PGN - DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA LICITACION No supone que ello se deba a causas imputa

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., Agosto diecisiete (17) de dos mil seis (2006) Aprobada en Acta de Sala No. 39

Radicación: 1612755 020

Disciplinados: Coronel LUIS EDUARDO HERRERA

RUIZ, Mayor JOSÉ ARISTÓBULO

RODRÍGUEZ SALAZAR, Capitán EDWIN

ALAIN ROJAS TÉLLEZ, Teniente JOSÉ

FERNANDO MONSALVE MENESES,

ROSSANA DÍAZ GÓMEZ JHON WAL TER

MÉNDEZ MANJARREZ

Entidad y Cargos: Director, miembros Comité Técnico de Contratación, Jefe de la División Comercial y Asistente de la

Quejoso: Remisión informe Cámara de Representantes Fecha queja: 4 de abril de 2001

Fecha Hechos: 31 de enero de 2002

Asunto: Resuelve apelación fallo P.D. PONENTE: Doctor ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y en virtud de los recursos de apelación interpuestos por los disciplinados servidores del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional Coronel ® LUIS

EDUARDO HERRERA RUIZ, Director General, Mayor JOSÉ ARISTÓBULO RODRÍGUEZ SALAZAR, Teniente JOSÉ FERNANDO MONSALVE MENESES, Mayor EDWIN ALAIN ROJAS TÉLLEZ, Miembros del Comité Técnico de Contratación Directa No. 216 de 2002, ROSSANA DÍAZ GÓMEZ, Jefe de la División

Comercial, y JHON WALTER MÉNDEZ MANJARREZ, Asistente de la División Comercial, la Sala Disciplinaria revisa el fallo de primera instancia del 23 de junio de 2005, proferido por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, dentro de las diligencias radicadas bajo el No. 020-72848/2002, por medio del cual se les declaró disciplinariamente responsable. ANTECEDENTES PROCESALES En virtud de informe remitido por el Presidente de la Cámara de Representantes (fls. 1-76 C.O.1), la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, mediante auto del 11 de julio de 2002, abrió investigación disciplinaria al Coronel LUIS EDUARDO HERRERA RUIZ, Director del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (fls. 80.84 C.O.1), decisión notificada personalmente al implicado (fls. 85 C.O.1). Por autos del 11 de abril y 8 de julio de 2003 (fls" 124-125; 273-274 C.O.1), se adicionó la apertura de la investigación en relación con el Coronel LUIS ALBERTO GOMEZ HEREDIA, el

Mayor JOSÉ ARISTÓBULO RODRÍGUEZ SALAZAR, el Capitán EDWIN ALAIN

ROJAS TÉLLEZ, el Teniente JOSÉ FERNANDO MONSALVE MENESES, ROSSANA DIAZ GOMEZ y JHON WALTER MENDEZ MANJARREZ. Las providencias fueron notificadas personalmente y por edicto a los disciplinados (fls. 279, 283, 287, 292, 294295 C.O.1). El 8 de marzo de 2004 se profirió auto de cargos a los servidores del Fondo Rotatorio

de la Policía Nacional Coronel ® LUIS EDUARDO HERRERA RUIZ, Director,

Coronel LUIS ALBERTO GOMEZ HEREIDA, Director, Mayor JOSE ARISTÓBULO

RODRÍGUEZ SALAZAR, Teniente JOSÉ FERNANDO MONSALVE MENESES, Mayor EDWIN ALAIN ROJAS TÉLLEZ, Miembros del Comité Técnico de Contratación Directa No. 216 de 2002, ROSSANA DÍAZ GÓMEZ, Jefe de la División Comercial, y JHON WALTER MÉNDEZ MANJARREZ, Asistente de la División Comercial (fls. 487-521 C.O.2). La anterior decisión fue notificada personalmente y por edicto a los disciplinados (fls. 525, 545, 567, 573, 653, 661, 727 C.O.3), quienes presentaron sus respectivos escritos de descargos (fls. 526-541, 546-559,574647,662-674,728-736 C.O.3; 737-759 C.O.4). Decretadas y practicadas las pruebas de descargos (fls. 884-895 C.O.4; C.O.5; 1262-1315 C.O.6) y previo traslado para presentar alegatos de conclusión (fls. 13161393), el 23 de junio de 2005 la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional profirió fallo de primera instancia por medio del cual declaró responsables disciplinariamente a los servidores del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional Coronel ® LUIS EDUARDO HERRERA RUIZ, Director General, Mayor JOSÉ

ARISTÓBULO RODRÍGUEZ SALAZAR, Teniente JOSÉ FERNANDO MONSALVE

MENESES, Mayor EDWIN ALAIN ROJAS TÉLLEZ, Miembros del Comité Técnico de la Contratación Directa No. 216 de 2002, ROSSANA DÍAZ GÓMEZ, Jefe de la División Comercial, y JHON WALTER MÉNDEZ MANJARREZ, Asistente de la División Comercial, imponiéndole al primero multa de sesenta (60) días de salario devengado para la época de los hechos y a los demás suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, ambas por el término de sesenta (60) días (fls. 249-370 C.O.1 B). El disciplinado Coronel LUIS ALBERTO GÓMEZ HEREIDA fue absuelto de toda responsabilidad disciplinaria. La anterior decisión fue notificada personalmente a los disciplinados (fls. 1470, 1476, 1482, 1491, 1507, 1532, 1540 C.O.6), quienes presentaron sus respectivos recursos de apelación (fls. 1483-1487, 1492-1501, 1508-1527, 1541-1556 C.O.6). Los recursos de apelación fueron concedidos por la primera instancia, mediante auto del 21 de julio de 2005 (fls. 1557-1558 C.O.6). CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA En estas consideraciones respecto de cada uno de los disciplinados se procede al estudio de fondo, previo resumen del fallo de primera instancia y del recurso de apelación, así: l. Coronel LUIS EDUARDO HERRERA RUIZ, Gerente del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, durante el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2000 al

5 de abril de 2002 (fls. 955, 961 C.O.5).

1. Fallo de Primera Instancia.

El Coronel Luis Eduardo Herrera Ruiz, en representación del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, y el Presidente de la Cámara de Representantes, suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 235 del 18 de diciembre de 2001, mediante el cual el primero se obligó a adelantar la elaboración de los estudios previos, los pliegos de condiciones y demás estudios y experticios necesarios para la adquisición de vehículos blindados con destino a la seguridad de los Representantes a la Cámara. No obstante lo anterior, no existe evidencia documental que se hubieren efectuado los estudios técnicos con antelación a la elaboración de los pliegos de condiciones, lo que constituye un quebranto al numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1995. Igualmente, según la cláusula cuarta del convenio, el Fondo debía cumplir las especificaciones señaladas en el estudio de conveniencia y oportunidad remitido por la Cámara de Representantes, sin embargo introdujo en los pliegos de condiciones características técnicas diferentes, sin haber realizado los correspondientes estudios donde se demostrara la necesidad de fijar tales condiciones ni obtenido la aprobación de la Cámara, sino que por el contrario fue producto de una apreciación subjetiva. Los cambios efectuados por el Fondo no afectaron la validez del proceso frente a los proponentes, aunque sí determina un eventual grado de responsabilidad del Fondo en relación con la Cámara, por el inadecuado cumplimiento del contrato. En los descargos se indica que el Fondo designó un Comité Técnico Asesor para

que realizara los estudios de los documentos entregados por la Cámara de Representantes y determinara los parámetros para elaborar los pliegos de condiciones, sin que exista acta alguna donde conste que el comité se reunió para elaborar los pliegos. Además, cuando se designaron los comités evaluadores ya se habían elaborado los pliegos de condiciones, sin que intervinieran los miembros de los distintos comités en dicha elaboración. Mediante el Contrato Adicional No. 01 de 2002 se acordó que la decisión que se adoptara en relación con el proceso de selección objetiva estaba sujeta a la aprobación previa y escrita de la Cámara de Representantes, entidad que designó al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario para que adelantara un análisis de las propuestas presentadas y los estudios llevados a cabo sobre ellas. El Instituto verificó que la oferta de la Unión Temporal Armort Internacional S.A., Blindex S.A. y Distribuidora Toyota Ltda. indicó que las camionetas serían mecánicas o automáticas de acuerdo a la disponibilidad del fabricante, lo que constituía un condicionamiento de la oferta a todas luces inaceptable, pues las características de los elementos a entregar quedaban de manera indefinida. Así mismo, la Universidad del Rosario señaló las significativas modificaciones respecto al sistema de calificación y ponderación planteado inicialmente por la Cámara de Representantes, contraviniendo el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. La Delegada estima que en los pliegos de condiciones se exigieron condiciones que sólo una persona o un grupo muy reducido podía cumplir, en cuyo caso la propuesta de contrato aparece elaborada de tal manera que sólo esa persona o un grupo pequeño de personas estaban en capacidad de contratar. Por tanto, los pliegos no

cumplieron los requisitos exigidos en los artículos 24 (numeral 5, literal b) y 30 de la Ley 80 de 1993. Por otra parte, la ausencia de un estudio de mercados afecta el deber de selección, al privar a la administración de uno de los elementos fundamentales de comparación de ofertas. Además, en cuanto a la obligación de publicar los pliegos de condiciones se verificó que se realizó la publicación de un aviso en el diario El Tiempo, contraviniendo los dispuesto en el literal a) de la cláusula octava del convenio, donde se estableció la obligación del Fondo de "publicar los avisos", es decir, que por la naturaleza y cuantía del objeto se exigían dos avisos o por lo menos su inclusión en la página web, de lo cual no existe evidencia documental que demuestre su realización. En consecuencia, el inculpado debía cumplir sus funciones como responsable de la actividad contractual, vigilando la correcta ejecución del objeto y protegiendo los derechos de la entidad y del contratante, omisión que contribuyó a que la Cámara de Representantes tuviera que reintegrar al Tesoro Nacional la partida presupuestal asignada e impidió que se cancelara al Fondo el monto de la comisión convenida. La falta disciplinaria presentada con ocasión de los anteriores comportamientos se calificó definitivamente como grave a título de culpa grave.

2. Recurso de Apelación.

Los argumentos del recurso de apelación interpuesto por el disciplinado serán examinados, al momento de realizar el análisis y valoración jurídica del material probatorio.

3. Análisis del cargo y valoración jurídica de la prueba y del recurso de

apelación. El cargo formulado al disciplinado Coronel LUIS EDUARDO HERRERA RUIZ, que se examinará más adelante, está relacionado con la adquisición de vehículos de seguridad para los Honorables Representantes de la Cámara, proceso contractual que se llevó a cabo a través del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y el cual se desarrolló en términos generales de la siguiente forma:

1. El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, representado por el Coronel LUIS EDUARDO HERRERA RUIZ, y el Presidente de la Cámara de Representantes, suscribieron el 18 de diciembre de 2001 el Contrato Interadministrativo No. 235, con el siguiente objeto: "LA CAMARA delega integralmente en EL FONDO, la función de adelantar un proceso con miras a seleccionar la oferta más favorable para la adquisición de VEHICULOS DE SEGURIDAD, de acuerdo con el análisis de mercado elaborado por EL FONDO; la cantidad de VEHÍCULOS DE SEGURIDAD será de acuerdo con el monto total del presente contrato, incluyendo el IVA, según las características que se detallan en el análisis de conveniencia y oportunidad presentado por LA CAMARA. Para tal efecto, el representante legal del FONDO queda expresamente facultado para expedir todos los actos preparatorios y decisorios que así se requieran tales como estudios previos, elaboración de pliegos de condiciones, orden de apertura, acto de cierre, elaboración de los estudios de ofertas y evaluaciones correspondientes, resolución de adjudicación, suscripción del contrato y en general de todos aquellos necesarios para adelantar exitosamente la delegación que por intermedio del presente contrato se efectúa, así como conocer en vía administrativa las actuaciones a que haya lugar". El valor del contrato ascendió a

la suma de $13.000.000.000 y con una comisión del 3% a favor del Fondo (fls. 11431147 C.O.5).

2. Mediante la Resolución No. 0041 del 31 de enero de 2002, el Director General del Fondo ordenó la apertura de la Licitación Pública No. 001 de 2002 para la adquisición de vehículos de seguridad para los Honorables Representantes de la Cámara, en razón de lo cual presentó propuesta la Unión Temporal Armort InternacionalBlindex S.A.-Distoyota (fls. 17 Anexo 1).

3. Los días 4, 5 y 11 de marzo de 2002 se llevó a cabo la evaluación económica, jurídica y técnica, respectivamente (fls. 310-2324 Anexo 2).

4. El 18 de marzo de 2002, se celebró el Contrato Adicional No. 01 al Interadministrativo No. 235, mediante el cual se prorrogó la duración por cinco (5) meses más, a partir del 18 de marzo de 2002, y además se acordó que cualquier decisión que se adoptara por parte del Fondo en desarrollo del objeto del contrato requeriría para su validez la aprobación previa y escrita de la Presidencia de la Cámara de Representantes, la cual designó al Instituto Anticorrupción de la Universidad del Rosario para examinar la información suministrada por el Fondo (fls. 230-232 Anexo 2 Contrato 235 de 2001).

5. El 3 de abril de 2002 el Instituto de Anticorrupción de la Universidad del Rosario presentó a la Cámara de Representantes un informe relacionado con la Licitación

Pública No. 01 de 2001, recomendando la declaratoria de desierta de la misma (fls. 1-73 C.O.1).

6. El 12 de abril de 2002, el Fondo, mediante la Resolución 0188, declaró desierta la Licitación Pública No. 001 de 2002 (fls. 1194-1197 C.O.5).

7. El 15 de mayo de 2002, el Fondo, mediante la Resolución No. 0241, abrió la Licitación Pública No. 008 de 2002, con el mismo objeto, presentando ofertas la Unión Temporal Armort Internacional-Blindex S.A.- Toyota S.A. y la Unión Temporal

O'gara Hess & Eisenhardt de Colombia S.A.-Autotoyota S.A.- Toyonorte Ltda.- Yokomotor S.A.

8. El 16 de julio de 2002, se declaró desierta la Licitación Pública No. 008 de 008, toda vez que ninguno de los proponentes superó la prueba técnica de balística realizada por Indumil.

9. El 19 de julio de 2002 se celebró el Contrato Adicional No. 002 al Contrato Interadministrativo No. 235 de 2001, adicionando el plazo hasta el 31 de diciembre de 2002 y autorizando al Fondo para realizar un proceso de contratación directa e introducir en los términos de referencia las modificaciones que sugiriera la Cámara

(fls. 1153-1154 C.O.5; ).

10. Abierta la Invitación Pública No. 216 de 2002, presentaron propuestas la Unión Temporal O'gara Hess & Eisenhardt de Colombia S.A.- Toyonorte Ltda.- Yokomotor S.A., la Unión Temporal Armort Internacional S.A.-Autoyota S.A., la Unión Temporal

Panamericana Security de Colombia-lndicol y la Unión Temporal Blindajes ISBI Ltda.- Distribuidora Nissan S.A.

11. Mediante la Resolución No. 0603 del 17 de octubre de 2002, el Fondo declaró desierto el proceso de Contratación Directa No. 216 de 2002 (fls. 914-923 Anexo 4).

La anterior decisión fue confirmada mediante la Resolución No. 0693 del 22 de noviembre de 2002 (fls. 268-272 C.O.1), teniendo el cuenta la certificación del fabricante Toyota Venezuela C.A., que indicaba que la capacidad real de carga de los vehículos objeto del contrato era inferior a la ofertada por los únicos oferentes. Se procederá a continuación a examinar cada una de las conductas reprochadas en el auto de cargos y por las cuales se sancionó al disciplinado, en relación al proceso de Licitación Pública No. 001 de 2002. "1. Al elaborar los pliegos de condiciones no se tuvieron en cuenta los parámetros enviados por la Cámara de Representantes, fijando otros, sin que aparezcan debidamente establecidas las razones que se tuvieran para ello, lo que además, pudo conducir a que se violara el principio de igualdad de participación en la licitación No. 001 de 2002, desatendiendo con esa actuación, lo acordado en la cláusula cuarta y en el anexo del contrato interadministrativo, incumpliendo de esta manera el numeral 5 del artículo 24 en concordancia con el numeral 2 del artículo 30 de la ley 80 de 1993". En razón del objeto del contrato interadministrativo los vehículos a adquirir por el Fondo serían de acuerdo con las características detalladas en el análisis de

conveniencia y oportunidad presentado por la Cámara de Representantes, para lo cual se facultó al Fondo para expedir y elaborar todos los actos preparatorios como estudios previos, pliegos de condiciones, orden de apertura, orden de cierre, evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción del contrato (cláusula primera del Contrato No. 235 de 2002, fls. 1144 C.O.5). Así mismo, en la cláusula cuarta del contrato se estipuló que los bienes objeto del contrato debían cumplir las especificaciones señaladas en el estudio de conveniencia y oportunidad realizado por la Jefatura de la División de Bienes y Servicios de la Cámara. Ahora bien, en el expediente reposan: (i) unos borradores de pliegos de condiciones elaborados por la Cámara de Representantes (fls. 063-094 Anexo 2 Contrato 235 de 2001), (ii) un análisis de conveniencia y oportunidad, elaborado por la Cámara (fls. 001-005 Anexo 2 Contrato 235 de 2001) y (iii) los pliegos de condiciones que rigieron la Licitación Pública No. 001 de 2002, elaborados por el Fondo (fls. 27-79 Anexo 1). En el auto de cargos se reprocha que el Fondo en los pliegos de condiciones (fls, 2779 Anexo 1), sin que aparezcan razones para ello y violando el principio de igualdad en la participación, efectuó las siguientes modificaciones a las especificaciones técnicas señaladas por la Cámara, en cuanto a vehículos y blindaje, en los siguientes términos:

Vehículos:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CÁMARA FONDO

Cilindraje 3.300 c.c 4.400 c.c Capacidad mínima del tanque de 23 Galones No se estableció capacidad mínima, combustibles sino que en los criterios de ponderación se estableció que a mayor capacidad mayor puntaje. Capacidad Mínima de carga 900 Kilos 800 Kilos Dirección Asistida No se estableció especificación según Hidráulicamente el auto de cargos. Transmisión - Automática de 3 No se estableció especificación cambios y reversa - Manual de 5 cambios y reversa Suspensión Delantera No se estableció especificación independiente con barras de torsión Frenos Disco en las No se estableció especificación cuatro ruedas Chasis Independiente No se estableció especificación En este orden de ideas, resulta necesario examinar cada una de las modificaciones cuestionadas:

1. Cilindraje. Ciertamente, en los borradores del pliego de condiciones de la Cámara de Representantes aparece un cilindraje de 3.300 c.c. (fls. 063-094 Anexo 2

Contrato 235 de 2001) y en el análisis de conveniencia y oportunidad de la Cámara de 3.200 c.c. (fls. 001-005 Anexo 2 Contrato 235 de 2001), mientras que en los pliegos de condiciones elaborados por el Fondo se estableció un cilindraje de 4.400 c.c. Ahora bien, para efectos de establecer la posible conducta irregular no basta la verificación del cambio de la especificación técnica, pues, si bien es cierto que en el objeto del contrato se estipuló que los vehículos debían adquirirse según las características indicadas en el análisis de conveniencia y oportunidad de la Cámara

de Representantes, también lo es que se facultó al Fondo para elaborar -entre otroslos estudios previos y los pliegos de condiciones, delegándole íntegramente el adelantamiento del proceso por su conocimiento especializado en la materia, de manera que si las modificaciones eran razonables no se advierte por qué el Fondo no podía realizar cambios que resultaban más convenientes que las establecidas por la Cámara, y por tanto, resulta necesario examinar si las modificaciones tenían alguna justificación. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que si se mira el desarrollo de los tres procesos contractuales adelantados por el Fondo (Licitación Pública No. 001, Licitación Pública No. 008 de 2002 y Contratación Directa No. 216 de 2002), sólo a partir del Adicional No. 001, celebrado antes de decidirse si se adjudicaba la Licitación Pública No. 001 de 2002, la participación de la Cámara, a través de la Universidad del Rosario, se hizo más activa, encontrándose hasta ese entonces en el expediente sólo comunicaciones del Director Administrativo mediante las cuales solicitaba al Fondo le informara el estado del proceso. A lo anterior se suman las declaraciones de los señores Fabián Elías Paternita Martínez, Director Administrativo de la Cámara para la época de los hechos, y Carlos Guillermo Ramírez Araujo, de las cuales se desprende el margen de independencia que se le dio al Fondo para la elaboración de los pliegos de condiciones. El primero manifestó: "... se suponía que en esa etapa pre contractual no íbamos a intervenir la supervisión y control del contrato se consagró en el parágrafo de la cláusula sexta

del contrato cuando fuera la entrega de los vehículos objeto del contrato, el Fondo debía manejar la etapa precontractual del proceso en forma autónoma, pues si nosotros teníamos capacidad técnica para elaborar unos términos de referencia de 13 mil millones de pesos, el análisis de conveniencia si (sic) lo hizo la Cámara de Representantes, pero los pliegos fueron ellos para eso se les contrato (sic) pues no conocíamos el blindaje". El segundo por su parte indicó: "El doctor Fabian Paternita en esa época era el Director Administrativo de la Cámara de Representantes pero en su calidad que yo recuerde no tenía ninguna facultad respecto a las objeciones o modificaciones de los pliegos debido que de acuerdo el mismo contrato el Fondo Rotatorio era autónomo en tal sentido...". En relación con el cilindraje, se observa por un lado, que en el informe que presentó el Instituto de Anticorrupción de la Universidad del Rosario (esta institución antes de adjudicarse la Licitación Pública No. 001 de 2002 realizó un estudio de los trámites adelantados por el Fondo) se estableció que "La propuesta del cilindraje de 4.400 c. c. de los términos de referencia sería adecuada y conveniente ya que aumenta la capacidad de potencia y arrastre del vehículo", y por el otro, que en la Licitación Pública No. 008 de 2002 el cilindraje se estableció entre 4.500 a 4.000 c.c. y en la Contratación Directa No. 216 de 2002 se determinó un cilindraje mínimo de 4.000 c.c. (fls. 190 Anexo 2 Contrato No. 235 ), procesos contractuales que desde sus inicios fueron acompañados por la Universidad del Rosario y respecto de los cuales

no se advirtió ninguna irregularidad en este aspecto. Por tanto, está demostrado que la modificación no resultaba ajena a las características de los vehículos que necesitaba la Cámara de Representante, pues, la misma fue estimada como primordial en los demás procesos, y en consecuencia, no se advierte irregularidad alguna en la modificación efectuada por el Fondo.

2. Capacidad mínima del tanque de combustible. En este aspecto se observa que en los pliegos de condiciones de la Cámara se estableció que la capacidad mínima del tanque de combustible sería de 23 galones, concediéndosele mayor puntaje a la capacidad y a los demás proporcionalmente (fls. 078 y 073 Anexo 2

Contrato No. 235). Por su parte, en los pliegos de condiciones del Fondo no se estableció capacidad mínima pero se dispuso como factor de calificación, sin embargo, en el análisis de conveniencia y oportunidad de la Cámara, al cual debía sujetarse el Fondo, no se estableció capacidad mínima del tanque de combustible (fls. 001-005 Anexo 2 Contrato No. 235) y en la Licitación Pública No. 008 de 2002 se determinó que la capacidad mínima del tanque sería de 23 galones sin que existiera otra inferior según fichas técnicas de los vehículos que se pretendían adquirir (fls. 1204 C.O.5), luego por todo lo anterior, no se observa que la no determinación de esta especificación técnica constituyera realmente una modificación a las características establecidas por la Cámara de Representantes.

3. Capacidad mínima de carga. En los pliegos de condiciones de la Cámara se estableció una capacidad mínima de carga de 900 kilogramos (fls. 073 Anexo 2

Contrato 235) y en los del Fondo se fijó en 800 kilogramos, no obstante, se estableció como factor de ponderación que la mayor capacidad obtendría el mayor puntaje y los demás proporcionalmente, por lo que únicamente se estableció un mínimo, y además, en el análisis de conveniencia y oportunidad de la Cámara no se estableció la capacidad mínima de carga (fls. 003 Anexo 2 Contrato 235) y en la Licitación Pública No. 008 de 2002, la cual fue acompañada en todas sus etapas por la Universidad de Rosario y en relación con la cual no se cuestionó este aspecto, se indicó que la capacidad mínima sería de 900, 800 y 700 kilos, es decir, incluso se estableció una capacidad mínima de 700 kilos menor que la determinada por el Fondo, todo lo cual, advierte que los 800 kilogramos mínimos fijados por el Fondo guardan relación con las estimaciones técnicas requeridas por la entidad.

4. Dirección. En el auto de cargos se indica que en los pliegos de condiciones no se estableció ninguna especificación técnica, no obstante, revisados los pliegos de condiciones del Fondo se observa que sí se estableció la característica de dirección hidráulica (fls. 62 Anexo 1), luego la imputación en este aspecto tampoco cuenta con un sustento fáctico.

5. Frenos. Igualmente, en los cargos se indica que la Cámara determinó unos frenos de discos de cuatro ruedas, sin embargo, se advierte que en los pliegos del Fondo se estableció la misma característica (fls. 62 Anexo 1).

6. Transmisión. En los pliegos de condiciones de la Cámara se estableció que la transmisión sería manual de cinco cambios adelante y reversa o automática de tres cambios adelante y reversa (Licitación Pública No. 001 de 2002, fls. 063 Anexo 2

Contrato 235), mientras que en el análisis de conveniencia y oportunidad se indicó que la caja de cambios sería manual de cinco velocidades y reversa (fls. 003 Anexo 2 Contrato 235). Por su parte en los pliegos de condiciones de la Licitación Pública No. 001 de 2002, elaborados por el Fondo, no se estableció ninguna especificación (fls. 61-62 Anexo 1). En el análisis de conveniencia y oportunidad de la Licitación Pública No. 008 de 2002 elaborado por la Cámara de Representantes se estableció que la transmisión podía ser automática de tres cambios y reversa o mecánica de cinco cambios y reversa, indicándose preferiblemente la segunda opción (fls. 1204 C.O.5); y en los pliegos de la Contratación Directa No. 216 de 2002 se dispuso que la caja de velocidades debía ser mecánica (fls. 190 Anexo 2 Contrato 235). De lo anterior podemos establecer lo siguiente: - En la Licitación Pública No. 001 de 2002 el querer de la Cámara no era muy claro, pues, por un lado señala que la transmisión podría ser mecánica o automática (pliego de condiciones) y por el otro, que debería ser mecánica (análisis de conveniencia y oportunidad). Incluso, en los estudios de conveniencia y oportunidad de la Licitación Pública No. 008 de 2002 pese a que se dice que se prefiere la

transmisión mecánica, se dan las dos opciones (fls. 1204 C.D.5). - Al no establecer el Fondo especificación en cuanto a la transmisión, debía entenderse que podían presentarse propuestas de automotores con transmisión automática o mecánica, pues, es una o la otra, de tal manera que en estricto sentido no puede sostenerse que se trate de una modificación, cuando la Cámara había contemplado cualquiera de las dos opciones. - No está demostrado que las camionetas con transmisión automática técnicamente no pudieran ser blindadas. - Situación diferente es que el proponente no especificó si el precio ofrecido se refería a camionetas con transmisión automática o mecánica, pues, en esas condiciones y según la frase señalada en la propuesta en el sentido que "Las camionetas serán mecánicas y/o automáticas de acuerdo a la disponibilidad del fabricante", no era posible tener certeza de los bienes que se comprometía a entregar el único proponente ni de su precio, ya que dependiendo del tipo de una u otra transmisión el precio variaría sustancialmente, y por tanto, tal como quedó consignado en la declaratoria de desierta de la licitación el contenido obligacional del contrato quedaba supeditado a un hecho eminentemente futuro e incierto, como era el de la disponibilidad del fabricante. Efectivamente, en la Resolución No. 188 del 12 de abril de 2002, por medio de la cual se declaró desierta la Licitación Pública No. 001 de 2002, se indicó que la anterior circunstancia constituía un condicionamiento prohibido en el numeral sexto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 ("Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego

de condiciones o términos de referencia. Los proponentes pueden presentar alternativas y excepciones técnicas o económicas siempre y cuando ellas no signifiquen condicionamientos para la adjudicación), y que por tanto la oferta del único proponente debía ser rechazada al introducir condicionamientos a los pliegos de condiciones (fls. 1194-1197 C.O.5) Así las cosas, se observa que las especificaciones técnicas establecidas por el Fondo no manifiestan cambios que resultaran ajenos al querer de la Cámara o contrarios a cuestiones de tipo técnico.

7. Chasis. En los pliegos de condiciones elaborados por la Cámara se estableció que el chasis debía ser independiente, mientras que en el estudio de conveniencia y oportunidad de la Cámara y en los pliegos de condiciones del Fondo no se estableció ninguna especificación; esto último también ocurrió en el proceso de contratación directa. Por tanto, si en el análisis de conveniencia y oportunidad de la Cámara sobre el cual tenía que basarse el Fondo no se dijo nada en cuanto a la especificación del chasis, como tampoco en la contratación directa, proceso para el cual ya se contaba con el apoyo directo y continuo de la Universidad del Rosario y de la experiencia en los procesos anteriores, no se encuentra reprobable que el Fondo no hubiera dispuesto una especificación para el chasis, y más aun cuando este aspecto, como ninguno de tipo técnico, incidió en la decla