PGN - DEBIDO PROCESO Se viola con la mediación de una prueba ilícita cuando ésta afecta ot

Señores MAGISTRADOS DE LA H. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala de Casación PenalMagistrado Ponente: Dr. JORGE ANIBAL GÓMEZ GALLEGO

E. S. D.

Ref: Casación de Jairo Figueroa González Tráfico de estupefacientes

Rad. No. 19.891

Señores Magistrados: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en sentencia del 23 de abril de 2002, entre otras decisiones, confirmó el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de la misma ciudad, mediante el cual, condenó a JAIRO FIGUEROA GONZÁLEZ a la pena principal de 12 años de prisión, como responsable del delito de Tráfico de estupefacientes y multa de doscientos (200) salario legales mínimos mensuales vigentes al tiempo de los hechos. Como accesoria le impuso la interdicción de derechos y funciones públicas por un término de cinco años.

Inconforme con el fallo, la abogada de Jairo Figueroa González, presentó demanda de casación que por haber sido declarada ajustada a las prescripciones legales, resulta pertinente emitir concepto sobre su viabilidad.

1.- CONDUCTA PUNIBLE

Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 Reseñada por el Tribunal de San Juan de Pasto en los siguientes términos: “Una llamada anónima realizada a la SIJIN de esta ciudad puso en conocimiento que desde Puerto Asís había salido la ambulancia del Hospital San Francisco de esa localidad con placas OZI-933, transportando a una persona herida, vehículo que además llevaba debidamente oculta gran cantidad de cocaína. Por tal razón el Jefe de la

SIJIN ordenó a varios agentes de la institución fueran al sitio denominado San Fernando para confirmar tal información.” “A las 2:30 aproximadamente del 3 de mayo (2000) observaron a la ambulancia referenciada que se desplazaba por la vía al oriente, llegaba a esta ciudad por la Avenida IDEMA e ingresaba con posterioridad al Hospital Departamental. Allí sus ocupantes bajaron en camilla a un paciente quien fue conducido a urgencias. Después de esta actividad intervinieron los policiales, identificaron al conductor de la ambulancia y a su acompañante a quienes interrogaron sobre la sustancia estupefaciente. Fue entonces cuando aquél admitió el transporte de cien paquetes de cocaína. Este hecho motivó la aprehensión del chofer Jairo Figueroa González y de Nelson Chicue Trujillo, los cuales junto con el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de la SIJIN y allí en las partes laterales de la carrocería se localizó camuflado el alcaloide.” 2.- SINOPSIS PROCESAL Con resolución del 5 de mayo de 2000, la Fiscalía Segunda Delegada ante el Juez Penal del Circuito Especializado de San Juan de Pasto, dispuso la apertura de investigación y la vinculación mediante indagatoria de Jairo Figueroa González y Wilson Chicue Trujillo, a quienes el 15 de mayo del mismo año, les fue resuelta su situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación (fols. 88 a 96 c.1). En los folios 221 al 224 del C.1., obra providencia por medio de la cual la Fiscalía Segunda Especializada de Pasto, entre otras decisiones, negó

las nulidades impetradas por la defensa. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 2 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 Con providencia del 19 de octubre de 2000, la mencionada Fiscalía calificó el mérito del sumario y profirió resolución de acusación en contra de Jairo Figueroa González y Nelson Chicue Trujillo como presuntos coautores responsables de transportar el estupefaciente decomisado (fols. 247 a 259 C.1), decisión que fue confirmada por el Fiscal Cuarto Delegado ante el Tribunal Superior de Pasto (fols. 285 a 290 C.1). Mediante auto del 15 de enero de 2001 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de San Juan de Pasto asumió el conocimiento de la causa y dispuso dar traslado conforme a lo previsto en el artículo 446 del C.P.P (fol. 2 C.2). En los folios 31 y 32 del C.2., obra auto por medio del cual la Juez Especializada negó por extemporánea la solicitud de nulidad impetrada por la defensora de los procesados. El 31 de enero de 2002 el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pasto profirió sentencia en contra de Jairo Figueroa González y Nelson Chicue Trujillo como responsables del delito de Tráfico de estupefacientes a quienes condenó individualmente, a las penas principales de 12 años de prisión y a multa de doscientos (200) salarios legales mínimos

mensuales vigentes al tiempo de los hechos y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el término de cinco años (fols. 122 a 139 C.2). A su turno, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la mencionada ciudad, el 23 de abril de 2002, resolvió revocar el fallo condenatorio proferido en contra de Nelson Chicue Trujillo, para en su lugar absolverlo, al tiempo que confirmó la sentencia condenatoria proferida en contra de Jairo Figueroa González (fols. 177 a 198 C.2). 3.- DEMANDA La defensora de los intereses del casacionista presenta dos cargos contra la condena proferida por el Tribunal: Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 3 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 3.1. Primer cargo. Nulidad. Con fundamento en la causal 3ª del artículo 207 de la ley 600 de 2000 afirma que fue proferida sentencia en proceso viciado de nulidad. El vicio lo hace consistir en tres aspectos: 3.1.1. Que se violó el debido proceso al haber interrogado a los capturados sin la presencia de un abogado o del Ministerio Público. Afirma que el debido proceso fue desconocido por los agentes de la SIJIN al interrogar a los capturados sin enterarlos de sus derechos y sin la presencia del defensor y del Ministerio Público, tal como se infiere de las declaraciones de los señores Luis Carlos Chazatar Cevallos, Victor Julio

Jaimes Alvarado y Bredio Abud Salazar. Asegura que el actuar de los uniformados desconoce lo previsto en el artículo 314 del Decreto 2700 que consagraba la intangibilidad de las garantías constitucionales. Por lo anterior estima que al haberlos interrogado desconociendo tales garantías deja viciada la actuación de nulidad. Destaca que el artículo 134 del Decreto 2700 del 91 modificado por el artículo 35 de la ley 504 del 99 exigía la presencia de un representante del Ministerio público en todas las actuaciones adelantadas por la policía judicial por punibles de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados, al consagrar la vigilancia de las Unidades Investigativas. Estima que hubo absoluta falta de defensa técnica en la etapa prejudicial toda vez que a Jairo Figueroa González no se le previno a cerca de ninguno de sus derechos con lo que se desconocieron los artículos 29 de la Constitución, 9, 134, 314 y 322 del ordenamiento procedimental penal. Sostiene que el debido proceso debe observarse en todas las actuaciones judiciales, por ello en la etapa prejudicial los capturados gozan de las garantías procesales, por lo que la falta de defensa técnica Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 4 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 ante la policía judicial genera nulidad absoluta, máxime cuando sobre esta intervención se realiza la calificación jurídica de la conducta 3.1.2Violación del debido proceso por ausencia del Ministerio

público en la diligencia de incautación. Sostiene que se desconoció lo previsto en el artículo 78 de la ley 30 de 1986, por cuanto la presencia del Ministerio público en estas actuaciones corresponde al deber Constitucional de velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes y garantizar los derechos de los procesados conforme a los lineamientos del artículo 277 de la Carta Política. Ausencia que no se subsana con la práctica de la diligencia realizada por la Fiscalía conforme a lo previsto en el artículo 79 de la ley 30 del 86. Sostiene que la omisión en la que incurrieron los agentes de la SIJIN vicia no solo la incautación de la sustancia sino la totalidad del proceso en consideración a que sobre dicha prueba se estructura el proceso adelantado en contra de su representado. Que la presencia del Ministerio Público conforme a los lineamientos del artículo 78 de la ley 1986 es obligatoria, máxime que el artículo 134 del Decreto 2700 del 91, establecía la participación obligatoria de dicho funcionario en los procesos de competencia de los jueces penales del Circuito especializados. Acepta que si bien lo procedente en este asunto sería la separación de la prueba, como lo ha señalado la Corte Suprema, en consideración a que el agente del Ministerio Público es el garante de los derechos del capturado y de la adecuada actuación de los uniformados, lo que genera violación del debido proceso y del derecho de defensa, lo procedente es declarar la nulidad desde la prueba ilegalmente obtenida. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 5 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co

Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 3.1.3. Violación del debido proceso y del derecho de defensa al realizar indagatoria con la advertencia de decir la verdad. Recuerda que la Corte Constitucional declaró inexequible la mencionada previsión que se hacía al indagado de decir la verdad, por lo que procede a transcribir varios apartes de la sentencia que se pronunció sobre dicho aspecto. Señala entonces que como la sentencia es del año 98 y la indagatoria de su defendido se surtió el 8 de mayo de 2000, con la previsión que había sido declarada inexequible no es un error intrascendente, tal como lo señala el Tribunal de Pasto, pues conforme a lo señalado por la Corte Constitucional el momento psicológico en el que se encontraba Figueroa González aunado al escaso grado de escolaridad y su desconocimiento del área jurídica hicieron que tal llamado influyera en la confesión que hizo, por lo que al no existir otro mecanismo para subsanar dicha irregularidad la única alternativa es declarar la nulidad de conformidad con lo previsto en el numeral 3o. del artículo 304 del derogado código de Procedimiento Penal, al haberse desconocido el artículo 29 de la Carta Política. 3.2. Segundo Cargo. Con fundamento en la causal 1ª de casación, motivo segundo, demanda la violación indirecta de la ley sustancial por los siguientes errores: 3.2.1. Error de hecho por falsa apreciación de Prueba. Estima que se presenta porque el juzgador le otorgó mérito al informe suscrito por los agentes de policía que adelantaron el operativo que

condujo a la captura, entre otros, de su defendido y de la retención del automotor de placas OZI-933 toda vez que, conforme a lo previsto en el Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 6 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 inciso 4º del artículo 313 del C.P.P., adicionado por el artículo 50 de la ley 504 del 99, no tienen valor probatorio. 3.2.2. Error de derecho por falso juicio de legalidad. Hace consistir el error en que la incautación se realizó sin el lleno de los requisitos legales, lo que torna la prueba en nula de pleno derecho por lo que no puede ser esgrimida en contra de su representado. Estima que como el restante caudal probatorio no es suficiente para proferir sentencia condenatoria en consideración a que se desconoció el debido proceso al no darse aplicación a lo previsto en el artículo 78 de la Ley 30 del 86 que demandaba la presencia del Ministerio público en el decomiso de estupefacientes, precepto que armonizado con el artículo 134 del decreto 2700 del 91, modificado por el 35 de la ley 504 del 99 exigía la presencia del Ministerio Público en todas las actuaciones de competencia de los jueces penales del circuito especializado, por lo que al no haberse dado la presencia de dicho funcionario en la citada diligencia, no solo se desconocen los preceptos legales mencionados sino el debido

proceso constitucional. Con fundamento en el acta de incautación 001, la que estima ilegal, señala que debe tenerse en cuenta que ni el sargento Carlos Flavio Pastas Mimilchi ni el doctor Nelson Bastidas Urrestas, Procurador 147 Judicial Penal, quienes firman los sellos con los que se taparon los tanques en los que se embalaron la sustancia incautada, estuvieron presentes en el momento en que se realizó la misma, sin que se haya determinado en que momento se realizó el embalaje ni cuál la razón por la que dicha actuación se cumplió sin la presencia de los implicados y su defensor, por lo que considera que no existe prueba legítima que permita determinar que a su defendido le fue incautada la mencionada sustancia. Que adicionalmente el informe policivo no tiene valor legal, que la diligencia de la Fiscal es consecuencia de la incautación y del informe, por Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 7 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 lo que esa prueba se encuentra bajo los efectos de aquella, es decir los de la prueba ilegal. Sostiene que el concepto pericial sobre determinación de la sustancia debe surtir el mismo efecto de las anteriores en razón a que el juzgador no puede considerar una prueba que se ha obtenido con desconocimiento del ordenamiento constitucional y legal. Que similar situación se presenta con la inspección judicial, la toma de muestras y destrucción de las sustancias porque es producto de la ilegal incautación.

Concluye que no existe prueba que reúna los requisitos del artículo 246 del C.P.P, para condenar a Figueroa González. Señala que los agentes dan cuenta en sus declaraciones del interrogatorio al que sometieron a los capturados y de las respuestas que dieron cuando no se encontraban en presencia de su defensor ni del ministerio público. Afirma que no se puede desconocer que la confesión de Figueroa González fue consecuencia de la presión ejercida por los agentes que realizaron el operativo y sin la presencia de su apoderado, lo que da lugar a que se case la decisión del ad quem. Que la confesión ante la instructora se hizo con fundamento en la previsión declarada inexequible. Por lo anterior estima que las pruebas deben ser desechadas por ilegítimas, por lo que en consecuencia el recurso está llamado a prosperar, razón por la cual solicita se declare la nulidad del proceso o en su lugar se emita sentencia absolutoria.

4. CONCEPTO.

Debe anotarse que como el demandante respeta el principio de prioridad que gobierna el recurso de casación, la Delegada se ocupará de contestar las censuras en el orden que fueron plateadas. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 8 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 4.1. Primer Cargo: Se formula con apoyo en la causal tercera de casación por estimar que se violó el debido proceso y por lo tanto, se incurrió en nulidad, para lo cual

plantea tres motivos debidamente singularizados, en dos de los cuales se advierte una evidente equivocación en la selección de la causal, tan cierto es ello, que, posteriormente, escoge la vía adecuada para el planteamiento. 4.1.1. Haber interrogado a los capturados sin la presencia de un abogado y violación del debido proceso por ausencia del agente del Ministerio Público al realizar la diligencia de incautación y en general en la etapa “preprocesal”. Los dos aspectos anotados por el recurrente apuntan al desconocimiento de las garantías de los procesados; en la primera, porque se le interrogó por los agentes que intervinieron en su captura sin la presencia de un abogado y se omitió ponerles en conocimiento los derechos que le corresponden a quien ha sido capturado; en la segunda, porque se llevó a cabo incautación de la apreciable cantidad de sustancia estupefaciente sin la presencia del Ministerio Público, siendo una exigencia legal indispensable para la validez de la prueba y, en criterio del demandante, con ello se desconoció el debido proceso. La Sala penal de la Corte ha sido reiterativa en señalar que cuando se pretende atacar la prueba por ilegalidad, bien en su aducción o práctica, no es posible acudir a la causal tercera de casación porque si bien es cierto el inciso último del artículo 29 de la Carta Política dispone que “Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación al debido proceso”, lo que realmente estableció el constituyente fue una regla de exclusión para la denominada prueba ilícita, por manera que la censura

en casación ha de orientarse por la causal primera, en razón de que el efecto no se extiende al resto del proceso sino que se circunscribe a la Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 9 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 prueba ilegal y a aquellas que se originen en ésta, dependiendo, obviamente, de la teoría que se adopte. Tan razonable es este punto de vista, pacíficamente aceptado por la jurisprudencia, que se faltaría a los principios orientadores de las nulidades procesales, si el ataque se aceptase por la causal tercera, pues no habría como reponer la actuación de la captura para ponerle de presente al imputado los derechos fundamentales que enumera el censor, antes de hacerle cualquier pregunta por la policía judicial; o, en el segundo motivo esgrimido por el recurrente, realizar nuevamente la diligencia de incautación de la sustancia para que asista el delegado del Ministerio Público, tarea imposible de cumplir por simple sustracción de materia; por eso la lógica señala que lo que se debe atacar es la validez de la prueba para que se excluya como elemento de juicio y no el procedimiento cumplido. Consciente de la situación, el recurrente se ocupó, en el segundo cargo, de los mismos aspectos pero para ello ya utilizó el sendero adecuado como la causal primera, cuerpo segundo. Para invocar uno de los múltiples pronunciamientos de la Corte, basta

transcribir algunos apartes del siguiente: “...De este modo lo que inicialmente, era un vicio in procedendo, por violación al debido proceso probatorio, pasa a ser in iudicando por su proyección en la sentencia y por consiguiente la forma de demandarlo en casación es por la vía de la causal primera como violación indirecta de la ley sustancial por error de derecho debido a un falso juicio de legalidad.” “Proceder de otra manera es olvidar que las pruebas sólo tienen relevancia en tanto son apreciadas y valoradas por el juez para fundar en ellas sus decisiones, porque si el medio de convicción allegado con violación al debido proceso, es por tal razón desestimado en el fallo, éste deviene inmune a la irregularidad así la prueba siga afectada por el vicio”1 Posteriormente, la alta Corporación, roboró la posición en los siguientes términos: “Los vicios en la producción de la prueba no afectan la validez 1 CSJ. Cas. 11085 del 3 de diciembre de 2001. M.P. Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 10 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 del proceso sino a la prueba misma, que la hace inexistente y por tanto inapreciable por el juez; de manera que si es valorada no obstante el defecto de aducción, el yerro se postula con apoyo en el cuerpo segundo de la causal primera de casación, bajo la modalidad de error de derecho por falso juicio de legalidad”2

Como los defectos técnicos que se traducen en la escogencia equivocada de la causal de casación, son tan evidentes, a la delegada no le queda otra vía que solicitar a la Corte desestimar los dos aspectos del primer cargo de nulidad a los cuales se hizo referencia. 4.1.2. Violación del debido proceso y del derecho de defensa porque en la indagatoria se hizo la advertencia de decir la verdad. Efectivamente, tal como lo señala la demandante, en la diligencia de indagatoria de Jairo Figueroa González, la Fiscalía, incluyó dentro de la previsiones iniciales que legalmente deben hacerse al implicado la advertencia “que debe decir la verdad”, exhortación que la Corte Constitucional declaró inexequible en sentencia C621 del 4 de noviembre de 1998, razón por la cual el funcionario investigador no debió incluirla en las iniciales previsiones en razón a que la diligencia fue practicada el 8 de mayo del año 2000, valga decir, en fecha posterior, al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Desde el punto de vista simplemente técnico, el cargo esta bien planteado por la causal de nulidad, pues a diferencia del anterior, si bien es cierto la indagatoria tiene la doble connotación de ser un mecanismo de de defensa y un medio de prueba, cuando se alega su “nulidad” con base en el artículo 29 de la Constitución Política, se está frente a una prueba ilícita que no puede tener efecto en el proceso, por lo cual ante la hipótesis de desaparición del acto de vinculación, deviene consecuencialmente la nulidad, desde entonces.

2 C.S.J. Casación 14064 del 24 de octubre de 2002, M.P. Dr. Alvaro Orlando Pérez Pinzón Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 11 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 Ahora bien, a pesar de que el fiscal le hizo al sindicado la exhortación contenida en el artículo 357 del decreto 2700, declarada inexequible por la Corte Constitucional, esta mera circunstancia no es suficiente para viciar el acto de vinculación, pues tal como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, debe establecerse si las expresiones del fiscal afectaron la espontaneidad que debe guiar la intervención y ello solo se logra establecer mediante el examen dentro del total contexto de la diligencia para determinar su relevancia, pues bien puede constituir un formalismo insulso que en nada influyó para que el sindicado respondiera, de determinada manera, a las preguntas del fiscal. Si se lee la parte formal de la diligencia se advierte que el fiscal optó por reproducir los contenidos de los artículo 357 y 358 del código de procedimiento penal entonces vigente (fol. 40 c1), sin percatarse de que la exhortación había sido declarada inconstitucional, pero hizo también especial hincapié en el derecho de no autoincriminación y el carácter voluntario, espontáneo y libre de toda presión o apremio, en que se encontraba el sindicado para responder a las preguntas que se le

formularon en la diligencia que se cumplía. Si se observa la indagatoria, las distintas preguntas fueron respetuosas de esa libertad, estuvo presente el abogado que ninguna objeción hizo y en últimas, si bien es cierto el sindicado afirmó saber de la existencia de la sustancia en la ambulancia, no aceptó ninguna responsabilidad porque alegó en su favor una causal de inculpabilidad. Un examen integral de la indagatoria deja en claro que ningún efecto intimidatorio generó la frase: “debe decir la verdad” que se usaba en todas las diligencias de esa clase antes de la decisión constitucional; por el contrario, primó la invocación de los derechos de no autoincriminación y la voluntariedad para hacer el relato; ningún esfuerzo es necesario hacer para llegar a tal conclusión, basta observar la postura del sindicado a lo largo de la diligencia y en cada una de las preguntas, para advertir que en éste caso, no se da esa afirmación hipotética de la Corte Constitucional, según la cual “la exhortación se convierte en una forma sutil pero probablemente efectiva -y por ello inconstitucionalde obtener Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 12 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 en la diligencia de indagatoria la confesión del imputado”, las razones de trascendencia esgrimidas por el recurrente sobre el escaso grado de escolaridad del sindicado, su oficio de conductor y la falta de

conocimientos jurídicos, son factores cabalísticos que no se confrontan con lo realmente ocurrido en la indagatoria y por tanto su simple enumeración no acredita la trascendencia. Al estar simplemente ante una irregularidad que se queda en el campo eminentemente formal, sin que hubiera trascendido para vulnerar el derecho de defensa o el debido proceso, la delegada demanda de la Corte la desestimación de la censura contenida en este tercer aspecto del primer cargo. 4.2. Segundo Cargo: Con fundamento en la causal primera del artículo 207 del actual código de procedimiento penal, demanda la violación indirecta de la ley sustancial por estimar que existe error de hecho por falsa apreciación de la prueba y error de derecho por falso juicio de legalidad, los aborda de la siguiente manera: 4.2.1. Error de hecho por falsa apreciación de la prueba. Lo hace consistir en que el juzgador le otorgó mérito al informe de policía, elaborado como consecuencia del operativo, en consideración a que de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 504 de 1999, en ningún caso este informe tiene valor probatorio. Ha de decirse inicialmente que la impugnante podía demandar el fallo con fundamento en la causal primera, motivo segundo, valga decir, violación indirecta de la ley sustancial, cuando el Tribunal, en ejercicio de la apreciación probatoria incurre en errores de hecho o de derecho que determinan la aplicación indebida o la falta de aplicación de una norma de derecho sustancial. Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 13 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co

Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 Es así como en tratándose del error de hecho por falso juicio de existencia, debe precisar si el fallador incurrió en el mismo por omisión, esto es, por no haber considerado una prueba legal y oportunamente aportada, o si por el contrario, supuso un medio de convicción que no obraba dentro de la actuación y no obstante ello lo valoró. Entre tanto, en el falso juicio de identidad supone que el juzgador tiene en cuenta el medio probatorio legal y oportunamente aportado, pero lo distorsiona, tergiversa, recorta o adiciona en su contenido literal, de suerte que arriba a conclusiones que realmente no se derivan de él. A su turno, en el falso raciocinio el error radica en la transgresión del proceso de apreciación de la prueba al valorarla con desconocimiento de las reglas de la sana crítica. Es por ello, que la actora debe indicar que dice concretamente el medio sobre el cual recae el error y qué exactamente dijo de él el juzgador, para destacar la falencia en que se incurrió y lo que es más importante, señalar la trascendencia jurídica del desacierto, en la declaración contenida en la parte resolutiva del fallo. Por último, el error de derecho se presenta de dos formas, por un falso juicio de legalidad que corresponde a la inobservancia de los requisitos establecidos en la ley para la aducción de una prueba y el falso juicio de convicción que consiste en desconocer las normas que tarifan el mérito demostrativo de las pruebas o de las que exigen un medio probatorio específico para la demostración de un determinado hecho.

Se sigue de lo anterior, que en consideración a la técnica no es posible admitir una censura con la genérica afirmación de “falsa apreciación de la prueba”, como la denomina la demandante, pues como se acaba de destacar y lo ha señalado la jurisprudencia3 en ella puede incurrir el sentenciador por cualquiera de los caminos anteriormente reseñados, toda vez que la lógica impone que considerar una prueba inexistente o 3 (Cfr.) CSJ. Cas. 16017 del 26 de febrero de 2001 M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla Segunda Delegada Casación Penal Piso 26 casacion2penal@procuraduria.gov.co 14 Carrera 5 No 15-80 Pbx 3360011-3520066 Ext 12615 www.procuraduria.gov.co Casación de Jairo Figueroa González. Rad. 19.891 no valorar la que legal y oportunamente ha sido allegada genera una falsa apreciación de las pruebas. Similar situación ocurre cuando se tergiversa el sentido de la misma o cuando en su valoración se desconoce las reglas de la sana crítica, es por ello, que resulta desconocedor de toda técnica, el error que la aquí demandante ha pretendido plantear bajo la denominación de “falsa apreciación”. Ahora, si lo que cuestiona la recurrente es el valor probatorio que se le otorga a un determinado medio de convicción, en tratándose de una de las excepcionales hipótesis de tarifa legal, como es, el de los informe de policía, medio que de acuerdo con el argumento de la demandante, el legislador le negó alcance probatorio alguno, debió atacarlo de manera

concreta, por error de derecho en sentido de falso juicio de convicción. No obstante esta falencia técnica, la delegada considera oportuno hacer algunas precisiones frente al valor de los informes rendidos por la policía con ocasión de los operativos que realiza. Efectivamente para la época de los hechos se encontraba vigente el inciso 4º del artículo 313 del C. P. Penal, adicionado por la ley 504 del 99 y señalaba que “En ningún caso los informes de la policía judicial y las versiones suministradas por los informantes tendrán valor probatorio en el proceso.” Cuando la Corte Constitucional declaró exequible la norma, distinguió entre los informes de inteligencia, útiles únicamente para orientar la investigación, y aquellos que se hacen en virtud de las facultades de policía judicial sobre lo ocurrido y que se rinden bajo la gravedad del juramento. Precisó la alta Corporación sobre esta materia: “Los informes