PGN - DEBIDO PROCESO Libre apreciación jurídica

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por error judicial

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad Extracontractual del Estado/ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Daño antijurídico Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 90 una cláusula general de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual; por lo que los elementos indispensables para la declaración de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, se circunscriben a la prueba del daño antijurídico, y a la imputabilidad del mismo al Estado. En tratándose del tema de la responsabilidad administrativa del Estado, en primer término se establecieron unos parámetros por vía de evolución jurisprudencial de la Sección Falladora, de donde se dijo que para poder endilgar responsabilidad al Estado, se deben acreditar tres elementos imprescindibles, a saber: i) la existencia de un daño, ii) la existencia de una acción u omisión atribuible a la administración y iii) la demostración de un nexo de causalidad entre la actividad de la administración y la producción del daño. FALLA EN EL SERVICIO-Responsabilidad administrativa del Estado Ahora bien, en cuanto a las fallas del servicio de administración de justicia surgieron tres eventos en los cuales se podía configurar la responsabilidad administrativa del Estado como son: “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, “privación injusta de la libertad” y “error judicial o jurisdiccional”, siendo cada título de imputación distinto y por ende, su implicación es diferente al momento de pretender configurar la

responsabilidad de la administración. DEBIDO PROCESO-Teoría de las cargas públicas/DEBIDO PROCESO-Libre apreciación jurídica Esta Delegada del Ministerio Público, considera que a la demandante se le respetó el debido proceso y jamás estuvo privada de su libertad, ya que se le concedió el subrogado penal, por lo que no se entiende cuál es el perjuicio alegado, teniendo en cuenta que el Fiscal consideró que sí existían elementos de juicio que permitían el adelantamiento de la investigación, para aclarar los hechos como efectivamente sucedió. En este estadio del análisis puede aplicarse la teoría de las cargas públicas en razón a que los administrados pueden ser sujetos de investigaciones penales, sin que ello signifique que se produzca per se, un daño indemnizable. Así las cosas, en opinión de esta Delegada es razonable señalar que la libre apreciación jurídica de la cual es titular todo administrador de justicia no implica que se haya contrariado la ley, se necesita para ello una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, circunstancias estas que en manera alguna se aprecian en la decisiones tomadas por el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, lo que excluye la detención injusta y el error judicial en el presente caso, y en consecuencia, el daño que pudo sufrir la demandante no tenía la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) categoría de antijurídico por lo que se encontraba en el deber de soportar las incomodidades que le pudiera causar la actividad judicial. Finalmente, se reitera que se debe tener en cuenta que el proceso concluyó con PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, cuando al momento de definir la situación jurídica de la actora, la Fiscalía instructora se abstuvo de imponer medida de aseguramiento alguna.

CONCEPTO No. 078 / 2012

Bogotá, D.C 13 de marzo de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón EXPEDIENTE: 200012331000200800176 -01 (42288) Acción de Reparación Directa

ACTOR: Luisa Gineth Pino Ochoa DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación Sentido del concepto: Solicitud de Confirmación de la sentencia recurrida del Tribunal Administrativo del Cesar del once (11) de agosto de dos mil diez 2011. Error Judicial El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio

Público. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) I ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – Hechos  De acuerdo a lo señalado en el escrito introductorio, se extractan los siguientes: (fol. 72 a 80):  Mediante resolución de 16 de marzo de 2005, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Valledupar abrió investigación previa contra la doctora LUISA PINTO OCHOA, Jueza Única Especializada de Valledupar, por el presunto delito de prevaricato por acción, con base en la denuncia formulada por el señor JESUS EMIRO MANOSALVA DAZA, recluido en la Cárcel Judicial de Valledupar.  Los hechos que motivaron la denuncia fue la negación de la libertad del señor MANOSALVA DAZA, por parte del Juzgado Penal Especializado y la presunta violación de los términos procesales.  El 11 de julio de 2006, el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, resuelve dictar resolución de acusación contra la doctora LUISA GINETH PINTO OCHOA por el delito de prevaricato por acción.  La apoderada de la sindicada interpuso recurso de apelación, el cual fue revocado por providencia de 3 de noviembre de 2006, por la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y en su defecto precluyó la

investigación a favor de la doctora LUISA PINTO OCHOA. 1.2. Contestación de la Demanda 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) 1.2.1. La Nación – Fiscalía General de la Nación La Nación -Fiscalía General de la Naciónse opone a las pretensiones de la demanda, ya que no existen ni los fundamentos fácticos ni de derecho que sirvan de sustento a las mismas. Señala que la actuación se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no es ajustado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error, ni mucho menos una falla del servicio. Indica que en la decisión debatida en este proceso contencioso no se vislumbra una actuación abiertamente arbitraria e ilegal, como tampoco una grosera y caprichosa interpretación del Fiscal; todo lo contrario, son decisiones debidamente sustentadas y razonadas, con una valoración de los hechos y pruebas válidamente apropiadas, así como con una interpretación completamente razonada y valedera de la normatividad penal, por lo que puede señalarse que no hubo error jurisdiccional. Solicita negar las súplicas de la demanda.

1.3. Sentencia de Primera Instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda argumentando principalmente lo siguiente: Argumentó fundamentalmente que en el presente evento, no se presenta el error jurisdiccional porque la apoderada de la afectada interpuso el recurso de 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) apelación contra la resolución de acusación, y en segunda instancia fue revocada. Luego, el error fue corregido y no hay ninguna providencia en firme objeto de censura a título de responsabilidad administrativa.. Por lo tanto, no se reúne el segundo presupuesto del error judicial previsto en el artículo 67 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 1.4. Argumentos de la Apelación. Parte actora. El apoderado de la parte actora, incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 530 a 533 del cuaderno del Consejo de Estado): 1.4.1. Expuso que en la sentencia de primera instancia hubo desconocimiento del artículo 90 de la Constitución Política al hacerce una lectura descontextualizada de los artículos 65,66,67 Y 69 de la Ley 270/96, desconociendo la cláusula

general de responsabilidad del artículo 90 de la Constitución Política que señala únicamente como presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado la atribución o imputación a sus agentes de un daño antijurídico, entendido este último como aquel que quien lo sufre no está en el deber jurídico de soportar. 1.4.2. Señala que se hizo una errada interpretación del artículo 67 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. 1.4.3. Indicó que se presentó un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, por encargar a un funcionario incapaz, recordando que en la demanda se afirmó que el error protuberante cometido en la providencia que llamó a juicio a la Dra. LUISA PINTO 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) OCHOA, se debió a que quien la dictó fue un funcionario encargado provisionalmente que no tenía la experiencia ni el manejo en esta clase de delitos.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: ¿ Es administrativa y extracontractualmente la Nación - Fiscalía General de la Nación, responsable por error jurisdiccional, por la apertura del proceso penal y el llamamiento a juicio de que fue objeto la doctora LUISA GINETH PINTO OCHOA,

en su condición de Jueza Especializada del Circuito de Valledupar por el presunto delito de Prevaricato por Acción, al negarle la libertad al señor IVÁN JAVIER RODRÍGUEZ BOLAÑOS quien se encontraba privado de la libertad? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad Extracontractual del Estado Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se consagró en el artículo 90 una cláusula general de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que comprende tanto la responsabilidad de naturaleza contractual como extracontractual; por lo que los elementos indispensables para la declaración de la 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) Responsabilidad Patrimonial del Estado, se circunscriben a la prueba del daño antijurídico, y a la imputabilidad del mismo al Estado. En tratándose del tema de la responsabilidad administrativa del Estado, en primer término se establecieron unos parámetros por vía de evolución jurisprudencial de la Sección Falladora, de donde se dijo que para poder endilgar responsabilidad al Estado, se deben acreditar tres elementos imprescindibles, a saber: i) la existencia

de un daño, ii) la existencia de una acción u omisión atribuible a la administración y iii) la demostración de un nexo de causalidad entre la actividad de la administración y la producción del daño. Respecto de esta cláusula general de responsabilidad, la Sala ha manifestado, lo siguiente: “(…) La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 901, de una parte, la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado y, de otra, la obligación de que éste repita contra sus agentes, cuando con su conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado a la reparación patrimonial. La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado implica que éste responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, entendiéndose por daño antijurídico “el perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo”2. Pero, se advierte que en la norma constitucional para derivar la responsabilidad del Estado no sólo se requiere que la víctima no esté obligada a soportar el daño, sino que además se precisa que el daño debe ser imputable a la entidad estatal demandada. (…)” 3 1 Artículo 90. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. “En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 8 de mayo de 1995, Exp. 8118, y 8163 de 13 de julio de 1993, C.P. Juan de Dios Montes Hernández 3 Sentencia de junio 6 de 2007, Expediente 16460 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) Ahora bien, en cuanto a las fallas del servicio de administración de justicia surgieron tres eventos en los cuales se podía configurar la responsabilidad administrativa del Estado como son: “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, “privación injusta de la libertad” y “error judicial o jurisdiccional”, siendo cada título de imputación distinto y por ende, su implicación es diferente al momento de pretender configurar la responsabilidad de la administración. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia definió el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad Estatal, como “aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” mientras que la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado reconoció que había derecho a la indemnización derivada del error jurisdiccional solamente cuando se

tratara de un fallo, una sentencia o una providencia definitiva, manifiesta y ostensiblemente ilegal, es decir abiertamente contraria a derecho ; y, lo 4 diferenció del “defectuoso funcionamiento de la administración de justicia”, que se refiere los eventos en que la administración de justicia no actúa, lo hace deficientemente, o incurre en un retardo injustificado al adoptar las decisiones que corresponda, omisiones o irregularidades que causan daño a las partes o a terceros5, dejando en claro que las obligaciones del Estado son relativas y que, en consecuencia, únicamente puede exigírsele lo que esté a su alcance, de acuerdo con los medios de que dispone6. 4 Ver, entre otras, sentencia de 1 de octubre de 1992, exp: 7058., sentencias de 10 de septiembre de 1993, exp. 797-8211; 15 de septiembre de 1994, exp: 9391, 17 de noviembre de 1995, exp. 10.056. 5 Sentencia de 3 de junio de 1993, Exp.7859. Sentencia del 4 de diciembre de 2002, exp: 12.791. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp: 9940 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42288 (200012331000200800176-01)

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por error jurisdiccional y por privación injusta de la libertad. El error jurisdiccional lo define el artículo 66 del citado estatuto como el "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley". Una providencia contraria a la leyes aquella que surge al subsumir los supuestos de hecho del caso en las previsiones de la norma (error de interpretación), de la indebida apreciación de las pruebas en las cuales ella se fundamenta (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde o de la indebida aplicación de la misma. El artículo 67 de la misma ley, señala los presupuestos del error jurisdiccional en los siguientes términos: "1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando esta se produzca en virtud de una providencia judicial. 2. La providencia contentiva del error deberá estar enfirme." Por "recursos de ley" debe entenderse como los ordinarios de impugnación de las providencias, es decir, aquellos que no sólo permiten el examen completo de la decisión con el objeto de corregir los errores de toda clase, tanto de hecho como jurídicos, sino que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas causales que

operan para los extraordinarios, los que adicionalmente requieren para su trámite la presentación de una demanda. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) 2.3. Las pruebas obrantes De acuerdo al material probatorio allegado al expediente, se puede encontrar: Obran al plenario:  Copia autenticada de la Resolución del 11 de julio de 2006, proferida por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal de Valledupar, mediante la cual se dictó Resolución de Acusación en contra de LUISA GINETH PINCO OCHOA por el Delito de Prevaricato por Acción.  Copia auténtica de la Resolución del 3 de Noviembre de 2006, proferida por la Unidad de Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, con constancia de ejecutoria mediante la cual se revocó la Resolución de Acusación y se precluyó la investigación a favor de LUISA GINETH PINTO OCHOA  Certificación del desempeño de los cargos en la Rama Judicial de la Dra. LUISA PINTO OCHOA.  Certificación expedida por la Psicóloga ASTRID USTARIZ GUERRA sobre la consulta y terapias de la Dra. LUISA PINTO OCHOA en la época del llamamiento a juicio.

 Certificación del director del Noticiero La Tribuna del Cesar de Radio Guatapurí, sobre la difusión de la noticia del llamamiento a Juicio a la Dra. LUISA PINTO OCHOA.  Un ejemplar del periódico VANGUARDIA LIBERAL del 20 de Julio de 2006 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) que en su página 86 JUDICIAL reseñó el llamamiento a juicio de la Juez Especializada de Valledupar.  Certificación expedida por la Dra. MARIA HELENA QUINTANA DE QUINTERO sobre el monto de los honorarios recibidos como Defensora de la Dra. LUISA PINTO OCHOA.  Declaración extra procesal sobre convivencia en unión libre entre LUISA PINTO Y RAFAEL ANTONIO SOTO. 2.4. Caso Concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, encuentra esta Delegada que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse y en consecuencia denegar las pretensiones de la demanda conforme a las siguientes razones: 2.4.1. Esta Agencia del Ministerio Público, comparte en su totalidad los planteamientos hechos por el Tribunal Administrativo del Cesar en el fallo

recurrido. El Honorable Tribunal sostuvo en la citada sentencia, lo siguiente: “…El presente evento, no se presenta el error jurisdiccional porque la apoderada de la afectada interpuesto el recurso de apelación contra la resolución de acusación, y en segunda instancia fue revocada. Luego, el error fue corregido y no hay ninguna providencia en firme objeto de error. Por lo tanto, no se reúne el segundo presupuesto del error judicial previsto en el artículo 67 de la Ley Estatutaria dela Administración de Justicia. Referente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al encargar provisionalmente a un funcionario inexperto que tomó semejante decisión sin estar preparado para ello, la Sala no encuentra demostrada esta 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) circunstancia en razón de que teniendo en cuenta la certificación de cargos desempeñados por el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar que profirió la providencia en mención, cumple el requisito de experiencia para el desempeño de dicho cargo .... " En el fallo que se debate en este proceso contencioso, esta Delegada no encuentra una actuación abiertamente arbitraria e ilegal, como tampoco una grosera y caprichosa interpretación de la Fiscalía; por lo contrario, nos parece

que las valoraciones fueron apropiadas con una interpretación completamente razonada frente a la normatividad penal, por lo que puede señalarse que no hubo error jurisdiccional. 2.4.2. Adicional a lo anterior, se tiene que el error jurisdiccional lo define el artículo 66 del citado estatuto como el "cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley". Una providencia contraria a la ley es aquella que surge al subsumir los supuestos de hecho del caso en las previsiones de la norma (error de interpretación), de la indebida apreciación de las pruebas en las cuales ella se fundamenta (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde o de la indebida aplicación de la misma. En el caso que no ocupa, esta Delegada del Ministerio Público, considera que a la demandante se le respetó el debido proceso y jamás estuvo privada de su libertad, ya que se le concedió el subrogado penal, por lo que no se entiende cuál es el perjuicio alegado, teniendo en cuenta que el Fiscal consideró que sí existían elementos de juicio que permitían el adelantamiento de la investigación, para aclarar los hechos como efectivamente sucedió. 2.4.3. En este estadio del análisis puede aplicarse la teoría de las cargas públicas en razón a que los administrados pueden ser sujetos de investigaciones penales, sin que ello signifique que se produzca per se, un daño indemnizable. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) 2.4.4. Así las cosas, en opinión de esta Delegada es razonable señalar que la libre apreciación jurídica de la cual es titular todo administrador de justicia no implica que se haya contrariado la ley, se necesita para ello una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, circunstancias estas que en manera alguna se aprecian en la decisiones tomadas por el Fiscal Segundo Delegado ante el Tribunal Superior de Valledupar, lo que excluye la detención injusta y el error judicial en el presente caso, y en consecuencia, el daño que pudo sufrir la demandante no tenía la categoría de antijurídico por lo que se encontraba en el deber de soportar las incomodidades que le pudiera causar la actividad judicial. 2.4.5. Finalmente, se reitera que se debe tener en cuenta que el proceso concluyó con PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, cuando al momento de definir la situación jurídica de la actora LUISA GINETH PINTO OCHOA, la Fiscalía instructora se abstuvo de imponer medida de aseguramiento alguna

III. CONCLUSIÓN En concepto de esta Agencia del Ministerio Público la sentencia recurrida por la parte actora del once (11) de agosto de dos mil once (2011) proferida por el

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CESAR debe ser CONFIRMADA, y en consecuencia denegar las pretensiones del parte actora. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.42288 (200012331000200800176-01) De la H. Magistrada,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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