PGN - DEBIDO PROCESO Requiere controversia y documento

Bogotá DC, 26 de noviembre de 2002.

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia

Administrativa.

Radicación: 013-57368 de 2001 (a # 45 CVV)

Presunto responsable(s) /Disciplinado(s) : 1.- María Inés Castro de Ariza 2.- Josefina Araujo Baute 3.- Victoria Eugenia Solano Castro 4.- María Cristina Vivas Perdomo 5.- María Claudia Castro Castro 6.- Graciela Moreno Cordero 7.- Bernardo Vivas Perdomo 8.- Fernando Rodríguez Castro Entidad y cargo: Directivos y funcionarios y contratistas: 1.- Presidente, MINERCOL Ltda. 2.- Secretaria General. MINERCOL Ltda. 3.- Gerente de Recursos Empresariales. MINERCOL 4.- Jefe Oficina Control Interno Disciplinario. 5.- Profesional Universitaria, Gr. 1, MINERCOL Ltda. 6.- Jefe De Presupuesto. MINERCOL Ltda. 7.- Médico 8.- Apoderado Judicial, abogado MINERCOL Ltda.

Quejoso: De oficio: Orlando Velandia Sepúlveda-Contralor Delegado para el Sector de Minas y Energía.

Fecha queja: Remitida por competencia: 23-5-2001.

Fecha hechos: Indeterminadas: 1997, y ss a 2000.

Asunto: Remiten por competencia una denuncia sindical : 1.- Omisión administrativa, por no firmar la Representante Legal sino la Gerente de Recursos Empresariales, el informe enviado ante la Contraloría General para el mes de octubre de 2002, sin atender la Resolución No. 04998 de

1999.

2.- Posible violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades al haber sido vinculadas personas que según el Sindicato de Trabajadores de MINERCOL Ltda., y su Comisión Sindical, presentan vínculos de consanguinidad y de afinidad con la Presidenta de la entidad. 3.- Aspecto seguridad interna del edificio, problema administrativo por prohibir el acceso a las escaleras. Entra el Despacho a decidir lo que en derecho corresponde, conforme a la competencia asignada por el Decreto 262 de 2000, en especial, el artículo 25 y normas concordantes de la Resolución reglamentaria 017 de 2000, de la Procuraduría General de la Nación, así como las disposiciones del actual régimen disciplinario, (Ley 734 de 2002), en su artículo 150. / ANTECEDENTES Se recibió con fecha de radicación en la Procuraduría General de la Nación en la sección de Correspondencia, el 23 de Mayo de 2001, (fl. 2), el Oficio No. 000467, proveniente de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, de oficio de parte del Doctor ORLANDO VELANDIA SEPÚLVEDA, con el traslado de las copias que estimó de competencia de la Delegada, para que se tramitaran en lo de nuestro resorte sus observaciones en tres aspectos, y ponderar si ellas involucraban presuntas faltas disciplinarias en oficio de 23-5-01, dirigido al Despacho Superior, con el soporte que encontró luego de las respuestas al Sindicato SINTRAMINERCOL; que desagregaba varios puntos de queja no conexos entre sí, y 2

enviada por reparto de la Oficina de Registro y Control, la que fuera entregada en la Delegada con primer reparto a NOHRA TINOCO el 30 de mayo de 2001, con posterior reparto y reasignación para el 2-7-02 a nueva asesora, en la radicación del Expediente 013-57368 de 2001 (a # 45 cvv). HECHOS La queja de oficio de la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía, cuenta con el resultado preliminar de una investigación que adelantaran unos funcionarios afiliados al Sindicato de MINERCOL Ltda., compuesta por la profesional ZOYLA ROJAS, la líder de la comisión sindical NELSSY ALFONSO, con copia a la Coordinadora de Gestión, CARMENZA ERAZO, y que en últimas canalizara FRANCISCO RAMÍREZ CUELLAR, Presidente de SINTRAMINERCOL ante distintas entidades y dependencias a las cuales presentaron sus apreciaciones, remitiéndola luego de difundirla en carteleras, y medios de comunicación, entre otros frentes como son: la Presidencia de la República, a la Vicepresidencia, al Ministerio de Minas, al Viceministro del ramo, al Ministerio de Hacienda, al Jefe del Departamento de la Función Pública y Consejo Asesor de Control Interno, al Presidente del Congreso de la República, al Presidente de la Cámara de Representantes, y demás, sin copia alguna a la Procuraduría General de la Nación. El conocimiento por tanto, proviene de fuente indirecta, pues es fruto de la respuesta

enviada por la misma Contraloría General en el área específica, a dichos sindicatos, uno mayoritario llamado SINTRAMINERCOL, y el minoritario SINTRACARBÓN, pactados con la antes denominada MINERCOL SA, sustituida por MINERCOL Ltda., entidad que se nutría de 68,2% de los recursos del Presupuesto Nacional, y con precaria generación de recursos propios, por lo que su reforma y su eventual liquidación se previó como posible, debiendo hacer estimativos sobre su eventual liquidación, luego de haber sido convertida de entidad anónima, sociedad de economía mixta, a sociedad limitada, que no obstante ello, tenía del orden del 47% de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías. (fls. 13, 15, 39 y 40). El asunto en estudio, remitido por competencia con la denuncia sindical se sintetiza en lo siguiente, observando que la Contraloría no tomó medidas disciplinarias en lo de su competencia fiscal, sino que hace la remisión para que acá en la Procuraduría General de la Nación, se analicen los siguientes aspectos que considera administrativos: 1.- Responsabilidad por omisión por no aparecer firmando el reporte mensual del mes de octubre de 2002, la Representante Legal sino la Gerente de Recursos Empresariales, con el informe enviado ante la Contraloría General en infracción de expresas normas de la Resolución No. 04998 de 1999, que regula las formalidades externas de dichos reportes. 2.- Posible violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades al haber sido vinculadas laboralmente, personas que según el Sindicato de Trabajadores de MINERCOL Ltda., y su Comisión Sindical, presentan vínculos claros de

consanguinidad y de afinidad con la Presidenta de la entidad. Se agrega que fueron aportados soportes de prueba en torno al punto segundo, sobre las presunciones de parentesco alegadas cuyo listado fijado en carteleras y ampliamente difundido en medios de comunicación masiva, así como ante autoridades gubernamentales, dieron lugar al derecho de réplica de los afectados en forma pública igualmente para desmentir las sindicaciones efectuadas. 3 3.- Aspecto seguridad interna del edificio, problema administrativo por prohibir el acceso a las escaleras del edificio en que se ubica la entidad con riesgo para el ingreso y evacuación del edificio en caso de urgencia. / LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DISCIPLINARIOS: Figura incorrectamente el Sistema de Gestión disciplinario GEDIS de la Procuraduría General de la Nación, el nombre de su Presidente sindical en SINTRAMINERCOL: Doctor FRANCISCO RAMÍREZ CUELLAR, (fl. 33), como si se tratara de un implicado, lo cual es un error, que se ordenará ser corregido en la parte resolutiva, pues se registró en forma indebida ya que incluso se anotó mal su primer apellido “Ramírez”, como si se tratara de segundo nombre, acotado como FRANCISCO RAÚL CUELLAR (sic); y en calidad de disciplinado, cuando en realidad se corresponde con el primer denunciante de la cadena, presidiendo y canalizando la denuncia de su comisión sindical que presentara en forma originaria las inconsistencias ante la Contraloría, y que se ubica en realidad, como representante de la agremiación sindical con personería jurídica 3502, SINTRAMINERCOL, afiliada

a FENASINTRAP-CUT (fl. 33), para lo que se ordenará lo que corresponde, siendo el siguiente el verdadero listado de presuntos responsables disciplinarios en los distintos puntos enlistados en la queja de la Contraloría Delegada Para el Sector de Minas y Energía, como denunciante de oficio y quien desagregó la denuncia en distintos puntos que podrían haberse señalado en cabeza de los siguiente funcionarios o contratistas de MINERCOL Ltda.:

1.- MARÍA INÉS CASTRO DE ARIZA

2.- JOSEFINA ARAUJO BAUTE

3.- VICTORIA EUGENIA SOLANO CASTRO

4.- MARÍA CRISTINA VIVAS PERDOMO

5.- MARÍA CLAUDIA CASTRO CASTRO

6.- GRACIELA MORENO CORDERO

7.- BERNARDO VIVAS PERDOMO 8.- FERNANDO RODRÍGUEZ CASTRO Entidad y cargo: Directivos y funcionarios y contratistas: 1.- Presidente-MINERCOL Ltda. 2.- Secretaria General-MINERCOL Ltda. 3.- Gerente de Recursos Empresariales-MINERCOL 4.- Jefe Oficina Control Interno Disciplinario. 5.- Profesional universitaria, gr. 1-MINERCOL Ltda. 6.- Jefe De Presupuesto-MINERCOL Ltda. 7.- Médico 8.- Apoderado judicial, abogado-MINERCOL Ltda. / LA FECHA DE LOS HECHOS La queja en ello es vaga e imprecisa, no se señalan en forma debida y discriminada las de ocurrencia de cada caso en particular, pero se deduce que pueden ser Indeterminadas: 1997, y ss a 2000.

En punto a la de 1997, como el mencionado caso de la designación de una persona efectuada el 21 de mayo de 1997, se precisa que llegó prescrita para el momento de envío de la queja para el mes de mayo 2001, que se repartiera finalmente a trámite propio en julio 2 de 2002, por lo que el pronunciamiento que sobre ello se haga, no implica responsabilidad del Despacho que recibe denuncias con mas de cuatro años de antelación en su ocurrencia. 4 Las demás señaladas conservan su plena vigencia, pues se trata de asuntos ocurridos en 2000, que prescriben en el año 2005.

CONSIDERACIONES: La difusión en carteleras y medios de comunicación de situaciones internas que afectan el normal desarrollo de la entidad, implican un prejuzgamiento por parte de los miembros del sindicato, que antes de tener pruebas ciertas, se hacen en ciertos casos, eco a consejas y rumores no confirmados, con lo que se afecta el buen nombre de los puestos en boca de la colectividad sin respeto alguno por sus derechos personales fundamentales, y debido proceso administrativo, por lo que en este caso se observa claramente que se hizo un seguimiento deficiente y sin soportes a las denuncias enlistadas, no se allegaron los soportes de las resoluciones que se dicen incumplidas, no se verificó la ocurrencia real de los lazos de parentesco asumiendo que eran ciertos sin serlo en la medida exigida en la ley, sin indagar si existían actos de delegación, o de encargo o cualquier otra situación administrativa que permitiera la firma en ausencia provisional o de otro orden de los titulares y así

sucesivamente se presentaron como ciertos asuntos no debatidos, y enrostrando como incorrectas acciones que no tenían tal cariz, por lo que se aprecia en su foliatura que se tuvo que solicitar el derecho a la rectificación, con éxito para las pretensiones de los afectados y no del sindicato denunciante. Atendiendo el orden de los casos remitidos se analiza la prueba como sigue: CASO 1: Omisión administrativa de firma del representante legal y del responsable de área. Se alega como infracción, la irregular presentación de informes por no estar presente la firma de la representante legal Doctora MARÍA INÉS CASTRO DE ARIZA, sino que en el documento se aprecia estampada la que corresponde a la Doctora VICTORIA EUGENIA SOLANO CASTRO; quien ostenta la calidad de Gerente de Recursos Empresariales La omisión no trata como hubiera podido esperarse, en la no presentación del informe, lo que hubiera sido más grave, pues su omisión sería el ocultamiento de la información oficial requerida, sea en forma culposa por negligencia, o en forma deliberada, sino por el contrario, de una irregularidad meramente formal en cuanto no lleva la firma de quien debiera, sin que se expresen las razones para que no haya sido la rúbrica del representante legal, pues no se indica la situación administrativa que lo haya precedido, y que pudiera haber justificado a plenitud su ocurrencia, es decir, si se hallaba en encargo alguno por enfermedad, por permiso, por falta temporal proveniente de cualquier otra contingencia, o falta definitiva, alegando simplemente que ha ocurrido la infracción objetivamente considerada, según lo preceptuado en una regulación interna, que no se aporta, pero de la que se

retranscribe el texto, y reza : “... Resolución orgánica No. 04998 del 22 de diciembre de 1999: Son responsables de rendir cuenta todos los funcionarios públicos y particulares que administren y/o manejen fondos, bienes o recursos públicos. La información sobre la gestión financiera, operativa y de resultados, deberá ser firmada por los representantes legales (...) Obviamente que si el representante legal, no se halla posibilitado por alguna contingencia que como se repite, no se halla probada, debe necesariamente obviarse la situación formal con la imposición de la firma de un funcionario público que se haga responsable, pues como en el caso de MINERCOL se entiende que quien firmó 5 también era funcionario responsable de tal labor, en caso que otro estuviera imposibilitado para hacerlo. Nada de lo anterior se acredita, pero aún más, observa la Delegada que los documentos enviados, en efecto son fruto de un requerimiento especial que efectuara la propia contraloría, de modo que lo que se presentó fue la canalización de una respuesta solicitada a la oficina de control interno, atendida por la dependencia de relaciones industriales y la jefatura de presupuesto. Así se infiere de la comunicación visible al folio 23, 24, y 25, cuando se remite por la Jefe de Prepuesto, el memorando interno Número 1101-10157 del 8-11-2000, en que para dar cumplimiento precisamente a la resolución mencionada por el sindicato, le remite no a la gerente, MARÍA INÉS CASTRO de ARIAS, sino a la Jefatura de Control Interno encargada, en atención a la Doctora MARÍA CRISTINA VIVAS

PERDOMO, “... los informes del anexo No. 6...” (fl. 23), con destino a la Dirección de Economía y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República. Es decir, se envió a una persona en encargo, que obviamente no tiene todos los elementos de juicio del titular de la función, una documentación que debía hacer llegar a destino, y sea esa la razón para que haya firmado, posibilidad que tampoco el sindicato se encarga de aclarar, antes de enviar la denuncia, pues cumplió lo que la Oficina de Presupuesto le había indicado, esto es, enviar lo que había recibido en ese documento anexo al conocimiento de la Contraloría, con lo que se aprecia total buena fe, y cumplimiento de lo solicitado en un documento oficial a conocimiento del competente en la Dirección de Economía. No falta de este modo, la firma de la Jefe de Presupuesto, Doctora GRACIELA MORENO DE CORDERO; quien tiene una firma en forma de triángulo según se aprecia de la impuesta al folio 23, ni se impuso una falsedad en el documento, firmando por la “gerente” si correspondía a otra persona, y se lee con toda facilidad la rúbrica de Victoria Soto en lugar que en el formato corresponde al de la Gerente de la empresa, por circunstancias no especificadas que pueden tener perfecta justificación en otro acto administrativo no aportado al plenario, por lo que la Delegada no puede sin esa claridad sumarse a denunciar como irregularidad algo que para el caso no representa siquiera una falta leve, sino un dato faltante que el propio sindicato no aporta para afianzar en esa vaguedad, su propia denuncia.

Por lo tanto, habrá de descartarse como irregularidad una situación de mero impulso procesal o que se haya debido a un error o desconocimiento, o del no aporte a las diligencias de un soporte existente sobre las situaciones administrativas internas de delegación, encargo, autorizaciones, o excepciones legales. 2.- Los casos denunciados como de inhabilidades e incompatibilidades. No tienen asidero legal, pues no se hallan comprendidos en el ámbito de protección constitucional, sobre personas que no pueden ser vinculadas por su relación de parentesco, así se deduce de las probanzas allegadas, en que se precisa por la propia Contraloría en respuesta al señor Contralor Delegado para el Sector de Minas y Energía: 2.1.- La presidenta MARÍA INÉS CASTRO de ARIZA, no tiene vinculaciones cercanas de parentesco exigidas por la normatividad constitucional y legal que refieren el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad ni primero civil con ninguno de los abajo citados, y tampoco los nombró ella, se hallaban en funciones mucho antes de haber ella entrado en funciones. La Doctora MARÍA INÉS CASTRO de ARIZA en respuesta enviada al propio sindicato responde que ella entró con su 6 contrato de trabajo el 15 de febrero de 1990, fecha anterior a la llegada de MARÍA INÉS CASTRO de ARIZA a la misma empresa (fl. 10). 2.2.- Con JOSEFINA ARAUJO BAUTE, Secretaria General, llega al 6 grado de consanguinidad, debe ser excluida. 2.3.- Con MARÍA VICTORIA EUGENIA SOLANO CASTRO, Gerente de recursos

empresariales, la misma situación: si bien maneja el área de personal, el 6 grado de consanguinidad, por ley no es cuestionable. 2.4.- Con MARÍA CLAUDIA CASTRO CASTRO, Profesional I, Ibídem, sexto grado de consanguinidad por la vía materna, es una subalterna, sin poder decisorio, y con distinta fecha de ingreso a la de la superior jerárquica en época distinta, que no puede serle atribuible. También tiene parentesco aún más lejano en el 8 grado de consanguinidad por la vía paterna, y mucho menos puede ser tenido en cuenta. 2.5.- En cuanto a la Doctora MARÍA CRISTINA VIVAS PERDOMO, Jefe de Control Disciplinario y quien posiblemente en desarrollo de su propia función haya sido requerida para que Presupuesto enviara los 20 folios del anexo No. 6, directamente a la Contraloría, figura con toda certeza como hermana de un Médico, VIVAS PERDOMO BERNARDO, contratado por prestación de servicios a la entidad, por lo que no se observa relación alguna, no obstante el grado primero de consanguinidad para ejercer tangencialmente su función médica al servicio de la entidad y en su consultorio particular, cuya dirección se relaciona al folio 6. La transparencia de la gestión, de la Oficina de Control Interno Disciplinario en el único caso que podría verse relacionado con la gestión en el servicio de salud, a través del profesional de la medicina contratado al efecto, sería por alguna eventual e improbable infracción disciplinaria que éste pudiera haber desarrollado en su labor médica, aspecto que como particular, no es de su competencia, sino de la

Procuraduría General de la Nación, y por el procedimiento especial para ellos consagrado hoy en la Ley 734 de 2002. Evento no acreditado, que de haber ocurrido en vigencia de la Ley 200 de 1995, podría haber sido objeto de una declaratoria de impedimento por causales de ley, y enviar el proceso que nunca se dio, ante la Procuraduría General de la Nación, a las Distritales, reparto, si tenía el carácter de funcionario, lo que tampoco está acreditado, siendo un contratista en el área de la medicina al servicio de MINERCOL Ltda., y libre ejercicio de su profesión. 2.6.- Abogado-FERNANDO RODRÍGUEZ CASTRO-Responde de manera enfática todas y cada una de las acusaciones, negando con pruebas los señalamientos hechos en forma indebida en su contra, explicaciones que sin duda son de recibo por el Despacho disciplinario de la Delegada, expresados en su oficio de rectificación elevado a las directivas sindicales (fls 3 y 4). 3.- Cierre de las escaleras por razones de seguridad. Hay prueba suficiente sobre que los accesos por la escalera que permanecen cerrados por orden de VICTORIA EUGENIA SOLANO CASTRO; son una orden que puede ser revertida en cualquier momento, y que además, existen cerraduras que abren desde dentro, pero no desde afuera protegiendo a la entidad de acceso de terceros por razones de seguridad (fl. 5). El hecho denunciado no constituye falta tampoco en éste caso. 7 4.- Deslealtad, en la ponderación superior por incidencia de la convención colectiva en caso de liquidación de la empresa.

La deslealtad, no es per se, una conducta disciplinable, refleja la posición de ataque a las directivas de parte del sindicato, pues se efectuó una ponderación porcentual de cuanto podría costar el pasivo laboral en caso de una reestructuración o una liquidación de empresa, que finalmente se consolidó en una modificación estatutaria para pasarla como sociedad de economía mixta, con el carácter de sociedad anónima a limitada, ello obviamente ameritaba una estimación. La tutela que se menciona en el expediente, lo que ordenó fue respetar los derechos del sindicato minoritario en igualdad de condiciones al mayoritario, y el Ministerio de Hacienda se pronunció en igual forma, sobre el alto costo e incidencia de los pactos de su convención colectiva, no sostenibles con el poco rendimiento empresarial de la misma, nada de ello constituye infracción disciplinaria objeto de juzgamiento. Con base en lo antes expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa, RESUELVE PRIMERO: Archivar definitivamente la queja remitida por competencia y presentada de oficio, en el Expediente 013-57368 de 2001, (a# 45 cvv), por las razones expresadas en la parte motiva.

Causal de archivo: No hay prueba de que los hechos constituyan falta disciplinaria, ni de que alguno de los señalados las haya cometido.

SEGUNDO : El segundo punto de la denuncia, se halla parcialmente prescrito, declarando así en parte extinguida la acción disciplinaria, que respecto del mismo punto relacionado con denuncia indeterminada anterior a 1997, se refiere a la fecha de nombramiento de la Doctora MARÍA INÉS CASTRO DE ARIZA, (fl. 3), dado que

su contrato de trabajo es del 15 de Febrero de 1990, remitida a conocimiento en 2001 y 2002, y que a la fecha no pueden ser estudiados por la ocurrencia del fenómeno acaecido sin responsabilidad alguna de la Administración, por lo que no procede compulsar copias a la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación.

TERCERO: La queja es de oficio; por lo que no hay lugar a las comunicaciones previstas por la Ley 734 de 2002.

CUARTO : Ordenar se corrija en el sistema de Gestión Interno Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, en que figura como presunto implicado RAMÍREZ CUELLAR FRANCISCO, quien es el presidente del Sindicato SINTRAMINERCOL; debiendo figurar entre los posibles señalados las siguientes

ocho personas: 1.- MARÍA INÉS CASTRO DE ARIZA, Presidente-MINERCOL Ltda. 2.- JOSEFINA ARAUJO BAUTE, Secretaria General-MINERCOL Ltda. 3.- VICTORIA EUGENIA SOLANO CASTRO, Gerente de Recursos EmpresarialesMINERCOL Ltda. 4.- MARÍA CRISTINA VIVAS PERDOMO, Jefe Oficina Control Interno Disciplinario. 8 5.- MARÍA CLAUDIA CASTRO CASTRO, profesional universitaria, gr. 1-MINERCOL Ltda. 6.- GRACIELA MORENO CORDERO, Jefe de Presupuesto-MINERCOL Ltda. 7.- BERNARDO VIVAS PERDOMO. MD Profesional de la Salud Médico de MINERCOL Ltda. 8.- FERNANDO RODRÍGUEZ CASTRO, apoderado judicial, abogado-MINERCOL

Ltda. Quienes figuran favorecidos con la Decisión de archivo de la queja.

QUINTO: Oficiar a la División de Registro y Control el trámite para lo de su cargo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA.

Procurador Primero Delegado para la Vigilancia Administrativa. C.A.A.M.- c.v.v.

A# 45 CVV AA (000) 45

E = 26-11-02.