PGN - DEBIDO PROCESO No se desconoce al comparecer conductor, dueño del vehículo y empresa

Procurador General Bogotá, D.C., SELLO (8 SET.2010) Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF.: Demanda de inconstitucionalidad parcial de los artículos 18 y 24 de la Ley 1383 de 2010, “Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 –Código Nacional de Tránsito-, y se dictan otras disposiciones”.

Actor: RICARDO MENESES SANTAMARÍA.

Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA.

Expediente No. D8206. Concepto No. 5014. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2º, y 278, numeral 5º, de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda instaurada por el ciudadano RICARDO MENESES SANTAMARÍA, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º, y 242, numeral 1º, de la Carta, quien solicita se declare la inconstitucionalidad de los artículos 18 y 36 de la Ley 1383 de 2010, cuyos texto es el siguiente: LEY 1383 de 2010

(MARZO 16 DE 2010)

Diario Oficial No. 47.653 Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 –Código Nacional de Tránsito-, y se dictan otras disposiciones

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: (…) ARTÍCULO 18. La Ley 769 de 2002, tendrá el siguiente artículo nuevo: Artículo 93-1. Solidaridad por multas. Serán solidariamente responsables

por el pago de multas por infracciones de tránsito el propietario y la empresa a la cual esté vinculado el vehículo automotor, en aquellas infracciones imputables a los propietarios o a las empresas. Procurador General Concepto No. 5014 (…) Artículo 24. El artículo 136 de la Ley 769 de 2002, quedará así. Artículo 136. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá sin necesidad de otra actuación administrativa, cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco días siguientes a la orden de comparendo, igualmente, o podrá cancelar el setenta y cinco (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo, en estos casos deberá asistir obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en el Centro Integral de Atención, donde se cancelará un 25% y el excedente se pagará al organismo de tránsito. Si aceptada la infracción, esta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios. Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, el inculpado deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que este decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles. Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, la autoridad de tránsito después de 30 días de ocurrida la presunta infracción seguirá

el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados. En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) del valor de la multa prevista en el código. Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para éste fin. El pago de la multa y la comparecencia podrá efectuarse en cualquier lugar del país. Parágrafo 1°. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa. Parágrafo 2°. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y por un periodo de doce (12) meses, todos los conductores que tengan pendiente el pago de infracciones de tránsito podrán acogerse al descuento previsto en el presente artículo. 2 Procurador General Concepto No. 5014

1. Planteamientos de la demanda.

El actor considera que las normas acusadas vulneran el artículo 29 de la Carta, relativo a la garantía al debido proceso en las actuaciones administrativas. Para sustentar su cargo aduce que al establecer la solidaridad entre el infractor y el propietario o empresa a la cual se halla afiliado el vehículo, en el artículo 18, se

quebranta la presunción de inocencia de éstos últimos y se les desconoce su derecho de defensa. En relación con el artículo 24, se argumenta que ese procedimiento no es aplicable ni al propietario ni a la empresa a la cual se halla afiliado el vehículo, por no estar prevista su participación.

2. Problema jurídico.

Corresponde establecer si se vulnera el debido proceso al establecer la solidaridad en el pago de las multas, entre el infractor y el propietario del vehículo, y entre aquél y la empresa a la que está afiliado, y al regular un procedimiento para imponer y para pagar dichas multas.

3. La solidaridad en el pago de la multa de tránsito.

El artículo 18 de la Ley 1383 adiciona una nueva norma: el artículo 93-1, al Código Nacional de Tránsito. En esta adición se establece la solidaridad en el pago de multas de tránsito, cuando la infracción sea imputable al propietario o a la empresa a la cual se encuentre afiliado el vehículo, entre estas dos personas y el conductor. Este mandato es una norma sustantiva, que establece una obligación solidaria, y en modo alguno alude o menciona un proceso o actuación administrativa que pueda ser debido o indebido. Yerra el actor al considerar que la solidaridad, en sí misma, es un asunto procesal. Yerra también al considerar que el mero hecho de establecer una obligación solidaria, cuando la infracción sea imputable a los deudores, como lo dice con claridad la norma, desconoce la presunción de inocencia o el derecho a aportar pruebas. 3 Procurador General Concepto No. 5014

Por el contrario, un examen atento de la cuestión permite advertir que la norma acusada es conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Tanto el propietario como la empresa a la que está afiliado el vehículo deben conocer, cumplir y hacer cumplir las normas relativas a la operación de vehículos, máxime si estos prestan un servicio público o pertenecen a la categoría de transportes especiales. El operar sin seguro obligatorio, por ejemplo, no es una infracción que sea imputable sólo al conductor, sino que también se puede imputar al propietario y a la empresa. Otro tanto podría decirse de la respectiva tarjeta de operación. Ni el propietario ni la empresa a la que está afiliado el vehículo pueden descargar su responsabilidad, cuando la infracción les sea imputable, sobre los hombros del conductor. En este caso la obligación solidaria, además de consultar a la imputación de responsabilidad, constituye un medio idóneo para el efectivo recaudo de las multas a favor del tesoro público, al amparo constitucional de la potestad sancionatoria del Estado (artículos 6° y 150-2 Superiores), y lo que es más importante obliga al propietario y a la empresa a la que está afiliado el vehículo a cumplir y a hacer cumplir las normas de tránsito. Por lo expuesto, el Ministerio Público solicitará a la Corte declarar exequible el artículo 18 de la Ley 1383 de 2010.

4. El procedimiento para imponer y para pagar multas de tránsito.

El actor considera que el procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010, no se puede aplicar ni a los propietarios ni a las empresas a las

cuales está afiliado el vehículo. De esa imposibilidad concluye que se les vulnera su derecho a la defensa y, en general, el debido proceso, pues no pueden hacer valer sus derechos ante la correspondiente autoridad. Yerra el actor al equiparar conductor con infractor. Si bien el conductor suele ser el principal infractor de las normas de tránsito, también pueden serlo, como se ha visto en los ejemplos anteriores, el propietario del vehículo o la empresa a la cual este se encuentra afiliado, o ambos. El error del actor lo lleva a considerar que la norma acusada regula un procedimiento del cual no puede hacer parte ni el antedicho propietario ni la señalada empresa, lo cual no es cierto. 4 Procurador General Concepto No. 5014 Basta hacer una lectura armónica de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, para apreciar que el procedimiento en cuestión está dirigido al infractor, es decir, al conductor, al propietario o a la empresa, sin perjuicio de la solidaridad en el pago de la multa. El artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, que modifica el artículo 135 de la Ley 769 de 2002, dispone: ARTÍCULO 22. El artículo 135 de la Ley 769 de 2002, quedará así: Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo: Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al Infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo. Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia. El comparendo, como se puede apreciar en el texto citado, se entrega al conductor y se remite al propietario del vehículo y a la empresa a la cual está afiliado, con el propósito de vincularlos al procedimiento administrativo correspondiente, al cual pueden comparecer para hacer valer sus derechos con arreglo al debido proceso. El artículo 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre, modificado por el artículo 24 de la Ley 1383 de 2010, regula los derechos y el procedimiento que tiene el inculpado, es decir, el infractor, en dicho proceso. Ante tal evidencia no es posible sostener, como lo hace el actor, que este procedimiento no es aplicable al propietario o a la empresa a la cual está afiliado el vehículo. Por ello, el Ministerio Público solicitará a la Corte que declare exequible el 24 de la Ley 1383 de 2010. 5 Procurador General Concepto No. 5014 Sobre la notificación por correo vale la pena recordar el concepto No. 4998, rendido dentro del trámite del expediente No. D-8104 que cursa actualmente en la Corte, en el cual se dijo: La Corte, en la Sentencia SU-195 de 1998 y en el Auto 159 de 2007, considera que la notificación por correo es un medio idóneo para dar a conocer a las partes o interesados algunas decisiones judiciales.

(…) El correo es un medio idóneo para notificar decisiones a los interesados, quienes, luego de enterarse de su contenido, pueden comparecer al proceso administrativo o judicial, para hacer valer sus derechos. (…) El legislador puede, en ejercicio del principio de libre configuración de la ley, al tenor del artículo 150.2 superior, disponer los medios adecuados para notificar las decisiones administrativas tomadas por las autoridades de tránsito. La notificación por correo, prevista en el artículo 22 de la Ley 1383 de 2010, es una expresión del principio de publicidad que gobierna las actuaciones administrativas, al tenor del artículo 209 Superior. La notificación por correo de una decisión, brinda a todos sus destinatarios, la oportunidad de comparecer al proceso, para hacer valer sus intereses. Los propietarios de los vehículos son tratados, en materia de la notificación, de la misma manera en que son tratados la empresa a la cual se encuentra afiliado el vehículo y la Superintendencia de Puertos y Transporte, sin que se advierta discriminación alguna. Los propietarios, al igual que los demás interesados, pueden participar en el proceso correspondiente, del cual se les notifica, y no pueden aspirar, como no puede hacerlo la empresa a la que está afiliada el vehículo, a tener un proceso especial, o un trámite exclusivo y diferente.

5. Conclusión.

Por lo anterior, el Ministerio Público solicita a la Corte declarar la exequibilidad de los artículos 18 y 24 de la Ley 1383 de 2010, que crea el artículo 93-1 y modifica el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 -Código Nacional de Tránsito terrestre-, respectivamente, por los cargos analizados.

6 Procurador General Concepto No. 5014 Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación LJMO/ACuestasA. 7