PGN - DEBIDO PROCESO Se desconoció en razón a que las actuaciones fueron carentes de rigor

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Se configuró en una total carencia de pruebas para imponerla al fundamentarse solo en informes judiciales Para ésta Delegada, es acertada la posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, en relación con los argumentos expuestos para declarar la responsabilidad de la entidad demandada, toda vez que el hoy accionante le fue precluida la investigación en la etapa de instrucción, por el presunto delito de Rebelión, bajo el principio de presunción de inocencia. Orden de captura que a la luz de los preceptos legales, doctrinarios y jurisprudenciales, se configuró en una total carencia de pruebas para imponerla por parte de la entidad demandada, al fundamentarse solo en informes judiciales, de los cuales ha sido muy clara la jurisprudencia de la Corte Constitucional en explicar que “…los informes de policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba…”, circunstancia que para ésta Delegada carece de valor probatorio, toda vez que dichos informes presentados por el DAS, no tenían el fundamento fáctico para calificar la conducta del accionante e imponerle una orden de captura. De otro lado se advierte que la misma resolución carece de fundamentos normativos, haciendo caso omiso a los preceptos legales en la materia.

Ahora si bien es cierto que son pocos los días en que se conculca el derecho a la libertad, no puede obviarse que el sólo hecho de la captura produce un impacto social, el cual no puede ser remediado en su totalidad, considerando de total recibo el extracto de la sentencia del Consejo de Estado, de la cual se hace referencia en el marco teórico de este concepto, tratándose de la orden de captura. DAÑO ANTIJURÍDICO-Por un actuar irreflexivo y poco jurídico en cabeza de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación/FALLA EN EL SERVICIO-Se debe incoar la acción de repetición Es evidente que se ha comprobado por un lado el hecho dañoso y la relación de causalidad, por un actuar irreflexivo y poco jurídico en cabeza de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, por lo cual considera ésta Delegada que la tasación en primera instancia se adecua al concepto de reparación integral dentro del Sistema Interamericano de los Derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, no hay que olvidar la importancia de recordar a la Fiscalía incoar la acción de repetición, pues sin duda alguna se evidencia una falla en el servicio, así como la adecuación de una conducta dolosa o gravemente culposa de la responsabilidad del servidor público al tenor del artículo 2 de la Ley 678 de 2001. DEBIDO PROCESO-Se desconoció en razón a que las actuaciones fueron carentes de rigor jurídico De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01 I.J.C.B. patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, las actuaciones desplegadas por la entidad demandada al capturar al señor por fundamentos carentes de rigor jurídico, permiten concluir que se desconoció el debido proceso y con ello se conculcaron principios constitucionales, que afectan el interés público, por tales motivos ésta Delegada solicita respetuosamente se CONFIRME la sentencia apelada. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01

I.J.C.B.

CONCEPTO No. 082 / 2013

Bogotá, D.C., 19 de abril de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 050012331000200900314 01(43624)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Tobías López Martínez y otros.

DEMANDADO: Nación-Fiscalía General De La Nación.

Sentido del Concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. / Se configuró el daño antijurídico. / La medida de la captura afecta no sólo el derecho a la libertad sino que implica así mismo una afrenta a otros derechos. / Los informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba. / La tasación de los perjuicios debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998. / Obligación de incoar acción de repetición por parte de la entidad demandada.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y Patrimonio Público 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01

I.J.C.B.

1. ANTECEDENTES 1.1.Demanda El señor Tobías López Martínez y otros, a través de apoderado judicial, en

ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada, contra La NaciónFiscalía General De La Nación, para que se le declare administrativamente responsable por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes, causados con la "privación injusta de la libertad" del cual fue víctima el señor Tobías López Martínez, desde el día 28 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2005, por el presunto delito de Rebelión. 1.2. La contestación La entidad demandada Nación - Fiscalía General De La Nación, indicó que se opone a todas y cada una de las declaraciones solicitadas, en razón a que no existen fundamento de hecho ni de derecho. Argumentó que no se incurrió en falla del servicio, toda vez que la Fiscalía luego de escuchar en indagatoria a Tobías López Martínez, se abstuvo de decretar medida de aseguramiento en su contra, pues encontró que no existía prueba que condujerá a una detención preventiva, y por tanto no puede ser condenada patrimonialmente cuando nunca existieron errores administrativos. Señaló que ante la captura realizada, la cual se originó en un informe de detectives adscritos a la Unidad de Policía Judicial del DAS, se encontraba en la obligación de adelantar la correspondiente investigación, ordenando la captura con fines de indagatoria para luego resolver la situación jurídica. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01 I.J.C.B. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, en sentencia datada del 20 de septiembre de 2011, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, bajo los siguientes argumentos:  El daño se acreditó evidentemente con el fenómeno excesivo e injustificado que debió soportar el señor Tobías López Martínez, consistente en la privación de su libertad, pues de los elementos probatorios allegados así se demostró, y también se evidenció en lo relacionado con la acreditación de la falla, la cual se edificó sobre la teoría de que la privación de la que fue objeto, obedeció desde un principio a un error de la funcionaria que ordenó la captura con fines de indagatoria, toda vez que la información que la fundamentó no tenía ningún apoyo probatorio que la respaldará sino simplemente un juicio ligero, carente de los requisitos establecidos en el Código Penal aplicable para la época de los hechos. 1.4. Argumentos de la apelación El apoderado de la parte demandante presentó escrito de apelación contra la sentencia objeto del recurso. Expone los siguientes argumentos en contra del fallo:  Señaló que la privación de la libertad de la que fue víctima el demandante Tobías López Martínez, no puede tildarse de “injusta”, pues la medida estuvo fundada en pruebas serias que fueron legalmente aportadas a la investigación y además la decisión adoptada que concluyó con la aplicación

del principio del in budio pro reo en su favor, no fue porque no se hubiera tenido certeza sobre la inocencia, sino por el contrario duda sobre su 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01 I.J.C.B. responsabilidad.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿El ciudadano Tobías López Martínez tenía el deber de soportar la carga que le causó la captura de la que fue víctima? 2.1.2. ¿Existe o no responsabilidad patrimonial de la Nación – Fiscalía General de la Nación, por la privación de la libertad del señor Tobías López Martínez desde el día 28 de agosto hasta el 17 de septiembre de 2005, por el presunto delito de Rebelión? 2.1.3. ¿Los perjuicios tasados a los demandantes se encuentran conforme a derecho, respecto al tiempo que estuvo privado de la libertad la víctima? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado encuentra su sustento

en el artículo 90 de la Constitución Política. 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01

I.J.C.B.

Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, señaló que se dieran los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. La obligación de soportar las cargas públicas.

Sobre el tema de soportar las cargas públicas, cuando es privado de la libertad, el consejo de Estado ha sintetizado este aspecto de manera puntual: “Esta Corporación ha sostenido que a los asociados corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación. Sin embargo, ahora la Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo. Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona junto con todo lo que a ella es inherente ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01 I.J.C.B. que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona con todos sus atributos y calidades deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un desde esta perspectiva, mal entendido interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo sin ningún tipo de compensación. Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con

el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general”. Considera la Sala, de todas formas y como líneas atrás se ha apuntado, que no es posible generalizar y que, en cada caso concreto, corresponderá al juez determinar si la privación de la libertad fue más allá de lo que razonablemente debe un ciudadano soportar para contribuir a la recta Administración de Justicia. Lo que no se estima jurídicamente viable, sin embargo, es trasladar al administrado el costo de todas las deficiencias o incorrecciones en las que, en ocasiones, pueda incurrir el Estado en ejercicio de su ius puniendi. En relación con la inconveniencia si no imposibilidad de verter juicios generales y abstractos en relación con asuntos como el que atrae la atención del presente proveído, ya había expresado esta Corporación lo siguiente: «Al respecto, debe reiterarse lo expresado en otras oportunidades, en el sentido de que no cualquier perjuicio causado como consecuencia de una providencia judicial tiene carácter indemnizable. Así, en cada caso concreto deberá establecerse si el daño sufrido es de tal entidad que el afectado no está en la obligación de soportarlo, y resulta, en consecuencia, antijurídico, sea que tenga causa en una providencia errada o en una providencia ajustada a la ley. No puede considerarse, en principio, que el Estado deba responder siempre que cause inconvenientes a los particulares, en desarrollo de su función de administrar justicia; en efecto, la ley le permite a los fiscales y jueces adoptar

determinadas decisiones, en el curso de los respectivos procesos, en aras de avanzar en el esclarecimiento de la verdad, y los ciudadanos deben soportar algunas de las incomodidades que tales decisiones les causen. Sin embargo, tampoco pueden hacerse afirmaciones categóricas, para suponer que, en 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01 I.J.C.B. determinados casos, será siempre inexistente el daño antijurídico, mucho menos cuando ha habido lugar a la privación de la libertad de una persona, así sea por corto tiempo, dado que se trata de la vulneración de un derecho fundamental, cuya injusticia, al margen de la licitud o ilicitud de la decisión que le sirvió de fundamento, puede hacerse evidente como consecuencia de una decisión definitiva de carácter absolutoria. He aquí la demostración de que la injusticia del perjuicio no se deriva de la ilicitud de la conducta del agente del Estado» (Subrayas y negrillas fuera del texto original).1 2.2.3. Medida orden de captura Al respecto el Consejo de Estado ha establecido lo siguiente: “…Tratándose de una medida –la captura - que afecta no sólo el derecho fundamental a la libertad sino que implica así mismo una afrenta a otros derechos, como el de la dignidad y la integridad moral de las personas, por las condiciones en

las que se produce, las autoridades deben ser cuidadosas al momento de ordenarla y deben hacerlo cuando tengan en verdad suficientes elementos de juicio que la justifiquen…”2 2.2.4. Informes de Policía Judicial - valor probatorio. Sobre el tema del valor probatorio que tienen los informes judiciales la Corte Constitucional, ha puntualizado lo siguiente: “La importancia de los fundamentos que llevaron a la Corte a adoptar la decisión de exequibilidad de la disposición ahora acusada, hace necesario traer en cita algunos de sus principales apartes: “2.2.19. Negación de valor probatorio a los informes de la Policía Judicial. El art. 50 incorpora un inciso final al art. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso. La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se 1 Sentencia del 4 de diciembre de 2.006, expediente 13.168, del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez. 2 Sentencia del 29 de marzo de 2012, expediente 16448, del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctor Danilo Rojas Betancourth. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01 I.J.C.B. podían oponer dentro del proceso. Si el legislador al diseñar las reglas del debido proceso conforme al art. 29 de la Constitución puede determinar cuales son los medios de prueba admisibles, igualmente esta facultado para que en ciertos casos pueda disponer que un determinado instrumento probatorio no es idóneo como prueba dentro de un proceso. Sin embargo, entiende la Corte que dicha facultad no puede utilizarse en forma arbitraria, irracional y desproporcionada, sino que debe obedecer a una finalidad constitucional legítima. (...) En el presente caso la finalidad buscada por el legislador es legítima, pues tiene su fundamento en el art. 29 de la Constitución que consagra la presunción de inocencia, la cual solamente puede ser destruida cuando se incorporan legal y regularmente al proceso pruebas que el sindicado esta en la posibilidad de controvertir. Los informes de la Policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba; pero en todo caso en su producción no intervienen las personas sindicadas que pueden verse afectados por ellos. El legislador ha descartado el valor probatorio de dichos informes sobre la base de conveniencias políticas, que él libremente ha apreciado, como podrían ser la unilateralidad de éstos, y la de evitar que los funcionarios que deban juzgar se atengan

exclusivamente a éstos y no produzcan otras pruebas en el proceso, en aras de la búsqueda de la verdad real, con desconocimiento de los derechos de los sindicados. Por ello la Corte, en ejercicio del control constitucional, no se encuentra en condiciones de cuestionar dichas consideraciones políticas, pues ello corresponde a la competencia y libertad del legislador para diseñar la norma jurídica procesal.”(Subrayado y negrilla fuera de texto)3 2.2.5. Liquidación de perjuicios Sobre el tema de la tasación de perjuicios en materia de perjuicios morales, el Consejo de Estado ha sintetizado de manera puntual: “…Así las cosas, conforme a las reglas de la experiencia se puede deducir razonablemente que las lesiones perjudicaron moralmente al señor John Jairo Cadavid Ríos y teniendo en cuenta que la jurisprudencia tiene fijado como tope máximo para los dolores de mayor intensidad la suma de 100 s.m.m.l.v., la Sala acude al arbitrum judicis 3 Sentencia de la Corte Constitucional, C-1315 de 2000. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01 I.J.C.B. para su estimación, criterio regido por los siguientes parámetros: (i) La indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “… la suma establecida no se

ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia…”, mas no de restitución ni de reparación; (ii) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio y (iv) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad…” (Subrayado y negrilla fuera de texto). 4 2.3. Las pruebas obrantes Para que sean consideradas como pruebas aportadas legal y oportunamente, se adjuntaron los siguientes documentos:  Copia de la apertura de instrucción, en la cual se ordenan capturas, proferida por la Fiscalía 168 Seccional destacada ante el DAS, mediante la cual se resolvió vincular mediante diligencia de indagatoria y expedir orden de captura en contra del señor Tobías López Martínez (Fls 27 – 36 Cd 1).  Copia de la orden de encarcelamiento No 7911, proferida por la Fiscalía 168 Seccional destacada ante el DAS, en contra del señor Tobías López Martínez, por el delito de rebelión el día 28 de agosto de 2005 (Fls 38 Cd 1).  Copia de la resolución del 28 de agosto de 2006, proferida por la Fiscalía 94 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, por media de la cual resolvió precluir la investigación a favor del señor Tobías López Martínez (Fls 104-115 Cd 1).

4 Sentencia del 30 de septiembre de 2011, del Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejero Ponente Doctora Stella Conto Diaz Del Castillo 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01 I.J.C.B. 2.4. Caso concreto  Para ésta Delegada, es acertada la posición del Tribunal Administrativo de Antioquia, en relación con los argumentos expuestos para declarar la responsabilidad de la entidad demandada, toda vez que el hoy accionante le fue precluida la investigación en la etapa de instrucción, por el presunto delito de Rebelión, bajo el principio de presunción de inocencia. Orden de captura que a la luz de los preceptos legales, doctrinarios y jurisprudenciales, se configuró en una total carencia de pruebas para imponerla por parte de la entidad demandada, al fundamentarse solo en informes judiciales, de los cuales ha sido muy clara la jurisprudencia de la Corte Constitucional en explicar que “…los informes de policía si bien muchas veces revelan situaciones objetivas que han verificado sus agentes, en otras, son producto de indagaciones con terceros, muchas veces indeterminados, que estructuran conjeturas o apreciaciones que materialmente no son idóneos para fundar una prueba…”5, circunstancia que para ésta Delegada carece de valor probatorio, toda vez

que dichos informes presentados por el DAS, no tenían el fundamento fáctico para calificar la conducta del accionante e imponerle una orden de captura. De otro lado se advierte que la misma resolución carece de fundamentos normativos, haciendo caso omiso a los preceptos legales en la materia.  Ahora si bien es cierto que son pocos los días en que se conculca el derecho a la libertad, no puede obviarse que el sólo hecho de la captura produce un impacto social, el cual no puede ser remediado en su totalidad, considerando de total recibo el extracto de la sentencia del Consejo de 5 Sentencia de la Corte Constitucional C-1315 de 2000. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01

I.J.C.B.

Estado, de la cual se hace referencia en el marco teórico de este concepto, tratándose de la orden de captura.  Teniendo en cuenta ello, es evidente que se ha comprobado por un lado el hecho dañoso y la relación de causalidad, por un actuar irreflexivo y poco jurídico en cabeza de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación, por lo cual considera ésta Delegada que la tasación en primera instancia se adecua al concepto de reparación integral dentro del Sistema Interamericano de los Derechos humanos.

 De acuerdo con lo anterior, no hay que olvidar la importancia de recordar a la Fiscalía incoar la acción de repetición, pues sin duda alguna se evidencia una falla en el servicio, así como la adecuación de una conducta dolosa o gravemente culposa de la responsabilidad del servidor público al tenor del artículo 2 de la Ley 678 de 2001.  De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso, las actuaciones desplegadas por la entidad demandada al capturar al señor Tobías López Martínez por fundamentos carentes de rigor jurídico, permiten concluir que se desconoció el debido proceso y con ello se conculcaron principios constitucionales, que afectan el interés público, por tales motivos ésta Delegada solicita respetuosamente se CONFIRME la sentencia apelada.

III. CONCLUSIÓN

13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 43624 050012331000200900314 01

I.J.C.B.

Esta Agencia del Ministerio Público solicita al Honorable Consejo de Estado CONFIRMAR la sentencia recurrida proferida por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, de fecha 20 de septiembre de 2011, por los argumentos expuestos en

el caso concreto. Del Honorable Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co