PGN - DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO Obligación del servidor público

IMPEDIMENTO POR CONFLICTO DE INTERESES-Celebración de contratos con empresas en los cuales se tenía interés particular y directo CULPABILIDAD EN DERECHO DISCIPLINARIO-Dolo cuando se tiene conciencia de anteponer el interés particular frente al interés público Así, se trató de un proceso inferencial, donde a partir de unos hechos que se declaran probados, relacionados con el conocimiento que el investigado tenía de que los socios de la sociedades contratantes con el municipio eran a su vez socios suyos en otra asociaciones y cooperativas, el funcionario comisionado concluyó que el investigado, al autorizar la contratación, lo hizo con conciencia de que su interés particular estaba soslayando el interés público que debía proteger, o cuando menos, con la conciencia de que estaba produciendo una vulneración de los deberes funcionales que le eran propios, hechos que atentarían contra la imagen de la Administración Pública, y que su accionar, en las referidas condiciones, no podía ser culposo sino doloso. ILICITUD SUSTANCIAL-Marco normativo y aplicabilidad jurisprudencial de la corte constitucional ANTIJURIDICIDAD MATERIAL-En materia disciplinaria no se requiere la producción del daño En primer lugar, la mención que se realiza en dicha sentencia relativa a la necesidad de que la conducta reprochada, para ser sancionable, debe producir un daño a la Administración Pública ha sido considerada como una mera obiter dicta (dichos al pasar) y no una ratio decidendi (razón de la decisión), porque el objeto de la demanda de constitucionalidad no versaba sobre el artículo 5° de la Ley 734 de 2002 (Ilicitud sustancial) sino en relación con el

numeral 31 del artículo 48 del Estatuto Disciplinario (falta gravísima relacionada con la contratación estatal), por lo tanto, tales dichos no comportan una obligación jurídica de carácter vinculante para el operador disciplinario. DERECHO PENAL-Sanciona la puesta en peligro o la afectación de los bienes jurídicos tutelados/DERECHO DISCIPLINARIO-Sanciona la afectación a los deberes funcionales Por último, el derecho disciplinario no sanciona la puesta en peligro o la afectación a los bienes jurídicos tutelados (principio de lesividad en materia penal), sino la afectación a los deberes funcionales que le son exigibles a un sujeto disciplinable, ya sea un servidor público o un particular que ejerce función pública, pero claro está, no es sólo la vulneración formal a estos deberes sino y sobre todo, la vulneración a la razón de ser de esos deberes en el contexto de su realización, que buscan lograr el correcto desempeño de la administración Radicación No. 161-4675 pública en el marco de un Estado Social de Derecho, en el cual la primacía se funda en el ciudadano y en la realización de sus derechos, y por lo tanto, en la preeminencia de los intereses generales sobre los particulares. ILICITUD SUSTANCIAL-Quebrantamiento del deber funcional, cuando no se da cumplimiento de los fines estatales que le es exigible De acuerdo con el Estatuto de la Contratación Estatal, la Administración Pública al celebrar un contrato, y durante su ejecución, los servidores públicos deben tener en cuenta que las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, es decir, servir a la comunidad,

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política, atender la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y garantizar la efectividad de los derechos e intereses de las personas que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. IMPEDIMENTOS POR CONFLICTO DE INTERESES-Contratación estatal. Tan magna responsabilidad debe ser ejercida con sapiencia, por ello, para que el interés público de las entidades al contratar evite verse afectado por los intereses particulares de las servidores públicos encargados de tomar las decisiones pertinentes, ha establecido el legislador los impedimentos y las prohibiciones a interesarse de manera indebida en tales asuntos, para no incurrir en el conflictos de intereses. Por ello conflictos de intereses son situaciones subjetivas que tornan parcial al funcionario y que lo inhabilitan para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma legal exigen, como en este caso, en el cual el se proporcionaba un beneficio personal para socio, o para una persona con una cercana relación comercial o laboral. DECLARATORIA DE IMPEDIMENTO-Obligación del servidor público/PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES-Rigen el ejercicio de la función pública La ley disciplinaria establece, entre las obligaciones del servidor público, la de declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere, entre otros, su socio o socios de hecho o de derecho, y con mayor razón, el funcionario debe evitar interesarse de manera indebida en tales asuntos.

Sin embargo, demuestran las pruebas allegadas al plenario que el disciplinado se apartó de lo que exige el correcto, ético y decoroso ejercicio del cargo que debió ser puesto al servicio de la comunidad y no de los intereses de sus allegados, tal como con acierto lo señaló el A quo, y no actuó con observancia de los mandatos y postulados que gobiernan la conducta de los servidores públicos, pues movido por intereses particulares atentó contra los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad que rigen el ejercicio de la función pública de conformidad con el artículo 209 de la Carta Política, así se hace evidente la ilicitud sustancial de la conducta que se reprocha. 2 Radicación No. 161-4675 IMPEDIMENTO EN MATERIA CONTRACTUAL-Tener interés particular en los procesos De esta manera, los dos cargos por los que se sancionó en primera instancia se encuentran probados, dado que en su condición de Alcalde Municipal de Magangué, y por tanto, competente para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y escoger el contratista, no se declaró impedido para actuar, y más aún, se interesó indebidamente en los procesos contractuales adjudicados y ejecutados a las empresas CHEARTE LTDA y SERVIENCOBROS E.A.T., y en el contrato de cesión a la sociedad REGIONAL DE ASEO S.A. E.S.P., en los cuales tenía interés particular y directo en su regulación, gestión, control y decisión, tanto él como su progenitora ACCIÓN DISCIPLINARIA-Es autónoma e independiente de la Penal/PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-No opera por existir proceso Penal y Disciplinario/PRINCIPIO

NON BIS IN IDEM-Aplicabilidad jurisprudencial de la Corte Constitucional Ahora, resulta inadmisible el planteamiento del defensor quien pretende realizar una amalgama jurídica entre la acción penal y la disciplinaria para obtener resultados favorables de ésta tal como sucedió con aquella; al respecto, la Sala Disciplinaria, siguiendo el pensamiento de la Corte Constitucional, considera que la acción disciplinaria es autónoma e independiente de la acción penal, y que las resultas del proceso penal no tienen incidencia obligatoria en el proceso disciplinario, porque en aquel se juzga la vulneración a un bien jurídico tutelado y en éste lo que se determina es la afectación a deberes funcionales que le son exigibles al sujeto disciplinable. De esta manera, una sentencia absolutoria penal no condiciona al operador disciplinario para llegar a idéntica conclusión jurídica. Tampoco es cierto que para que se configure la falta disciplinaria contenida en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 se requiera sentencia penal previa, porque tal normativa fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencias C-124 de 2003 y C-720 de 2006, en la primera de ellas por el cargo relacionado con la presunta vulneración del principio de igualdad y al debido proceso por la amplia discrecionalidad del operador disciplinario para configurar la conducta dolosa, y en la segunda, porque, consideraba el demandante, que no se podía aceptar que a una persona la investigaran en el marco del derecho disciplinario por un delito sobre el cual no existiera pronunciamiento judicial o en relación con el cual ha sido absuelta.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala No.28

Radicación No.: 161-4675 (009-146027 -2006)

Disciplinados: Doctores Jorge Luís Alfonso López y

3 Radicación No. 161-4675 Orlando Sanguino Omaña Cargo y Entidad: Alcalde del Municipio de Magangué, Departamento de Bolívar y Gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Juan de Dios del mismo municipio, respectivamente.

Quejoso: Señor Alfonso Olier Castilla Fecha de la queja: 15 de marzo de 2006

Fecha de los hechos: Hasta 6 de diciembre de 2005

Asunto: Apelación parcial del fallo de primera instancia P.D. Ponente: Dra. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO Resuelve la Sala Disciplinaria la impugnación presentada por el defensor del doctor Jorge Luís Alfonso López en contra la providencia fechada el 22 de febrero de 2010, por medio de la cual el Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado, en su calidad de funcionario especial comisionado, sancionó al implicado con destitución del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de la función pública por el término de veinte (20) años.

ANTECEDENTES PROCESALES El 15 de marzo de 2006 se allegó a la Procuraduría General de la Nación la queja suscrita por el señor Alfonso Olier Castilla en la que denunció la existencia de

presuntos hechos de corrupción administrativa que habían tenido ocurrencia en los municipios de Montecristo, María la Baja, Magangué, Clemencia, Santa Rosa del Sur, San Cristóbal, Achí y Cartagena, en el departamento de Bolívar, y en Soledad, en el departamento del Atlántico. (fls. 3 y 4 C.O. 1). El 12 de mayo de 2006 el Procurador General de la Nación confirió delegación al Director Nacional de Investigaciones Especiales para que adelantara la investigación disciplinaria correspondiente por los hechos denunciados por el quejoso (fls. 3 y 6 C.O. 1), siendo el 31 de julio de esa misma anualidad la fecha en la cual el servidor público delegatario ordenó la apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables con el fin de individualizar a los presuntos responsables de la infracción disciplinaria. (fls. 7 a 10 C.O. 1). El 17 de enero de 2007 el comisionado ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los siguientes servidores públicos: Jorge Luís Alfonso López, Orlando Sanguino Omaña, Julissa Mercado Gutiérrez y Antonio José Cáceres López (fls. 287 a 298 C.O. 2), y el 10 de agosto de 2009 el Procurador General de la Nación designó a la doctora Olga Liliana Suárez Colmenares, funcionaria perteneciente al Grupo de Asesores en Contratación Estatal de esta entidad, para que continuara con el diligenciamiento del proceso disciplinario hasta el decreto y práctica de pruebas en descargos. (fl. 867 C.O. 5).

El 14 de septiembre de 2009 la funcionaria comisionada formuló pliego de cargos en contra del doctor Jorge Luís Alfonso López, Alcalde del Municipio de Magangué y del doctor Orlando Sanguino Omaña, Director de la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Juan de Dios del mismo municipio, y ordenó el archivo definitivo de la 4 Radicación No. 161-4675 actuación a favor de los restantes servidores públicos investigados (fls. 874 a 933 C.O. 5). El pliego acusatorio fue notificado, de manera personal, al doctor Sanguino Omaña el 24 de septiembre de 2009 (fl. 943 C.O. 5) y por edicto desfijado el 19 de octubre de esa misma anualidad al doctor Alfonso López. (fls. 946 y 947 C.O. 4). El 29 de octubre de la pasada anualidad el defensor de confianza de los investigados presentó escrito de descargos en el que solicitó la incorporación de pruebas adicionales a las que reposaban en el expediente disciplinario (fls. 951 y 979 C.O. 5), petición a la que accedió la funcionaria comisionada mediante auto proferido el 5 de noviembre de 2009. (fls. 987 a 989 C.O. 5). El 25 de noviembre de 2009 el Procurador General de la Nación designó al doctor Francisco Manuel Salazar Gómez, Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado, para que como funcionario especial ordenara el traslado para alegar de conclusión y profiriera el fallo correspondiente (fl. 1088 C.O. 6), y ese mismo día el comisionado cumplió la primera función encomendada (fl. 1089 C.O. 6), derecho que

fue ejercido por los sujetos procesales mediante escrito radicado el 15 de diciembre de 2009. (fls. 1100 y 1101 C.O. 6). El 22 de febrero de 2010 el comisionado profirió fallo de primera instancia mediante el cual halló responsable al doctor Alfonso López por incurrir en conflicto de intereses e interés indebido en la celebración de contratos en el Municipio de Magangué, y le impuso la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de función pública por el lapso de veinte (20) años. También sancionó al doctor Sanguino Omaña con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses. (fls. 1110 a 1186 C.O. 6). Dicha providencia fue notificada de manera personal al defensor de los investigados el 24 de febrero de 2010 (fl. 1198 C.O. 6), siendo el 1° de marzo de 2010 la fecha en la que el nuevo defensor del doctor Alfonso López interpuso recurso de apelación contra la providencia sancionatoria (fls. 1206 a 1225 C.O. 6), recurso que fue concedido el día 2 de marzo de 2010. (fl. 1230 C.O. 6). Por último, el día 11 de marzo de 2010, el nuevo defensor del doctor Sanguino Omaña, interpuso, de manera extemporánea, recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado en su calidad de funcionario especial comisionado, mediante proveído proferido el 22 de febrero de

2010, absolvió de responsabilidad disciplinaria al doctor Alfonso López en relación con el primer cargo formulado, que consistía en la presunta incompatibilidad en la que habría incurrido éste al celebrar contratos en interés particular y por interpuesta persona. A análoga conclusión arribó al analizar el cuarto cargo concerniente a la presunta omisión del investigado de cumplir con el deber de ejercer vigilancia, control y supervisión del proceso de contratación en la E.S.E. Hospital San Juan de Dios. Evidenció, en cuanto al primer cargo, que la materialización de esta conducta exige la concurrencia, en primer lugar, de la celebración de contratos con el respectivo municipio donde se ejerce la titularidad del cargo público; en segundo lugar, la mediación, intervención o interposición de una persona para eludir la prohibición, y 5 Radicación No. 161-4675 por último, un interés particular del servidor público en dichos contratos; por lo que coligió que los hechos descritos en el pliego de cargos no alcanzaron a constituirse en indicios probados de los cuales se pudiera inferir que el disciplinado contrató con el Municipio de Magangué por interpuesta persona. Indicó, en relación con el cuarto cargo formulado, que en el proceso disciplinario no se probó que el investigado conociera la función establecida en el Decreto 633 de 1995, máxime cuando este es un acto administrativo del orden territorial del que no se presume su conocimiento; y que a pesar de la omisión en la función del Alcalde, el municipio siempre estuvo representado por un delegado que cumplió con su función, y que no se determinó la incidencia de la conducta omisiva de controlar al delegado

para configurar la ilicitud sustancial que exige el derecho disciplinario. De otra parte, aunque el Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado también sancionó al doctor Orlando Sanguino Omaña, Gerente de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Hospital San Juan de Dios del Municipio de Magangué, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de doce (12) meses, el recurso interpuesto por éste no será analizado por este despacho por ser extemporáneo, tal como se analizará en el acápite denominado consideraciones de la Sala Disciplinaria. Por lo tanto, en la presente decisión sólo se transcriben los argumentos que expuso el A quo para sustentar su decisión en lo relacionado con la sanción al doctor Alfonso López al encontrarlo responsable por incurrir en conflicto de intereses (segundo cargo) e interés indebido en el proceso de contratación del Municipio de Magangué (tercer cargo), por el que le sancionó, como ya se dijo, con destitución del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de la función pública por el lapso de veinte (20) años. (fls. 1110 a 1186 C.O. 6). Al respecto, indicó el A quo en cuanto al segundo cargo, que el doctor Alfonso López en su calidad de Alcalde Municipal de Magangué incurrió en conflicto de intereses al no declararse impedido para intervenir en los procesos contractuales aludidos en el pliego de cargos, y en los cuales tuvo interés personal y directo, tanto él como su progenitora, señora Enilse del Rosario López Romero y sus socios de derecho. Sostuvo que los alcaldes de la República de Colombia están sujetos a los conflicto de

intereses que contempla el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, en el que se señala que cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público, éste deberá declararse impedido. Citó a la Sala Plena del Consejo de Estado1, la cual en relación con el tema objeto de debate ha expresado que: “(…) el conflicto de intereses comporta un conflicto psicológico interno que se presenta en la persona que tiene que tomar una decisión y está frente a dos alternativas incompatibles que chocan entre sí, las que atañen a sus necesidades propias y las que pertenecen a la organización o comunidad que representa, solo que la persona debe elegir siempre sobreponiéndose al interés particular (….)”. 1 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, Radicación: 1100103-15-000-2007-00286-00, 20 de noviembre de 2007. También anotó los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 15 de mayo de 2008, radicación No. 1.903, y del 28 de abril de 2004, M.P. Flavio Rodríguez Arce, Radicación No. 1572, y la Sentencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 3 de septiembre de 2002, proferida dentro del expediente 11001-03-15-000-2002-0447-01. 6 Radicación No. 161-4675 Reiteró que la primera acusación por la que se le sancionó consistió en la suscripción

de contratos por parte del investigado, en su calidad de Alcalde del Municipio de Magangué, con las empresas CHEARTE LTDA y SERVIENCOBROS E.A.T., a los pagos derivados de estos (fl. 34 C.A. 10), y a la intervención del investigado en la ejecución y pago del contrato cedido a la sociedad REGIONAL DE ASEO S.A. E.S.P. (fls. 224 al 270 C.A. 44), a pesar de la estrecha relación de amistad, confianza y de negocios que le unía con los socios de las empresas contratistas. Consignó que el señor Asael Antonio Arteta Arango es socio y representante legal de CHEARTE LTDA y socio de SERVIENCOBROS E.A.T., y que se desempeñó como jefe de personal de APOSUCRE S.A., tal como se evidencia en su hoja de vida, y que el doctor Alfonso López es accionista mayoritario y primer suplente del gerente de APOSUCRE S.A.; así consta en el certificado de existencia y representación legal de la empresa mencionada y en las actas de asamblea general. (fls. 1 al 5, 23 y 24 C.A. 58). Indicó que el doctor Alfonso López tuvo firma autorizada en la Cuenta de Ahorros No. 013-0826-00020002318-6 del Banco BBVA, sucursal Sincelejo, cuyo titular era el señor Asael Antonio Arteta Arango, y que dicha cuenta fue abierta el 4 de marzo de 2002 y cancelada el 18 de mayo de 2005, es decir, cinco (5) días antes de que la empresa CHEARTE LTDA adquiriera el pliego de condiciones en el proceso licitatorio No. 002 de 2005.

Determinó que la señora Bertel Pérez es socia y subgerente de CHEARTE LTDA, accionista, miembro principal y representante legal de REGIONAL DE ASEO S.A. E.S.P. y que fue administradora de APOSUCRE S.A. (fls. 184 C.A. 59 y fl. 34 C.A. 53), y que ella y el señor Miguel Elías Benítez Villalobos tienen la firma autorizada para manejar los recursos de la Cuenta de Ahorros No. 0013-0826-25-020002259-2 del BBVA, sucursal Sincelejo, y que durante el año 2002 realizaron varios traslados de fondos de esta cuenta a la Cuenta Corriente No. 0013-0826-21-010015498-1 de APOSUCRE S.A., empresa de la cual es socio el doctor Alfonso López. (fls. 173, 174, 177, 181, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 193 y 199 C.A. 59). Estableció que el doctor Alfonso López junto con la señora Omaris Bertel, y con los señores Miguel Elías Benítez, Chaljub Terán y Arturo Solano fueron fundadores de la Cooperativa de Trabajo y Servicio del Caribe “CARIBECOOP” (fls. 48 a 55 C.A. 54), y que el 24 de julio de 2002, fecha de la constitución de dicha sociedad, la asamblea de asociados acordó, por unanimidad, nombrar al doctor Alfonso López como Vicepresidente del Consejo de Administración, y que dicha cooperativa se encontraba vigente para el período en el cual el disciplinado fungió como Alcalde municipal de Magangué. (fls. 48 a 74 C.A. 54).

Indicó que según reporte enviado por el Banco BBVA (fls. 154 y 155 C.A. 50), el doctor Alfonso López tiene firma autorizada en la Cuenta de Ahorros No. 013-082600020003457-6 del Banco BBVA, sucursal Sincelejo, cuya titular es la señora Omaris Josefina Bertel Pérez, y que esta cuenta fue abierta el 19 de febrero de 2003 y cancelada el 25 de mayo de 2005, es decir, que durante el proceso licitatorio No. 002 de 2005 esta relación de autorización bancaria se encontraba vigente, y que 2 días antes de la cancelación de la cuenta, esto es, el 23 de mayo de 2005, la empresa CHEARTE LTDA adquirió el pliego de condiciones. Sostuvo que según el reporte enviado por el Banco BBVA, el doctor Alfonso López 7 Radicación No. 161-4675 tiene firma autorizada en la Cuenta de Ahorros No. 013-0826-00010000433-5 del Banco BBVA, sucursal Sincelejo, cuya titular es la señora Omaris Josefina Bertel Pérez, y que esta cuenta fue abierta el 19 de febrero de 2003 y cancelada el 27 de enero de 2004 (fls. 154 y 155 C.A. 50), y que en el contrato de apertura de la Cuenta de Ahorros No. 0013-0826-21-0200021040-0 del Banco BBVA, sucursal Sincelejo, se autorizó para el manejo de esta cuenta al doctor Alfonso López y a la señora Omaris Josefina Bertel Pérez. (fls. 10, 11, 13 y 15 C.A. 52). Señaló que el 3 de diciembre de 2002 el doctor Alfonso López otorgó poder especial

a la señora Omaris Josefina Bertel Pérez, socia y subgerente de CHEARTE LTDA para suscribir el contrato de compraventa e hipoteca del inmueble adquirido por $97’000.000, que está ubicado en la Calle 14 No. 17 A – 37, Barrio Ford de la ciudad de Sincelejo (Sucre), con fundamento en el cual suscribió la escritura pública No. 1674 el 26 de diciembre de 2002 en la Notaría Primera del Círculo de Sincelejo. (fls. 85 al 92 C.A. 50). Determinó que el señor Miguel Elías Benítez Villalobos es socio de CHEARTE LTDA, y que fue vinculado, mediante un contrato a término indefinido, como auditor interno de APOSUCRE S.A. desde el 10 de marzo de 1996, y que según la certificación laboral expedida por el representante legal de esa empresa, éste continuaba siéndolo el 6 de diciembre de 2004, es decir, durante parte del período que ejerció como mandatario municipal de Magangué el doctor Alfonso López (fl. 18 C.A. 52). Reiteró que el doctor Alfonso López junto con la señora Omaris Josefina Bertel Pérez, y los señores Miguel Elías Benítez Villalobos, Jorge Chaljub y Arturo Solano fueron asociados fundadores de la Cooperativa de Trabajo y Servicio del Caribe “CARIBECOOP” en el año 2002, según consta en el acta de constitución de fecha 24 de julio de 2002 (fls. 48 a 74 C.A. 54), y que en dicha asamblea se acordó, por unanimidad, que el Vicepresidente del Consejo de Administración sería el doctor

Alfonso López, y que además, esta cooperativa se encontraba en funcionamiento para el período en el cual el disciplinado fungió como Alcalde municipal de Magangué. Especificó que en el contrato de apertura de la Cuenta de Ahorros No. 0013-0826-210200021040 del BBVA, sucursal Sincelejo, se autorizó para el manejo de ésta al doctor Alfonso López y a la señora Omaris Josefina Bertel Pérez (fls. 10 a 15 C.A. 35), y que el señor Miguel Elías Benítez Villalobos tenia su firma autorizada en la Cuenta Corriente No. 013-0394-52-0100002414 del Banco BBVA, sucursal Envigado, Antioquia desde el día 5 de febrero de 2001 hasta el 9 de octubre de 2003, y que el titular de ésta es el doctor Alfonso López (fls. 74 al 85 C.A. 35). Describió que el señor Miguel Elías Benítez Villalobos tiene su firma autorizada en la Cuenta Corriente No. 013-0350-37-0100007373 del Banco BBVA, sucursal El Poblado (Medellín, Antioquia), cuyo titular es el doctor Alfonso López, cuenta que fue abierta el 5 de diciembre de 2000 y se encuentra inactiva desde el 7 de julio de 2003 (fls. 74 y 75 y del 86 al 93 C.A. 35), y que también tiene su firma autorizada en la Cuenta Corriente No. 013-0394-54-0200941140 del Banco BBVA, sucursal Envigado (Antioquia) cuyo titular es el doctor Alfonso López, la cual fue abierta el 5 de febrero

de 2001 y que se encuentra inactiva desde el 15 de agosto de 2002 (fls. 74 y 75 y del 86 al 93 C.A. 35). Detalló que el señor Vladimir José Gómez Anaya es socio y representante legal de la 8 Radicación No. 161-4675 empresa SERVIENCOBROS E.A.T., ostenta el cargo de Director Ejecutivo, y que el doctor Alfonso López le giró, el 4 de mayo de 2004, de su cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 414-05232-4, el cheque No. M 0954881 por valor de $11’900.000. (fl. 131 C.A. 61 y fl. 257 C.A. 1). Estableció, en cuanto al señor Rubén Darío Lanao Ríos, que este es socio de la empresa SERVIENCOBROS E.A.T., y que además, ostenta el cargo de Tesorero, y que el doctor Alfonso López le giró de su cuenta corriente del BBVA No. 0013422006 775 el cheque No. 0000007 de 4 de agosto de 2003 por valor de $28.000.000 y el cheque No. 0000051 por valor de $15.000.000 del 11 de febrero de 2004 a favor de aquel.(fls. 66 y 69 C.A. 51); y que el señor Jorge Chaljub es socio e integrante de la junta directiva y suplente del gerente de REGIONAL DE ASEO S.A. E.S.P. También indica que el doctor Alfonso López y el señor Jorge Chaljub conformaron la junta directiva de la sociedad UNIAPUESTAS S.A. que fue elegida en la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de junio de 2004 (fls. 1 al 10 C.A. 61), y que

el primero de ellos representó en dicha reunión a los socios Enilse López Romero y Wendy Vanesa. También reseña que lo anterior tuvo ocurrencia durante el período de ejercicio del doctor Alfonso López como Alcalde Municipal de Magangué, Bolívar. Indicó que las transferencias de dinero entre el burgomaestre y los contratistas fueron expuestas en el pliego de cargos (fls. 878, 880 y 887 a 890 C.O. 5) y que aunque son negadas por el disciplinado en su versión libre (fls. 456 y 457 C.O. 3), éstas evidencian una relación de confianza y un interés común entre los intervinientes en dichas operaciones financieras e determina la existencia de mutuos beneficios económicos, por lo que el disciplinado ha debido apartarse del trámite contractual para garantizar la transparencia en los asuntos sometidos a su consideración. Tales transacciones son las siguientes: a) El 23 de enero de 2004 se realizó debito de la Cuenta de Ahorros No. 00130826-27-0200036576, titular la señora Omaris Bertel Pérez, por valor de $134.813.317,12, para abonar o acreditar a la Cuenta Corriente No. 0013-082624-0100070211, titular el doctor Alfonso López. (fl. 10 C.A. 53). b) El 11 de febrero de 2004, el doctor Alfonso López giró de su cuenta corriente del BBVA No. 0013-422006 775, el cheque número. 0000051 por valor de $15.000.000 a favor del señor Rubén Darío Lanao. (fls. 66 y 69 C.A. 51).

c) El 4 de mayo de 2004 el doctor Alfonso López giró de su cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 414-05232-4, el cheque No. M 0954881 por valor de $11’900.000 a favor del señor Vladimir Gómez. (fl. 131 C.A. 61 y fl. 257 C.A. 1). d) Nota bancaria, cuya fecha está ilegible, relacionada con el traspaso de $102.229.409 de la Cuenta de Ahorros No. 0013-0826-21-0200021040, titular Miguel Elías Benítez Villalobos, para abonar a la Cuenta Corriente No. 00130826-24-0100070211, titular el doctor Alfonso López. (fl. 246 C.A. 59 y fls. 4 y 14 C.A. 58). e) El 17 de noviembre de 2005, Miguel Elías Benítez Villalobos autoriza debitar de su Cuenta de Ahorros No. 0013-0826-22-020091460-8 la suma de $54.751.000 y ordena que se abone a la Cuenta Corriente No. 0013-0826-21-010015498-1 de la empresa “APOSUCRE”, en la cual el doctor Alfonso López era socio (fl. 246 9 Radicación No. 161-4675 C.A. 59; 4 y 14 C.A. 58), y que esto ocurre 21 días después del pago que el municipio le hiciera, el 27 de octubre de 2005, a la empresa CHEARTE LTDA. (fl. 141 C.A. 6) Sostuvo que la titularidad del interés que genera el conflicto de intereses consagrado

en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 también se encuentra en los parientes del funcionario, y que en este caso se concreta en su progenitora, la señora Enilse López Romero, tal como se advierte en la tarjeta alfabética y/o decadactilar suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil. (fl. 712 C.O. 4). Determinó que el interés de la señora Enilse del Rosario López Romero en los procesos contractuales aludidos se infiere de los vínculos de negocios existentes, antes y durante la administración de su hijo, y entre ella y los socios de las empresas contratistas del municipio, como son: CHEARTE, SERVIENCOBROS y REGIONAL DE ASEO. También indica que obra prueba de que el señor Miguel Elías Benítez Villalobos, socio de CHEARTE LTDA, retiró dinero en efectivo de diferentes cuentas bancarias de la señora Enilse del Rosario López (fls. 224 y 227 al 235 C.A