PGN - DECLARACION TRIBUTARIA Suspensión del plazo para presentarla por parte de entidades

005-2003 Bogotá D.C., 24 de enero de 2003

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejera Ponente doctora: MARIA INÉS ORTIZ BARBOSA Referencia: 1100103270002002006101

Radicado: 13320

Asunto: Nulidad Decreto 1175 del 6 de mayo de 1991 expedido por el Presidente de la República Actor: EDUARDO NOVOA NOVOA De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numeral 7, de la Constitución Política; 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo; en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. El ciudadano Eduardo Novoa Novoa, acudió al Consejo de Estado a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción pública consagrada en el Expediente 13320 2 artículo 85 del C.C.A. y solicitó la nulidad del Decreto 1175 del 6 de mayo de 1991, del siguiente tenor: Decreto Numero 1175 de 1991

(Mayo 6) por el cual se suspende el plazo para la presentación de las declaraciones de ingresos y patrimonio para algunas entidades regidas por la legislación canónica. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial de las

conferidas por el numeral 3º del artículo 120 de la Constitución Política y el artículo 579 del Estatuto Tributario, Considerando “...” Decreta: Artículo 1º Queda suspendido el plazo establecido por el Decreto 3101 de 1990 para la presentación de la declaración de ingresos y patrimonio correspondiente a las Conferencias Episcopales y de Superiores Mayores, Iglesias particulares, Parroquias y Seminarios (Asociaciones Religiosas), regidas por la Legislación canónica y amparadas por el Concordato con la Santa Sede, aprobado por la Ley 20 de 1974. Artículo 2º El presente Decreto rige desde la fecha de su publicación.” Expediente 13320 3

2. Expuso como concepto de violación los siguientes cargos: a. “La extralimitación de funciones presidenciales”, porque de los artículos 120 de la Constitución Política anterior y 579 del E.T., no aparece que el Presidente de la República hubiera tenido la facultad para suspender el efecto de la Ley, sino por el contrario para velar por su cumplimiento y señalar los plazos para presentar la declaración de renta, razón por la cual, no tenía facultades para decretar la suspensión contenida en el decreto acusado, resultando vulnerados los artículos 6º y 189 numerales 10 y 11 de la Constitución Política actual.

Señaló que conforme a lo dispuesto por los artículos 23, 574 y 598 del Estatuto Tributario, las asociaciones religiosas no son contribuyentes pero están obligadas a presentar declaración de ingresos y patrimonio, como lo indicó el

Decreto 3101 de 1990. b. “Entorpecimiento al debido control de los tributos” porque este no puede llevarse a cabo por parte de la Administración de Impuestos ante la no presentación de la declaración aludida. c. “Carácter temporal del acto administrativo impugnado”, por cuanto el Decreto 1175 acusado, se expidió para suspender el plazo establecido por el Decreto 3101 de 1990 pero no el de los Decretos posteriores que fijaron plazos y ordenaron presentar la declaración, entre otros, el 2820 de 1991 y el 2588 de 1999; contrario a lo expuesto por la Dian en los conceptos 29653 de 1998 y 28335 de 1999, en los cuales consideró que la suspensión debía mantenerse porque las circunstancias que la originaron no habían desaparecido. d. “Falsa Motivación” porque en la convención de Viena referida en los considerandos del acto acusado en relación con el Concordato, incorporada a la legislación nacional mediante la ley 32 de 1985, no existe una causal para la suspensión unilateral de los efectos de un tratado hasta tanto no se defina por las partes la interpretación del mismo y, en este caso, el Gobierno decidió suspender los efectos del concordato en el aspecto tributario. El accionante Expediente 13320 4 señala que si bien, atendiendo a la finalidad de la iglesia católica, así como a otras congregaciones religiosas se les exceptuó de pagar impuestos nacionales, en todo caso se les obligó a presentar declaración de renta y patrimonio.

3. El Ministerio de Hacienda contestó la demanda a través de apoderado

judicial, quien señaló que no se vulneran los artículos 6º y 189 de la Constitución Política porque si de conformidad con el artículo 579 del E.T. el Gobierno tiene facultades para fijar los plazos de presentación de las declaraciones tributarias, dentro de las mismas se entiende que puede suspenderlos, por cuanto en dicha función esta implícita la de modificar o revocar los actos para hacer operativos los sistemas legales. Agrega que el motivo por el cual se expidió el acto demandado, esta consignado en los considerandos del mismo y por lo tanto no se da la falsa motivación alegada por el accionante. Señala que no es cierto, como lo afirma el actor, que se hayan suspendido los efectos del Concordato, pues por el contrario se busca darle cumplimiento al mismo hasta tanto no se defina por las partes la interpretación del mismo, para lo cual era necesario suspender los plazos para el cumplimiento de la obligación tributaria.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. En primer lugar se observa que de lo dispuesto tanto en el numeral 3º del artículo 120 de la anterior Constitución, bajo cuya vigencia se expidió el acto acusado, como en el numeral 11 del artículo 189 de la actual Carta, la potestad reglamentaria del Presidente de la República corresponde a la facultad para ‘expedir decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes’.

Expediente 13320 5 En relación con dicha potestad reglamentaria se ha sostenido en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, que ella tiene su marco general en la

ley, razón por la cual el acto reglamentario solo puede establecer los pormenores o detalles para su ‘cumplida ejecución’, sin que a través de esta facultad, pueda el Presidente modificar, limitar o extender su contenido a situaciones no previstas en ella o para hacerle producir efectos distintos, labor que solo corresponde al legislador en tiempo de paz.

2. El accionante atribuye al acto acusado una extralimitación de esa potestad por cuanto a su juicio el Presidente de la República no tenía facultad para suspender el plazo de presentación de las declaraciones de ingresos y patrimonio de las entidades religiosas allí enunciadas. Cabe precisar que por virtud del artículo 23 del Estatuto Tributario, dichas entidades no son contribuyentes del impuesto de renta y solo están obligadas a presentar tal clase de declaración tributaria conforme lo prevé el artículo 574 ibídem.

Al respecto se observa que en el presente caso, el artículo 579 del E.T. prevé que: “La presentación de las declaraciones tributarias deberá efectuarse en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno Nacional. Así mismo el gobierno podrá efectuar la recepción de las declaraciones tributarias a través de bancos y demás entidades financieras.” De acuerdo con tal precepto se puede inferir que en desarrollo de esa facultad otorgada para señalar los plazos de presentación de las declaraciones tributarias, el Gobierno puede determinar su inmediatez o no, es decir, disponer la ‘oportunidad’ para ello. La suspensión del plazo inicialmente indicado en el Decreto 3101 de 1990, bien puede entenderse como un

aplazamiento de la presentación de las declaraciones tributarias lo cual se enmarca dentro de la facultad de señalamiento del plazo conferida por el citado artículo 579 del E.T. Por esa razón, tampoco puede afirmarse como lo hace el actor, que se desconozca la obligación de presentar la declaración de ingresos y patrimonio Expediente 13320 6 por parte de dichas asociaciones, pues como se dijo, simplemente el aludido plazo esta pendiente de ser señalado. En consonancia con lo anterior se advierte que cuando los preceptos constitucionales indican la cumplida ejecución de la Ley por parte del Gobierno a través de los actos reglamentarios, tal expresión debe entenderse respecto a la Ley en general, no en relación con una materia en especial y, en consecuencia, resultan válidas las consideraciones hechas en el acto acusado, que excluyó a las organizaciones religiosas por tener una regulación especial, establecida también por la misma Ley, que no puede ignorarse en razón a su finalidad y carácter, tanto, que el Estatuto Tributario las señala como no contribuyentes. Es así, que esa condición especial esta contenida en el Concordato entre la Santa Sede y el Estado colombiano adoptado mediante la Ley 20 de 1974, de obligatoria observancia, en cuanto, según lo dispuso la convención de Viena sobre interpretación de tratados internacionales, también adoptada mediante Ley 32 de 1985, las partes deben definir reglas de interpretación de los mismos para su cabal cumplimiento, es decir, se trata de leyes a las cuales también deber dar el Gobierno estricta observancia al momento de ejercer la potestad

reglamentaria. En esas circunstancias, puede concluírse que el Gobierno si estaba facultado para suspender el plazo de presentación de las declaraciones tributarias en los términos en que lo llevó a cabo en el acto acusado y, por lo tanto, no se excedió con el mismo la potestad reglamentaria aducida por el actor.

3. Referente al entorpecimiento en el control tributario por parte de la Administración, el accionante no indicó cuales normas se vulneraban con el acto acusado, pese a lo cual puede advertirse que las razones expuestas con anterioridad, impiden hacer esa afirmación puesto que el acto acusado resulta ajustado a la ley.

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4. Referente a la temporalidad del decreto 1175 de 1991 demandado, debe anotarse que si bien éste suspendió los términos a que se refiere el Decreto 3101 de 1990, los cuales se aplicaban para la vigencia fiscal de 1991, lo cierto es que la Administración de Impuestos se pronunció a través del concepto obrante en autos (fl. 12) en el sentido de que se mantenían las circunstancias de esa suspensión, debiendo ésta seguir vigente y, no esta demostrado en el expediente, que ese pronunciamiento de la Administración haya sido anulado o suspendido, razón por la cual, el mismo no puede desconocerse resultando aplicable la suspensión del plazo a que alude el Decreto demandado.

5. De otra parte no existe falsa motivación por el hecho de la suspensión del plazo para presentar declaraciones tributarias por parte de las asociaciones religiosas en mención, porque con dicha suspensión no se suspende el

concordato como erradamente lo da a entender el actor, en razón a que tal obligación tributaria no surge de éste sino de la legislación nacional, dentro de la cual conforme se expuso, el Gobierno tenía autonomía para establecer la citada suspensión, que como se dijo, se encontró ajustada a derecho. Por lo anterior, esta Delegada solicita a la H. Sala negar las pretensiones de la demanda. Señores Consejeros,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

P: B.U. / R: L.B.S.M.