PGN - DECISIONES INTERLOCUTORIAS Solicitud de inhibición

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Operó el fenómeno de caducidad CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Cómputo de términos Efectivamente de las pruebas obrantes en el plenario, se desprende que los hechos por los cuales se pretende derivar responsabilidad del estado, datan del 11 de octubre de 2005, fecha en que se termina la relación laboral existente entre el Coordinador del Hogar Paso Noche, y el Consorcio visión Humana, en razón de las calumnias e injurias de que fuera objeto el mismo, por un tercero ajeno a la accionada, circunstancia que nos lleva a deducir que al día siguiente, es decir, el 12 de octubre de la misma anualidad empezaba a correr el término de dos años para intentar la acción de reparación directa, la cual vencía el 12 de octubre de 2007, a efectos de impedir que operara la caducidad de la acción. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-La demanda fue presentada cuando ya el término de caducidad se encontraba vencido/CONCILIACIÓN PREJUDICIAL-Los términos se encontraban vencidos Es claro para esta Delegada que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa, a partir del día 12 de octubre de 2007 ya que la demanda en comento fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 11 de febrero de 2011, cuando ya el término de caducidad se encontraba vencido, y el término para intentar la conciliación prejudicial se encontraba en

idéntica circunstancia, dado que ésta se pretendió con fecha 25 de octubre de 2010. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Se contabiliza a partir de la preclusión de la investigación penal a favor del demandante Demostrado como se encuentra que opero la caducidad de la acción para iniciar proceso de reparación directa y al no ser considerados por esta Delegada los argumentos defensivos del actor dentro su escrito de apelación, al tratar de confundir al operador judicial cuando se refiere a que la fecha de ocurrencia del hecho dañoso y que sería la fecha que serviría para contabilizar el término de la caducidad, fue el día en que se precluyó la investigación penal a favor del demandante por el posible delito de acceso carnal violento investigado; valoración que emerge desacertada debido a que el daño que se pretende que sea reparado con la acción de reparación, es el que tiene su génesis en la desvinculación laboral del señor por parte del Consorcio Visión Humana, y no el daño que pudiera reconocerse o generarse por el fallo que lo liberara de la responsabilidad penal, es por lo que se debe apoyar al tribunal de Instancia en lo decidido. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-La demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código/DECISIONES INTERLOCUTORIAS-Solicitud de inhibición Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables. Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Con los documentos allegados al proceso se acredita en primer lugar, que la demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa lo que dio lugar a inferir que en el presente caso operó la caducidad de la acción. Pero ha de tenerse en cuenta que existe incongruencia en la decisión, toda vez que si bien en la parte motiva enuncia que se abstiene al estudio de fondo, en la parte resolutiva declara la caducidad de la acción, por lo que correspondía a una decisión inhibitoria, no a negar pretensiones como lo hace el a quo, debiendo en su lugar, se insiste en proferir auto interlocutorio de inhibición. Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que lo conllevaron a declarar probada a petición de parte la caducidad de la acción. Se solicita

modificar a auto interlocutorio de inhibición. TÉRMINO PARA INICIAR LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTAJurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01

Evo CONCEPTO No. 136 /2013

Bogotá, D.C., 02 de julio de 2013.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejera Ponente Doctor Mauricio Fajardo Gómez

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000201100068 01 (46652)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Jaime Hernando Martínez García y Otros.

DEMANDADO: Distrito Capital de Bogotá – Departamento

Administrativo de Bienestar Social (hoy Departamento de Integración Social) Sentido del Concepto: Solicitud para revocar el fallo apelado / Se probó que la demanda de reparación directa fue presentada después de los dos (2) años que concede el Artículo 136 del Código Contencioso Administrativo / Operó el fenómeno de Caducidad de la Acción. / No hay lugar a sentencia, sino a auto inhibitorio. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de

la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda – Hechos: Los señores Jaime Hernando Martínez García, Clara Inés Marroquín de Martínez, Ángela Patricia y Michael Alexis Martínez Marroquín, actuando en nombre propio, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demandada, contra el Distrito Capital – Departamento Administrativo de Bienestar Social para que se les declare administrativamente responsable por perjuicios morales

(injuria y calumnia) de que fue víctima el señor abogado Jaime Martínez García, por parte de la Gerencia de Atención a la Población Adulta y Vejez del DABS. Como hechos que sustentan las anteriores pretensiones, narra las siguientes:

1. El día 11 de julio de 2.005, fue adjudicado al Consorcio Visión Humana

(conformado por las Corporaciones Reencuentro de Vida y Corporación Orientar) el contrato 1109 de 2005, por parte del Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito "DABS" hoy Secretaria de integración Social de

la Alcaldía Mayor del Distrito Capital de Bogotá.

2. Para dirigir el programa se nombró, el día 11 de julio de 2005, como Director Coordinador al doctor Jaime Hernando Martínez García, mediante un contrato de prestación de servicios, por lo cual, percibía una asignación mensual de un millón trescientos mil ($1.300.000.00) pesos.

4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo

3. El día 10 de octubre de 2005 se reunieron en la gerencia de Atención a la Población adulta y vejez del Departamento Administrativo de Bienestar Social - "DABS"- personal de esta entidad, el Supervisor del Contrato 1109 de 2005, la Coordinadora del Proyecto 7312, por su parte, en representación del Consorcio Visión Humana, se presentó el Gerente, y mediante acta de la reunión se concluyó, que como existía una denuncia por parte de una trabajadora del Consorcio, contra el doctor Jaime Hernando Martínez García, Coordinador del Hogar Paso Noche, se sugirió hacerle un seguimiento y acompañamiento a las investigaciones ante las autoridades de Fiscalía y se ordena al doctor Cesar Forero, que retire, sin esperar el resultado de las pesquisas investigativas, al doctor Jaime Hernando Martínez García, del cargo que venía desempeñando, lo cual es aceptado por este, dado que en caso de no hacerlo se ordenaría la

cancelación del contrato.

4. Es así que, con fecha 11 de octubre de 2005, el Consorcio Visión Humana, acatando la orden de los directivos del entonces Departamento Administrativo de Bienestar Social -"DABS"- procede a despedir del cargo de coordinador del proyecto de Hogar Paso Noche al doctor JAIME HERNANDO Martínez García.

5. El señor Jaime Hernando Martínez García, era socio de la Corporación Orientar, sin embargo fue vetado, para evitar problemas y poder licitar con el

Departamento de Bienestar Social "DABS".

6. El Juzgado 13 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, resolvió el día 10 de diciembre de 2008, conceder la preclusión que en favor del ciudadano

Jaime Hernando Martínez García. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo 1.2. La contestación 1.2.1. El Distrito Capital – Secretaría de Integración Social a través de su apoderado contesta la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, y presentando como argumento de defensa las siguientes excepciones:  Excepción de caducidad: Porque el despido del señor Martínez García ocurrió el día 11 de octubre de 2005, por lo tanto al momento de intentar la conciliación prejudicial y más aún de interponer la demanda se encontraba caduca la

acción.  Falta de legitimación en la causa por pasiva, atendiendo a que esta entidad no tiene ninguna relación con el contratista señor Jaime Hernando Martínez García.  Ineptitud sustancial por no integrar el litis consorcio necesario. Lo anterior, porque a esta causa no se vinculó al consorcio contratista.  Hecho de un tercero: Fundamentada en que el hecho de despedido fue realizado por el consorcio, conducta alejada del servicio. 1.3. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), declara probada la caducidad de la acción, manifestando en resumen los siguientes argumentos: Teniendo en cuenta, que el daño antijurídico imputado a la entidad hace relación tanto a las calumnias e injurias de las que fue objeto el señor Martínez García así 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo como al consecuente despido, advierte la Sala, que el mismo ocurrió como consta en certificación allegada al plenario (ver folio 3, c2) el día 11 de octubre de 2005, razón por la cual el actor contaba hasta el día 12 de octubre de 2007, por lo tanto al momento de intentar la conciliación prejudicial el 25 de octubre de 2010, y más

aún de interponer la demanda 2 de febrero de 2011 el término de caducidad ya se encontraba vencido. Así las cosas, esta sala habrá de declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva del DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL - hoy INTEGRACIÓN SOCIAL y se abstendrá de estudiar de fondo la presente causa. 1.4. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte demandante incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus pretensiones, en donde en términos generales argumenta a folios 149 a 160 del cuaderno del Consejo de Estado lo siguiente: La jurisprudencia tiene establecido que la contabilización del término de caducidad empieza a partir de la fecha en que adquiere firmeza la respectiva providencia penal absolutoria, pues en este caso, sólo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de calumniosa la especie lanzada en contra del hoy demandante, el doctor Jaime Hernando Martínez García. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Sólo puede hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza. El daño se consolida no con el simple hecho material del lanzamiento de la especie calumniosa, sino con la calidad de injusta de esa aseveración, como lo es 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo el decir los funcionarios del DABS que por estar incurso en el delito de acceso carnal abusivo debe despedirse del cargo ejercido en el contrato, sino que esta deviene como consecuencia de la decisión penal que así lo determine.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problemas Jurídicos. Pueden ser expresados en los siguientes términos: ¿Operó o no el fenómeno de la caducidad de la acción de reparación directa impetrada por el señor Jaime Martínez García y otros en contra del Distrito Capital – Departamento Administrativo de Bienestar Social en el presente proceso? 2.2. Marco Teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Caducidad de la acción de reparación directa. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo Por su parte el Consejo de Estado1 ha indicado que la responsabilidad patrimonial del Estado que se sustenta en la privación injusta de la libertad debe demandarse dentro de los dos años contados a partir de la fecha en que la providencia absolutoria o su equivalente queden ejecutoriados. Para la alta corporación “Dicha acción cuando se fundamente en la privación de la libertad o en el error judicial puede promoverse sólo dentro del término de dos (2) años (salvo que se haya acudido previamente a la conciliación prejudicial que resultó frustrada) contados a partir del acaecimiento del hecho que causó o que evidenció el daño, es decir a partir de la eficacia de la providencia judicial que determinó la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la detención preventiva o la decisión judicial, pues sólo a partir de este momento se hace antijurídica la situación del privado de la libertad o se concreta la ocurrencia del error judicial.” 2(Subrayado fuera del texto). 2.2.4. Término para iniciar la acción de reparación directa de acuerdo al caso según la jurisprudencia. El Consejo de Estado a través de sentencia del diecinueve (19) de julio de dos mil diez (2010) con radicación número: 250002326000200900644-01 (38.089) y Consejera Ponente Dra. Gladys Agudelo Ordóñez ha manifestado: “La Sala ha señalado que para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en

los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico, los interesados tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho1. Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas judicialmente. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio de una determinada acción, y con el fin de satisfacer una pretensión específica, acudan a la organización jurisdiccional del poder público, a efectos de 1

CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA - Consejero ponente

(E): MAURICIO FAJARDO GOMEZ - Bogotá D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil diez (2010) - Radicación número: 52001-23-31-000-1997-08660-01(17493) 2Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13.622, actor: Enrique González Cuervo,

Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez.

9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo que el respectivo litigio o controversia sea definido con carácter definitivo, por un juez de la república con competencia para ello. El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso, razón por la que la efectividad del derecho sustancial que se busca con su ejercicio puede verse afectada. En casos como el presente, en los que se depreca la responsabilidad del Estado como consecuencia de la privación injusta de la libertad prevista en el artículo 68 de la Ley 270 de 19962, la reparación de los daños que con ella se originen podrá reclamarse mediante el ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., norma que dispone que toda persona interesada podrá acudir ante la jurisdicción con el fin de obtener la reparación del daño causado con ocasión de un hecho, una omisión, o una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa. La acción de reparación directa debe ejercerse dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8° del artículo 136, es decir, dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente del hecho, omisión, u operación administrativa o de la ocupación temporal o permanente de un inmueble por motivos de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Respecto a la caducidad de la acción de reparación directa, cuando ésta se

fundamenta en el daño producido por la privación injusta de la libertad, la Sala ha precisado3: “En los eventos en que el perjuicio se deriva de la privación injusta de la libertad, lo cierto es que el conocimiento del daño se evidencia una vez se tiene la plena certeza acerca de la ilegalidad o la falta de fundamento de la medida restrictiva correspondiente; lo anterior, dado que es a partir del momento en que se califica dicha limitación como injusta o ilegal que la persona detenida tiene pleno conocimiento del daño que se le ha ocasionado y, por consiguiente, puede acudir al aparato jurisdiccional en procura de que dicho detrimento sea resarcido. Es posible que en algunos eventos la persona demandante haya obtenido la libertad por una u otra medida jurisdiccional, pero lo cierto es que hasta tanto la decisión que declaró la libertad –y por ende, declaró la ilegalidad de la medidano haya cobrado fuerza ejecutoria, no se tendrá plena certeza sobre el verdadero acaecimiento del daño y, en consecuencia, no se tendrá certeza acerca de la viabilidad de las pretensiones indemnizatorias. “El anterior planteamiento ha sido trazado en reiterada jurisprudencia de esta Sección, razón por la cual resulta pertinente destacar la fuerza vinculante del señalado precedente. En efecto, sobre el particular la Sala ha señalado, entre otros aspectos: 3 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 19 de julio de 2007, Exp. 33.918. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo “La acción de reparación directa con fundamento en el error judicial o en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, caduca al vencimiento del término de dos (2) años, contado a partir del acaecimiento del hecho que causó el daño, que para estos casos generalmente se hace evidente o se concreta mediante la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión o el procedimiento adelantado por la autoridad judicial.”4 “Así mismo, en providencia del 2 de febrero de 1996, se dijo lo siguiente: “Para la Sala no hay lugar a plantear ningún cuestionamiento en relación con el momento a partir del cual se debe empezar a contar el término de caducidad de la acción de reparación directa, cuando lo que se persigue es la reparación del perjuicio causado con la privación injusta de la libertad. En este evento, tal como lo señala el apelante, el conteo de ese término sólo puede empezar cuando está en firme la providencia de la justicia penal que declara la ocurrencia de uno cualquiera de los eventos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, a saber: “- Que el hecho no existió. “- Que el sindicado no lo cometió. “- Que la conducta no constituía hecho punible. “Sólo a partir del momento en que adquiera firmeza la providencia, es posible calificar de injusta la detención. Antes no tiene tal calidad, dado que se desconoce la conclusión a la cual llegará el juez penal. Y sólo puede

hablarse de existencia de esa providencia una vez que en relación con ella se han surtido todos los recursos y grados de consulta de que goza. “El daño se consolida no con el simple hecho material de la detención, sino con la calidad de injusta de esa detención, la cual deviene como consecuencia de la decisión que así lo determine.”5 2.3. Caso concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión acertada por cuenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su orden son:  Efectivamente de las pruebas obrantes en el plenario, se desprende que los hechos por los cuales se pretende derivar responsabilidad del estado, datan del 11 de octubre de 2005, fecha en que se termina la relación laboral existente 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 2001, Exp. No. 13.392. 5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Exp. No. 11.425. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo entre el Dr. Jaime Hernando Martínez García, en calidad de Coordinador del Hogar Paso Noche, y el Consorcio visión Humana, en razón de las calumnias e injurias de que fuera objeto el mismo, por un tercero ajeno a la accionada,

circunstancia que nos lleva a deducir que al día siguiente, es decir, el 12 de octubre de la misma anualidad empezaba a correr el término de dos años para intentar la acción de reparación directa, la cual vencía el 12 de octubre de 2007, a efectos de impedir que operara la caducidad de la acción (fl. 3, c. 2)  Es claro para esta Delegada que dentro del presente caso operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de reparación directa respecto de Jaime Hernando Martínez García, a partir del día 12 de octubre de 2007 ya que la demanda en comento fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 11 de febrero de 2011, cuando ya el término de caducidad se encontraba vencido, y el término para intentar la conciliación prejudicial se encontraba en idéntica circunstancia, dado que ésta se pretendió con fecha 25 de octubre de 2010.  Por lo tanto, demostrado como se encuentra que opero la caducidad de la acción para iniciar proceso de reparación directa y al no ser considerados por esta Delegada los argumentos defensivos del actor dentro su escrito de apelación, al tratar de confundir al operador judicial cuando se refiere a que la fecha de ocurrencia del hecho dañoso y que sería la fecha que serviría para contabilizar el termino de la caducidad, fue el día en que se precluyó la investigación penal a favor del demandante por el posible delito de acceso carnal violento investigado; valoración que emerge desacertada debido a que el daño que se pretende que sea reparado con la acción de reparación, es el que

tiene su génesis en la desvinculación laboral del señor Martínez García por parte del Consorcio Visión Humana, y no el daño que pudiera reconocerse o 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo generarse por el fallo que lo liberara de la responsabilidad penal, es por lo que se debe apoyar al tribunal de Instancia en lo decidido.  La caducidad es una excepción que puede ser declarada a petición de parte, cuando es presentada en la contestación de la demanda, o de oficio, la cual ha sido establecida por el legislador para garantizar la seguridad jurídica con el fin de que los ciudadanos acudan a las instancias judiciales dentro de los plazos señalados so pena de que las decisiones judiciales o administrativas sean irrevocables.  Por lo expuesto, esta Delegada considera que la caducidad de la acción de reparación directa se encuentra plenamente acreditada en el proceso, de acuerdo a los parámetros que la jurisprudencia ha establecido y como lo explicó debidamente el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.  Con los documentos allegados al proceso se acredita en primer lugar, que la demanda se presentó con posterioridad al término señalado por el Código Contencioso Administrativo para incoar la acción de reparación directa lo que

dio lugar a inferir que en el presente caso operó la caducidad de la acción.  Pero ha de tenerse en cuenta que existe incongruencia en la decisión, toda vez que si bien en la parte motiva enuncia que se abstiene al estudio de fondo, en la parte resolutiva declara la caducidad de la acción, por lo que correspondía a una decisión inhibitoria, no a negar pretensiones como lo hace el a quo, debiendo en su lugar, se insiste en proferir auto interlocutorio de inhibición.  Teniendo en cuenta lo anterior, esta Delegada acepta claramente los argumentos presentados por el Tribunal Contencioso Administrativo de 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 46652 250002326000201100068 01 Evo Cundinamarca que lo conllevaron a declarar probada a petición de parte la caducidad de la acción. Se solicita modificar a auto interlocutorio de inhibición.

III. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del treinta (13) de marzo de dos mil doce (2012), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, debe ser REVOCADA, para en su lugar proferir auto interlocutorio de inhibición, ante la imposibilidad de estudiar de fondo la causa por falta de legitimación y caducidad de la acción.

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co