PGN - DECLARACION DE NULIDAD Del procedimiento disciplinario

Procuraduría General de la Nación

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Detalles

Título
PGN - DECLARACION DE NULIDAD Del procedimiento disciplinario
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación No.: 069-766-04

Disciplinado: Luis Fernando Santa Muñoz

Cargo y entidad: Alcalde Municipal de Puerto Tejada-Cauca

Quejoso: César Araujo Pomeo.

Fecha queja: 4 de febrero de 2004

Fecha hechos: 11 de junio de 2003

Asunto: Nulidad de los cargos disciplinarios

Bogotá DC, 21 JUN. 2005 Agotado el respectivo trámite procesal de instancia, por parte de este Despacho, se procede a tomar la decisión que corresponda en derecho.

1. ANTECEDENTES El Señor Procurador General de la Nación, revocó la Resolución No. 027 del 27 de octubre de 2004, proferida por la Procuraduría Regional del Cauca y decretó, consecuencialmente, la nulidad de la actuación disciplinaria a partir de esa decisión, designando a este Despacho para conocer y resolver el recurso de apelación formulado por la parte disciplinada en el proceso.

En audiencia verbal realizada el 19 de octubre de 2004 (folios 475 y ss), la Comisión Especial Disciplinaria, designada para adelantar la actuación, resolvió sancionar con destitución del cargo de Alcalde Municipal de Puerto Tejada, al Señor LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ e, inhabilidad general, por un lapso de 12 años. Mediante escrito visible a folios 491 y ss, el Doctor MARIO ALARIO MÉNDEZ, apoderado del Señor LUIS FERNANDO SANTA MUÑOZ, sustentó el recurso de

apelación interpuesto contra la decisión referida en la audiencia verbal citada.

2. CARGOS.

Por auto del 31 de agosto de 2004, proferido por la Procuraduría Provincial de Santander de Quilichao, visible a folios 424-432, se citó a audiencia, se calificó el trámite a seguir por el procedimiento verbal y se formuló pliego de cargos al citado servidor público, en su condición de Alcalde Municipal de Puerto Tejada-Cauca, en los siguientes términos: "Actuar; al posesionarse y ejercer el cargo de Alcalde Municipal de Puerto Tejada-Cauca, a pesar de estar incurso en causal de inhabilidad, pese a la condena penal a él impuesta por un Juez de la República". Fueron citadas como normas infringidas, los artículos: 6 de la Constitución Política; 34 numeral 1, 35 numeral 1, 38 numeral 3, 48 numeral 17 de la Ley 734 de 2002 y 50 de la Ley 190 de 1995. A folio 446 Vto., aparece constancia de la desfijación del edicto por el cual se notificó el pliego de cargos disciplinarios, documento con fecha 8 de septiembre de 2004. A folios 458 y 467, aparecen fax es, con fecha 8 de septiembre de 2004, cuyo contenido corresponde a la creación de una comisión especial "(...) con el fin de conocer de la primera instancia del proceso disciplinario radicado bajo el número 069-00766-2004 (...)". A folios 489 y ss, aparece el acta de la audiencia verbal, en la que la e comisión

especial disciplinaria procedió a "(...) continuar con la diligencia de audiencia verbal iniciada el 10 de septiembre del año en curso (...)". CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Del estudio de la foliatura, encuentra el Despacho, que el proceso adolece de inconsistencias de forma y de fondo; dentro de las primeras, está la decisión de adelantar las diligencias a partir del estado en el que se encontraban, lo cual, formalmente, no acata la intención expresada en el auto de creación de la comisión especial disciplinaria, pues, en este, se definió la competencia para "(...) conocer de la primera instancia (...)", sin excepción a etapa procesal alguna, por lo que podría pensarse en la pretermisión de aspectos dejados de gestionar, como calificar el procedimiento, citar a audiencia, formular cargos disciplinarios, por ello, se presentan dos circunstancias diferentes que convergen hacia el mismo efecto, en primer lugar, los cargos disciplinarios habrían sido formulados por autoridad desplazada de la competencia y, en segundo lugar, la autoridad habilitada para adelantar la gestión en primera instancia, sólo lo hizo parcialmente, lo cual, en los dos casos, lleva a concluir la procedencia de aplicar el numeral 1 del artículo 143 del CDU. Por otra parte, en el aspecto de fondo, al analizar el cargo formulado y la decisión contenida en el fallo de primera instancia, se observa incongruencia, entre lo expresamente censurado y el argumento de mayor relevancia para adoptar la decisión de sancionar con destitución, pues la imputación: "(...) Actuar, al posesionarse y ejercer el cargo de Alcalde Municipal de Puerto Tejada-Cauca, a pesar de estar incurso en

causal de inhabilidad, pese a la condena penal a él impuesta por un Juez de la República. (..) ", se ocupó de criticar la conducta del servidor público procesado, en cuanto a la acción de tomar posesión y ejercer como alcalde municipal, y para el efecto, le citó disposiciones directamente relacionadas con el hecho y la conducta, pero, no incluyó en dicha cita de normas infringidas, la relativas al deber de solicitar la rehabilitación, ni la especifica de aplicación restrictiva a los alcaldes, cual fue el motivo de mayor peso para imponer la sanción (art. 37-1 Ley 617 de 2000). La inhabilidad para ejercer el cargo de Alcalde Municipal, que está determinada en el ordenamiento jurídico, hace relación a las circunstancias específicas que impiden a quien aspira a ostentar el cargo de dirección administrativa en una entidad territorial en un período concreto, llegar a ocupar tal destino público, en razón a la concurrencia de hechos anteriores que restan credibilidad, honorabilidad y otras condiciones al aspirante, por lo cual, la conducta del candidato hace parte de un comportamiento compuesto de varias etapas íntimamente ligadas por el fin perseguido y, que se concreta, al tomar posesión e iniciar la gestión al frente de la entidad territorial, de ahí que, la disposición especial, en este caso, brilla por su ausencia en la formulación del cargo disciplinario, lo cual determinó una imputación incompleta y su correlativa defensa parcial, afectándose éste derecho, por no efectuarse la formulación jurídica integral de la cita de las disposiciones infringidas. En sentido similar, no se mencionan las disposiciones legales que cobraron el sitio

central de la discusión de fondo en el proceso, relativas a la rehabilitación de los derechos ciudadanos, circunstancia, que influyó directamente, también en una defensa técnica, pues pudieron hacerse mayores esfuerzos, si se hubiera expresado la violación a esas disposiciones. De fondo, encuentra esta instancia, que el proceso adolece de la congruencia deseada, en cuanto, la conducta desplegada por el sujeto pasivo de la acción disciplinaria, no fue adecuada a las normas que describen todos los estadios de su actuar, lo cual vicia el cargo formulado, en su aspecto esencial, afectando el debido proceso. Considera este Despacho, que hubo configuración de las causales 2 y 3 previstas por el artículo 143 del CDU, motivo para declarar la nulidad de la actuación a partir del auto de citación a audiencia y calificación de procedimiento verbal (folios 424 y ss del co), por los motivos expresados en lo relativo a la inconsistencia de fondo examinada, porque en lo relacionado con la inconsistencia de tipo formal, puede decirse, que no generó violación a la estructura misma del proceso y del procedimiento, como tampoco se ofendió la defensa técnica del implicado por ese aspecto, así que se estima, que por este tema, no hay lugar a declarar la nulidad, así el fallo no haya sido proferido por quien presidía la comisión especial disciplinaria. Por lo anteriormente expuesto y al tenor de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley 734 de 1995, Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa.

RESUELVE PRIMERO: Decretar la nulidad de la actuación a partir de la providencia de fecha 31 de

agosto de 2004 por medio de la cual se citó a audiencia y calificación de procedimiento verbal (folios 424 y ss CO), teniendo en cuenta que la actuación se encuentra viciada de conformidad con los numerales 2 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002, según lo analizado en la parte motiva del presente proveído. Las pruebas allegadas y practicadas legalmente conservarán su validez y alcance. Rehágase la actuación atendiendo los señalamientos anotados.

SEGUNDO: Notificar personalmente a los sujetos procesales la determinación tomada en esta providencia, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, que se deberá interponer y sustentar por escrito dentro de los tres días siguientes a la última notificación. Para tal efecto, líbrese la respectiva comunicación indicando la decisión tomada y la fecha de la providencia.

En caso que no pudiere notificarse personalmente, se fijará estado en los términos previstos por el arto 321 del CPC.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FLOR ALBA TORRES RODRÍGUEZ Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Exp. No. 000-766 -2004

FATR-GARF

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