PGN - DEBIDO PROCESO Vulneración por desconocimiento de los principios de legalidad de la

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

-Sala de Casación PenalMagistrados Ponentes: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez Dr. Alfredo Gómez Quintero Ref. Traslado para conceptuar sobre la posible vulneración de las garantías fundamentales de LUCAS OLIVEROS BERMUDEZ, CLAUDIA LILIANA LOZANO LOSADA y LUIS ÁNGEL GARCÍA MEDINA, condenados por homicidio agravado y hurto calificado. Rad. 27382.

Honorables Magistrados: La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión de fecha 20 de junio de 2007, inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor del procesado LUCAS OLIVEROS BERMUDEZ, y en la misma providencia dispuso correr traslado a la Procuraduría para conceptuar sobre la posible vulneración del debido proceso por desconocimiento de los principios de legalidad de la pena y de congruencia.

En virtud de lo anterior, procede esta agencia del Ministerio Público a emitir el concepto solicitado.

1. LOS HECHOS Se encuentran descritos en el proceso de la siguiente manera:

Cas. Nº 27382 Lucas Oliveros Bermúdez y otros “De acuerdo con el acta de levantamiento número 075 de la Fiscalía Veinticinco de Sevilla, del 1º de diciembre de 2003, se realizó diligencia de levantamiento del cadáver de MARIA MELIDA PEREZ (sic), en la calle 51 No. 45-38 Barrio Fundadores, quien de acuerdo con el protocolo de necropsia No. 076-03 visible a folio 70, falleció por hipovolemia severa

por trauma torácico severo debido a heridas con arma cortopunzante. En dicha diligencia se dialogó con la vecina de la occisa, la señora MERY TEZNA OCAMPO, quien manifestó que MELIDA (sic) y ella habían salido el domingo anterior a los hoteles de la ciudad para reclamar una encomienda que, según una llamada, le habían enviado; que regresaron al no encontrar a la persona que la traía, al llegar a la casa vieron una muchacha sentada en el comedor de gas, con quien habló -la señora MARIA MÉLIDA (sic)-, y posteriormente entraron a la casa en compañía de un “tipo” que iba con la muchacha. De igual manera se dejó constancia del estado en que encontraron las piezas, y se advirtió la falta de algunos electrodomésticos. En el transcurso de dicha diligencia, la fiscal fue informada acerca de la captura de una pareja con varios elementos en un taxi”. La Corte agrega que la pareja capturada responde a los nombres de Claudia Liliana Lozano y Luis Ángel García Medina, de quienes se afirma, fueron contratados por LUCAS OLIVEROS BERMÚDEZ para darle muerte a María Mélida Pérez Pérez.

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Adelanta la correspondiente investigación penal, la Fiscalía acusó a Claudia Liliana Lozano Losada y Luis Ángel García Medina, como autores de homicidio agravado y hurto calificado, y a LUCAS OLIVEROS BERMÚDEZ, por la conducta punible de homicidio agravado.

Adelantada la fase del juicio, el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla

(Valle del Cauca), mediante sentencia del 1º de julio de 2005, condenó a Claudia Liliana Lozano Losada y Luis Ángel García, como coautores de homicidio agravado y hurto calificado, tipificados en los artículos 104-4-7 y 240-3 del Código Penal, a la pena principal de 33 años y 6 meses de prisión y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. 2 Cas. Nº 27382 Lucas Oliveros Bermúdez y otros A LUCAS OLIVEROS BERMÚDEZ lo condenó como “autor intelectual” del delito de homicidio agravado, a la pena principal de 32 años y 6 meses de prisión, y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual. A los tres procesados los condenó al pago de perjuicios morales y les negó los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y prisión domiciliaria. La decisión de primera instancia fue apelada por el procesado LUCAS OLIVEROS BERMÚDEZ, su defensor, y la defensora de Claudia Lozano Losada, y el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga la confirmó integralmente, mediante fallo del 24 de marzo de 2006, el cual a su turno es ahora objeto de revisión oficiosa, en virtud de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia.

3. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA PARA LA CASACÓN PENAL La Delegada abordará en primer término el estudio del principio de

congruencia, y en segundo lugar el de legalidad de la pena accesoria, de la siguiente manera: 3.1. La jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, desde el 23 de septiembre de 2003, viene sosteniendo que con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, la resolución de acusación debe precisar de manera clara e inequívoca la imputación fáctica y jurídica de las circunstancias que agraven o atenúen la pena, bien sean éstas específicas o genéricas, objetivas o subjetivas. Lo anterior, porque de acuerdo con el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, tales circunstancias tienen una importante repercusión en la tasación 3 Cas. Nº 27382 Lucas Oliveros Bermúdez y otros cuantitativa y cualitativa de la pena, dado que los extremos mínimos y máximos pueden incrementarse, o el ámbito punitivo de movilidad puede desplazarse a los cuartos medios y aún al cuarto máximo, cuando sólo concurran circunstancias de mayor punibilidad, lo cual eleva considerablemente la sanción punitiva. Por esta razón, cualquiera de las circunstancias de agravación punitiva, genéricas o específicas, para que cumplan sus efectos, deben estar suficientemente explicitadas tanto fáctica como jurídicamente, pues éstas no surgen de la discrecionalidad del juzgador, sino de la apreciación probatoria, y por ello entonces deben estar sujetas a la discusión, contradicción y debate1. En reciente pronunciamiento la Corte anotó: “Respecto a la relevancia jurídica de la imputación de una circunstancia

de agravación, bien sea genérica o específica, la Corte ha concluido que su señalamiento debe estar consignado en el marco jurídico que conforma la resolución de acusación y que define de manera perentorio la facultad sancionadora del juez, por cuanto, al configurarse como un factor de punibilidad se requerirá que la sentencia guarde estricta consonancia con el pliego de cargos y por ende, cualquiera que se aduzca con tal propósito debe estar expresamente definida en la acusación tanto fáctica como jurídicamente para que pueda ser ponderada por el juez. … no basta con que la resolución de acusación señale de manera clara, precisa e inequívoca la imputación fáctica que da lugar a la circunstancia de agravación, sino que resulta indispensable que se consigne en el pliego de cargos la imputación jurídica” (subrayamos)2. La Sala Penal de la Corte también ha señalado que la congruencia se predica entre la resolución acusatoria o su equivalente y la sentencia en sus aspectos personal, fáctico y jurídico, a riesgo de que si alguno de ellos no guarda la debida identidad, se quebrantan las bases fundamentales del proceso y se vulnera el derecho a la defensa, en virtud a que el procesado no puede ser sorprendido con imputaciones que no 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de Única instancia 16320 del 23 de septiembre de 2003, M. P. Dr. Herman Galán Castellanos, reiterada, por ejemplo, en sentencia de segunda instancia 21657 del 5 de febrero de 2004, y casaciones 20134 y 14128 del 9 de junio

y 15 de septiembre de 2004, respectivamente. 2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 7 de abril de 2006, proceso 25131, M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 4 Cas. Nº 27382 Lucas Oliveros Bermúdez y otros fueron incluidas en la acusación, ni se le pueden desconocer aquellas circunstancias favorables que redunden en la determinación de la pena3. Estos precedentes jurisprudenciales ya existían cuando se expidieron los fallos de primero y segundo grado (1º de julio de 2005 y 24 de marzo de 2006, respectivamente), y, por tanto, han debido ser observados por los jueces de instancia como criterio orientador de sus decisiones, a fin de no vulnerar el principio de congruencia y la determinación de la pena, pues, por no atenderlos, ciertamente resultaron quebrantadas estas garantías constitucionales. En efecto, revisado el proceso, la Procuraduría encuentra que la Fiscalía no imputó ninguna circunstancia de mayor punibilidad de las previstas en el artículo 58 del Código Penal, en la resolución acusatoria proferida contra los procesados, y, por ende, la sentencia no podía sorprenderlos con la atribución de una causal genérica de agravación que no fue incluida en la acusación. La Fiscalía Veinticinco Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Sevilla, Valle, en el capítulo de la Calificación Jurídica Provisional, de la resolución acusatoria de fecha 6 de abril de 2004, señaló: “Las conductas punibles que se le endilgan a los señores LUCAS OLIVEROS

BERMÚDEZ, CLAUDIA LILIANA LOZANO LOZADA Y LUIS ANGEL GARCÍA

MEDINA, están contempladas en el Código Penal, Libro Segundo, Título I, Delitos contra la vida e integridad personal, Capítulo Segundo, Del Homicidio, Artículo 104, Circunstancias de Agravación Punitiva que tiene pena de prisión de veinticinco a cuarenta años cuando se cometiere: 4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil; y 7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, o aprovechándose de esa situación. Y para los señores LOZADA LOZANO (sic) Y GARCÍA MEDINA, en concurso con el punible descrito en el Título VII, Delitos contra el patrimonio económico, Capítulo Primero, Del Hurto, especificado en el Artículo 240, que comporta pena de tres a ocho años para el que lo cometiere: 3. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar habitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores”4. 3 Sentencia del 11 de febrero de 2004, proceso 14343, M. P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas. 4 F. 166 c. o. 1. 5 Cas. Nº 27382 Lucas Oliveros Bermúdez y otros Acorde con esta calificación, en los numerales primero y segundo de la parte resolutiva, CLAUDIA LILIANA LOZANO LOZADA y LUIS ÀNGEL GARCÍA MEDINA fueron acusados como coautores materiales de homicidio agravado y hurto calificado, y LUCAS OLIVEROS BERMÚDEZ como autor de homicidio agravado, respectivamente5.

En tales condiciones, el sentenciador no podía atribuir a los procesados ninguna circunstancia genérica de mayor punibilidad, porque al hacerlo vulneraba sus garantías constitucionales, como en efecto ocurrió, cuando la Juez del Circuito de Sevilla, en unidad jurídica inescindible con el Tribunal de Buga, dosificó la pena de la siguiente manera: (…) “Como quiera que aparece para los encartados como circunstancias de menor punibilidad la carencia de antecedentes penales (Art. 55 numeral 1º) y además circunstancias de mayor punibilidad, como ejecutar la conducta punible aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificultaron la defensa de la occisa o la identificación del autor o partícipe (Art. 58 nral. 5 C. Penal), ejecutar la conducta punible con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales o de parentesco impongan al sentenciado respecto de la víctima (Art. 58 nral. 7 C. Penal) y obrar en coparticipación criminal (Art. 58 numeral 10º), al tenor de lo consagrado en el artículo 61 del Código Penal, esta falladora debe moverse dentro de los cuartos medios, dentro de los cuales se terminará la pena ponderando aspectos como la mayor o menor gravead de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrente, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto (subrayamos)”6. De este modo, los procesados LUIS ÀNGEL GARCÍA MEDINA, CLAUDIA

LILIANA ZOZANO LOSADA y LUCAS OLIVEROS BERMÚDEZ fueron condenados a las penas anteriormente referidas. El equívoco de los falladores consistió entonces en haberse ubicado en los cuartos medios, cuando lo correcto era el cuarto mínimo, por no haberse imputado en la acusación ninguna circunstancia de mayor punibilidad de las descritas en el artículo 58 del Código Penal. 5 F. 171, ib. 6 F. 605 c. o. 2. 6 Cas. Nº 27382 Lucas Oliveros Bermúdez y otros Por consiguiente, para restablecer la garantía efectiva de los principios de congruencia y legalidad de la pena, la Procuraduría considera que oficiosamente se debe redosificar las penas impuestas a los procesados, de conformidad con el artículo 61, inciso 2º, del mismo estatuto penal, tomando en cuenta el límite inferior del cuarto mínimo, por no existir atenuantes ni agravantes genéricos, y a partir de este límite aumentar lo que corresponda por razón del concurso de conductas punibles, tal como lo determinaron los jueces de instancia. De manera pues que respetando estos criterios de ponderación, las penas a imponer a los procesados, serían las siguientes: Para LUCAS OLIVEROS BERMÚDEZ 25 años de prisión, que es el límite inferior del cuarto mínimo correspondiente al delito de homicidio agravado; y para LUIS ÁNGEL GARCÍA MEDINA y CLAUDIA LILIANA LOZANO LOSADA 26 años, los cuales corresponden a la pena anterior, aumentada en un año por razón del concurso con el delito de hurto

calificado. 3.2. La pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, habrá de fijarse máximo en 20 años, por lo siguiente: El artículo 51, inciso primero, del Código Penal establece que: “La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas tendrá una duración de cinco (5) a veinte (20) años, salvo en el caso del inciso 3º del artículo 52”. El artículo 52, inciso tercero, ejusdem, dice: “En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2 del artículo 51”. 7 Cas. Nº 27382 Lucas Oliveros Bermúdez y otros La excepción señalada en estas dos disposiciones está referida exclusivamente a las penas impuestas a los servidores públicos que sean condenados por delitos contra el patrimonio del Estado, en cuyo caso, la inhabilidad es intemporal y opera de pleno derecho por ser de orden constitucional (inciso 5º del artículo 122 superior). Este obviamente no es el caso que nos ocupa. Así pues, si bien es cierto que la referida pena accesoria se debe imponer por un tiempo igual al de la pena principal a la que accede y hasta por una tercera parte más, también lo es que ella no puede superar el tope máximo fijado en la Ley, es decir, 20 años. En relación con este tema, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia

en reciente pronunciamiento señaló: “La anterior apreciación permite concluir que, indefectiblemente, la pena máxima de interdicción de derechos y funciones públicas cuando se impone como accesoria y no se está frente a un servidor público condenado por delito contra el patrimonio del Estado (inciso 2º del artículo 51), será de 20 años, incluso para aquellos eventos en que el inciso 3º del artículo 52 ídem autoriza imponer hasta “una tercera parte más” de la pena privativa de la libertad a la que accede, pues en todo caso, deberá respetarse el límite establecido por el inciso 1º, dada la especificidad y claridad en su definición, pues no de otra forma se explicaría la reiteración relativa a que no podrá exceder el límite legal expresada en el inciso final del artículo 52 que a su vez autoriza a imponerle por encima del lapso establecido para la restrictiva de la libertad”7. Agrega la Sala Penal que a esta misma conclusión arribó la Corte Constitucional en la Sentencia C-329 del 29 de abril de 2003, cuando examinó la constitucionalidad del inciso 1º del artículo 51 del Código Penal de 2000, frente a la legitimidad del legislador para restringir el derecho a ejercer funciones públicas. 7 Sentencia del 8 de junio de 2006, Proceso No. 23502. 8 Cas. Nº 27382 Lucas Oliveros Bermúdez y otros En consecuencia, como es evidente que en este caso los falladores de instancia violaron el principio de legalidad de los delitos y de las penas, al haber impuesto a los procesados la pena accesoria de inhabilitación para

el ejercicio de derechos y funciones públicas por encima del término máximo señalado en la Ley, corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia restablecer oficiosamente el derecho fundamental del debido proceso quebrantado, redosificando esta pena sin exceder tales límites, es decir, fijándola en 20 años.

4. CONCLUSIÓN De conformidad con lo expuesto, comedidamente sugiero a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia CASAR PARCIAL y OFICIOSAMENTE la sentencia del Tribunal Superior de Buga de fecha 24 de marzo de 2006, y, en su lugar, redosificar las penas principal y accesoria impuesta a los señores LUCAS OLIVEROS BERMÚDEZ, LUIS ÀNGEL GARCÍA MEDINA y CLAUDIA LILIANA ZOZANO LOSADA, en la forma como quedó indicado en precedencia.

De los Honorables Magistrados, atentamente,

FRANCISCO JAVIER FARFÁN MOLINA

Procurador Primero Delegado para la Casación Penal Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2007 Expediente No. 137/07 FJFM/capr 9