PGN-DEBIDO PROCESO-Vulneración por perder el beneficio de la pena

DEBIDO PROCESO-Vulneración por perder el beneficio de la pena alternativa y ordenar la ejecución de la pena principal contenida en la Sentencia de Justicia y Paz. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos Lo anterior quiere decir que para que se pueda activar la jurisdicción constitucional o, en otras palabras, para que la Corte Constitucional pueda entrar a analizar si determinada norma, que en principio goza de presunción de constitucionalidad, se adecua o no la Carta Política, es imprescindible: (i) que el actor constitucional presente “un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa” (razones claras); (ii) “que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” (razones ciertas); (iii) que las razones aducidas definan “con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada” (razones específicas); (iv) que el reproche formulado esté “fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado” (razones pertinentes); y (v) que “las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche […y, en segundo lugar, con] la

presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada” 1 Bogotá, D.C., 22 de abril de 2013 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

REF: Demanda de inconstitucionalidad contra un aparte del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘Por medio de la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros armados organizados al margen de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”.

Demandantes: JAIRO BAZURTO PACHÓN.

Magistrado Ponente: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO

Expediente D-9531. Concepto 5560 Según lo dispuesto en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución Política, rindo concepto sobre la demanda presentada por el ciudadano JAIRO BAZURTO PACHÓN quien, en ejercicio de la acción pública, solicita a la Corte Constitucional que declare la inexequibilidad de los incisos segundo y tercero del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘Por medio de la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros armados organizados al margen de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la

paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones”, cuyo texto se transcribe a continuación (subrayando lo demandado) “LEY 1592 DE 2012 (diciembre 3) Diario Oficial No. 48.633 de 3 de diciembre de 2012 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios” y se dictan otras disposiciones.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

DECRETA:

[…] 2 ARTÍCULO 26. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, el cual quedará así: Artículo 25. Condenas posteriores a la pena alternativa y bienes encontrados con posterioridad. Si a los beneficiarios de la pena alternativa de conformidad con esta ley, con posterioridad a la concesión de la pena alternativa se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a los grupos armados organizados al margen de la ley y antes de su desmovilización, y que no hubieren sido reconocidos o aceptados por el postulado en el marco del proceso especial de que trata la presente ley, estas conductas serán investigadas y juzgadas por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la comisión de las mismas. Adicionalmente, si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida, la autoridad judicial competente determinare que el beneficiario de la pena alternativa no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona, perderá el beneficio de la pena alternativa. Cuando la autoridad judicial competente compruebe cualquiera de los incumplimientos que se refiere el presente artículo, procederá a la revocatoria de los beneficios jurídicos y ordenará la ejecución de la pena principal contenida en la sentencia de Justicia y Paz. PARÁGRAFO 1o. Las causales de revocatoria de la pena alternativa contenidas en el presente artículo, se darán a conocer al desmovilizado postulado durante el proceso y estarán contenidas en la sentencia. PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará siempre y cuando no se trate de procedimientos parciales de imputación, terminación anticipada del proceso, formulación y aceptación de cargos, o de sentencias parciales proferidas en el marco de los procedimientos de Justicia y Paz”.

1. Planteamiento de la demanda El actor considera que las expresiones acusadas vulnera el principio-derecho fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 29 Superior. Como fundamento de lo anterior, reproduce algunos apartes de las Sentencia C-093 de 1993 y C-370 de 2006 relativas al derecho fundamental invocado y a la institución de la pena alternativa con el fin de demostrar que, en su opinión,

la norma parcialmente demandada:

 “Cambia sustancialmente y de manera grave las reglas inicialmente establecidas para los postulados del proceso de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)[;]  [Modifica] los 8 años de pena alternativa más los 4 años de período de prueba para la pérdida de los beneficiarios de la pena alternativa[; …]  [Amplía] el período de prueba al de la pena principal que es de 50 años en promedio[;] 3  Tal aumento desproporcionado e injusto hace que el postulado nunca tenga certeza sobre la culminación del proceso, perdiéndose así la SEGURIDAD JURÍDICA[,] elemento esencial del debido proceso[;]  La ley 975 de 2005 cumple [sic] el principio de la COSA JUZGADA, al señalar un plazo de 8 años más 4 años de período de prueba como lapso para que el postulado pueda perder los beneficios de la pena alternativa si ha incumplido los compromisos del proceso[; …]  [V]iola el principio de COSA JUZGADA, ya que el postulado, prácticamente, debe esperar el resto de su vida -50 añospara que su proceso haga tránsito a COSA JUZGADA[,] quebrantando así este principio fundamental en un estado de derecho[; …]  Cambia la naturaleza de la pena alternativa[,] la cual consiste en REEMPLAZAR una pena principal, como lo ha afirmado la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, este artículo ha convertido la pena alternativa en una pena SUSTITUIVA (art.36 C.P), variando en aspecto fundamental el proceso diseñado en la ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005)”.

2. Problema jurídico

Corresponde establecer si los incisos demandados del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley 975 de 2005 señalando las condiciones y motivos por los cuales se perderá el beneficio de la pena alternativa y se ordenará la ejecución de la pena principal contenida en la Sentencia de Justicia y Paz, vulnera el principioderecho fundamental al debido proceso (Artículo 29 Superior).

3. Análisis constitucional De manera reiterada este Vista Fiscal ha recordado que, según se ha explicado en la jurisprudencia constitucional a partir del artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, toda demanda de constitucionalidad exige identificar el objeto demandado, esto es, la norma legal que se considera inconstitucional y el concepto de la violación “que supone la exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma 4 constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”, razones que deben ser “claras, ciertas, específicas, pertinentes y

suficientes” (Sentencia C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa). Lo anterior quiere decir que para que se pueda activar la jurisdicción constitucional o, en otras palabras, para que la Corte Constitucional pueda entrar a analizar si determinada norma, que en principio goza de presunción de constitucionalidad, se adecua o no la Carta Política, es imprescindible: (i) que el actor constitucional presente “un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las

justificaciones en las que se basa” (razones claras); (ii) “que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita” (razones ciertas); (iii) que las razones aducidas definan “con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada” (razones específicas); (iv) que el reproche formulado esté “fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado” (razones pertinentes); y (v) que “las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche […y, en segundo lugar, con] la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, sí despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada” (razones suficientes). Partiendo de las consideraciones anteriores, esta Jefatura respetuosamente debe advertir que no coincide con lo decidido por el entonces Magistrado Sustanciador en el Auto del 22 de febrero del año en curso, por medio del cual se admitió la demanda sub examine, señalando que la misma reúne “las exigencias establecidas en el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991”.

5 Por el contrario, para esta Jefatura, aun cuando el actor señala cuál es la norma parcialmente demandada y transcribe el artículo 29 Superior, que entiende vulnerado, en todo caso no ofrece un verdadero concepto de la violación ni sustenta su demanda en razones claras, específicas, pertinentes, suficientes sino que, como ya se explicaba, simplemente se limita a citar algunos apartes de las Sentencias C-093 de 1993 y C-370 de 2006, relativos al derecho fundamental al debido proceso y a las penas alternativas, para luego concluir que los incisos demandados del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012 tienen determinados efectos que no se desprenden de una lectura directa y objetiva de los mismos. Es más, incluso los argumentos que, con esfuerzo, el Magistrado Sustanciador concluye que el actor hace en su demanda, esto es (i) “que los incisos demandados cambian de manera sustancial y grave las reglas dadas por la Ley 975 de 2005” y (ii) que este cambio es “desproporcionado e injusto [y] afecta el valor de la seguridad jurídica, al impedir que haya certeza sobre la culminación judicial del proceso, y el principio de cosa juzgada en la medida en que la decisión no quedaría en firme sino luego de un término equivalente a la vida restante del procesado”, no constituyen un auténtico concepto de la violación, en tanto que no equivalen a “manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan” (Sentencia C-1052 de 2011). Como tampoco son argumentos claros, en tanto que los mismos no son una

“confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto”, sino que pretenden demostrar una contradicción entre la norma parcialmente demandada y otra norma legal (la Ley 975 de 2005), así como confrontar todo el artículo 29 constitucional, transcrito en la demanda, con “proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador [en el artículo 26 de la Ley 1592 de 2012), para pretender deducir la inconstitucionalidad de las 6 mismas cuando del texto normativo no se desprenden” (Sentencia C-1052 de 2011). De igual forma, esta Vista Fiscal concluye que ni las razones aducidas por el actor ni las deducidas por el Magistrado Sustanciador cumplen con los requisito de especificidad, en tanto que, según se explica en la misma Sentencia C-1052 de 2011 ya tantas veces citada, resulta “inadmisible que se deba resolver sobre [la] inexequibilidad [de las normas demandadas] a partir de argumentos ‘vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales’ que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan”, como lo es decir que el aumento del período de prueba de la pena accesoria que hacen los incisos demandados es “desproporcionado e injusto”. Las razones que se consignan en la demanda tampoco cumplen con el requisito de pertinencia toda vez que, según la misma Corte Constitucional, también “son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias, o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que ‘el demandante en

realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico’”, como sucede en este caso cuando el actor contrasta la norma parcialmente demandada con la Ley 975 de 2005 (que la norma demandada, precisamente, modifica), o cuando subjetivamente deduce que, por virtud de aquella “el postulado, prácticamente debe esperar el resto de su vida -50 añospara que su proceso haga tránsito a COSA JUZGADA”, o concluye doctrinalmente que la misma “cambia la naturaleza de la pena alternativa la cual consiste en REEMPLAZAR una pena principal […y] ha convertido la pena alternativa en una pena

SUSTITUIVA”.

En este mismo sentido es pertinente precisar que, si bien el artículo 26 de la Ley 1592 de 2012 efectivamente modifica el artículo 25 de la Ley 975 de 7 2005, del texto del mismo no se desprende que la pena principal “sea de 50 años en promedio” ni mucho menos que el beneficiario de la pena alternativa ya no podrá saber de cuánto tiempo es el periodo de prueba, pues la misma norma establece que éste será “hasta el término de la condena ordinaria allí establecida”, es decir, que será el término de la pena establecida “como consecuencia del procedimiento excepcional” del que trata la Ley 975 de 2005, la cual “consiste en [la] privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, tasada de acuerdo con la gravedad de los delitos y su colaboración efectiva en el esclarecimiento de los mismos”

(Artículo 29 de la Ley 975 de 2005). Como también es pertinente aclarar que la modificación que hace el artículo 26 de la Ley 1592 de 2012, tampoco tiene ninguna incidencia sobre el efecto jurídico de cosa juzgada de la Sentencia que se imponga con motivo del procedimiento especial establecido en la Ley 975 de 2005, luego tampoco es de recibo concluir que los incisos demandados afecten o violen el principio de cosa juzgada y, por tanto, el derecho fundamental al debido proceso. Por último, esta Jefatura considera que la demanda sub examine en todo caso no ofrece argumentos que despierten siquiera una duda mínima que permita a la Corte Constitucional considerar que es inconstitucional no solo el “término de la condena ordinaria”, al que se refiere el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012 y respecto del cual parecen reducirse los reproches del accionante, sino todo lo establecido en los incisos segundo y tercero de ese artículo con relación a los efectos jurídicos que tiene el hecho de que “la autoridad judicial competente” determine que los beneficiarios de la penas alternativas establecidas en el “proceso especial” regulado por la Ley 975 de 2005 no entregaron, no ofrecieron o no denunciaron “todos los bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con acción de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona”; o de que a los mismos se les imputaron “delitos cometidos durante y con ocasión de [su] pertinencia a los grupos armados al margen de su desmovilización, y que no hubieren sido reconocidos o aceptados por el

8 postulado en el marco del proceso especial”. Es decir, que el actor constitucional no ofreció siquiera una razón por la cual la Corte Constitucional deba declarar inexequibles las circunstancias que en la norma parcialmente demandada se establecieron como causales para que se pierda el beneficio de la pena alternativa y proceda la ejecución de la pena principal.

4. Conclusión En mérito de lo expuesto, el Jefe del Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre los incisos segundo y tercero del artículo 26 de la Ley 1592 de 2012 por los cargos analizados, en razón de la por ineptitud sustancial de la demanda.

Señores Magistrados,

ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO

Procurador General de la Nación

GMR/ABG

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