ley 330 de 1996, art. 15). Además, a través del CPS, como lo ha

indicado la Corte Constitucional (C-32697), se vincula una persona natural en forma excepcional para suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad o para desarrollar actividades especializadas que no pueden asumirse con el personal de planta. La planta de personal de la Contraloría Departamental del Amazonas, conformada en 1998 y 1999 por seis (6) funcionarios, podía desarrollar las funciones propias de esa dependencia, sin embargo se contrató, a través de CPS, a personas naturales para cumplir labores que estaban a cargo de tales empleados, pues los contratistas realizaban visitas, suscribían actas en entidades públicas como funcionarios de la Contraloría Departamental y ser presentados en dicha condición por el Contralor. La Contraloría General de la República mediante oficio del 19 de febrero de 2004, emitió el concepto solicitado en estas diligencias, señalando que el proceso de responsabilidad fiscal no puede ser adelantado por particulares vinculados a través de CPS. En los años 1998 y 1999 el Contralor no presentó informes ni solicitudes de ampliación de la planta de personal ante la Asamblea Departamental y los resultados obtenidos por la gestión de dicho ente de control no exoneran al disciplinado del cumplimiento de sus obligaciones. 2 161-2178/04 Respecto del debido proceso disciplinario, el disciplinado se enteró de la apertura de la indagación preliminar en cuanto atendió directamente una vista practicada. Para abrir la investigación correspondiente, la Delegada tuvo en cuenta solamente las pruebas practicadas dentro de los seis meses de la indagación. Así mismo, de acuerdo con concepto emitido por la Procuraduría Auxiliar (Consulta C-22/99) en

relación con el art. 141 de la Ley 200 de 1995, no se señala ningún efecto ni la nulidad de las actuaciones surtidas con posterioridad al vencimiento del término consagrado por esa norma y el art. 228 de la Carta Política establece la prioridad del derecho sustancial sobre el formal. El material probatorio fue analizado en el pliego de cargos y respecto del cambio de competencias este no se produjo caprichosamente porque en virtud de la Ley 201 de 1995, art. 8º, vigente para el momento de los hechos, el Procurador General de la Nación tiene la función de asignarla a los funcionarios de este órgano de control, autoridad que obró en atención a esas atribuciones. Igualmente se atendieron las normas del Decreto 262 de 2000, art. 25 num. 1 lit. c), que asignan la competencia en la Procuraduría Delegadas para conocer de las irregularidades de los Contralores Departamentales. El disciplinado con su proceder transgredió los arts. 32 num. 3 de la Ley 80 de 1993, 15 de la Ley 330 de 1996, 6º y 209 de la Constitución Política y por ende el art. 40 nums. 1, 22 y 23 de la Ley 200 de 1995, en concordancia con el art. 38 de la misma ley. La falta cometida es grave atendiendo los criterios del art. 27 de la Ley 200 de 1995, comportamiento que se realizó conscientemente por el disciplinado por lo cual se imputó a título de dolo. DEL RECURSO DE APELACIÓN El disciplinado JESÚS ALBEIRO ESTUPIÑÁN HURTADO, actuando directamente,

interpuso recurso de apelación contra la decisión sancionatoria de primer grado (folio 1021 del C.O. 5), con base en los siguientes fundamentos: La Delegada no hace ningún análisis sobre las hojas de vida de los contratistas ni sobre la planta de personal, la capacidad de los funcionarios de la Contraloría y las funciones a ellos asignadas, planta que era de ocho (8) funcionarios y no de seis (6) como la Delegada afirma, ni se pronuncia sobre la información falsa suministrada por el denunciante. El apelante cuestiona que con la escasa formación profesional de los funcionarios de la Contraloría, la cual describe, se pudiera desarrollar una acertada labor de control de la gestión fiscal, por lo que “Se vinculó durante 1.998 y 1.999 un grupo de personas con el fin de cumplir labores propias de la Contraloría y que no podían desempeñar las personas de nómina de la entidad”, cuyas hojas de vida expresan que si estaban preparados para realizar la labor asignada (folio 1022 ídem). El recurrente se refiere a cada uno de los contratistas, sus condiciones académicas, su experiencia y las funciones para las cuales fueron contratados, señalando que éstas no eran las asignadas al personal de planta. Además, ninguno de los contratistas adelantó procesos de responsabilidad fiscal ni fenecieron cuentas de las 3 161-2178/04 entidades fiscalizadas, lo cual tampoco se establece de manera precisa por el fallo, y que una cosa es el proceso de responsabilidad fiscal y otra el control de la gestión fiscal. El fallo no hace un análisis de las pruebas como lo ordena el art. 170 de la Ley 734

de 2002; no dice cuáles fueron los contratistas que desarrollaron funciones de planta y la función paralela de cada uno de ellos y tampoco cuales eran los conocimientos especializados del personal de planta para realizar las actividades contratadas. Ello no se entiende frente al art. 32 num. 3 de la Ley 80 de 1993, que autoriza contratar con personal que requiera conocimientos especializados. Todo lo anterior dificulta el derecho de defensa y le resta claridad a las acusaciones. El impugnante reflexiona sobre el alcance de algunas de las actividades contratadas frente a las funciones asignadas a los funcionarios de planta de la Contraloría Departamental y se plantea una serie de interrogantes al respecto, cuestionado la ausencia del análisis por parte del fallo de primer grado. Cuestiona el disciplinado la observación del fallo de instancia en el sentido de haberse contratado personas para hacer auditorias operativas existiendo un auditor interno en la Contraloría, sin haberse preguntado el fallador qué es una auditoría operativa y sin tener en cuenta que ese auditor tenía apenas título de bachiller. Indica que la Contraloría desarrolló una labor de fomento de la cultura de participación ciudadana, capacitando jóvenes de la región y organizando su oficina de quejas y reclamos, y eventos en tal sentido, a propósito de lo cual se pregunta por la existencia de funciones al respecto al personal de planta y en la estructura de la Contraloría. Luego se refiere, sin definirlas, a la función del investigador fiscal y al auxiliar del investigador fiscal. Lo propio hace frente a la necesidad de defender la autonomía del órgano de control fiscal seccional frente a la Gobernación Departamental, indicando que para esa actividad contrató abogados especializados para defender los intereses

de la institución ante la jurisdicción administrativa. Insiste en la petición de una serie de pruebas cuya práctica fue negada en el proceso, refiriéndose a su necesidad y contradiciendo los argumentos expuestos por la Procuraduría para negarlas. Afirmó que no es cierta la comunicación de la Asamblea Departamental, según la cual no se encontraron informes presentados por la Contraloría y es “GRAVÍSIMO que no se tome la molestia la delegada de corroborar esta información tan importante para demostrar la labor especializada desarrollada por los contratistas” (folio 1035 del C.O. 5; mayúsculas del texto). Era deber constitucional del Contralor presentar varios informes a la Asamblea y así se cumplió, siendo ejemplo de ello el oficio anexo 713, CD que obra en el anexo 1 del recurso. Se refiere a la consideración del fallo recurrido conforme a la cual los resultados obtenidos por la Contraloría a cargo del disciplinado no lo exoneran del cumplimento de sus obligaciones, afirmando que la Delegada desprecia la gestión realizada y que no se causó ningún daño a la administración pública, para cuyos efectos se apoya en lo expuesto por la doctrina sobre las causales de justificación de la falta disciplinaria, 4 161-2178/04 transcribiendo apartes del texto de Camilo Sanpedro. Recuerda el disciplinado el indebido comportamiento mostrado por la Gobernación del Departamento frente a la actuación de la Contraloría Departamental y cómo este organismo denunció ante la Procuraduría ese hecho sin encontrar respuestas, lo cual contrasta con la ágil actuación de este ente de control en la presente investigación.

Considera violatorio del debido proceso el haber durado tres años la etapa de indagación preliminar e igualmente seis meses y medio para fallar. Sobre lo primero cita las decisiones proferidas en los expedientes adelantados en la Procuraduría núms. 097-377/00 y 097-312/99, en las cuales se ordenó el archivo definitivo por transcurrir más de seis meses en la etapa preliminar y cita su oficio de 29 de marzo de 2001, presentado dentro del expediente 097-364/00, el cual anexa. Respecto de la asignación de competencias disciplinarias por el Procurador General, expresa que si bien es cierta esa posibilidad legal, ello dificulta el derecho de defensa y viola el debido proceso pues durante tres años no se conoció dónde estaba el expediente y no se respondió a la solicitud de ampliación de la versión libre que hizo el 17 de abril de 2000. Señala que no presentó alegatos de conclusión porque no fue notificado del auto respectivo de traslado. Tampoco tuvo oportunidad para controvertir la prueba relativa a los informes presentados ante la Asamblea Departamental, ni de hacer observaciones al oficio de la Contraloría General sobre contratación de personal, siendo que conforme al CDU es un derecho del investigado solicitar, criticar, controvertir e intervenir en la práctica de las pruebas. Manifiesta que no actuó con dolo porque lo hizo con buena fe, cumplió eficientemente sus funciones sin desdeñar la ley. Por todo lo dicho la sanción (que no debería destinarse a programas de bienestar social del Departamento sino de la Contraloría que tiene autonomía presupuestal y administrativa) no es viable porque está demostrado que no infringió la ley.

El recurrente solicita a la Sala hacer una evaluación detallada de las pruebas en punto al objetivo de cada contratación, las funciones y experiencia laboral de cada contratista frente al personal de planta de la Contraloría para la época de los hechos y ordenar la practica de las pruebas negadas por la Delegada, así como definir por qué razón la Delegada no corroboró el informe de la Asamblea Departamental antes mencionado. Finalmente pide a la Sala Disciplinaria tener en cuenta la existencia de causales de nulidad por la violación de los términos para la indagación preliminar y la evaluación de descargos, la violación del derecho de defensa por no haberse permitido la ampliación de la versión libre y la falta de notificación del auto de traslado para alegatos de conclusión. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Procede la Sala a estudiar si legalmente es viable mantener en firme el reproche disciplinario formulado contra el servidor JESÚS ALBEIRO ESTUPIÑÁN HURTADO, 5 161-2178/04 en calidad de Contralor Departamental del Amazonas, para cuyo fin son necesarias las siguientes consideraciones:

1. Los cargos formulados.

En providencia del 30 de septiembre de 2004, en lo que respecta a las ordenes de contratación cuya prescripción no ha sido declarada por las providencias reseñadas en los antecedentes de este fallo y frente a las cuales se produjo la sanción recurrida, al disciplinado se le formuló el siguiente cargo: “La Contraloría Departamental del Amazonas celebró órdenes de prestación de servicios durante los años 1998 y 1998. Las personas contratas, la labor y las

órdenes son las siguientes: Contratista Labor u objeto No. de orden y fechas Alexy Soto Acosta Contadora revisión de 050D del 21-06-99 a 16cuentas 07-99 Magnolia Elisa Castañeda Auxiliar Contable 047 del 18-05-99 a 04-0699 054 del 02-08-99 a 01-0999 071 del 02-09-99 a 01-1099 083 del 04-10-99 a 03-1199 Juan Carlos Perdomo Técnico Administrativo 050A del 01-06-99 a 13Zapata Organización de archivos, 07-99 planes y programas José del Carmen Técnico en estadística 050H del 06-07-99 a 05Velásquez 08-99 062 del 05-08-99 a 04-0999 071F del 06-09-99 a 0510-99 084 del 04-10-99 a 03-11-99 Oscar Luna Gutiérrez Auxiliar de Investigación 042 del 03-05-99 a 15-06Fiscal 99 060G del 01-07-99 a 3107-99 060 del 02-08-99 a 01-0999 071D del 02-09-99 a 0110-99 079 del 02-10-99 a 01-1199 María Gladis Aguilar Auxiliar de Servicios 046 del 18-05-99 a 17-06Vargas Generales 99 050 del 21-06-99 a 30-0799 071G del 06-09-99 a 0510-99 080 del 04-10-99 a 03-116 161-2178/04 99 Agustín Borraez Auxiliar Técnico 048 del 18-05-99 a 17-0699 050B del 21-06-99 a 3007-99 José María Barrios Auxiliar Contable 050E del 01-07-99 a 2607-99 071B del 02-09-99 a 0110-99 Alfredo Javier Maya Abogado 050F del 01-07-99 a 3107-99 059 del 02-08-99 a 01-0999 071E del 02-09-99 a 0110-99 Danira Soria Díaz Auxiliar Secretaria 049 del 24-05-99 a 26-0699 061 del 05-08-99 a 04-0999 085 del 04-10-99 a 03-1199 Anny Buitrago Jacobo Auxiliar contable 052 del 21-07-99 a 20-0899 068 del 23-08-99 a 06-0999 Samuel de Jesús Auxiliar de investigaciones 053 del 21-07-99 a 20-08Quinceno fiscales 99 067 del 23-08-99 a 22-0999 077 del 23-09-99 a 22-1099 086 del 04-10-99 a 03-1199 María del Rosario Gil Servicio de revisión y 055 del 02-08-99 a 01-09organización de 99 documentos Yenny Lorena Dussán Auxiliar contable 056 del 02-08-99 a 01-0999 071A del 02-09-99 a 0110-99 Marisella Cuao Manjarrez Digitadora 058 del 02-08-99 a 01-0999 071AC del 02-09-99 a 0110-99 081 del 04-10-99 a 03-1199 Yara Andrea Orozco Auxiliar recepción quejas 069 del 01-09-99 a 30-09y reclamos 99 082 del 04-08-99 a 03-1199 Juan Karlo Bedoya Analista financiero 075 del 13-10-99 a 12-1199 7 161-2178/04 Sandra E. Lozada Contadora 076 del 19-09-99 a 18-1099 0178 del 22-10-99 a 2111-99 Félix Givanni Castro Evaluación y seguimiento 079 del 28-09-99 a 27-10a la prestación de 99 servicios públicos domiciliarios Luz Mary Herrera Arias Servicio de recopilación y 087 del 19-10-99 a 18-11análisis de información 99 El doctor JESÚS ALBEIRO ESTUPIÑÁN HURTADO, al celebrar las órdenes de prestación de servicios relacionadas en los cuadros anteriores, no tuvo en cuenta los principios de selección objetiva, transparencia e imparcialidad, por haber contratado con personas naturales sin solicitar por lo menos otra oferta, pues si bien se encontraba frente a contrataciones directas sin formalidades plenas, ello no implicaba el desconocimiento de los principios de la ley de contratación. Igualmente, desconoció lo dispuesto en el artículo 32, numeral 3º de la Ley 80 de

1993, según el cual los contratos de prestación de servicios solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. Al celebrar dichas órdenes, también desconoció el artículo 15 de la Ley 330 de 1996, que establece la prohibición de la contratación de prestación de servicios personales para el cumplimiento de funciones que estén a cargo de los empleados que hagan parte de la planta de personal de las Contralorías Departamentales” (folio 923 del C.O. 5) Como normas presuntamente violadas con la conducta descrita, así como para sustentar el reproche, se le mencionan en el pliego los artículos 6º y 209 de la Constitución Política; los artículos 3º, 23, 24 num. 8, 26 nums. 1 a 5, 29, 30, 32 num. 3 y 51 de la Ley 80 de 1993; arts. 2º y 3º del Decreto 855 de 1994 y 15 de la Ley 330 de 1996. Se indicó que la conducta del disciplinado constituye falta disciplinaria de conformidad con el art. 38 de la Ley 200 de 1995, por cuanto pretermitió el cumplimiento del los deberes establecidos por el art. 40 nums. 1 y 22 y 23 ídem. El pliego calificó la falta como gravísima conforme al art. 25 numeral 4 de la Ley 200 de 1995 y se imputó a título de dolo. Antes de examinar el fondo del asunto la Sala debe pronunciarse, en primer lugar, sobre el fenómeno de la prescripción de la acción disciplinaria, dado que el mismo ha

operado respecto de algunas de las órdenes de prestación de servicios (OPS) objeto de cuestionamiento por el cargo formulado; en segundo lugar, de la solicitud de nulidad y, por último, de la petición de pruebas.

2. Prescripción de la acción disciplinaria.

8 161-2178/04 El cargo consiste en reprochar la celebración de algunas OPS sin ajustarse a la ley. En estas condiciones, el punto de referencia temporal de la conducta es la fecha de suscripción de los compromisos correspondientes. Por ello, al haber transcurrido a la fecha de expedición del presente fallo de segunda instancia más de cinco años desde el comportamiento cuestionado, es imperativo conforme al art. 34 de la Ley 200 de 1995, reconocer que la acción disciplinaria se encuentra prescrita frente a las OPS de 042 a 71 G de 1999, razón por la cual en relación con esas conductas debe declararse la terminación del proceso disciplinario (Ley 734 de 2002, arts. 73 y 29).

3. De las solicitudes de nulidad.

El recurrente solicita la declaración de nulidad por tres causas: La violación de los términos establecidos para adelantar la indagación preliminar y la evaluación de descargos; la violación del derecho de defensa por no haberse permitido la ampliación de la versión libre y la falta de notificación del auto de traslado para alegatos de conclusión. Ante todo la Sala debe recordar una premisa predicable de los tres aspectos mencionados, conforme a la cual la existencia de una causal de nulidad por violación al debido proceso debe ser planteada por el disciplinado en la oportunidad correspondiente, que no es otra que en las actuaciones subsiguientes a las cuales la

misma se presenta. El silencio del disciplinado frente a una circunstancia que en su parecer constituye causal de nulidad y, por lo tanto, la permanencia de esa situación en etapas posteriores, hace entender al órgano disciplinario que tal violación ha sido saneada. No corresponde a una actitud leal del disciplinado esperarse para alegar al final del proceso una causal que se presentó en etapas anteriores. Ahora bien, en relación con el término de indagación preliminar, la providencia recurrida se pronunció mediante consideraciones que comparte esta Corporación y que fueron reseñadas en el punto 4 del acápite relativo a esa decisión. No obstante, vale señalar que revisada la actuación adelantada en este expediente la Sala observa que si bien es cierto la apertura de la investigación se dispuso el 12 de mayo de 2003 (folio 537 del C.O. 3), más de los seis meses señalados legalmente para adelantar la indagación preliminar, ello no es violatorio del debido proceso porque esa decisión se tomó con base en las pruebas recogidas durante el lapso de los seis meses correspondientes. Lo anterior es jurídicamente procedente como lo ha indicado en otras ocasiones esta Sala, apoyándose en el concepto emitido por la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios con oficio PAD No. 7722 del 21 de diciembre de 2000 (expediente 161-00630/165-08575). De acuerdo con los pronunciamientos mencionados anteriormente el término de seis meses se circunscribe a la práctica de pruebas, que incluye la orden para su práctica, la realización de diligencias, la solicitud de pruebas y su recepción, sin

abarcar la evaluación de esta etapa que implica el análisis del material probatorio recaudado para llegar a una de dos determinaciones: archivar definitivamente o abrir investigación. En este proceso, el término de seis meses para llevar a cabo la indagación preliminar se inició el 19 de octubre de 1999 (folio 14 del C.O. 1), por lo tanto vencía el 19 de abril del año siguiente. La actividad probatoria que sirvió de base a la apertura de investigación se llevó a cabo hasta el 13 de abril de 2000, en la cual se recepcionó la declaración del señor EDGAR VARGAS MENDOZA (folio 480 del C.O. 2), por lo que las pruebas en esta etapa fueron practicadas en el período legalmente autorizado de seis meses, lo cual permite concluir que no tiene sustento 9 161-2178/04 fáctico la causal de nulidad invocada, razón que hace imperativo su rechazo. Al presentar sus argumentos en relación con el término de la indagación preliminar el recurrente cita las decisiones proferidas en los expedientes adelantados en la Procuraduría núms. 097-377/00 y 097-312/99, en las cuales se ordenó el archivo definitivo por transcurrir más de seis meses en la etapa preliminar y su oficio de 29 de marzo de 2001 presentado dentro del expediente 097-364/00, providencias y oficio que anexa. Como el disciplinado denuncia la comisión de conductas irregulares por los Procuradores Regionales que tomaron las decisiones que cuestiona, las dos primeras cuyas fotocopias anexa, la Sala compulsará copias a la Veeduría de la Procuraduría General para los efectos pertinentes de los folios 1072 a 1079 del

cuaderno original No. 5. Respecto del término para valorar los descargos, la Sala encuentra que no hay un término claramente señalado para tal fin en la Ley 734 de 2002 (CDU) y que tal evaluación debe producirse al decretar pruebas y al fallar, etapas éstas que si fueron delimitadas por el legislador (arts. 168 y 169 ídem), pero que no corresponden a la cuestionada en este punto por el disciplinado. Sin embargo, la Sala encuentra que los descargos se presentaron por el investigado el 28 de octubre de 2003 y el a-quo decretó pruebas el 27 de noviembre del mismo año (folios 943 y 966 del C.O. 5), actuación ésta que puede calificarse como razonable en el uso del tiempo, teniendo en cuenta la complejidad del asunto, de los descargos presentados y de las pruebas solicitadas (folios 943 a 965 ídem). El recurrente plantea la violación del derecho de defensa por no haberse permitido la ampliación de la versión libre. En efecto, ella fue solicitada a la investigadora de conocimiento el 13 de abril de 2000 (folio 487 del C.O. 2), pero no pudo ser realizada por causas atribuibles al investigado (folio 488 ídem). En todo caso, la Sala observa que el disciplinado actuó en todo el proceso con posterioridad, sin insistir en la realización de tal diligencia y presentó descargos exponiendo ampliamente su defensa, sin hacer mención alguna a dicha ampliación. Es así como el derecho del disciplinado a la ampliación de su versión no ha sido negado en estas diligencias,

mientras que adicionalmente ha gozado de plena garantía para agotar su defensa, la cual ha ejercido. Por lo tanto, el silencio que aquel ha guardado sobre la necesidad de realizar la referida ampliación y su reclamación a estas alturas del proceso disciplinario, dadas las circunstancias expuestas, no puede considerarse como apropiada para reconocer y decretar una causal de nulidad por violación al debido proceso. Sobre la falta de notificación del auto de traslado para alegar de conclusión, es pertinente señalar que la Ley 734 de 2002 no estableció expresamente cómo se notifica el auto de traslado para alegar de conclusión. Para llenar este vacío debe tenerse en cuenta que el señor Procurador General de la Nación por Resolución 191 del 11 de abril de 2003, adoptó la “Guía del Proceso Disciplinario” como instrumento complementario en el ejercicio de la función disciplinaria. Este acto administrativo de obligatorio cumplimiento para los servidores de la Procuraduría, modificado y adicionado por las Resoluciones 034 del 5 de febrero de 2004 y 089 del 25 de marzo de 2004, conforme lo ha aclarado el Despacho del Viceprocurador General de la Nación mediante memorando del 12 de septiembre de 2003, dispone que la notificación del referido auto de traslado para alegar, deberá hacerse en la forma prevista en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, es decir, mediante estado. 10 161-2178/04 El señor Viceprocurador señala en dicho memorando: “Teniendo en cuenta que el presente auto no es interlocutorio y el tema no ha sido regulado, en virtud de la

remisión autorizada en los artículos 21 y 105 de la Ley 734 de 2002, se notificará en la forma señalada por el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia, los cinco (5) días de traslado se contarán a partir exclusive del tercer día hábil siguiente a la desfijación del estado, fecha en la cual queda ejecutoriado el auto por no tener recurso alguno, conforme lo establece el artículo 331 Ibídem”. En el presente evento, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública mediante auto expedido 16 de marzo de 2004, ordenó correr traslado para alegar, el que fue notificado mediante estado fijado el día 19 de marzo (folios 1002 y 1004 del C.O. 5). Así las cosas al ser debidamente notificado al disciplinado, no se ha producido violación alguna del debido proceso y tampoco procede declaratoria de nulidad por esa causa. En consecuencia, la Sala no decretará las nulidades solicitadas por el recurrente.

4. De las pruebas solicitadas.

El recurrente insiste sobre la petición de la mayor parte de las pruebas que fueron objeto de rechazo por la primera instancia mediante la providencia del 27 de noviembre de 2003 (folio 966 del C.O. 5), la cual fue recurrida en apelación y confirmada por esta Sala Disciplinaria en segunda instancia mediante decisión del 26 de febrero de 2004 (folio 54 del C. A. 3). Siendo ello así, la Sala considera que la discusión relacionada con la necesidad de tales pruebas ya se encuentra agotada y no procede decretarlas conforme al art. 171 de la Ley 734 de 2002.

5. Del juicio de responsabilidad disciplinaria.

Antes de estudiar el fondo del asunto, es preciso recordar que la primera instancia absolvió al disciplinado del aspecto del cargo relacionado con la celebración de OPS sin solicitar por lo menos otra oferta distinta del adjudicatario del contrato, con violac