PGN - DECLARACIONES Apreciación de las mismas

Bogotá DC, 29 de mayo de 2003.

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia

Administrativa.

Radicación: 083-01922 de 2002 (a # 135 CVV)

Presunto responsable /Disciplinado: 1.- Rafael Rengifo Jiménez

Cargo y Entidad: 1.- Perito Forense Especializado, Código 1036-1.- Instituto de

Medicina Legal.- Regional sur IML Neiva (Huila)

Quejoso: José Freddy Antía Gómez (padre del menor Freddy

Andrés Antía Prado) Fecha queja: 15-5-02

Fecha hechos: 8-05-02

Asunto: En apelación, confirma auto de archivo de la Procuraduría Regional del Huila del 31-10-2002.

Procede el Despacho en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 262 de febrero 22 de 2000, artículo 25, numeral 4; en concordancia con el artículo 19, inciso tercero de la Resolución 017 del 4 de marzo de 2000, de la Procuraduría General de la Nación, a decidir el asunto radicado bajo el número de Expediente 083-1922 DE 2002 (A # 135 CVV). HECHOS El Señor JOSÉ FREDDY ANTÍA GÓMEZ, en su calidad de padre del menor de 4 años de edad de nombre FREDDY ANDRÉS ANTÍA PRADO, el 15 de Mayo de 2002, presentó queja disciplinaria en contra del perito forense especializado RAFAEL RENGIFO JIMÉNEZ, de la Dirección Regional Sur Neiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. IML-, por presuntas irregularidades

consistentes en dos aspectos: por “haber consignado datos que no se corresponden a la realidad en esa fecha”, y por “presunto trato descortés dado a su hijo” cuando se practicó el TERCER examen de medicina legal ordenado por el Señor Fiscal Octavo Delegado ante los jueces penales municipales de Neiva. La fecha de los hechos es 8 de mayo de 2002.

Prescribe: 8-5-2007

CONSIDERACIONES / EL OBJETO DE CUESTIONAMIENTO Encuentra la Delegada que para efectos de la tipicidad y la antijuridicidad de la conducta y el respectivo señalamiento de la culpabilidad que se deba hacer al presunto responsable conforme a las pruebas aportadas en la indagación, una cosa es el objeto de queja inicial y sobre la cual se dio el curso disciplinario y la que por norma disciplinaria expresa se restringe su trámite, y otra cosa distinta la que se alega en la apelación del auto de archivo, al que se le añaden nuevos enfoques y formas de presentación del asunto, por lo que de plano ello debe ser descartado por norma legal. No se puede circunscribir el alegato inicial y los elementos que se aportaron como fundamento de la acusación por trato desacomedido y descortés y desacuerdo con el contenido de un dictamen, para cambiar diametralmente su pedido en la apelación del archivo, haciendo aparecer que se trata de un mismo asunto en los que enfatiza las facultades de delegación y el procedimiento para rendir un dictamen pericial, porque con ello se vulnera no sólo el debido proceso sino además, el derecho de 2 defensa que en el auto de indagación notificado en debida forma se diera conocer a

la parte implicada como presunto responsable, ello conllevaría necesariamente a una incongruencia entre lo pedido en principio y lo decidido en el auto respectivo a posteriori. El quejoso quien pone de presente ante la Procuraduría Regional del Huila que es funcionario público en el cargo de Coordinador de Gestión de la Contraloría General, manifiesta que allega la copia del documento que en principio le envió por escrito al Fiscal de la causa por accidente de tránsito por una motocicleta cuyo conductor atropelló a su hijo en estado de embriaguez, alegando las faltas que consideraba se habían cometido, incluso cuestionando al propio Fiscal por la redacción correcta que hiciera en la investigación previa en que se consignó que el conductor del vehículo “presuntamente huyó”, “cuando a él le consta que la fuga de aquel no fue presunta sino real” (fl. 1), es decir, no maneja la terminología legal con propiedad, pidiendo a continuación la intervención de las autoridades administrativas para “que no se sigan vulnerando los derechos fundamentales de los niños, que como lo expresa el inciso final del artículo 44 de la Carta Política prevalecen sobre los derechos de los demás.” (fl. 2). Distinto es el planteamiento que se analiza en el documento de apelación que se estudia a continuación. LA INDAGACIÓN A folio 8 y ss, obra el auto de fecha 11 de junio de 2002, (fl. 8) que ordenó la indagación preliminar. La misma fue debidamente notificada el 22 de julio de 2002 (fl. 15) PRUEBAS / En desarrollo de la misma, se libró oficio al despacho judicial, solicitando los tres

dictámenes médicos practicados (fl. 16) 1.- a folio 20, obra el primer dictamen por lesiones personales de fecha 2001-11-23, practicado diez días después de la fecha de los hechos en la radicación 12569.2001 RS dirigido a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los Juzgados Penales Municipales, Fiscalía Local Octava de Neiva. El examinado FREDDY ANDRÉS ANTÍA PRADO; de 4 años, sexo masculino, según la historia clínica ingresó el 12-11-01, por politraumatismo (ciclista atropellado por automotor) con pérdida de conocimiento y deformidad en el muslo derecho y diagnóstico de trauma cráneo-encefálico leve, y fractura de fémur derecho, se mostró al examen lúcido, consciente, orientado y con tracción cutánea de miembro inferior derecho se le dio incapacidad medico legal provisional: de noventa (90) días, secuelas : no se indican, ameritando un segundo reconocimiento. (fl. 20). Se deja anotado que este tipo de incapacidad amerita proceso penal por lesiones personales y no constituye una simple infracción o contravención especial de policía administrativa. La primera evaluación firmada por el perito Código 205-3. Doctor CARLOS RUBIANO CORTÉS. (fl. 20) 2.- El segundo dictamen aportado y practicado a los cuatro meses aproximadamente del accidente se entregó el 2002-03-14, hace referencia a la primera valoración y 3 agrega que según el certificado médico del Doctor RAÚL DARÍO RODRÍGUEZ del 27-11-02, el menor sufrió fractura de fémur derecho en accidente automovilístico,

quedando como secuela el acortamiento de 1.0 cm., en miembro inferior derecho. Longitud real miembro inferior derecho: 53 ½ ctms. Longitud real miembro inferior izquierdo: 54 ½ ctms. Incapacidad medico legal definitiva: noventa (90) días.

Secuelas: no se indican.- se cita para tercer diagnóstico de reconocimiento en mayo de 2002.

Firmado por RAFAEL RENGIFO JIMÉNEZ, (fl. 21) 3.- Tercer reconocimiento de fecha 2002-5-09, a los seis meses aproximadamente del accidente. Resume los hechos. Toma la medida de longitud de los miembros inferiores marcando previamente los puntos de referencia a nivel de las caderas (puntos ilíacos antero-superiores), y a nivel de maléolo interno en ambos pies. “El resultado de dicha medida fue igual en ambos miembros: 51,5 ctms (...) hay que tener en cuenta que en este examen hubo poca colaboración del examinado.” (fl. 22) “2.) Se colocó el menor en posición de “firmes”, y no se observó ningún tipo de asimiterías. (...) “3.- A la marcha a pesar de la poca colaboración del menor, no se observó ningún tipo de compromiso...” (...) “4) En medicina legal para establecer la presencia de secuelas es necesario que estas sean ostensibles, evidentes, en este caso no fueron tan manifiestas...” (...) 5) El hecho que el médico tratante haya anotado en su concepto que quedó como secuela “un acortamiento” de 1.0 ctms” no significa, en este caso que se considere, en este sentido, la secuela médico-legal, en este caso es particular se

reitera que para determinar una secuela tiene que ser muy evidente, ostensible, visible, notoria...” (...) 6) para efectos de complementar lo anterior se sugiere la toma de un estudio radiológico de pelvis y del fémur afectado y que el especialista en radiología, desde su punto conceptúe...” (..) 7), Finalmente, en un niño que está en crecimiento no se pueden establecer desde ya secuelas de tipo permanente, porque se encuentra en crecimiento y sólo se podrían establecer secuelas como en este caso de “cojera” o perturbación funcional del órgano de la locomoción, en 3 ó en 5 años”. (fl. 22) (...) 8) Vale la pena destacar que cuando el niño se colocó los “zapatos ortopédicos”si se le notó la “cojera” y desgaste acentuado en el zapato derecho.” (fl. 23) 4 Incapacidad medico legal definitiva: noventa días (90). No incluye el punto de secuelas porque ya hizo las precisiones en la explicación de la valoración efectuada en el numeral séptimo.

Firmado: RAFAEL RENGIFO JIMÉNEZ. / Durante las diligencias preliminares se ordenó establecer la persona que según el quejoso era una simple “auxiliar” que colaboró con el citado perito en atención de usuarios el 8 de mayo de 2002.

En respuesta de lo cual, el Dirección Regional Sur Neiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. IML-, en oficio 0406-02-DDRS, (2002-08-08), reportó que el perito en cuestión corresponde al Doctor RAFAEL RENGIFO JIMÉNEZ, Profesional Especializado Forense de esa Regional, y dicho Médico NO

CUENTA con AUXILIAR permanente. (fl. 18). Lo anterior, es importante para ver el término descalificativo que se emplea contra otros médicos del servicio de salud que colaboraron en la atención del menor, pretendiendo desconocer sus calidades profesionales de entrada cuando se trataba de un médico de turno circulante en el lugar de atención. / Se dictó el auto de archivo de la indagación preliminar, por la Procuraduría Regional del Huila el 31 de Octubre de 2002. En sus consideraciones se incluyen apartes que refieren a la acusación que se presentó al Fiscal Octavo Local Delegado ante los Jueces penales Municipales de Neiva quien presidía la causa penal, y de la que nos enviara copia, en la que se afirma en síntesis: Que recurrió por rodeen de la Fiscalía, y fue recibido en el hospital de manera que tilda de descortés porque tuvo que esperar unas tres horas para ser atendido y que se trataba de un pequeño de 4 años que se hallaba en turno desde las ocho de la mañana. Al ofrecerle las radiografías que el padre insistía en que mirara, se negó a observarlas precisando que no las requería para este propósito, pues era el médico que había tenido a su cargo previamente el caso en el segundo diagnóstico. Que en ese momento se hallaba presente una dama que consideró su “auxiliar” y que también estaba presente otro sujeto y había otro paciente que también estaba esperando durante las horas de la mañana. (fl. 34) Que se le preguntó a esa señora si sabía tomar la medida contestando que no, dándole las instrucciones desde el escritorio para tomarla desde la cadera al tobillo. Le pidió al presente en ese momento que le pidiera al menor que se comportara,

porque no guardaba compostura para que le increpara y prestara la debida colaboración. (fl. 34) El padre relata que la medición le dio igual, y que él increpó diciendo que era imposible, y se opone a que la diferencia no la notara, habiendo dado razón el médico a la asistente. (fl. 34) Le explicó el padre que el niño se encontraba en tratamiento con el médico ortopedista RAÚL DARÍO RODRÍGUEZ ALVIRA y que éste le había ordenado usar botas ortopédicas, con un centímetro de diferencia entre una y otra, pero que aún 5 con ellas puestas cojeaba, y hecha la observación le indicó que ese balanceo que le observaba era normal. (fl. 34) Le insistió en que la fractura que padeció le fue tratada con tensión y por lo tanto la callosidad formada fue superpuesta, explicaciones que no aceptó y afirma que le indicó exagerando que le habían llevado personas hasta con zancos, pero que en su criterio esas botas ortopédicas “eran un montaje”, lo que molestó al papá, pero que en todo caso en su concepto médico el niño no las necesitaba porque caminaba mejor con ellas que con las botas que estaban desgastadas y el problema al caminar no se presentaba descalzo sino cuando se las ponía. Insistió el padre en que se tomara en cuenta el certificado anterior y las radiografías precedentes, a lo que el médico se sostuvo en que para él contaba eso como antecedente del tratamiento dado previamente, pero no valía sino lo que él consignara ese día en su dictamen posterior y que lo que el consignaba de que

estaba bien, era lo que correspondía, es decir, que la medida en ambos miembros era en ese momento de 51,5 ctms igual en ambas piernas. (fl. 35) Le advierte el padre al Fiscal que en tales condiciones “el perito no le practicó el examen con el procedimiento técnico requerido y quienes llevaron a cabo la medición no era personal idóneo para ello” (fl. 35) Se centra y aporta diagnósticos previos en que el 6 de junio anterior, adjunta copias del “Test de Farril” (fl. 11) que evidenciaban un acortamiento entonces no ya de un centímetro sino de 1,5 ctms. (fl. 35) Los diagnósticos evolucionan y en el último precisa que la situación inicial cambió y que en medicina legal la presencia de secuelas requiere que estas sean ostensibles, evidentes y manifiestas, lo que no ocurría en ese caso. (fl. 36) Agrega que en esa edad en crecimiento no se pueden establecer secuelas definitivas como pretendía el quejoso. (fl. 37) Obra de autos la certificación del Dirección Regional Sur Neiva del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. IML-, suscrita por el Doctor CARLOS ENRIQUE QUIÑÓNEZ, en la cual se certifica que para el día de autos, el perito cuestionado, contó con la colaboración de la Doctora LINA RAMÍREZ, en calidad de Médico Interno del Hospital Universitario de Neiva, quien realizaba su rotación en Medicina Legal, y el Doctor RAFAEL SARMIENTO, Médico Rural de Aipe, quien para esa fecha realizaba inducción en Medicina Legal para prestar su servicio social

obligatorio, y fueron estas las dos personas que asistieron y estuvieron presentes al medio año del accidente en la visita a la valoración medico legal, no una “auxiliar” ignorante pues el doctor RENGIFO no contaba como se certificó, con ninguna auxiliar o secretaria, debiendo él realizar todas las labores, y además el caso no lo ameritaba (fl. 25) y (fl. 37). La técnica utilizada fue como correspondía: entrar a desvestir en presencia del padre al menor para observar la musculatura, la posición y manejo de las extremidades, haciéndole que caminara, se le tomaron las medidas, sin que el menor colaborara y se diera dificultad para hacer que se acostara y se le impusieran los puntos de medición en la cadera y extremidades inferiores, porque ese día se mostraba muy consentido y tal vez por ello se dio su comportamiento. Cuando ingresó al consultorio el comentario hecho sobre que caminaba mejor sin botas molestó al padre del menor. (fl. 38) Igualmente se molestó cuando pensó que los que le prestaron colaboración no eran sino unos simples auxiliares. (fl. 38) 6 Que le retiraron la ropita con la colaboración del quejoso, quien siempre estuvo allí presente, y le observaron la simetría en las rodillas, y luego le recostaron en la camilla y el médico forense fue quien marcó con un esfero los puntos de referencia (fl. 38) Se aportó bibliografía médica en la cual consta que aún con diferencias de hasta tres (3) centímetros, no se presenta una marcha irregular o una cojera manifiesta u ostensible como la exigida, porque el cuerpo adopta ajustes para regular la marcha. (fl. 38)

Se aclara que lo que diagnostica el médico tratante no necesariamente debe coincidir con la decisión efectuada por un médico legista, y que en ellos en ocasiones se puede estar buscando una “ganancia secundaria”. (fl. 38) Que en Medicina legal se les insiste a los médicos rotativos que no se hagan comentarios porque los mismos pueden dar lugar a equívocos, pero también que en ningún momento se dirigió a este usuario en forma displicente, grosera o fuera de contexto que riña con las normas de urbanidad. (fl. 38) La declaración del médico Rural del Municipio de Aipe Doctor RAFAEL BERMÚDEZ CORONEL; citado en su declaración manifestó ser de nacionalidad Ecuatoriana, graduado en la Universidad de Loja, con experiencia y ejercicio médico desde 1984, recuerda el caso y que hechas las mediciones desde el maléolo “externo” (sic) y la cresta ilíaca marcadas por el propio Doctor RENGIFO y nadie más, se realizó la medición resultando iguales, pero que el padre del menor se mostró siempre agresivo y enojado, porque pretendía que el resultado dijera que tenía aún el acortamiento de una de las extremidades, y recordó igualmente que no se le recibieron los exámenes y radiografías porque eran anteriores, no eran actuales y se tomaron cuando recién ocurrió el accidente y que no es cierto que diga que le hayan expresado que se tratara de un montaje sino que el familiar insistía en que “no era posible” que el resultado fuera ese, dando lugar esa situación a que repitieran las mediciones, junto con la doctora Lina María, arrojando idéntico resultado, habiendo

sido practicado por el titular y asistido por este declarante que tenía experiencia por haber ejercido en medicina forense durante tres años, en la Provincia Cañar, Cantón El Troncal de Ecuador, al servicio de la Fiscalía de ese país (fl. 40) De su parte la Doctora LINA MARÍA RAMÍREZ JIMÉNEZ era igualmente profesional de la medicina, Médico interno de la mencionada entidad hospitalaria, y recibía la debida inducción a la Medicina Legal con estos dos expertos y desarrollaba en forma válida su internado como prerrequisito de su ejercicio en el país, quien estuvo asistida en el señalamiento físico del titular de los puntos desde los cuales se practicaría el referido estudio. (fl. 40) Concluyó la primera instancia, que se dieron dos aspectos muy importantes, no omitió la debida diligencia y cuidado en la actuación, porque de un lado existían: “... los conocimientos y experiencia para efectuarla, aunado a que como lo indica en su exposición el presunto implicado, marcó con esfero lo dos puntos para tomar la medida respectiva...” (fl. 41) En segundo lugar, no estaba obligado a tener en cuenta radiografías antiguas más que como referente que ya conocía, por haberlas ordenado y tenido el caso antes. En punto a la declaración de la Doctora LINA MARÍA; se sabe que “el quejoso inducía al niño a que cojeara e insistía que este hecho se presentaba” (fl. 41) Pondera la decisión de archivo de las preliminares de la Regional del Huila, que rendidas las declaraciones y arrimadas las pruebas las encuentra de recibo porque 7 se hallan debidamente sustentadas, “infiriéndose que la queja surgió de la

inconformidad mostrada por el señor JOSÉ FREDDY ANTÍA GÓMEZ con el examen y su resultado, que no coincidía con el concepto médico clínico del que atendía al afectado” (fl. 41) Finalmente, se expresa que en el dictamen materia de inconformidad el propio perito forense es quien sugiere la toma de un estudio radiológico posterior para que un experto en esa área rinda su concepto, asunto que corresponde a la Fiscalía ordenar frente a las partes procesales. / LA APELACIÓN Haciendo una síntesis de la cuestión antes planteada, encuentra entre las declaraciones el énfasis que ha debido darse a los galenos que respaldan la veracidad de la existencia de la lesión sufrida y el acortamiento alegado y cita como referentes por expresa remisión e integración normativa las disposiciones que regulan el dictamen pericial, en el cita las regulaciones penales en torno al reconocimiento de lesiones personales en casos de delitos, y a continuación las pertinentes del Código de Procedimiento Civil y del Código de Procedimiento Penal que cree respaldan su afirmación. Adjunta así mismo, las radiografías y el dictamen médico del 8-2-02 (fl. 58) Pide la revocatoria del auto de archivo, y que se adelante en todo caso investigación contra el médico. LA NOCIÓN DE CULPABILIDAD El artículo 13 del Régimen disciplinario precisa que en materia disciplinaria se halla proscrita la responsabilidad objetiva por la simple acción u omisión del agente, teoría que lo hace responsable así no sea culpable o incluso siendo inimputable, y que por

lo mismo las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa. La culpabilidad jurisprudencialmente se entiende y se halla definida como una noción “orientada por concepciones sicológicas, normativas y finalistas o sincréticas, como la actitud consciente y voluntaria del agente, de lo antijurídico, que da lugar al inevitable REPROCHE que contrasta con la forma sabida en que aquél hubiere o podido actuar, o que determina la conciencia subjetiva de repochabilidad. (...) “ 1 En el caso en estudio, es claro que el profesional cuestionado dictó su concepto profesional, técnico y especializado en medicina legal dentro de los parámetros propios de la ortopedia, dejando las constancias de rigor, sin que por ello deba ser señalado por haberse extralimitado o dejado de lado normatividad aplicable a dicha ciencia, ajustado a su leal saber y entender de la profesión médica, de modo que mal puede la Procuraduría General de la Nación entrar a cogestionar con su función propia, ni para entrar a cuestionarla, ni para que dejara apreciaciones pertinentes y específicas de la medicina legal frente a la anamnesis planteadas en el caso. Adicionalmente se observa que en ningún caso fue variada la incapacidad medico legal que siempre permaneció en el quantum de noventa (90) días, esto es, que no se observa que de ello se haya derivado una consecuencia distinta en el caso penal, que requería de dicha cuantificación para relevar a la fiscalía del caso para pasarla a competencia de inspectores de policía de tránsito, es decir, no hay una consecuencia distinta a la de la valoración especializada de las secuelas que como quedó dicho

son variables por la naturaleza propia de los menores de edad, a quienes el crecimiento y conformación ósea y muscular o dermatológica que se había afectado 1 RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.- Conforme a la Ley 734 de 2002, Cuarta Edición LEYER.- Colección de Códigos Brevis.- Artículo 13 comentarios, Pg 46. 8 tiene una connatural recuperación y variabilidad, que hacen cierta la afirmación del dictamen final practicado conforme a las reglas de la experiencia que deben ser tenidas en cuenta en la valoración del proceso acorde a las reglas de la sana crítica. / Los alegatos centrados en el Código de Procedimiento Civil, norma que dice que en la peritación según el numeral 2 del artículo 237, “los peritos examinarán conjuntamente las personas o cosas objeto del dictamen, y realizarán personalmente los experimentos o investigaciones que consideren necesarios, sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares, o solicitar por su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad. por lo mismo, no es cierto que pudiera ser descalificada la presencia de otro médico perito legista por más de tres años de ecuador presente en el día de los hechos, pues era otro médico igualmente capacitado y realizó no una sino dos mediciones, mal puede decirse que el punto físico impuesto por el encargado del dictamen hubiera sido incorrectamente impuesto tomando la parte externa en lugar de la parte interna sin que ello hubiera podido ser advertido por ninguno como se sugiere al folio 54, porque el que impuso los puntos fue el doctor RENGIFO JIMÉNEZ y se hallaba presente otro experto para corregirlo

si ello hubiera sido así que era el doctor BERMÚDEZ CORONEL, si es que la doctora MARÍA RAMÍREZ no hubiera sabido hacerlo, de modo que no se actuó por instrucción incorrecta impartida, sino todo lo contrario bajo la guía y directa participación del competente. Por lo tanto, no se configura ningún elemento subjetivo ni objetivo de la culpa, sino el desarrollo de su normal accionar conforme a su conocimiento científico y profesional. No dice la norma del artículo 237 del CPC, que deben realizar experimentos e investigaciones que les ordenen los particulares o conforme a sus expectativas o criterios y que de ellas deban dar cuenta a los familiares presentes, sino las que estimen necesarias, de modo que cuando rechazó por improcedentes e innecesarias las placas viejas de radiografía, era de su potestad hacerlo, y si hubieran sido meros auxiliares aún así habrían sido de recibo sus apoyos y su colaboración. (fl. 51) El Código de Procedimiento Penal en los artículos 249 y siguientes, en los cuales destaca el apelante que cuando se requiera una prueba de esta naturaleza, el perito debe examinar los elementos materia de prueba (fl. 49), así mismo que debe recolectar, asegurar, registrar y documentar la evidencia que resulte derivada de su actuación, y dar informe de ello al funcionario judicial” (fl. 50), realza la delegada que es precisamente lo que se hizo, y lo concerniente a que es la fiscalía la destinataria, en ninguna parte figura el impulso o mediación de los familiares del afectado. / en punto al presunto maltrato a la dignidad debida al menor; no se configura, pues de una parte el que se haya hecho desvestir parcialmente a un pequeñín de 4 años

en presencia de tres médicos y de su padre para hacerle caminar y apreciar la disfunción, no es predicable. El trato entre el padre y el médico al no aceptar sus interpelaciones y sugerencias no eran de recibo, pues quien debía dar el concepto medico legal eran los galenos los responsables y la certeza sobre su contenido de su exclusivo resorte, bien podía tenerlos o no en consideración, y las razones que se expresaron en cada punto de la tercera evaluación de su competencia exclusiva en la que sobraban la insistencia o la interferencia de su familiar, y en quien podrían existir esos otros factores de ganancia secundaria sobre las resultas y consecuencias económicas del accidente frente a quien lo causó en la parte civil del proceso penal por lesiones, pero que no eran el lineamiento a seguir obligatoriamente, porque el padre no es el competente para emitirlo, ni para guiar el criterio médico para que coincida con el suyo propio cuando los parámetros de referencia de la actuación medico legal fueron los aplicados. 9 Se debe contar así mismo que el momento y la poca colaboración del menor eran igualmente normales y pudieron resultar incidentes en la apreciación, pero no son óbice para desnaturalizar que los referentes de ostensible, notorio y evidente que debía tomar el galeno no se dieron aún a pesar de contar con los factores de comportamiento del pequeño en el momento del examen. / En cuanto a la espera de turno de tres horas, no son factores que deban serle imputados al médico que lo diagnosticó pues si bien se trata de cumplir unos límites de citas y su duración, ello cuenta con factores aleatorios de la complejidad de los

casos y de las complicaciones mismas como es el caso propio de la no colaboración de un niñito que se halle inquieto, con sueño o consentido que no se deja medir, como ocurrió en este asunto, y ello no es “culpa” del galeno, estaba atendiendo, no se hallaba ausente, atendió la diligencia como le correspondía, sin auxiliar, sin secretaria, debiendo contar con el personal flotante de la especialidad que deban serle endilgadas como falta de urbanidad o de maltrato a la dignidad del paciente. /No constituye una violación a sus derechos fundamentales, pues no pueden serle imputadas a título individual las falencias comunes y propias de la medicina actual, que se desarrolla dentro de esos condicionamientos no puede cuestionarse como falta propia y personal, así sean deseables amplitudes y facilidades distintas. No pueden serle señalados a los médicos la forma y la metodología a emplear en sus consultas por los particulares por bien intencionados que sean, la convicción interna se la debe dar su profesión y su preparación, así como su manejo del tema y el área propias, no las sugerencias amables o no de los familiares de los pacientes, pues aparte de tener que lidiar con el paciente deben tener que enfrentar la necesaria presión que un familiar ejerce con los mejores deseos de que lo actuado sea no sólo lo mejor para su relacionado, como acorde a lo que cree debe ser el concepto médico y a su favor. / el llamado control sobre las radiografías que según el apelante como no figuran en el expediente y que en su sentir “no han debido ser mencionadas por el ente de control en su decisión, porque nada debería la Procuraduría General de la Nación,

afirmar sobre las cualidades o características” de las mismas” (fl. 55) , no tiene razón el apelante, pues nada se dijo sobre sus contenidos distinta a que se le da credibilidad a que en ellas sí se arrojaba internamente la diferencia que alegaba, pero especialmente a que eran anteriores o antiguas, de modo que nada tiene que pronunciarse la procuraduría sobre asuntos técnicos, sino a la afirmación cierta sobre que placas de meses atrás no podían ser el soporte requerido para el diagnóstico actual, máxime que el galeno manifestó y dejó constancia de haberlas conocido y visto, haber sido el que las ordenó y haberlo tenido a cargo en el segundo dictamen, de modo que no es de recibo el argumento, ya se sabía que había una fractura en proceso de consolidación y que era la Fiscalía la autoridad a quien debía ser solicitada una nueva o posterior valoración y la toma de nuevas placas. / En cuanto al contenido de cada declaración, cada testigo hace énfasis en los aspectos que cada uno presenta a consideración, por lo que es prueba que obra en el proceso y se ha contrastado conforme al dicho de cada uno vistas las pruebas en conjunto, no para decir que lo dicho no existe o para dejar en pie únicamente las que al quejoso interesen pues ello haría igualmente prejuiciosa la ponderación que se hiciera, ya que la parte quejosa insiste en que su criterio es el único que debe tomarse en cuenta, no es el denunciante el que debe dar la pauta al juzgador sobre lo que debe decidir conforme a la certeza que le arroja el caso a una de las partes. 10 Si bien existen normas de referencia por integración normativa como las señala el

apelante, tanto del Código Penal como en el Código de Procedimiento Civil, hay otras que no considera que son las de formación de educandos en los campos de la medicina forense como es el caso de los hospitales universitarios que