PGN-DEBIDO PROCESO–Posible violación por convocarse a elecciones sin

DEBIDO PROCESO–Posible violación por convocarse a elecciones sin encontrarse vacante de manera definitiva el cargo de gobernador del departamento del Valle del Cauca Según lo señalado por la demandante, el Gobierno Nacional al expedir el acto por medio del cual convocó a elecciones en el departamento del Valle del Cauca, para elegir gobernador de esa entidad territorial, infringió el ordenamiento jurídico y más, desconoció la garantía del debido proceso por cuanto que el cargo de gobernador para la fecha en que se expide el acto demandado en nulidad, decreto 0930 de 4 de mayo de 2012, no se encontraba vacante en forma definitiva, y no lo estaba por cuanto que el acto administrativo expedido por la Contraloría General de la República que le declaraba responsable fiscalmente no se encontraba en firme, no había causado ejecutoria, pues su notificación se dio en forma posterior y este acto, de carácter administrativo, sigue en cuanto a la firmeza, la regla general señalada para todos los actos de esta naturaleza en el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, es decir, que sólo son ejecutables aquellos actos que se encuentren en firme. La Ley 610 de 2000 establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías …Conforme a los medios probatorios allegados al plenario se tiene que el fallo de responsabilidad fiscal del cual se derivó la inhabilidad del elegido gobernador del departamento del Valle del Cauca, no era pasible de recurso alguno, pues se trataba de una decisión de segunda instancia; además, conforme a la certificación que obra a folio 130 del plenario, fue notificado de la decisión el 29 de mayo de 2012 y como

consecuencia de esta actuación la decisión quedó en firme para él ese mismo día, es decir, el 29 de mayo. Por lo anterior, esta Delegada considera que el argumento de la parte actora relacionado con la falta de ejecutoria del acto del cual se derivada la inhabilidad sobreviniente que devino en el retiro del servicio del elegido gobernador, por ello en la vacancia absoluta del cargo y la consecuente convocatoria a elecciones no es contrario a las disposiciones legales y constitucionales que señaló en la demanda la actora, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar. DESVIACIÓN Y ABUSO DE PODER-Definición y alcances …Conforme lo tiene señalado la jurisprudencia que esa H. sala ha elaborado en relación con el tema «la desviación de poder se produce cuando la atribución de que está investido un funcionario para expedir un acto administrativo no se ejerce hacia el fin exigido por la ley, sino en busca de logros diferentes. En otras palabras, el acto administrativo, aunque comporta externamente las formalidades exigidas por la ley, está orientado a fines distintos para los que fue investido el funcionario emisor. Y en casos como este corresponde al impugnante demostrar que la autoridad hizo uso de su facultad con propósitos distintos de aquellos previstos en la disposición que la confiere». La parte actora no demuestra que el Presidente haya ejercido su función constitucional con un fin distinto al señalado en la misma; lo cierto es que en los eventos en que se sucede una falta absoluta en el cargo de gobernador, le corresponde al Presidente de la República disponer lo que resulte pertinente para efectos de proveer al reemplazo de

quien deja vacante el cargo, que es lo que acontecido en el sub examine, en donde por razón de la inhabilidad que le sobreviene al gobernador en ejercicio, elegido popularmente, para el período 2012 – 2016, conforme a las prescripciones del artículo 303 por sucederse la falta absoluta a más de 18 meses de la terminación del período, se debe convocar a elecciones para elegir gobernador para el tiempo del periodo que reste.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como se dejó señalado ab initio para el momento en que se expide el acto convocando a elecciones el fallo de responsabilidad fiscal se encontraba debidamente ejecutoriado y la consecuencia que se deriva de esta decisión, conforme a las prescripciones de la Ley 190, es el retiro del servicio, pues sobreviene en el servidor una inhabilidad que le impide continuar en el ejercicio del cargo. El cargo no está llamado a prosperar. FALSA MOTIVACIÓN-Definición Igualmente ha dicho la H. Sección que «De manera generalizada se acepta que los motivos de un acto administrativo corresponden a los antecedentes de hecho y de derecho que conducen a la expedición del mismo, es decir, las circunstancias que llevan a la administración a expresar su voluntad en el sentido manifestado en el acto administrativo de que se trate. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se entiende que la existencia real de los motivos de

un acto administrativo constituye uno de sus fundamentos de legalidad, al punto de que cuando se demuestra que los motivos que se expresan en el acto como fuente del mismo no son reales, o no existen, o están maquillados, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivación. En síntesis, el vicio de falsa motivación es aquel que afecta el elemento causal del acto administrativo, referido a los antecedentes de hecho y de derecho que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, facultan su expedición y, para efectos de su configuración, corresponderá al impugnante demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad». La falsa motivación lo ha señalado la H. Corporación «se presenta cuando la situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo, se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa motivación». Indicó la apoderada judicial de la parte demandante que el acto acusado está falsamente motivado, por cuanto se fundamentó en el artículo 6 de la Ley 190 de 1995 para retirar a un Gobernador elegido popularmente, cuando dicha Ley consagra un régimen jurídico que en el evento de ser aplicable, solo podía utilizarse hasta tanto el acto administrativo de la Contraloría cobrara ejecutoria, sostiene que el acto de convocatoria a elecciones se motivó en una sanción inexistente para la fecha en que se convocó a elecciones. Lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y en particular en el artículo 6°, se aplica sin

hesitación alguna a los Gobernadores, toda vez que éstos son funcionarios públicos, en concreto, empleados de elección popular y el hecho de que ellos sean elegidos popularmente por votación directa, no les varía su denominación de empleados públicos, y por ende, sujetos de aplicación de las leyes correspondientes a esta categoría de empleados. Además de lo anterior, considera esta Agencia del Ministerio Público que no se puede derivar la falsa motivación del supuesto fáctico señalado por la parte demandante, por cuanto que, como ya se ha señalado, el acto por medio del cual se generó la declaratoria de responsabilidad fiscal que le inhabilitaba para continuar en el ejercicio del cargo, contrario a lo afirmado por la parte actora, al momento en que se expide el decreto de convocatoria a elecciones se encontraba debidamente ejecutoriado. Así las cosas el cargo tampoco está llamado a prosperar.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., junio 06 de 2013

Concepto número: 050

Doctor Mauricio Torres Cuervo

H. Magistrado ponente

Sección Quinta Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: 14

Proceso número: 110010328000201200040 00

Radicado interno: 2012 – 0040

Actor: Heriberto Arrechea Banguera Demandado: Presidencia de la República Asunto: Nulidad del Decreto No. 0930 del 04 de mayo de 2012, expedido

por el Presidente de la República, por el cual se convoca a elecciones para elegir Gobernador del departamento del Valle del Cauca.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado para alegar de conclusión, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento a consideración de la H.

Sala los siguientes razonamientos en orden a que sean tenidos en cuenta al momento de proferir el correspondiente fallo.

I – ANTECEDENTES

1. La demanda El señor Heriberto Arrechea Banguera, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de nulidad, demandó la nulidad del Decreto No. 0930 del 04 de mayo de 2012, expedido por el Presidente de la República y «Por el cual se

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co convoca elecciones para elegir gobernador del departamento del Valle del Cauca y se hace un encargo». En el artículo 1° del acto acusado se dispuso que el proceso electoral al cual se convocaba se llevaría a cabo el 1° de julio de 2012. Pretensiones Fueron propuestas las siguientes: «PRIMERA: Se declare la nulidad del acto administrativo, contenido en el Decreto 0930 de fecha 4 de mayo de 2012, en lo atinente a la convocatoria a elecciones para el 1° de julio de 2012, para elegir gobernador del departamento del Valle del Cauca, en reemplazo del Dr.

Héctor Fabio Useche de la Cruz, quien fue elegido popularmente en las elecciones celebradas el 30 de octubre de 2011. SEGUNDA (…)» Hechos de la demanda Se han indicado como supuestos fácticos de las pretensiones los siguientes: Que el Movimiento de Inclusión y Oportunidades-MIO-, para las elecciones de gobernador que se llevaron a cabo el 30 de octubre de 2011, presentó un programa de Gobierno y como candidato para ejercer el cargo en el Departamento del Valle del Cauca, postuló al doctor Héctor Fabio Useche, quien resultó electo y por ende obtuvo el derecho a gobernar durante el periodo 2012-2015. Que el Gobierno Nacional mediante el decreto 0930 de mayo 4 de 2012, convocó a elecciones para remplazar al elegido mandatario a quien previamente había separado del cargo por sobrevenir en él una inhabilidad, derivada de la responsabilidad fiscal decretada por la Contraloría General de la República. Que el acto por medio del cual la Contraloría General de la República lo declaró fiscalmente responsable cobró ejecutoria el 14 de mayo de 2012, y por lo tanto el

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Gobierno Nacional ejecutó el acto de responsabilidad fiscal, separó del cargo al elegido gobernador y convocó a elecciones, sin que éste acto declaratorio de responsabilidad fiscal hubiere cobrado firmeza. Que como el acto declaratorio de responsabilidad fiscal sólo cobró firmeza el 14

de mayo, sus efectos sólo podían predicarse a partir del 15 de mayo de 2012, pero en ningún caso antes de esa fecha. Que la ilegalidad protuberante de estos hechos constituye una franca desviación de las atribuciones propias del Presidente, lo que conlleva a la nulidad del Decreto 930 de 2012. Normas violadas y concepto de la violación Señaló como normas violadas las siguientes:  Los artículos 1, 2, 3, 29, 40, 303 y 304 de la Constitución Política.  Los artículos 37 y 38 de la Ley 734 de 2002.  El artículo 6 de la Ley 190 de 1995.  Los artículos 29 y 30 de la Ley 1475.  El artículo 64 del Código Contencioso Administrativo. Al explicar el concepto de violación, aduce el demandante: Señala que de conformidad con el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, para poder ejecutar los actos administrativos se requiere que estos se encuentren en firme y hayan quedado ejecutoriados y que el acto que culmina el proceso de responsabilidad fiscal es de esta naturaleza y no está excluido de esta regla y que en el caso en estudio el acto que declaró la responsabilidad fiscal quedó en firme el 14 de mayo de 2012, fecha en la cual se desfijó el edicto mediante el cual se notificó la decisión; sin embargo, el Gobierno Nacional profirió los decretos 680 del 30 de marzo y 930 del 4 de mayo de 2012, es decir antes de que hubiera quedado en firme la decisión administrativa de la Contraloría.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Sostiene que al expedir el decreto 930 de 2012 el Gobierno Nacional desconoció la garantía del debido proceso relativo a la ejecutoria de los actos administrativos y con ello igualmente inobservó los artículos 29 y 30 de la Ley 1475 de 2011, en cuanto estas disponen que para poder convocar a nuevas elecciones debe haberse producido la vacancia definitiva del cargo, lo cual no se había sucedido al 4 de mayo de 2012. Señaló que al no encontrarse el cargo de Gobernador del Valle del Cauca en vacancia definitiva por cuanto su titular no ha sido destituido, ni su elección ha sido anulada por las autoridades competentes, el Presidente de la República no podía, como equivocadamente lo hizo, separarlo en forma definitiva de su cargo, y mucho menos, convocar a elecciones para su reemplazo por carecer de competencia para ello, incurrió en desviación y abuso de poder. Sostiene el actor que con esta actuación el gobierno incurrió en una desviación y abuso de poder y dice que no encontrándose vacante en forma definitiva el cargo de gobernador del Valle del Cauca, pues el acto declaratorio de responsabilidad fiscal del cual se derivaba su inhabilidad no estaba ejecutoriado, por lo tanto no podía proceder a convocar a elecciones; dice que cuando se expidió el decreto 930 de 2012, el gobierno aplicó un acto administrativo que no estaba en firme, en un claro abuso de poder. Así mismo señala que el acto esta viciado por cuanto en él se plasmó una falsa

motivación al aplicar el artículo 6° de la Ley 190 de 1995, cuando dicha ley consagra un régimen que en el evento de ser utilizado solo lo podía ser una vez cobrara ejecutoria el acto declarativo de responsabilidad fiscal, por ello al invocar estas disposiciones el acto se afecta del vicio de falsa motivación, pues se motivó el acto de convocatoria a elecciones con una sanción que para el momento resultaba inexistente por no estar en firme, carecía de ejecutoria el acto que la había impuesto.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo El actor solicitó se suspendieran provisionalmente los efectos del acto acusado, solicitud que formuló mediante escrito especial. Dijo en su solicitud que el acto acusado violaba de manera directa los artículos 1, 2, 3, 29, 40, 303 y 304 de la Constitución Política, los artículos 37 y 38 de la ley 734 de 2002, el artículo 6° de la Ley 190 de 1995 y conlleva una aplicación indebida de los artículos 29 y 30 de la ley estatutaria 1475 de 2011; básicamente señala que la convocatoria a elecciones no se puede dar cuando no haya vacancia absoluta en el cargo y que en el caso en estudio tal hecho no se había sucedido pues el acto de la Contraloría General de la República no se encontraba

ejecutoriado, sostiene que este acto solo cobró ejecutoria el 14 de mayo y sin embargo el gobierno lo ejecutó el 30 de marzo del 2012 al expedir los decretos 680 y 930 por medio de los cuales separó del cargo al elegido gobernador y convocó a elecciones en el departamento del Valle del cauca respectivamente. Admisión de la demanda Mediante auto del 27 de junio de 2012, se dispuso la admisión de la demanda, se ordenaron las notificaciones de rigor y no se decretó la suspensión provisional del acto acusado. La decisión de no acceder a la solicitud de suspensión se fundó en el hecho de no haber sido allegados al plenario los documentos que permitirían probar el argumento señalado por el actor en pro de su solicitud. Contestación de la demanda La Nación-Ministerio del Interior – guardó silencio.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Alegatos de conclusión En esta oportunidad procesal las partes guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO No advirtiendo la existencia de vicio que afecte la actuación surtida, procede este Despacho a emitir el concepto de rigor que le corresponde en el trámite del asunto sub examen.

En consideración de este Despacho los cargos en los que funda su pretensión la

parte actora son los que a continuación se estudiarán:  Primer Cargo: Violación de normas constitucionales y legales Violación de la garantía del debido proceso – El Gobierno Nacional procedió a convocar a elecciones sin encontrarse vacante de manera definitiva el cargo de gobernador del departamento del Valle del Cauca Según lo señalado por la demandante, el Gobierno Nacional al expedir el acto por medio del cual convocó a elecciones en el departamento del Valle del Cauca, para elegir gobernador de esa entidad territorial, infringió el ordenamiento jurídico y más, desconoció la garantía del debido proceso por cuanto que el cargo de gobernador para la fecha en que se expide el acto demandado en nulidad, decreto 0930 de 4 de mayo de 2012, no se encontraba vacante en forma definitiva, y no lo estaba por cuanto que el acto administrativo expedido por la Contraloría General de la República que le declaraba responsable fiscalmente no se encontraba en firme, no había causado ejecutoria, pues su notificación se dio en forma posterior y este acto, de carácter administrativo, sigue en cuanto a la firmeza, la regla general señalada para todos los actos de esta naturaleza en el artículo 64 del Código

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Contencioso Administrativo, es decir, que sólo son ejecutables aquellos actos que se encuentren en firme. Sostiene la actora que el gobierno ejecutó un acto, el que declaraba la

responsabilidad fiscal, y derivó de él los efectos legales que le permitían convocar a elecciones sin que éste se encontrara ejecutoriado. La Ley 610 de 2000 «Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías» en relación con la ejecutoriedad de las providencias que se profieran en el curso de este especial proceso dispuso lo siguiente:

«ARTICULO 56. EJECUTORIEDAD DE LAS PROVIDENCIAS. Las

providencias quedarán ejecutoriadas:

1. Cuando contra ellas no proceda ningún recurso.

2. Cinco (5) días hábiles después de la última notificación, cuando no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos.

3. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido».

Conforme a los medios probatorios allegados al plenario se tiene que el fallo de responsabilidad fiscal del cual se derivó la inhabilidad del elegido gobernador del departamento del Valle del Cauca, no era pasible de recurso alguno, pues se trataba de una decisión de segunda instancia; además, conforme a la certificación que obra a folio 130 del plenario, el doctor Useche de la Cruz, fue notificado de la decisión el 29 de mayo de 2012 y como consecuencia de esta actuación la decisión quedó en firme para él ese mismo día, es decir, el 29 de mayo. Por lo anterior, esta Delegada considera que el argumento de la parte actora relacionado con la falta de ejecutoria del acto del cual se derivada la inhabilidad sobreviniente que devino en el retiro del servicio del elegido gobernador, por ello en la vacancia absoluta del cargo y la consecuente convocatoria a elecciones no

es contrario a las disposiciones legales y constitucionales que señaló en la demanda la actora, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Segundo cargo: Desviación y abuso de poder. Señaló que al no encontrarse el cargo de gobernador del Valle del Cauca en vacancia definitiva, el Presidente de la República no podía, convocar a elecciones para que se eligiera el reemplazo de quien había sido elegido popularmente; según el argumentar de la parte actora se incurrió en desviación y abuso de poder por el Gobierno Nacional. Conforme lo tiene señalado la jurisprudencia que esa H. sala ha elaborado en relación con el tema «la desviación de poder se produce cuando la atribución de que está investido un funcionario para expedir un acto administrativo no se ejerce hacia el fin exigido por la ley, sino en busca de logros diferentes. En otras palabras, el acto administrativo, aunque comporta externamente las formalidades exigidas por la ley, está orientado a fines distintos para los que fue investido el funcionario emisor. Y en casos como este corresponde al impugnante demostrar que la autoridad hizo uso de su facultad con propósitos distintos de aquellos previstos en la disposición que la confiere». 1 La parte actora no demuestra que el Presidente haya ejercido su función constitucional con un fin distinto al señalado en la misma; lo cierto es que en los

eventos en que se sucede una falta absoluta en el cargo de gobernador, le corresponde al Presidente de la República disponer lo que resulte pertinente para efectos de proveer al reemplazo de quien deja vacante el cargo, que es lo que acontecido en el sub examine, en donde por razón de la inhabilidad que le sobreviene al gobernador en ejercicio, elegido popularmente, para el período 2012 – 2016, conforme a las prescripciones del artículo 303 por sucederse la falta absoluta a más de 18 meses de la terminación del período, se debe convocar a elecciones para elegir gobernador para el tiempo del periodo que reste. 1 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION QUINTA. Consejero ponente: DARIO QUIÑONES PINILLA. 8 de septiembre de 2005. Radicación interna número: 3644

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Como se dejó señalado ab initio para el momento en que se expide el acto convocando a elecciones el fallo de responsabilidad fiscal se encontraba debidamente ejecutoriado y la consecuencia que se deriva de esta decisión, conforme a las prescripciones de la Ley 190, es el retiro del servicio, pues sobreviene en el servidor una inhabilidad que le impide continuar en el ejercicio del cargo. El cargo no está llamado a prosperar.

Tercer cargo:

Falsa Motivación Igualmente ha dicho la H. Sección que «De manera generalizada se acepta que los motivos de un acto administrativo corresponden a los antecedentes de hecho y de derecho que conducen a la expedición del mismo, es decir, las circunstancias que llevan a la administración a expresar su voluntad en el sentido manifestado en el acto administrativo de que se trate. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, se entiende que la existencia real de los motivos de un acto administrativo constituye uno de sus fundamentos de legalidad, al punto de que cuando se demuestra que los motivos que se expresan en el acto como fuente del mismo no son reales, o no existen, o están maquillados, se presenta un vicio que invalida el acto administrativo, llamado falsa motivación. En síntesis, el vicio de falsa motivación es aquel que afecta el elemento causal del acto administrativo, referido a los antecedentes de hecho y de derecho que, de conformidad con el ordenamiento jurídico, facultan su expedición y, para efectos de su configuración, corresponderá al impugnante demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad». 2 La falsa motivación lo ha señalado la H. Corporación «se presenta cuando la situación de hecho que sirve de fundamento al acto administrativo, se revela inexistente, o cuando existiendo unos hechos, éstos han sido calificados 2 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION QUINTA. Consejero ponente: DARIO QUIÑONES PINILLA. 8 de septiembre de 2005. Radicación interna número: 3644

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co erradamente desde el punto de vista jurídico, generándose en la primera hipótesis, el error de hecho, y en la segunda, el error de derecho, como modalidades diferentes de la falsa motivación». «De otro lado, en lo que atañe a la carga probatoria de la citada causal de anulación, la Corporación ha expresado lo siguiente: «La falsa motivación, quien la aduce tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que se hallan revestidos los actos administrativos. De acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales transcritos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: a) La falsa motivación, como vicio de ilegalidad del acto administrativo, puede estructurarse cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho, ya sea porque los hechos aducidos en la decisión son inexistentes o, cuando existiendo éstos son calificados erradamente desde el punto de vista jurídico. En el primer caso, se genera el error de hecho y, en el segundo, el error de derecho. b) Quien impugna un acto administrativo bajo el argumento de encontrarse falsamente motivado, tiene la carga probatoria (onus probandi) de demostrarlo, dado que sobre los actos de la administración gravita una

presunción de legalidad que debe ser desvirtuada por quien pretenda impugnarlos» 3 Indicó la apoderada judicial de la parte demandante que el acto acusado está falsamente motivado, por cuanto se fundamentó en el artículo 6 de la Ley 190 de 1995 para retirar a un Gobernador elegido popularmente, cuando dicha Ley consagra un régimen jurídico que en el evento de ser aplicable, solo podía utilizarse hasta tanto el acto administrativo de la Contraloría cobrara ejecutoria, sostiene que el acto de convocatoria a elecciones se motivó en una sanción inexistente para la fecha en que se convocó a elecciones. Lo dispuesto en la Ley 190 de 1995 y en particular en el artículo 6°, se aplica sin hesitación alguna a los Gobernadores, toda vez que éstos son funcionarios públicos, en concreto, empleados de elección popular y el hecho de que ellos 3 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera - Consejero Ponente: DR. GERMAN RODRIGUEZ VILLAMIZAR - Radicación interna: 16718 - Actor: Departamento de Casanare Demandado: Latinoamericana de Seguros S.A. Referencia: Apelación sentencia ejecutiva

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co sean elegidos popularmente por votación directa, no les varía su denominación de empleados públicos, y por ende, sujetos de aplicación de las leyes

correspondientes a esta categoría de empleados. Además de lo anterior, considera esta Agencia del Ministerio Público que no se puede derivar la falsa motivación del supuesto fáctico señalado por la parte demandante, por cuanto que, como ya se ha señalado, el acto por medio del cual se generó la declaratoria de responsabilidad fiscal que le inhabilitaba para continuar en el ejercicio del cargo, contrario a lo afirmado por la parte actora, al momento en que se expide el decreto de convocatoria a elecciones se encontraba debidamente ejecutoriado. Así las cosas el cargo tampoco está llamado a prosperar. CONCLUSIÓN De conformidad con lo anteriormente señalado, esta Agencia del Ministerio Público, respetuosamente le solicita a la H. Sección que deniegue la pretensión de la demanda incoada por el señor Heriberto Arrechea Banguera, encaminada a obtener la nulidad del Decreto 0930 del 4 de mayo de 2012, en cuanto que, por medio de éste el Gobierno Nacional convocó a elecciones para elegir Gobernador del Departamento del Valle del Cauca. De los H. Magistrados,

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co GONZALO ALIRIO SALGUERO CASAS Abogado Asesor encargado de las funciones de Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado

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