PGN - DEBIDO PROCESO Valoración probatoria

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Por incumplimiento contractual DEBIDO PROCESO-Valoración probatoria En consideración de la parte actora el liquidador de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación infringió el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, y los artículos 178 y 250 del Código de Procedimiento Civil, al no valorar las pruebas aportadas durante la actuación administrativa, y negarse a practicar las que se solicitaron en el recurso de reposición NULIDAD DEL ACTO-Por lesión de derechos amparados El Código Contencioso Administrativo señala que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, puede pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. Puede solicitarse la nulidad de un acto administrativo cuando infrinja las normas en que deberían fundarse, cuando hayan sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 11 octubre de 2011 Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 11-207

Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho Radicado: 080012331000200700839 01 (40436)

Actor: SOCIEDAD INSTITUTO CANCEROLOGICO

INFANTIL LTDA.

Demandado: ESE JOSE PRUDENCIO PADILLA EN

LIQUIDACIÓN

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614

Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las

argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES

Demanda La SOCIEDAD INSTITUTO CANCEROLÓGICO INFANTIL LTDA., por intermedio de apoderado judicial instauró acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, con el objeto de que se declarara la nulidad parcial de las resoluciones No. ROA 023 de 2006 y 026 de 2007, y la nulidad de la resolución No. 129 del 13 de abril de 2007, expedidas por el Liquidador de dicha empresa social del Estado, por medio de las cuales se rechazaron las acreencias que dicha entidad tenía con el Instituto Cancerológico Infantil Ltda., por valor de $295.615.653. Los hechos de la demanda pueden sintetizarse de la siguiente manera:

El 11 de noviembre de 2003 la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla suscribió un contrato de concesión con la Sociedad Instituto Cancerológico Infantil Ltda., para que le prestara servicios médicos especializados de Hemato-Oncología e instalara la Unidad Hospitalaria en la Clínica Andes de la E.S.E., y así poder brindar servicios especializados de manera integral a los pacientes de la E.P.S. Seguro Social. 2 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 Mediante otrosí de fecha 2 de noviembre de 2004, se acordó que la E.S.E. José Prudencio Padilla facturaría a la E.P.S. Seguro Social los servicios Hemato Oncológicos prestados por el Instituto Cancerológico a los pacientes remitidos por el Seguro Social. De la ejecución contractual se generaron facturas por valor de $741.985.425, las cuales que no fueron canceladas por la E.S.E. José Prudencio Padilla. Mediante Decreto 2505 del 29 de julio de 2006 el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la E.S.E. José Prudencio Padilla, razón por la cual, el Instituto Cancerológico Infantil Ltda., atendiendo al edicto emplazatorio en el que el liquidador convocaba a los acreedores presentó su reclamación por los $741.985.425 que se le adeudaban, de los cuales $446.369.722 habían sido aprobados en diligencia de conciliación aprobada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, pero todavía insoluta. Por resolución No. 023 del 28 de diciembre de 2006 el funcionario liquidador de

la E.S.E. José Prudencio Padilla aceptó adeudar los $446.369.700 que ya habían sido conciliados, pero mediante la resolución No. 026 del 3 de enero de 2007, se rechazó la totalidad del crédito reclamado, argumentando que: la factura se había anexado en fotocopia, no se había anexado o era ilegible la fotocopia de la cédula, carné y/o registro civil, firma o huella del afiliado o beneficiario. Inconforme con la citada resolución, el Instituto Cancerológico Infantil interpuso recurso de reposición y solicitó la práctica de una inspección ocular a las instalaciones de la E.S.E., y recepción de testimonio a dos de sus funcionarios. En la resolución No. 129 del 13 de abril de 2007 el liquidador negó las pruebas solicitadas, aceptó el pago de los $446.469.700, confirmó el rechazo de los $295.615.653 y, adicionalmente, indicó que la E.S.E. en ningún momento se obligó a cancelar directamente suma alguna al Instituto Cancerológico Infantil, puesto que siendo el Seguro Social el beneficiario de los servicios, dicha 3 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 entidad debía remitir los recursos a reembolsar al Instituto, y como ello no había tenido lugar, la E.S.E. no era sujeto pasivo de la obligación dineraria reclamada. Contestación La apoderada de la E.S.E. Prudencio Padilla en Liquidación sostuvo que los actos acusados atendían a lo preceptuado en las leyes 254 de 2000, 663 de

1993, 510 de 1999, y al decreto 211 de 2004. Agregó que las glosas invocadas por el liquidador tenían sus sustento en el artículo 7 del Decreto 1281 de 2002, que establecía que el pago por reclamaciones por servicios de salud, “no podía estar condicionado a requisitos distintos a la presentación de autorización de servicios o contrato cuando se requiera y a la demostración efectiva de la prestación de los servicios”. También señaló que el objeto de la conciliación fue subsanar las deficiencias de la reclamación elevada por el Instituto Cancerológico Infantil, por no existir contrato y estar frente a un hecho cumplido. En consideración de la entidad accionada, el liquidador dio estricto cumplimiento a los términos y condiciones procesales de presentación de las acreencias que hacen parte de los procesos liquidatorios, y que no era posible que por vía de interpretación de un recurso de reposición, se ampliaran los términos para aportar pruebas, pues ello solo favorecería a uno de la totalidad de los acreedores. Por lo anterior concluyó que no existió violación alguna de los fines constitucionales del Estado ni de los principios rectores de las actuaciones administrativas, pues el liquidador atendió las normas de carácter sustancial y procedimental pertinentes. 4 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 Sentencia Por decisión del 3 de febrero de 2010 el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la nulidad de las resoluciones No. ROA 023 de 2006 y 026 de 2007, en

lo atinente al rechazo de las acreencias de la Sociedad Instituto Cancerológico Infantil, y de la resolución No. 129 del 13 de abril de 2007, proferidas por el liquidador de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla. En restablecimiento del derecho se dispuso que la entidad accionada debía cancelar al Instituto Cancerológico las sumas correspondientes a las facturas relacionadas en los ordinales décimo y undécimo de la parte considerativa de la resolución No. 129 del 13 de abril de 2007, previa deducción de los porcentajes pactados en la cláusula sexta del contrato de concesión del 11 de noviembre de 2003, y sus otrosí modificatorios. Adicionalmente se indicó que como el proceso de liquidación expiró el 30 de mayo de 2008 (Decreto 900 de 2008), la condena impuesta sería sufragada con los recursos que se hubiesen destinado para satisfacer obligaciones contingentes y judiciales a cargo de la E.S.E., y en caso de no existir dichos recursos, los créditos debían ser cubiertos por la entidad que el Gobierno Nacional hubiese designado para asumir el pago de las obligaciones de la entidad accionada, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 18 del Decreto 2505 de 2006. Para la adopción de las determinaciones citadas en precedencia, el Tribunal expuso las siguientes consideraciones: “(…) Por resolución ROA No. 129 del 13 de abril de 2007 la ESE JPP determinó aceptar el pago de $446.369.772, que había sido objeto de conciliación; y desechó la reclamación por valor de $295.615.653.oo.

En la parte motiva del referido acto puede apreciarse que la administración mantuvo las glosas 4.12 y 7.1 respecto de las facturas 5 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 números SM0001, SM0002, SM0003, SM0004 y SM0005; y que procedió a levantar esas causales frente al resto de facturas. La Sala también advierte que en la Resolución ROA No. 129 la ESE JPP adujo un nuevo motivo para respaldar su decisión de rechazo de las 100 facturas relacionadas en el numeral décimo del citado acto, a saber: “Que una vez realizada la auditoría integral al convenio estratégico suscrito entre la ESE JOSE PRUDENCIO PADILLA y el INSTITUTO CANCEROLÓGICO, el cual amparan (SIC) las facturas reclamadas se observó que la obligación evidencia deficiencia (si) que impiden (sic) su reconocimiento debido a que en ningún momento la ESE JPP hoy en LIQUIDACIÓN se obligó a reconocer y cancelar directamente suma alguna al INSTITUTO CANCEROLOGICO puesto que el beneficiario de los servicios es exclusivamente el SEGURO SOCIAL y adicionalmente, cabe advertir que de acuerdo con certificación expedida por el Área de Contabilidad de la entidad en Liquidación el Seguro Social no ha transferido dineros a la ESE JPP hoy en liquidación para reembolsar al INSTITUTO CANCEROLÓGICO; hechos que impiden su reconocimiento, por tanto, la ESE JPP EN LIQUIDACIÓN no es sujeto pasivo de

la obligación dineraria reclamada (Glosa 11)” (…) Sea lo primero indicar que el reparo alusivo a la ausencia de sustento legal de las glosas 4.12 y 7.1 no está llamado a prosperar, teniendo en cuenta que: 1) en los actos acusados se dijo que los motivos de rechazo estaban contenidos en el “manual de interventoría de la entidad para el pago de acreencias”; 2) la sociedad actor no arrimó al proceso los elementos de convicción que desvirtuaran esa afirmación, pese a que tenía el deber de hacerlo (artículo 177 del Código de Procedimiento civil); y no es posibles establecer, por una omisión probatoria atribuible al accionante, si las glosas referidas se encuentran o no previstas en dicho manual de interventoría. Otra es la situación de la censura que rebate la causal 4.17 (sic) – “factura aportada en fotocopia”- por violación al debido proceso, dado que la sociedad actora logró demostrar que la ESE JPP omitió apreciar en la vía gubernativa la certificación expedida el 16 de enero de 2006 por la Coordinadora por la Coordinadora de Facturación de esa entidad anexada al recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. ROA No. 026 de 2007 (folio 105), la cual evidenciaba que la hoy demandada tenía en su poder el original de las facturas glosadas. Y, el oficio 15800 de 27 de abril de 2009, suscrito por la Coordinadora del Grupo Administración Documental del Ministerio de 6 080012331000200700839 01 (40436)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 la Protección Social (folio 309 a 323), desvirtúa el aludido defecto dentro del escenario judicial. La certificación emitida por la Coordinadora de Facturación también le resta validez a la glosa 7.1 – “no anexó o es ilegible fotocopia de la cédula, carné y/o registro civil, firma o huella del afiliado o beneficiario”- por cuanto en dicho documento se clarificó que las facturas números SM0001, SM0002, SM0003, SM0004, SM0005, correspondían a los servicios prestados en la Unidad Hospitalaria los Andes “en desarrollo del contrato de alianza estratégica suscrito entre la ESE José Prudencio Padilla y el Instituto Cancerológico Infantil”. La infracción al artículo 29 de la CN igualmente se aprecia en el hecho de que la ESE JPP no se hubiera pronunciado sobre las pruebas solicitadas por la Sociedad Instituto Cancerológico Ltda. En el acápite 4 del recurso de reposición radicado el 25 de enero de 2007 (folio 89 y 90). La mencionada entidad debía darle trámite a tal petición en virtud de lo establecido en el artículo 56 del C.C.A., norma aplicable al trámite liquidatorio por la remisión que hace (sic) estatuto hace del artículo 293 el Decreto Ley 663 de 1993. En síntesis, la ESE JPP desconoció la garantía constitucional del debido proceso al no evaluar durante la vía gubernativa los documentos que infirmaban las glosas 4.17 (sic) y 7.1, y por no darle

trámite a la petición de pruebas del Instituto Cancerológico que iba encaminada a refutar tales causales. A continuación el tribunal determinará si es o no es válido el motivo de rechazo contenido en la glosa 11 (no ser la ESE JPP sujeto pasivo de la obligación dineraria reclamada). (…) La primera censura esgrimida por la sociedad accionante es fundada porque en el expediente se encuentra acreditada que la glosa 11 no fue aducida por la demandada en las Resoluciones ROA 023 y 026 de 2007, y esa circunstancia le impidió al Instituto Cancerológico discutir tal reproche al momento de interponer el recurso de reposición en la vía gubernativa. (…) Igualmente, prospera el reparo relativo a la ilegalidad de la glosa 11 toda vez que la ESE JPP actuó al margen del derecho a trasladarle a la sociedad Instituto Cancerológico Ltda. la carga de obtener de un tercero (EPS Instituto de los Seguros Sociales) el pago de las obligaciones dinerarias provenientes del contrato de concesión celebrado el 11 de noviembre de 2003. (…) 7 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 En consecuencia, la ESE JPP (ente contratante) es quien debe responder directamente por las obligaciones dinerarias causadas por la prestación integral de los servicios hemato-oncológicos (objeto contractual). (…) El riesgo de incumplimiento en el pago de la facturación de los servicios hemato oncológicos recibidos por los destinatarios de los servicios de salud (afiliados al Instituto de los Seguros Sociales,

vinculados del Departamento del Atlántico y del Distrito de Barranquilla, otros departamentos del ámbito nacional EPS, ARS. FOSYGA y FISALUD) que pudiera afectar el flujo de capital del contrato de concesión debía ser asumido por la ESE JPP y no por la Sociedad Instituto Cancerológico infantil, porqué a esta última no le eran oponibles los efectos de las resoluciones jurídicas que sostenía la ESE con terceros. (…) Por consiguiente, resulta injustificable la razón que alega la ESE JPP en la glosa 11 de la Resolución ROA No. 129 del 13 de abril de 2007, con la finalidad de eximirse del pago de las contraprestaciones emanadas del anotado contrato. (…)” Apelación En consideración de la entidad responsabilizada los actos acusados no adolecían de vicio alguno y se encontraban ajustadas a derecho, ya que se emitieron teniendo en cuenta lo dispuesto en el decreto presidencial 2505 de 2006, ley 254 de 2000, decreto ley 663 de 1993, ley 510 de 1999 y el decreto 2111 de 2004. Agregó que tampoco existió falsa motivación, ya que no se podían subsanar errores o deficiencias en las reclamaciones presentadas, pues de lo contrario se aceptarían y reconocerían pagos de supuestos servicios sin el lleno de los requisitos. Indicó que en la Resolución No. 129 de 2007 quedó establecido que la obligación presentó deficiencias que impidieron su reconocimiento, pues 8 080012331000200700839 01 (40436)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 dependía de la transferencia que el Instituto del Seguro Social debía realizar para su reembolso al accionante. Del mismo modo señaló que una vez realizada una auditoría integral del convenio, se pudo observar que la razón que impedía reconocer y cancelar directamente al demandante los dineros reclamados, radicaba en que como el directo beneficiario de los servicios era el Seguro Social, entidad que no había transferido suma alguna a la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA EN LIQUIDACIÓN para ser reembolsados a la demandante, no era posible su reconocimiento y se descartaba que fuera sujeto pasivo de la obligación dineraria reclamada.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problemas Jurídicos  ¿Se configura alguna causal para declarar la nulidad de las resoluciones No. ROA 023 de 2006, 026 de 2007, y 129 del 13 de abril de 2007, proferidas por el liquidador de la E.S.E. José Prudencio Padilla?

2. Análisis Jurídico En consideración de la parte actora el liquidador de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación infringió el debido proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, y los artículos 178 y 250 del Código de Procedimiento Civil, al no valorar las pruebas aportadas durante la actuación administrativa, y negarse a practicar las que se solicitaron en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución ROA No. 026 de 2007.

Del mismo modo expresó que los actos acusados se encuentran falsamente motivados, pues las causales contenidas en las glosas 4.12 y 7.1 no se

9 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 encontraban instituidos en las normas jurídicas invocadas por la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación, y el nuevo argumento expuesto en la resolución ROA No. 129 de 2007 no correspondía con lo pactado en el contrato de concesión. El Código Contencioso Administrativo señala que toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, puede pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. Puede solicitarse la nulidad de un acto administrativo cuando infrinja las normas en que deberían fundarse, cuando hayan sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. Antes de avocar el estudio de la nulidad y el restablecimiento solicitado, es menester advertir que para esta Delegada no es clara la autenticidad de los documentos que integran el expediente, pues se desconoce cuáles de ellos fueron aportados en original, en copia simple, o en copia auténtica. Pese a lo anterior, teniendo en cuenta que en primera instancia se declaró la pérdida total del expediente, y que las piezas procesales con las que se cuenta fueron aportadas por las partes sin que se emitiera reparo alguno frente a su autenticidad y contenido, esta Agencia del Ministerio Público considera que

debe valorarse su contenido como el fiel contenido del negocio jurídico que motivo la emisión de las resoluciones objeto de censura. Aunque en la parte resolutiva de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Atlántico se declaró la nulidad de la resolución ROA No. 023 de 2006, dicha acto no fue atacado de manera directa por el accionante, pues si bien se mencionó que hacía parte de un acto complejo, todos los reparos se dirigieron contra los que modificaron el derecho económico que en esta se había reconocido. 10 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 El A quo pudo pretender el respeto del principio de congruencia conforme a las pretensiones invocadas en la demanda, no obstante, no puede perderse de vista que la resolución ROA No. 023 de 2006 gozaba de autonomía y era indiscutible en sede administrativa, pues en ella se materializó un acuerdo conciliatorio que hizo tránsito a cosa juzgada y que contaba con la aprobación judicial del Tribunal Administrativo del Atlántico. Por lo anterior se estima que no debió declarase la nulidad de la resolución 023 de 2006, pues además de no lesionar ningún derecho de la parte actora, en la demanda no se especificó reparo alguno a su contenido, siendo procedente revocar la nulidad decretada y mantenerla incólume al momento de emitir sentencia de segunda instancia. En la resolución 026 de 2007 la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación indicó como causales para rechazo de las reclamaciones presentadas por el Instituto Cancerológico Infantil, el que se aportó factura en

fotocopia (glosa 4.2), que no se anexó o era ilegible la fotocopia de la cédula, carné y/o registro civil, firma o huella del afiliado o beneficiario (glosa No. 7.1), argumentos con los cuales resolvió rechazar los $741.985.425 cuyo pago se pretendía (folio 40 – cuaderno 1). Inconforme con la citada decisión el Instituto interpuso recurso de reposición, alegando que los originales de las facturas por servicios prestados fueron entregados en original a la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación, siendo recibidas y auditadas por la entidad, no obstante, para aclarar y subsanar la glosa 4.12, allegó con el recurso los originales y fotocopias debidamente autenticadas de las facturas por servicios prestados. Frente a la glosa No. 7.1 (no allegar o ser ilegible la fotocopia de la cédula, carné y/o registro civil, o huella del afiliado o beneficiarios) afirmó que los documentos formaban parte del soporte con el cual fueron entregadas las facturas en su respectivo momento y que por tanto reposaban en los archivos de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación, tal 11 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 como podía advertirse en la certificación expedida por la Coordinadora de facturación de la entidad, Sra. Heydi Cardenas Sotomayor (folio 256 – cuaderno 2). En el recurso también se solicitó la práctica de una inspección judicial u ocular a

la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación, con el objeto de revisar los soportes de la facturación realizada por el Instituto Cancerológico Infantil, y escuchar en declaración a la señora Heydi Cadena Sotomayor (Coordinadora de Facturación) y a la Dra. Marben Manotas (Auditora de la ESE JPP), para que dieran fe de la entrega y recepción de los documentos, y de que los mismos fueron debidamente auditados. En la resolución 129 del 13 de abril de 2007 la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación aceptó el pago de $446.369.772, que había sido objeto de conciliación; y desechó la reclamación por valor de $295.615.653.oo. Como argumento adicional se indicó que en ningún momento la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación se obligó a reconocer y cancelar directamente suma alguna al Instituto Cancerológico, pues el beneficiario de los servicios era el Seguro Social, entidad que conforme a certificación expedida por el Área de Contabilidad, no había transferido dineros para reembolsar al Instituto Cancerológico, razón por la cual, la ESE no era sujeto pasivo de la obligación dineraria reclamada. Frente a las pruebas solicitadas por el Instituto Cancerológico Infantil para desvirtuar las glosas invocadas por la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación, su liquidador omitió realizar pronunciarse alguno al respecto, situación que en consideración del Tribunal Administrativo del Atlántico constituía una infracción al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, ya que conforme al artículo 56 del Código Contencioso Administrativo, aplicable por remisión expresa del artículo 293 del Decreto Ley

663 de 1993, debió dar trámite a dicha petición. 12 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 El artículo 293 del Decreto 663 de 1993 invocado por el A quo, señala que en las cuestiones procesales no previstas en normas que correspondan a actuaciones orientadas a la expedición de actos administrativos se aplicarían las disposiciones de la parte primera del Código Contencioso Administrativo y los principios de los procedimientos administrativos. Por su parte el artículo 56 del Código Contencioso Administrativo señala que los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponer este último se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. Conforme a lo anterior encuentra la Delegada que el liquidador de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación, desconoció la garantía constitucional del debido proceso (por violación al derecho de defensa) al desconocer los documentos aportados por el Instituto Cancerológico Infantil para desvirtuar las glosas 4.12 y 7.1, y negarse a practicar las pruebas con las que se confirmarían el contenido de los allegados para solicitar el pago de los servicios prestados. Con la certificación emitida por la Coordinadora de Facturación de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación (folio 262 – cuaderno 1), que fue aportado en vía gubernativa por el Instituto Cancerológico Infantil, se podía constatar que las facturas cuya aportación reclamó el liquidador,

reposaba en las instalaciones de la ESE, y que las mismas correspondían a los servicios prestados y adeudados al Instituto. Tales hechos habrían podido ser fácilmente corroborados con la práctica de la inspección ocular solicitada en vía gubernativa, y con la declaración de los funcionarios de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación con quienes la parte actora pretendía demostrarla entrega de los soportes de los servicios prestados y de haber sido debidamente auditados por la entidad obligada a su pago. 13 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 Por lo anterior, en la emisión de las resoluciones ROA No. 026 y 129 de 2007 el liquidador Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación incurrió en violación del derecho de defensa del Instituto Cancerológico Infantil, por negarse al pago $295.615.653 correspondientes a los servicios prestados, pese a que se aportaron y solicitaron pruebas que demostraban que los mismos había sido efectivamente brindados. Frente al contenido de la glosa No. 11, consistente en que la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación no era el sujeto pasivo de la obligación dineraria reclamada, tal como se indicó en la decisión de primera instancia, consistía en un argumento frente al que la parte actora no tuvo oportunidad de defenderse, ya que en las resoluciones ROA No. 023 de 2006 y 026 de 2007, no se adujo dicho argumento, razón por la cual el Instituto Cancerológico Infantil no tuvo la oportunidad de discutirlo en la vía gubernativa,

lo cual traduce una nueva vulneración del derecho de defensa para la parte actora. Tal como puede apreciarse en el contrato de concesión para la prestación del servicio de Hemato-Oncología suscrito entre la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA EN LIQUIDACIÓN y el INSTITUTO CANCEROLÓGICO INFANTIL, el Instituto del Seguro Social no hizo parte de dicha relación negocial, razón por la cual, no podría condicionarse el pago de los servicios prestados por el instituto, al pago que efectuara una entidad que si bien se menciona como beneficiaria del servicio, era extraña al contrato de concesión. Pese a que la parte demandada arguyó que como el beneficiario de los servicios (Seguro Social), no había transferido los dineros para reembolsar al Instituto Cancerológico, no era sujeto pasivo de la obligación dineraria reclamada, dicha aseveración no se compadece con lo demostrado en el proceso ni con los reconocimientos que con anterioridad había realizado. La Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación no allegó documento alguno para demostrar que el Instituto Cancerológico Infantil aceptó que el pago por los servicios prestado estuviera condicionado a una 14 080012331000200700839 01 (40436) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2011-37614 cancelación previa que el Instituto del Seguro Social realizara a la entidad accionada, ni tampoco que existiese dicho compromiso por parte del I.S.S. Por lo anterior solo subsisten las obligaciones pactadas en el contrato de concesión suscrito entre la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación y el Instituto Cancerológico Infantil, pues no se demostró la existencia de una relación contractual que obligara a una tercera entidad ni su

aceptación por parte de la beneficiaria del pago. Tampoco es entendible que la entidad accionada en diligencia de conciliación realizada ante la Procuraduría Judicial No. 15 y aprobada mediante auto del 9 de diciembre de 2005 del Tribunal Administrativo del Atlántico, hubiese aceptado el pago de $446.369.722 por los servicios prestados por el Instituto Cancerológico Infantil, y que al mismo tiempo pretenda desconocer $295.615.653 por servicios suministrados con ocasión del mismo contrato y reclamados en tiempo con sus respectivos soportes. Con lo anterior se evidencia que existió una falsa motivación en el contenido de la resolución ROA No. 129 de 2007, pues la razón consistente en existir un tercero del que dependía el pago de las obligaciones pactadas en el contrato de concesión suscrito entre la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación y el Instituto Cancerológico Infantil, no fue acreditado en vía gubernativa ni en el desarrollo del proceso judicial que motiva la emisión del presente concepto. Estando demostrado que los servicios prestados por el Instituto Cancerológico Infantil fueron debidamente prestados a la Empresa Social la del Estado José Prudencio Padilla en Liquidación, conforme a las certificaciones emitidas por su Coo