PGN - DEBIDO PROCESO Principio de necesidad de la prueba

VICEPROCURADOR GENERAL

DEPENDENCIA : Despacho del Viceprocurador General.

RADICACIÓN :No. 155-35523-99

DISCIPLINADO : Carlos Alberto Martínez De La Ossa, Sandro

Quintero Carreño, Jerson Hernández Pedraza QUEJOSO : TITO AUGUSTO GAITAN ( MINGA) FECHA QUEJA : Diciembre 3 de 1998

FECHA HECHOS : Noviembre 20 de 1998

ASUNTO : Masacre de cinco (5) personas en la vereda La Cabuya, del municipio de Tame, Arauca, el día 20 de noviembre de 1998.

Bogotá D. C., 5 de septiembre de 2003

A S U N T O.

Se procede a continuación a proferir el fallo que en Derecho corresponda dentro de este proceso Disciplinario adelantado contra el Capitán CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA OSSA, Teniente SANDRO QUINTERO CARREÑO, y el soldado voluntario JERSON HERNANDEZ PEDRAZA, del Ejército Nacional, luego de presentados los descargos de los disciplinados, practicadas las pruebas solicitadas y allegados los escritos de los alegatos de conclusión. H E C H O S Han sido enunciados a lo largo de las anteriores providencias de la siguiente forma: aproximadamente sobre las once de la noche del día diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (1998), procedentes del Departamento del Casanare, arribaron al caserío denominado La cabuya, un grupo de doce hombres, portando armas de fuego de largo alcance, disparando

al aire, ocultando sus rostros con pasamontañas, pañoletas o pintura, quienes registraron tres casas del lado del Casanare, preguntando por el señor MILTON ALBERTO CARRILLO NIÑO, quien advertido por los disparos huyó del lugar. Infortunadamente su compañera permanente ALICIA RAMÍREZ MENDEZ, con siete meses de embarazo y su hermana LEONOR MERCEDES CARRILLO, fueron halladas por los hombres armados quienes les dispararon y luego le cortaron el cuello. Posteriormente estas personas cruzaron el puente que separa los Departamentos de Casanare y Arauca, procediendo a registrar los inmuebles ubicados en el caserío, preguntando por los varones adultos, se apoderaron de los bienes muebles de los residentes y le quitaron la vida a RITO ANTONIO DIAZ DUARTE, EFRAIN CARVAJAL VALBUENA y SAMUEL SILVA RAMÍREZ, quienes fueron sacados violentamente de sus residencias y ejecutados en presencia de sus consanguíneos. Los miembros de este grupo armado manifestaron pertenecer a las Autodefensas Unidas del Casanare y 1 luego de cometer estos hechos partieron con rumbo hacía el Departamento del Casanare.

CARGOS FORMULADOS.

En el trámite de la actuación, en el momento procesal correspondiente se formularon cargos contra estos miembros del Ejército Nacional, los cuales se pueden resumir de la siguiente manera: Al Capitán CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA OSSA, en su condición de comandante de la Compañía A Alacrán, del Batallón de contraguerrillas número 25, acantonado para la época de los acontecimientos en el municipio de Hato,

Corozal, se le reprochó su conducta por: 1º.- Participar en la masacre de varias personas residentes en el corregimiento de La Cabuya, del municipio de Tame, Arauca, en los días 19 y 20 de noviembre de 1998. Esta imputación se realizó como posible determinador de los hechos criminales en la medida que pudo haber orientado, coordinado y colaborado en la ejecución de estos sucesos. El cargo fue formulado en el grado de culpabilidad del dolo, señalándose como normas violadas los artículos 38, 40 numerales 1, 2, 6, 10, 13 y 21 de la ley 200 de 1995. 2º.- Utilización indebida de personal para la defensa Nacional. Este cargo se hizo consistir materialmente en la presencia de miembros del Batallón de contraguerrillas Número 25 héroes de Paya, en el sitio de la masacre con participación directa de ellos en los sucesos, por lo tanto, como consecuencia del cargo anterior, se dedujo que este oficial había ordenado la utilización de sus hombres para la comisión de los homicidios, porque muchos de los testigos y parientes de las víctimas señalaron la presencia de soldados de este Batallón al momento del crimen. La imputación se hizo como conducta dolosa por la posible violación del literal P del artículo 142 del decreto 085 de 1989. Teniente del Ejército Nacional SANDRO QUINTERO CARREÑO, en su condición de Comandante de la Compañía E Escorpión, del Batallón de contraguerrillas número 25 Héroes de Paya, acantonado por la época de los hechos en el municipio de Hato Corozal, Casanare, porque posiblemente pudo

violar normas disciplinarias por: 1º.- Participar en la masacre de personas residentes en el corregimiento La Cabuya, del municipio de Tame, Arauca, en los días 19 y 20 de noviembre de 1998, lo cual se dedujo en ese momento procesal a través de prueba indirecta constituida esencialmente por indicios, lo cual puede constituir falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto por los artículos 38, 40 numerales 1, 2, 6, 10, 13, y 21 de la ley 200 de 1995. Este comportamiento se le reprochó porque posiblemente participó dolosa y directamente en la realización de los homicidios. Esta falta fue categorizada como grave de acuerdo con el artículo 27 Ibídem. 2º.- Utilización indebida de personal para la defensa personal. Se hace gravitar este cargo sobre la posible destinación de algunos miembros de la compañía E Escorpión, para la comisión de la masacre, utilizando su condición de mando y de oficial jerárquicamente superior, para participar con sus tropas en los 2 crímenes, lo cual de acuerdo con lo establecido por el literal P del artículo 142 del decreto 085 de 1989 puede constituir falta disciplinaria, que constituye causal mala conducta, en comportamiento desarrollado con dolo. Al soldado voluntario Jerson HERNÁNDEZ PEDRAZA, en su condición de miembro de la compañía A alacrán del Batallón de contraguerrillas Número 25 Héroes de Paya, se le imprecó reproche disciplinario porque al parecer participó directamente en la comisión de los homicidios de los moradores del Corregimiento La Cabuya del municipio de Tame, Arauca, en los días 19 y 20

de noviembre de 1998 conforme con algunos medios de prueba indirectos constituidos por indicios que develan un posible comportamiento doloso lo cual puede constituir falta disciplinaria al tenor de lo estipulado por los artículos 38, 40 numerale3s 1,2,6,10,13 y 21 de la ley 200 de 1995. Esta falta fue considerada como grave conforme con los criterios establecidos por el artículo 27 Ibídem.

DESCARGOS.

En la etapa procesal respectiva los defensores de los procesados disciplinados, en término, presentaron sus descargos los cuales se pueden resumir así: En relación con el Capitán CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA OSSA, y el soldado voluntario Jerson HERNÁNDEZ PEDRAZA, precisó el Doctor LUIS HERNANDO CASTELLANOS FONSECA, defensor de estos dos disciplinados, que gracias a las pruebas aportadas últimamente en el proceso penal adelantado por estos sucesos, se pudo establecer la participación de miembros del Ejército Nacional en la plurimencionada masacre, pero en manera alguna se evidencia que sus defendidos se hallan involucrados en la misma, pues los medios de prueba se dirigen a establecer el compromiso penal y disciplinario de los integrantes de la compañía E escorpión junto con su Comandante y el Comandante del Batallón, Teniente SANDRO QUINTERO CARREÑO y el Mayor ORLANDO HERNANDO PULIDO ROJAS, respectivamente . Para tal efecto cita la indagatoria del soldado voluntario RAUL EMILIO LIZCANO ORTIZ, quien fuera vinculado a este mismo proceso. Continua refiriendo que en el proceso penal aparece demostrado quienes fueron los autores materiales e intelectuales de los homicidios y de manera

puntual la ausencia de participación de sus clientes y el desconocimiento de lo que se estaba gestando de manera irregular por parte de los oficiales comprometidos. La confesión de este soldado varia por completo la situación probatoria en los procesos adelantados por estos hechos con lo cual el asunto queda perfectamente esclarecido y la responsabilidad de cada uno dilucidada por cuanto según las reglas de la sana crítica incorpora elementos atendibles. Igualmente descarta la hipótesis expuesta en la providencia de cargos según la cual el Capitán anunció la futura comisión de los hechos, señalando que quien va a cometer un homicidio no lo menciona. Termina indicando que la labor de los entes de control y la justicia misma, tienen como función principal la búsqueda de la verdad para imponerles a los verdaderos responsables las sanciones respectivas, sin que por el solo hecho de buscar responsables en un afán sancionatorio se cause agravios a todos los miembros de un Batallón respecto de quienes obran unos indicios o pruebas endebles sobre una supuesta responsabilidad. 3 Posteriormente dentro del término de traslado para alegar de conclusión el defensor de los disciplinados argumenta que en el proceso disciplinario efectivamente de demostró certeramente la participación de miembros del Ejército Nacional en la masacre de las personas residentes en la vereda mencionada, lo cual se infiere de los medios de prueba indirectos y directos aportados tanto en el proceso penal como en esta actuación especialmente en las versiones del soldado RAUL EMILIO LIZCANO ORTIZ, el Cabo Primero

PEDRO JOSÉ BARRERA CIPAGAUTA, el soldado ANDRES CÉSPEDES

QUIMBAYO y la señora SARA LILIA PARRA BENITEZ, los cuales igualmente permiten establecer certeramente que el Capitán MARTINEZ DFE LA OSSA y el soldado Jerson HERNÁNDEZ PEDRAZA, no tuvieron ninguna participación en los sucesos y por ende no son responsables por estos actos criminales. Expone como razón fundamental que si sus defendidos hubiesen tenido conocimiento de los hechos que iban a suceder, ellos que permanecieron por espacio de 14 días en La Cabuya, hubiesen sido los indicados para aportar la información de inteligencia necesaria para la realización del hecho y su presencia en el lugar también hubiese resultado benéfica, pero contrariamente quienes cometieron los homicidios estaban buscando información y sus defendidos 24 horas antes de los sucesos se desplazaron del lugar y al momento de la ejecución de los delitos se encontraban en el municipio de Hato Corozal. En relación con los testimonios de los residentes en el sentido de señalar al Capitán MARTINEZ DE LA OSSA, como la persona que de alguna manera les imprecó la condición de colaboradores con la guerrilla, refiere que ello obedece al simple afán de hallar un responsable dentro del Ejército a raíz que miembros de la institución participaron en los hechos, por tanto, como el Capitán permaneció algunos días en el sector manteniendo contacto con las personas, se constituyó en el oficial en quienes los moradores buscaron evitar que el hecho quedara impune, declarando en sus testimonios afectados afectivamente por la magnitud de la masacre, razón por la cual considera que estas declaraciones no sean tenidas en cuenta conforme con las reglas de la

sana crítica. Todas las anteriores razones sirven de fundamento a su petición para que se adopte fallo absolutorio en beneficio de sus clientes, especialmente la prueba recaudada en la etapa del juicio que varió de manera sustancial la situación de la responsabilidad en este proceso, permitiendo establecer que la masacre fue realizada por miembros de las Autodefensas con el concurso de integrantes del Ejército Nacional al mando del Teniente SANDRO QUINTERO CARREÑO. El Doctor HECTOR ARTUNDUAGA PENAGOS, defensor de oficio del disciplinado SANDRO QUINTERO CARREÑO, en los descargos manifiesta su oposición a los cargos formulados y por ello solicita que al momento de dictar el fallo de rigor se ABSUELVA a su defendido por cuanto en el proceso no existe prueba directa que señale al teniente QUINTERO CARREÑO, como autor o participe de la masacre, por ello si bien puede existir prueba para cargos no puede afirmarse lo mismo respecto de fallo sancionatorio. Estas mismas consideraciones las expone en los alegatos de conclusión, en donde por demás, desecha la versión suministrada por el Soldado voluntario RAUL EMILIO LIZCANO ORTIZ, razón para solicitar la absolución de su defendido.

PRUEBAS RECAUDADAS:

4 En el curso de la investigación fueron allegados los siguientes elementos de juicio:

TESTIMONIOS:

ROSA STELLA BARBOSA CABRA, ADOLFO ARTURO ROLON VILLAMIZAR,

JOSE NEIL TIQUE CULMA, MILTON ALBERO CARRILLO NIÑO, LUIS

RAMON MARQUEZ EULEGELO, LILIANA ROA MONTAÑEZ, CEILA

MENDILVIESO TUAY, MANUEL IGNACIO PINILLA HORTA, BONIFACIO

SÁNCHEZ TOCARIA, SANDRO QUINTERO CARREÑO, MARCELO IVAN

SABOGAL CASTILLO, JAVIER AUGUSTO VASQUEZ MEDINA, URIEL

CANELO CANO, JOSE ESCALANTE BOTELLO, CARLOS ALBERTO

MARTINEZ DE LA OSSA, ORLANDO PULIDO ROJAS, WILLIAN AMAYA

SEGURA, NUBIA BASTILLA, GRACIELA PARRA, MARGOT YANETH

DELGADO CACERES, BREZHNEV CABALLERO, AGILBERTA TUAY

NARANJO, FILEMON MENDILVESO, MARLENY CAMARGO SALOM, JOSÉ

FERNÁNDEZ MONRROY, FABIO MAHECHA, FRANDIS ESMINDA

CARVAJAL RAMÍREZ, MARIA CLEMENCIA UVA VERA, LEONOR LAMUS

GELVES, NIRIO DAVID CARVAJAL RAMÍREZ, ORLANDO BOTHIA

ANTOLINEZ, GRACIELA PARRA DE RINCÓN, HECTOR JOSÉ LOPEZ

CASTAÑEDA, ENRIQUE ZAMBRANO ROJAS, WILLIAN PINTO GRAJALES,

JAIRO HUIMBERTO GONZALEZ, DOMINGO CALDERON ADAN, CARLOS

ARTURO RUBIO VELANDIA, ANDRES CÉSPEDES QUIMBAYO, LUIS

ENRIQUE NOVA ORTEGA, MARCO ANTONIO TABACO, JOSE ALFONSO

ANGEL ORTEGA, EDWIN GUERRERPO GALVIS, GIOVANNI SÁNCHEZ

FLOREZ, HORACIO VESGA LIZARAZO, FELIX ISMAEL MORALES TINJACA,

SARA LILIA PARRA BENITEZ, LUIS SALOMÓN PUERTO ACERO, JUAN

CARLOS VASQUEZ.

VISITAS ESPECIALES: Para el perfeccionamiento de la investigación se llevaron a cabo visitas

especiales en los siguientes lugares y oficinas:  Personería Municipal de TAME, Arauca.  Oficina S3 del Batallón de Ingenieros No. 18 Rafael Navas Pardo, de Tame, Arauca.  Procuraduría Regional de Arauca.  Fiscalía Única seccional de Tame, Arauca.  Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación al Proceso radicado con el número 428.  Batallón de Contraguerrillas No. 25 Héroes de Paya, en Yopal, Casanare.  En la sección tercera de la Brigada dieciséis del Ejército Nacional, acantonada en Yopal, Casanare.  Estación de Policía de Hato Corozal, Casanare.  En la oficina de enlace de la Brigada 16 con el Batallón de contraguerrillas número 25 “Héroes de paya” en Yopal, Casanare.  Oficina de personal del Ejército Nacional.  Personería municipal de Hato Corozal.  Juzgado Promiscuo Municipal de Hato Corozal.

PRUEBAS TRASLADADAS:

5 Se trasladaron del proceso penal radicado con el número 428 de la unidad nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación los siguientes medios de prueba:

TESTIMONIOS:

FAIBER LAVAO MACIAS, LEONARDO JAIRO TORRES CASTILLO,

RODRIGO OREJUELA CANGREJO, LUZ MILA MENDIVELSO TUAY, BLANCA

LEONOR RAMÍREZ, MAGOTH YANETH DELGADO CACERES, SANTANDER

CASTRO RODRÍGUEZ, SANDRO QUINTERO CARREÑO, MILADIS

ALBARRACIN MERCADO, ALBERTO TOVAR FONSECA, JHON MILTON

PEREA VIVEROS, JOSE HELIODORO MORENO CIRON, JOSE OVIDIO

NINCO GUERRERO, MARCO TULIO CALDERON SEGUIA, MAURICIO

YAQUIVE MARIN, RAUL CASAS OVALLE, ORLANDO BARRERA MARQUEZ,

LUIS SALOMÓN PUERTO ACERO, JUAN CARLOS VASQUEZ, OLGA

PATRICIA CARDENAS GARCIA, NUBIA BASTILLA, JOSE MIGUEL ORTIZ

SANTANA, GRACIELA PARRA DE RINCÓN, FILEMON MENDIVELSO, ALBA

LUCERO LOPEZ MONTAÑA, LILIA ROA MONTAÑEZ, WILLIAN AMAYA

SEGURA, JOSE ROMERO BANDA, LEONARDO ALFONSO CALDERON,

ORLANDO RODRÍGUEZ GARRIDO, JUAN DE JESÚS NOVOA SUAREZ,

JHON MILTON PEREA VIVEROS y JOSE NEIL TIQUE CULMA.

DOCUMENTOS.  Acta de levantamiento de los cadáveres de las personas que perdieron la vida en los acontecimientos.  Comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, respecto de los sucesos de la Cabuya.  Orden de operaciones número 18 Epsilón, del Batallón de Ingenieros

Rafael Navas Pardo, de Tame, Arauca.  Informe de patrullaje de la operación Epsilón.  Necropsias practicadas a los cadáveres de LEONOR MERCEDES

CARRILLO NIÑO, SAMUEL SILVA RAMÍREZ, RITO ANTONIO DIAZ

DUARTE, EFRAIN CARVAJAL VALBUENA y ALICIA RAMÍREZ MENDEZ.  Relación de miembros del Batallón de contraguerrillas número 25.  Trascripción de la entrevista radial al secretario de Gobierno de Tame, sobre los acontecimientos.-  Dispositivo operación Epsilón.  Análisis de inteligencia técnica, boletín número 323.  Orden de operación Oro Negro III del Comando de la Brigada 16 del Ejército Nacional.  Ubicación de tropas de la Brigada 16 del Ejército Nacional.  Relación de personal militar que actuó en las operaciones llevadas a cabo los días 19 y 20 de noviembre de 1998 por parte de la Brigada 16 del Ejército Nacional.  Informe sobre la movilización de maquinaria para explotación petrolera del pozo Tocoragua 1 al municipio de Hato Corozal.  Acta número 289 revista de armamento y conteo de munición del Batallón de contraguerrillas número 25. Héroes de paya.  Informe Número 274 del puesto de seguridad rural del Departamento Administrativo de Seguridad D. A. S. en Tame, Arauca. 6

INDAGATORIAS.

Teniente, LEONARDO JAIRO TORRES CASTILLO, Teniente SANDRO

QUINTERO CARREÑO, Capitán, CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA

OSSA y JAVIER AUGUSTO VASQUEZ MEDINA, Mayor ORLANDO

HERNANDO PULIDO ROJAS, Cabo PEDRO JOSÉ BARRERA CIPAGAUTA,

LUIS SALOMÓN PUERTO ACERO, JUAN CARLOS VASQUEZ, RAUL EMILIO

LIZCANO ORTIZ.

RECONOCIMIENTOS EN FILA DE PERSONAS.

Se realizó diligencia de reconocimiento en fila de personas en la que participó el imputado DANIEL EDILSON AMAYA DIAZ, a quien la Fiscalía General dentro del radicado No. 248 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos le precluyó la investigación.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO.

Se procede entonces, a edificar el fallo que corresponda adoptar en este proceso. De entrada ha de mencionarse que el Código Disciplinario Único, (ley 734 de 2002) en el artículo 142, determina los requisitos de orden material para proferir fallo Sancionatorio, los cuales se reducen a la existencia de prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de falta disciplinaria y de la responsabilidad del disciplinado. Conforme con estas exigencias, se tiene que fruto de largas luchas de la humanidad se ha logrado establecer un límite para el ejercicio del poder punitivo del Estado a través del Derecho Fundamental del Debido Proceso dentro del cual se encuentra el principio de necesidad de prueba, de donde deviene que las decisiones se deben proferir de manera objetiva, con base en el juicio racional de los medios de prueba aportados, para deducir el grado de conocimiento de certeza, lo cual opera como una garantía

de las personas frente al inmenso poder de la organización política, alejando la arbitrariedad de las manifestaciones de los agentes del Estado, pues se les impone un marco dentro del cual ejercen el Ius Puniendi, cegándoles la oportunidad de aplicar en sus determinaciones el conocimiento privado, su convicción moral o la conclusión basada en probabilidades, por cuanto que en esta clase de decisiones, que terminan con el procedimiento, se exige rigurosamente un juicio racional crítico dentro de las reglas de la lógica para obtener la certeza de estos requisitos, inclusive más allá de toda duda razonable, lo que se conjuga con los principios de inocencia y de beneficio de la duda en favor del procesado (Artículo 9 Ibídem) Este criterio debe primar sobre cualquier consideración pues hace parte de un Derecho fundamental que debe prevalecer sobre todos los fines del Proceso Disciplinario o sobre la razón ontológica de las acciones sancionatorias atribuidas a la organización política superior, por la elemental razón que la aplicación indiscriminada e injusta de esta potestad implica su deslegitimación, alejándola sustancialmente de los fines propios de esta actividad que en esencia funciona como mecanismo de política Estatal para lograr el cumplimiento de la prevención y buena marcha de la gestión pública, dentro del contexto Constitucional de los fines esenciales del Estado, matizando de esta manera las llamadas relaciones especiales de sujeción, origen del Derecho disciplinario, para hacer prevalecer las garantías individuales de los Servidores 7 Públicos, la dignidad humana de acuerdo con el vigente imperativo Constitucional. Solo dentro de las anteriores concepciones puede llevarse a cabo el trabajo

axiológico sobre los medios de prueba para establecer el grado de conocimiento que de ellos se deduce, que pueda ilustrar el proceso y sirva de fundamento a la determinación que deba proferirse. Retomando el hilo conductor de lo que se ocupa el Despacho en esta providencia, debe afirmarse que luego de hacer el escrutinio riguroso de los medios de prueba aportados en esta extensa investigación, valoradas las explicaciones de los servidores públicos imputados, los alegatos de sus defensores y las circunstancias de los acontecimientos, la determinación que corresponde conforme con las reglas del Debido Proceso no es otra que la de adoptar FALLO SANCIONATORIO contra el Teniente SANDRO QUINTERO CARREÑO y la ABSOLUCIÓN del Capitán del Ejército Nacional CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA OSSA, y del soldado voluntario del Ejército Nacional Jerson HERNÁNDEZ PEDRZA, tal como se argumentará seguidamente. Comenzando por lo de menor complejidad, se tiene que respecto del Capitán CARLOS ALBERTO MARTINEZ DE LA OSSA, quien fungía como Comandante de la Compañía A Alacrán del Batallón de contraguerrillas número 25 Héroes de Paya, la cual participó de manera directa en la realización de la operación militar denominada Oro Negro, en el sector del puente Gustavo Matamoros, que divide los Departamentos de Casanare y Arauca, en donde se ubica, hacía el sector de Arauca, el caserío de La Cabuya, en área del municipio de Tame, a quien se le formularon cargos en relación con la masacre de varias personas en

este lugar en la noche del 19 de y el amanecer del 20 de noviembre de 1998. En el reproche disciplinario realizado se le imputó de manera material la participación en estos horrendos sucesos, porque al parecer coordinó, colaboró, apoyó y orientó a las personas que de manera material cometieron los homicidios. Esta imputación se construyó a través de medios de prueba indirectos, fundamentada en los indicios que emergían de los testimonios de los residentes en el caserío quienes señalaron a este oficial como la persona que dentro del término que duró la operación militar antes referida, siempre les imprecó su condición de colaboradores o su compromiso con los grupos subversivos, afirmando de alguna manera, que esta situación se remediaría con el pronto advenimiento de un grupo de justicia privada, tal como efectivamente ocurrió luego del desplazamiento del lugar de la Fuerza Pública. Igualmente se infirió el posible compromiso disciplinario respecto de los sucesos porque el día anterior una de las personas particulares que participó en la masacre estuvo dialogando con este oficial en el poblado. Esta persona al parecer se trata de RICARDO ORDÓÑEZ REYES, quien posiblemente hace parte de un grupo paramilitar. Como posteriormente en el desarrollo de los acontecimientos se estableció la participación de miembros del Ejército Nacional, con los integrantes de las Autodefensas, se dedujo indiciariamente el compromiso de este oficial subordinado en los hechos. De la anterior consideración se derivó la segunda imputación por la utilización indebida de personal para la defensa Nacional, en cuanto que, posiblemente, este Capitán, había dispuesto que sus hombres 8 participaran en la comisión de los homicidios, porque, se repite, la presencia de

soldados del Batallón de contraguerrillas número 25 en la masacre estaba demostrada con los testimonios de los lugareños. Frente a estos cargos endilgados y luego de practicadas las pruebas en la etapa de juicio, se llega a la ineludible e inexorable conclusión que los mismos se encuentran desvirtuados y que si bien al momento de realizar el reproche disciplinario se reunían los requisitos para ello no puede predicarse lo mismo sobre los presupuestos de orden probatorio para adoptar fallo sancionatorio en su contra, pues realmente estos indicios que comprometían de alguna manera la responsabilidad de este oficial no tienen la entidad ni la consistencia suficiente para deducir de ellos el grado de conocimiento de la certeza sobre el compromiso disciplinario de este servidor público, es más, en este momento estos indicios con base en la prueba recaudada en la etapa del juicio, han perdido entidad, se han desarticulado y no pueden tenerse en cuenta como medio de prueba para sostener un fallo condenatorio. En efecto, en la etapa del juicio se aportaron medios de prueba tanto de manera directa como trasladados que señalan puntualmente la participación de integrantes del Ejército Nacional en la masacre, pero todos ellos, miembros de la compañía E Escorpión, Comandada por el Teniente SANDRO QUINTERO CARREÑO, quienes fueran los últimos en arribar y salir del lugar, pero en ninguno de ellos se menciona, así sea en gracia de discusión la participación de los soldados, suboficiales y oficiales de otras compañías, dejando en claro que este fue un hecho realizado de manera material, única y exclusiva por miembros de esta compañía. Ya en el plano puramente valorativo de los

indicios esgrimidos por este órgano de control contra este oficial para imputarle su posible compromiso disciplinario debe mencionarse que para este momento procesal no revisten la calidad y condición necesaria para aportar el grado de conocimiento de la certeza que se exige, para enervar el principio de inocencia que garantiza el debido proceso y para demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad que lo hiciera destinatario de una sanción en esta materia. Para ello baste con hacer un breve análisis de estos hechos indicadores que en efecto pueden servir de sustento para unos cargos pero jamás de un fallo sancionatorio. Veamos; Respecto de las afirmaciones realizadas por este oficial a los residentes del caserío sobre su posible compromiso con los grupos subversivos y la indicación del advenimiento de un grupo de justicia privada, no refieren única y exclusivamente su participación en los hechos y no necesariamente obedecen al conocimiento efectivo de la futura comisión de los homicidios, si bien ello ha podido ocurrir en el mundo material, pudo obedecer a una simple manifestación de repudio por esta situación y a la advertencia de lo que podría ocurrir con base en las repetidas masacres que se han presentado en la reciente historia trágica de nuestra Nación, por parte de las Autodefensas, concretamente en los lugares en dónde existe presencia de la guerrilla con la natural simpatía de los moradores e incluso colaboración con esta clase de grupos. Esta colaboración o simpatía de las personas residentes en La Cabuya con la subversión, es un hecho demostrado en el proceso y por tanto la manifestación del capitán debe entenderse como un reproche ante tal evidencia. Por lo anterior, si bien puede deducirse el malestar del oficial por

esta situación ello no conlleva inexorablemente a concluir como inferencia lógica la participación en de la masacre, porque justamente de ello se puede deducir un motivo pero no necesariamente la participación como determinador en la masacre, pero indudablemente la experiencia indica que muchas 9 personas tienen motivos fundados o no, para actuar de manera ilegal e ilegitima pero jamás lo hacen, así lo piensen y lo expresen, lo cual obviamente no desborda el límite de responsabilidad por violación de la ley o la Constitución o por la omisión o extralimitación de funciones. Así de manera aislada este hecho no conlleva a la conclusión del compromiso disciplinario, necesaria y obligadamente tendría que estar conjugado con otros medios de prueba para que en un análisis axiológico en conjunto tuviera validez como elemento de juicio en punto de demostrar la responsabilidad de este servidor público. El anterior hecho indicador fue apreciado con otras circunstancias de las cuales se dedujo, en su momento, el probable compromiso de este Capitán del Ejército Nacional, por ello en el pliego de cargos se mencionó que la comprobada participación de miembros del Batallón de contraguerrillas número 25 Héroes Paya, en la comisión de la masacre solidificaba este argumento, en cuanto del motivo o relación de causalidad en la conducta de este oficial. Pero ahora, como están planteadas las cosas, debe precisarse que el motivo ha quedado huérfano y no conduce a la demostración de los presupuestos para sancionar al Capitán MARTINEZ DE LA OSSA, porque si bien, se ha demostrado de lejos pero muy lejos, la presencia y participación de miembros del Ejército Nacional,

en este crimen, también lo es que fueron los de la Compañía E Escorpión, al mando de Teniente SANDRO QUINTERO CARREÑO, lo cual define el asunto pues ya no se encuentra en el plano especulativo si no en el demostrativo, fracturando por tanto, la relación que se predicaba entre el motivo y la realización de los sucesos repudiables. Resultaba claro y atendible que los residentes y parientes de las víctimas mencionaron la presencia de hombres del Ejército Nacional porque efectivamente allí estuvieron participando en los acontecimientos, pero no fueron los hombres de la compañía A Alacrán, dirigidos por el mencionado Capitán, perdiendo total vigencia esta labor racional del construcción de este indicio porque existen medios de prueba de mayor contundencia que calaran la situación. Finalmente se expuso que el día anterior a los acontecimientos este oficial mantuvo conversaciones con una persona particular que posteriormente participó en los homicidios e integraba el grupo de Autodefensas. Cuando se analizaron estos tres hechos en conjunto se dedujo el posible compromiso disciplinario del Comandante de a Compañía A, pero a someter nuevamente a escrutinio este hecho se llega a concluir que por si solo no alcanza a tener la entidad y solidez necesaria para satisfacer los presupuestos de sanción, porque en verdad el Capitán MARTINEZ DE LA OSSA, permaneció por espacio de catorce (14) días en el sector, se ubicó con su compañía en el caserío y ello