PGN - DEBIDO PROCESO No fue vulnerado con la actuación de los funcionarios judiciales

+Nota de Relatoría: Se suprimen los nombres de la menor y su familia con el fin de preservar su derecho a la intimidad. ACTO SEXUAL ABUSIVO POR PARTE DE SERVIDOR PUBLICO-En menor de catorce años DEBIDO PROCESO-No fue vulnerado con la actuación de los funcionarios judiciales Debe señalar la Delegada que no se observa en el expediente analizado que se haya vulnerado el debido proceso con la actuación de los funcionarios judiciales. Es postura tradicional de la jurisprudencia, en tratándose del procedimiento adelantado bajo la ley 600 de 2000, que este trámite resulta obligatorio en aquellos eventos en los cuales se haga más gravosa la situación del procesado, como una necesidad de respetar las garantías fundamentales del implicado. No obstante, cuando la decisión del juzgador redunda en beneficio del condenado, no resulta necesario observar el contenido del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal. Es claro, entonces que no estamos ante un evento de vulneración del debido proceso, pues el trámite que se extraña, no es aplicable cuando se ha respetado el núcleo fáctico de la imputación, como en este caso. El cargo no esta llamado a prosperar. DERECHO A LA DEFENSA-No vulneración Considera la Delegada que en este evento tampoco se produce esta vulneración, toda vez que las sentencias de instancia respetaron la imputación fáctica realizada por el fiscal de la causa, y estimaron que no se había demostrado un elemento que calificaba el acto sexual, esto es, la violencia, por tal razón lo absolvieron de los cargos imputados en la

resolución de acusación. Lo que si estaba plenamente probado es que se habían cometido actos sexuales abusivos con el menor, por lo que se impuso la condena por este delito. En consecuencia, el procesado tuvo la oportunidad de defenderse de los mismos hechos por los cuales se le estaba investigando y juzgando. Así las cosas, de acuerdo con lo plasmado en las providencias, al procesado se le otorgaron las oportunidades procesales para ejercer el derecho a la defensa y conocer los hechos por los cuales se le formuló acusación y finalmente sentencia condenatoria. Y no observa la Delegada, del estudio del expediente, que se haya producido la vulneración de la garantía fundamental. Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal Magistrado Ponente Dr. Sigifredo Espinosa Pérez Ref. Recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Manuel Ignacio Saavedra Aguiar, contra la sentencia del Tribunal 1 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. Superior de Ibagué que lo condenó como autor del delito de acto sexuales abusivos, con menor de catorce años, en concurso. Rad. nº 33.759 El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué profirió sentencia en contra del señor Manuel Ignacio Saavedra Aguiar, como autor del delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años, en concurso, le impuso la pena de noventa y

seis meses de prisión. Ante la apelación presentada por el defensor del procesado, el Tribunal Superior de Ibagué, confirmó la sentencia impugnada. Contra esta decisión se interpuso recurso extraordinario de casación, y se sustentó con demanda que fue encontrada ajustada a las previsiones legales, por la Cote Suprema de Justicia. Corresponde a la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, emitir concepto sobre la viabilidad del recurso. HECHOS Resumidos por el juez de primera instancia así: “(…) la señora (Y), comparece al Cuerpo Técnico de Investigación –Sala de Atención del Usuariopara formular denuncia en contra de MANUEL IGNACIO SAAVEDRA AGUIAR, asegurando que recibió una llamada en horas de la noche en su casa de habitación y le previnieron para que tuviera cuidado con su hijo, porque el profesor MANUEL lo estaba persiguiendo y acosando sexualmente. Ante tales comentarios le llamó la atención a su hijo H.J.A.C., preguntándole que si tales comentarios eran ciertos, los que fueron confirmados por el menor, quien aseguró que efectivamente el profesor le ofrecía plata a cambio de que tuvieran 2 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. relaciones sexuales, que le ofrecía regalarle las notas, como celular para poderse comunicar permanentemente con él. De igual manera se aseguró que tiene una copia de una carta que el profesor le mando a su hijo, donde le declaraba el amor y le pedía que a nadie le contara o comentara sobre dicha relación”.

ACTUACIÓN PROCESAL El 28 de julio del 2006 la señora (Y) presentó denuncia por los presuntos delitos de actos sexuales con menor de catorce años, de que fue víctima su hijo. La denuncia fue instaurada contra el señor Manuel Ignacio Saavedra. El 3 de agosto se ordenó abrir investigación previa en contra del denunciado, por el delito de acto carnal con menor de catorce años. Ante la petición entregada por el imputado de ser escuchado en indagatoria, el 17 de agosto del 2006 se ordenó abrir investigación y escuchar en indagatoria el implicado. La diligencia se recibió el 5 de septiembre de 2006. Con fundamento en las pruebas practicadas, la Fiscalía decidió el 29 de noviembre del 2006, precluir la investigación, a favor del señor Manuel Ignacio Saavedra. El agente del Ministerio Público apeló la decisión adoptada y la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Ibagué decidió el 23 de marzo del 2007, revocar la resolución impugnada y ordenó continuar con la investigación. El 4 de mayo del 2007 se resolvió la situación jurídica del indagado, se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Manuel Ignacio Saavedra Aguiar, como autor del delito de acceso carnal abusivo, agravado, en concurso. El defensor del procesado solicitó el control de legalidad de la medida de aseguramiento impuesta al procesado, en tal virtud, el Juez Segundo Penal del 3 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625

Bogotá D.C. Circuito declaró la nulidad del auto de fecha 4 de mayo, por medio del cual se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. Por lo que procedió la fiscalía a resolver la situación jurídica del implicado nuevamente, el 26 de junio del 2007 impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Manuel Ignacio Saavedra Aguiar, como autor del delito de acceso carnal violento agravado, en concurso. El 25 de julio del 2007 se declara cerrada la investigación. La Fiscalía calificó el sumario el 16 de agosto del 2007, profirió resolución de acusación en contra de Manuel Ignacio Saavedra Aguiar, como autor del delito de acceso carnal violento, agravado, en concurso. Apelada la providencia, el Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué decidió el 20 de septiembre del 2007, declarar la nulidad de la actuación desde la resolución de cierre de la investigación. De acuerdo con lo ordenado por el superior, se amplió la indagatoria del señor Saavedra, a efectos de imputarle cargos por el delito de actos sexuales violentos en concurso. Cerrada nuevamente la investigación, se calificó el sumario el 6 de noviembre del 2007; la fiscalía profirió resolución de acusación en contra de Manuel Ignacio Saavedra Aguiar, como autor de los delitos de acceso carnal violento agravado, en concurso con actos sexuales violentos agravados. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué recibió el expediente y avocó su conocimiento el 26 de noviembre del 2007. Realizadas las audiencias preparatoria

y pública, el Juzgado procedió a dictar sentencia el 15 de julio del 2008; absolvió al señor Manuel Ignacio Saavedra por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, en concurso. Lo condenó como autor del delito de actos sexuales con menor de catorce años, agravado, en concurso. 4 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. Le impuso la pena de 96 meses de prisión como penal principal. Así mismo, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal. Apelada la providencia, el Tribunal Superior de Ibagué decidió el 29 de octubre del 2009, confirmar en su integridad el fallo. Contra esta decisión se interpuso recurso de casación. SÍNTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN Primer cargo: Utiliza el numeral tercero del artículo 207, en concordancia con el numeral segundo del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, por haberse proferido la sentencia, en un juicio viciado de nulidad. Durante el desarrollo de la instrucción no existió precisión acerca de cuál había sido la conducta punible supuestamente consumada por el procesado. La Fiscalía calificó en dos ocasiones distintas el sumario, en la primera oportunidad, profirió resolución de acusación por el delito de acceso carnal violento, en concurso homogéneo; en la segunda, se acusó al procesado como autor de los delitos de

acceso carnal violento y actos sexuales violentos, en concurso. En el transcurso de la audiencia pública se solicitó por parte de la defensa la absolución del procesado, en razón a los reparos que formulaba sobre la tipificación jurídica del comportamiento. La petición de absolución fue acogida por el juez, pero inexplicablemente, sin el lleno de los requisitos legales, se condenó al señor Saavedra por el delito de actos sexuales abusivos, agravados. Así, quedó establecido que al procesado se le llamó a responder en juicio por unas conductas punibles, y sin que se diera aplicación al artículo 404 del Código 5 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. de Procedimiento Penal, se le condenó por conductas punibles distintas, aún cuando hacen parte del mismo título. Agrega el censor, que mucho se ha discutido sobre si el juez de instancia tiene o no facultades para variar la calificación jurídica provisional, la defensa estima que no, porque el contenido del artículo 404 de Código de Procedimiento Penal debe ser cumplido. En este evento, el juez pretermitió el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso segundo de la norma señalada, lo que constituye una irregularidad sustancial que afectó el debido proceso, toda vez que si la intención era condenar, nada se oponía a que decretara la nulidad de todo lo actuado a partir de la calificación del sumario y señalar que debía calificarse adecuadamente el delito. Indica el libelista que tal comportamiento constituye una irregularidad sustancial

que afecta el debido proceso, que no ha sido consentida ni por el procesado, ni por su defensor. Sin variarse la calificación previa, no puede alegarse que la condena que se impuso resultó más favorable, en consecuencia, estima que se justifica la casación de la sentencia impugnada.

Segundo cargo: También al amparo de la causal tercera de casación se formula un cargo, por violación del derecho a la defensa.

No se tuvo oportunidad de ejercer ninguna actividad de carácter defensivo, desde el punto de vista fáctico y jurídico, respecto del delito por el cual finalmente fue condenado. Se le sustrajo de toda posibilidad de cuestionar la imputación, con la sola salvedad del derecho de impugnación. 6 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. Solicite se case la sentencia recurrida.

Tercer cargo: Causal segunda de casación, la sentencia no está en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación.

Indica el censor que la fiscalía calificó el sumario y profirió en contra del señor Manuel Saavedra resolución de acusación por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos. En la sentencia condenatoria de primera instancia, el juzgado absolvió al procesado de las conductas punibles por las cuales fue acusado, pero lo condenó por el delito de acto sexual agravado, con menor de catorce años. La decisión fue confirmada por el Tribunal Superior de Ibagué.

Señala que tanto la ley como la jurisprudencia exigen que exista congruencia entre la resolución de acusación y la sentencia proferida, desde el punto de vista fáctico, probatorio, y jurídico. Y, en el presente caso, al procesado se le formularon unos cargos y fue condenado por otro, sin que mediara variación de la calificación. Así, es claro que se vulneró el principio de congruencia al que se refiere la jurisprudencia de la Sala, para respaldar su postura, cita apartes de la sentencia del 31 de julio del 2009, radicado 30.838. Solicita a la Corte Suprema de Justicia, casar la sentencia impugnada.

CONCEPTO DE LA PROCURADORA TERCERA DELEGADA PARA LA

CASACIÓN PENAL

Primer cargo: 7

Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. Se denuncia la existencia de irregularidades sustanciales que afectaron el debido proceso, en razón a que no se cumplió con el trámite contemplado en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal, que era obligatorio en un caso como estos. Recuerda el censor que al señor Saavedra Aguiar le habían imputado cargos en la resolución de acusación como autor de los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos, y al final fue condenado por el delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años. Debe señalar la Delegada que no se observa en el expediente analizado que se haya vulnerado el debido proceso con la actuación de los funcionarios judiciales.

Es postura tradicional de la jurisprudencia, en tratándose del procedimiento adelantado bajo la ley 600 de 2000, que este trámite resulta obligatorio en aquellos eventos en los cuales se haga más gravosa la situación del procesado, como una necesidad de respetar las garantías fundamentales del implicado. No obstante, cuando la decisión del juzgador redunda en beneficio del condenado, no resulta necesario observar el contenido del artículo 404 del Código de Procedimiento Penal. Así lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal, de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 21 de abril del 2010, radicado 31.848: “La solución a implementar en este evento no será, empero, la propuesta por el representante de la sociedad, quien solicita declarar la nulidad a partir de la audiencia pública para que mediante el trámite previsto en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal de 2000 se varíe la adecuación típica. La Sala desde la providencia del 14 de febrero de 2002 viene sosteniendo que dicho procedimiento de variación no se hace necesario cuando se trata de mejorar la situación jurídica del procesado, pues en tal evento basta con enmendar el yerro 8 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. en la sentencia, efectuando allí la respectiva dosificación punitiva. Este criterio, es de advertir, lo ratificó la Corte en recientes decisiones de casación1.” Es claro, entonces que no estamos ante un evento de vulneración del debido

proceso, pues el trámite que se extraña, no es aplicable cuando se ha respetado el núcleo fáctico de la imputación, como en este caso. El cargo no esta llamado a prosperar.

Segundo cargo: En esta oportunidad se queja el libelista de la afectación del derecho a la defensa del procesado, en razón a la variación de la calificación que se hizo, por parte del juez de primera instancia, confirmada por el Tribunal Superior de Ibagué.

Considera la Delegada que en este evento tampoco se produce esta vulneración, toda vez que las sentencias de instancia respetaron la imputación fáctica realizada por el fiscal de la causa, y estimaron que no se había demostrado un elemento que calificaba el acto sexual, esto es, la violencia, por tal razón lo absolvieron de los cargos imputados en la resolución de acusación. Lo que si estaba plenamente probado es que se habían cometido actos sexuales abusivos con el menor, por lo que se impuso la condena por este delito. En consecuencia, el procesado tuvo la oportunidad de defenderse de los mismos hechos por los cuales se le estaba investigando y juzgando. Resulta necesario referirse en forma expresa a las consideraciones plasmadas por los funcionarios de instancia, y así hacer evidente el respeto del núcleo fáctico de imputación. El Juez Séptimo Penal del Circuito expresó en la sentencia de primera instancia: 1 Así lo señaló en sentencias del 27 de enero de 2010, radicación 31448 y 3 de marzo de 2010, radicación 33.282. 9 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625

Bogotá D.C. “De igual manera ha de advertirse que esta Juzgadora también ha de hacer claridad, que en el punto de la ubicación que se hiciera en cuanto a la conducta de los ACTOS SEXUALES VIOLENTOS, ciertamente realizados en cuanto a lo que tiene que ver con los actos sexuales, porque tampoco se encuentra satisfechas las exigencias de tipicidad absoluta en cuanto a la “violencia”, pues evidente resulta que tal elemento integrante del tipo -violenciaque se demanda en esta clase de conductas en el presente caso no se estableció probatoriamente, como lo supone y de la manera en que lo sostiene el ente investigador, pues evidente resulta que la conducta ejecutada no lo fue en forma violenta, sino que prevalido de las condiciones de superioridad que le imponían posición, o cargo que le daba al aquí procesado una particular autoridad sobre la víctima, el menor XX, es que se desarrollaron los hechos, tal y como pasa a verse y no en forma violenta como lo afirma la Fiscalía, pues también se basó en suposiciones para encuadrar la conducta de la forma que lo hizo. Aquí la Fiscalía volvió a revivir la presunción que en otrora se tuviera, que cuando la conducta sexual se hiciera contra un menor, se presumía que ella era violenta, pero ello no es técnicamente cierto, porque en sí, cuando esta serie de actos o bien puede ser el acceso carnal se hace con un menor de catorce años, la presunción que opera es el aprovechamiento abusivo por parte del sujeto agente de la condición de inmadurez de la víctima derivada de su minoría de edad. Lo que evidentemente es lo que ocurre

en el caso presente, pero no puede decirse que se haya hecho en forma violenta, sino que se abuso de su condición de minoría de edad del menor XX, como de las condiciones de mando y jerarquía en que se encontraba el procesado respecto de XX, razón para que en criterio de esta Juzgadora aquí se este ante la conducta que trata el artículo 209 del Código Penal ACTO SEXUAL CON MENOR DE CATORCE AÑOS, concurriendo la causal de agravación referido en el artículo 211 numeral 2º.” Por su parte, el Tribunal Superior de Ibagué, al confirmar la sentencia de primera instancia expresó: 10 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. “(…) Como la acusación es estructura básica frente a la sentencia, para que se respete el principio del debido proceso se exige el cumplimiento de algunos requisitos de forma; entre ellos una narración sucinta de los hechos, el análisis de las pruebas recaudadas, las razones por las cuales comparte o no los alegatos de las partes y desde luego la calificación jurídica provisional, atendiendo a lo señalado en el artículo 398 del código de procedimiento penal de la vigencia anterior ley 600 de 2000. Calificación jurídica que se torna definitiva cuando el ente acusador no modifica expresamente el pliego de cargos. Como de ésta depende el correcto ejercicio del derecho a la defensa y desde luego el debido proceso, se exige necesariamente la identidad del hecho, en razón a que el procesado no puede ser condenado por

comportamientos naturalísticamente diferentes de los señalados en la resolución de acusación. No obstante, esta regla tiene excepciones, al reiterarse que el principio de congruencia no implica la existencia de conformidad absoluta entre el acto de acusación y el fallo, sino el señalamiento fáctico jurídico que garantice, como lo ha manifestado el máximo tribunal de la justicia ordinaria, el derecho de defensa y la unidad lógica y jurídica del proceso, que no se afecta cuando se emite sentencia de condena por una nueva calificación de la conducta, que respeta el núcleo central de la imputación y además le es favorable al encartado.” Y explica el sentenciador: “Bajo esta comprensión, se tiene que el supuesto que motiva la condena, es la realización sobre el menor de Actos sexuales diversos al acceso carnal, deduciéndose que eran abusivos por la edad de la víctima, ya que para la época de los hechos contaba tan solo con 13 años, conducta que fue el fundamento de la sentencia, al no probarse dentro del proceso que sobre la menor se hubiese ejecutado violencia para la consumación del comportamiento ilícito. 11 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. Obsérvese que el núcleo básico de la conducta imputada en la acusación se mantuvo y se dio aplicación al injusto penal más benigno. Se sigue de lo expuesto una conclusión insoslayable: Que no se compromete el derecho a la defensa, cuando dentro del proceso al encartado se le han otorgado

plenas garantías para controvertir las conductas que se le imputan, solicitar pruebas, designar abogado para que lo represente, asistir a la práctica de la violenta o abusiva (sic), pues el injusto penal por el cual se le acusó y por el que se condenó, lo que reprime como núcleo central es el acto sexual que afecta la libertad, integridad y formación sexual. Decisión que no implica un recorte al a defensa material, ya que el procesado y su defensor conservaron amplias posibilidades de contradicción e impugnación de los cargos”. Así las cosas, de acuerdo con lo plasmado en las providencias, al procesado se le otorgaron las oportunidades procesales para ejercer el derecho a la defensa y conocer los hechos por los cuales se le formuló acusación y finalmente sentencia condenatoria. Y no observa la Delegada, del estudio del expediente, que se haya producido la vulneración de la garantía fundamental. El cargo no prospera.

Tercer cargo: En esta oportunidad, el censor invoca la causal segunda de casación, por considerar que la sentencia no está en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación.

Es exigencia procesal que se guarde este principio y la jurisprudencia de la Sala ha sido clara en exigir que en la sentencia no pueden agregarse cargos no formulados en la resolución de acusación, circunstancias de agravación punitiva 12 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. no contempladas, suprimirse circunstancias de atenuación reconocidas, ni hacer

más gravosa la situación del procesado. No obstante, se ha establecido que cuando se trata de degradar el grado de responsabilidad del implicado, o atribuir un delito de menor punibilidad, no hay ruptura de este principio, es postura reiterada del alto tribunal de justicia, cuando el proceso se adelantaba bajo la ley 600 de 2000, como es el caso de la investigación que ahora se somete a estudio. Diferente postura se adopta cuando se trata de un delito investigado y juzgado en vigencia de la ley 906 de 2004, que es el caso citado por el libelista en la jurisprudencia que transcribe en el libelo, pero tal situación no resulta ahora aplicable. Necesario resulta traer una decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que se refiere al caso, es la sentencia del 18 de marzo del 2009, radicado 23.974: “Resulta palmario la posición jurisprudencial acerca de la necesaria congruencia como relación de conformidad personal, fáctica y jurídica, que debe mediar entre la resolución de acusación y la sentencia. El pliego acusatorio debe contemplar inequívocamente la imputación fáctica, entendida como la atribución de la conducta objeto de reproche con la inclusión de todas sus circunstancias, como la imputación jurídica, esto es, el señalamiento de las normas típicas que prevén esos condicionamientos fácticos. La resolución de acusación delimita así el marco conceptual, fáctico y jurídico del juicio, pero en el ordenamiento bajo el cual se emitió en este caso la resolución de acusación (Decreto 2700 de 1991) se permitía cierta movilidad al exigirse sólo la

calificación jurídica provisional del comportamiento con el señalamiento del capítulo dentro del título correspondiente del Código Penal, facultando al juzgador 13 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. para que sin salirse del género delictivo por el que se acusó, fallara por una especie delictual diferente, siempre que no hiciera más gravosa la situación del procesado. Por lo mismo, al fallador le estaba vedado incluir nuevos comportamientos punibles o adicionar circunstancias específicas o genéricas de agravación punitiva, desconocer causales de atenuación reconocidas, ni modificar en perjuicio del enjuiciado su forma de participación o el grado de culpabilidad. También con la Ley 600 de 2000 jurisprudencialmente se ha hecho énfasis en que la imputación fáctica y jurídica ha de ser inequívoca preservando la limitación al juez para no agravar la responsabilidad del acusado al adicionar hechos nuevos, suprimir atenuantes reconocidas en la acusación o incluir agravantes no contempladas, pudiendo absolver o degradar la responsabilidad al condenar de manera atenuada respetando el núcleo central de la imputación por ostentar el carácter de intangible e indisponible”. Es claro, que en el proceso adelantado contra el señor Saavedra Aguiar, se habían formulado cargos por los delitos de acceso carnal violente en concurso con actos sexuales violentos, sin embargo, una vez analizadas las pruebas aportadas, el juez resolvió absolver al implicado de estos cargos, en razón a que no se

encontró demostrada la violencia, pero si se probó la realización de actos sexuales abusivos con el menor. A todas luces es un delito de menor entidad, con una punibilidad más favorable, que no genera la ruptura del principio de congruencia, de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia de la Sala. La falta de demostración del cargo, hace que no prospere.

PETICIÓN

14 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C. Los argumentos expresados resultan suficientes para que la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal, solicite a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, NO CASAR la sentencia impugnada. Señores Magistrados,

NANCY YANIRA MUÑOZ MARTÍNEZ

Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2010 Radicación nº 33.759 15 Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal Carrera 5 No. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 Ext. 12625 Bogotá D.C.