PGN - DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD Modulación de los efectos del fallo

PROCURADURÍA SEXTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto 298 Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2004

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejera Ponente Dra.: LIGIA LÓPEZ DÍAZ Referencia: 25000232700020000149601

Radicado: 14444

Asunto: Asuntos Nacionales

Actor: MINEROS DE ANTIOQUIA S.A.

Demandado: Ministerio de Minas y Energía De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numeral 7 de la Constitución Política; 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo; en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente

Alegato de Conclusión.

I. ANTECEDENTES 1) El día 9 de abril de 1999 la sociedad Mineros de Antioquia S.A., presentó ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales -Administración Regional Medellín-, solicitud de devolución en cuantía de TRES MIL

Cra. 10 N° 16-82 Oficina 803 Tls: 3346076 – 2829266 Fax: 3423609 e-mail:6consejoestado@procuradira.gov.co 2 Expediente 14444

CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/c ($3.103.974.257).

1. La solicitud fue presentada ante tal Administración, por ser allí donde la sociedad actora acreditaba la consignación y pago de los valores correspondientes al impuesto al oro. 3) Tal solicitud fue inadmitida mediante Auto número 00434 de 20 de abril de 1999, bajo el argumento de falta de competencia de dicha Administración. 4) El día 24 de mayo de 1999 la sociedad Mineros de Antioquia S.A., interpuso mediante escrito radicado bajo el número 020335, recurso de reposición sosteniendo la competencia de la Administración en mención y, solicitando en caso de no ser aceptada la postura, se diera cumplimiento a la ley y se remitiera la solicitud a quien se estimase competente. 5) La sociedad actora el día 17 de agosto de 1999, presentó escrito ante la Administración de Impuestos de Medellín, solicitando le fuera informado el trámite dado a la solicitud, teniendo en cuenta que estaban vencidos los plazos dispuestos en la ley para resolver. 6) Ante el silencio de la Administración y el hecho de haberse vencido los plazos legales para resolver acerca de la solicitud de devolución, el día 6 de octubre de 1999 la sociedad demandante interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia acción de tutela por violación al derecho de petición, solicitando que ante el vencimiento de términos de ley para resolver, se reconociera la consecuencia legal de procedencia de la devolución. 7) A raíz de la interposición de la acción de tutela, la Administración de Impuestos de Medellín decidió remitir por competencia, el día 11 de octubre

de 1999 -mediante Oficio identificado con el número 8311062-427-, el expediente correspondiente a la Tesorería General de la Nación. 3 Expediente 14444 8) El 19 de octubre de 1999, el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia negó la tutela argumentando que la Administración de Impuestos había dado ya respuesta al derecho de petición y por lo tanto no existía violación al derecho fundamental invocado. 9) El día 25 de noviembre de 1999, mediante oficio radicado bajo el número 063768, Mineros de Antioquia S.A., solicitó a la Dirección General del Tesoro informarle acerca del trámite dado a la solicitud de devolución. 10) El 11 de febrero del año 2000, la sociedad actora interpuso nuevamente acción de tutela, esta vez contra la Dirección General del Tesoro. En esta oportunidad el Honorable Tribunal Administrativo concedió la tutela -el 25 de febrero del mismo año-, ordenando al Director General del Tesoro proceder a resolver en el término de 48 horas, la solicitud de la devolución. 11) En el mes de marzo de 2000, la Dirección del Tesoro Nacional con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela, ordenó mediante oficio OJ0352DL, remitir el expediente por competencia al Ministerio de Minas y Energía, fundándose para ello en la sentencia C-987 de 9 de diciembre de 1999, proferida por la H. Corte Constitucional. 12) El día 8 de marzo de 2000, por medio de oficio OJ401GDL, la Subdirectora General del Tesoro remitió la totalidad del expediente en 301 folios al Ministerio de Minas y Energía.

1. El día 25 de abril de 2000, la sociedad Mineros de Antioquia interpuso una vez más acción de tutela contra el Ministerio de Minas y Energía, por violación al derecho de petición, argumentando nuevamente, que la Nación -a través de sus diversas entidades-, se había tomado para ese entonces más de un año en resolver una petición que por expresa disposición legal debió absolver en el término de un mes según las normas vigentes que regulan la materia.

4 Expediente 14444 14) El 28 de abril de 2000, mediante resolución número 315, la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía resolvió la solicitud de devolución presentada por Mineros de Antioquia S.A., negando ésta con fundamento en que el impuesto al oro había recuperado su vigencia por efecto de la figura de la restauración ipso iure, como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9° de la Ley 366; según la Administración, había recobrado vigencia el artículo 122 de la Ley 6°. 15) Al proferir tal resolución, sin indicar la norma legal que fundaba su actuar, resolvió la Oficina Asesora Jurídica en el numeral cuarto del acto administrativo, que contra él sólo procedería el recurso de reposición, restringiendo con ello el derecho de defensa a la sociedad actora. 16) El día 19 de mayo de 2000, obrando a través de apoderado, Mineros de Antioquia S.A., interpuso recurso de reposición contra la Resolución 315 de fecha 28 de abril de 2000. Tal recurso fue resuelto mediante Resolución

identificada con el número 330 de 19 de julio de 2000, acto administrativo éste que confirmó en su integridad la Resolución 315 impugnada. 17) El día 27 de noviembre de 2000, Mineros de Antioquia S.A., en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, interpuso acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones números 315 y 330 de 28 de abril de 2000 y 19 de julio del mismo año, respectivamente, ambas proferidas por la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, por considerar que al no haber existido la obligación legal de pagar el impuesto al oro, la sociedad tenía derecho a la devolución de los importes pagados por éste concepto en cuantía de TRES MIL CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS m/c ($3.103.974.257), negada por el Ministerio. Dentro del escrito de demanda la sociedad 5 Expediente 14444 demandante expone como normas violadas y concepto de la violación lo siguiente: Violación al artículo 338 de la Carta Política. Indica la actora que los actos administrativos se encuentran viciados de nulidad absoluta por violación directa del artículo 338 de la Constitución Nacional, dado que al expedirlos, la Administración desconoció aquél postulado constitucional según el cual sólo está permitida la creación de tributos mediante la expedición de leyes por parte del Congreso de la República; se opone al principio de legalidad

de los tributos, señala la sociedad, que se pretenda crear un impuesto acudiendo a la figura de la restauración ipso iure y, aún más grave, que se sostenga por la vía interpretativa la existencia de un gravamen derogado expresamente por norma de orden legal. La misma Corte Constitucional, sostiene la actora, señaló en forma expresa e indubitable que el impuesto al oro en las explotaciones privadas había dejado de existir y que por ello, precisamente, era necesario proceder a su creación, previo agotamiento del procedimiento constitucional. Una de las garantías para los contribuyentes, es sin duda éste principio de legalidad de los tributos, por ello tal vez, manifiesta la sociedad, es que la Corte Constitucional ha sostenido que nunca está dado al interprete y, menos aún, al encargado del recaudo como sujeto activo, fijar los elementos y la vigencia del tributo; lo anterior bastaría para demostrar que tratándose de impuestos, no es aplicable la “restauración ipso iure”, pues la aplicación de la figura resultaría improcedente a más que opuesta frontalmente con claros principios constitucionales y, en todo caso, de darse ella, requeriría pronunciamiento expreso de la Corte a través de su facultad para fijar el alcance de los fallos que emite. En materia tributaria, la norma anterior no revive, por la declaratoria de inexequibilidad de aquella posterior que le derogó, pues el procedimiento a seguir es tramitar un proyecto de ley para que el impuesto sea nuevamente 6 Expediente 14444 creado por quien tiene facultad para ello en forma exclusiva y excluyente en tiempos de paz, esto es el Congreso de la República, sin violentar el

principio de legalidad de los tributos. Así las cosas, concluye la parte demandante que no puede el Estado negar al contribuyente el derecho a obtener reembolso de los valores que por concepto de impuestos éste hubiera cancelado, sin estar obligado, “pues un tributo sin fundamento, constituye un acto confiscatorio del poder público, expresamente prohibido por el Estatuto Fundamental (art. 34 C.P.); luego lo cobrado y recibido por el Estado, configura un enriquecimiento sin causa que habilita a los afectados a solicitar la devolución de lo pagado injustamente” (Corte Constitucional, sentencia C-369 de 29 de marzo de 2000). Violación al artículo 29 de la Constitución Nacional. En el presente caso, indica la sociedad, es evidente la vulneración del artículo 29 de la Carta Fundamental por parte de la Administración al proferir los actos administrativos, dado que olvidó claros preceptos normativos, la jurisprudencia y la doctrina existentes con relación a la existencia de gravámenes y de manera particular con relación al impuesto del oro. La violación a los derechos de defensa y de petición, así como las garantías conexas a ellos, se dio por parte de la Nación, a través de sus diferentes organismos, pues tardó más de un año en resolver la petición de devolución presentada por Mineros de Antioquia S.A.; la negligencia de las autoridades resultó ser en el fondo, según el actor, una estrategia que buscaba imposibilitar al contribuyente accionar y hacer valer sus derechos, con el claro e inaceptable objetivo de hacerle perder los mismos por el trascurso del tiempo. Además de lo anterior, al momento del pronunciamiento tardío respecto de

la solicitud del contribuyente, la Administración decidió por sí y para sí, sin exponer las razones de su actuación, que sólo concedería el recurso de 7 Expediente 14444 reposición, denegando con ello el legítimo derecho a obtener revisión de la decisión por parte del inmediato superior, irregularidad que se mantuvo al resolver el recurso de reposición, donde se declaró agotada la vía gubernativa por parte de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Minas y Energía, sin señalar las razones de derecho con fundamento en las cuales negaba la posibilidad de interponer apelación, de donde resulta claramente lesionado el derecho de defensa y contradicción del contribuyente. Vulneración al artículo 141 de la Ley 153 de 1887. Según el artículo 14 de la Ley 153 de 1887, “Una ley derogada no revivirá por las solas referencias que a ella se hagan, ni por haber sido abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada solo recobrará su fuerza en la forma en que aparezca reproducida una nueva ley”; del precitado texto legal, indica la sociedad actora, es claro que no se admite interpretación alguna distinta de la literal, en efecto, una vez derogada una norma legal, ésta no revive por el querer del intérprete, menos aún cuando se trata de disposiciones relativas a tributos. La Ley 141 de 1994 derogó la carga impositiva a la explotación del oro. El punto central para determinar la procedencia de la nulidad deprecada y por ende para acceder a la devolución solicitada, está en la vigencia temporal

del artículo 122 de la Ley 6° de 1992, pues dicha norma desapareció del ordenamiento jurídico con la promulgación de la ley 141 de 1994. Respecto de la vigencia del artículo 122 de la Ley 6º de 1992, observa el demandante, es pertinente tener en cuenta: - El artículo 231 del Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas), creó el impuesto a la explotación de oro y platino. - Dicha norma fue contemplada luego por el artículo 122 de la Ley 6° de 1992, de cuya sola lectura queda de manifiesto que no estaba creando el 8 Expediente 14444 impuesto al oro, sino definiendo aspectos puramente operativos del mismo, pues no están allí los elementos que perentoriamente exige el artículo 338 de la Carta Política. - En gracia de discusión, aceptando que realmente fuera ese artículo 122 de la Ley 6° de 1992 el fundamento legal a partir de ese año para el cobro del impuesto y no el Código de Minas, se tendría: - Al expedirse la Ley 141 de 1994, quedaron derogadas todas las cargas e impuestos a la producción del oro, precisamente porque esa ley reguló íntegramente -bajo la nueva óptica constitucional-, el tema de las regalías, a la vez que derogó el artículo 231 del Código de Minas. - La derogatoria integral de la totalidad de gravámenes a la producción y comercialización de oro no es una conclusión rápida, ésta fue la premisa sobre la cual el Senador Ponente de la que sería la Ley 366, construyó su argumento para presentar la ponencia modificatoria, premisa además

incorporada por la Corte Constitucional en sus pronunciamientos sobre el tema y aceptada por todos los intervinientes durante el proceso que culminó con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9° de la Ley 366 de 1997. - El legislador partió, pues, como fundamento para el trámite parlamentario, de la eliminación de todo gravamen a la producción del oro en minas privadas y, precisamente por ello, justificó el ponente la introducción durante el trámite de lo que luego sería el artículo 9° de la Ley 366 de 1997. - De igual fundamento partió la Corte Constitucional en sentencia C-065 de 1998, cuando expresamente se refirió a que mediante Ley 366 “...se restablecieron los impuestos a la producción de oro, plata y platino, pues ésta actividad no pagaba regalías conforme a la ley 141 de 1994”; ¿qué está implícito en el “restablecimiento” de un tributo? Su existencia, su derogatoria como consecuencia de la entrada en vigencia de la Ley 141 de 1994. dicho de otra manera, entendió la Corte que desde la promulgación 9 Expediente 14444 de la Ley 141 de 1994, había quedado completamente desgravada la producción de oro en explotaciones privadas. - Es especialmente interesante recordar que éste era entonces el entendimiento que el Ministerio de Minas tenía sobre el asunto, al punto que su apoderado ante la Corte Constitucional durante el proceso que culminó con la declaratoria de inexequibilidad del artículo 9° de la Ley 366 de 1997, afirmó que al promulgarse la Ley 141 de 1994 “...fueron derogados varios artículos del Código de Minas, dejando sin piso jurídico el

impuesto por la explotación de metales preciosos en yacimientos de minas de propiedad privada”; ¿Porqué ahora, cuando el contribuyente solicita la devolución de aquello que pago sin causa legal, cambia de posición el Ministerio? - La claridad absoluta sobre el tema, esto es de la desaparición de toda carga a la explotación de oro en minas privadas con la Ley 141, se encuentra en la sentencia C-987 de 1999, la que el actor considera conveniente transcribir, pues deja en claro puntos tan significativos como los siguientes: a) Con la promulgación de la Ley 141 de 1994, desaparecieron todos los tributos a la producción de oro, plata y platino en minas y explotaciones privadas. b) Que el Estado Colombiano era consciente de ello, tanto en lo que hace a la rama ejecutiva como legislativa. c) Que al declararse la inexequibilidad de la Ley 366 de 1997 no operó la reestructuración ipso iure de ninguna clase, no solamente porque esa figura no sería aplicable en materia tributaria, sino especialmente porque la Ley 141 había derogado las normas existentes reguladoras de la materia (artículo 231 del Código de Minas) expresa o tácitamente (artículo 122 de la Ley 6° de 1992). 10 Expediente 14444 d) Que por ello es falsa la premisa del Ministerio de Minas según el cual el impuesto en cuestión nunca dejó de existir. e) Que precisamente por ello fue menester presentar un nuevo artículo dentro de la que luego sería la Ley 488 de 1998. f) Que ese es el entendimiento de la Corte Constitucional sobre el tema y, por

ello, la sentencia traída a colación manifiesta que “...la ratio legis, o finalidad de la disposición, que es corregir la ausencia de gravamen en minas privadas, a fin de que se encuentren en igualdad de condiciones a las minas estatales, sujetas a regalías” (subraya el actor). g) Que en consecuencia, desde la promulgación de la Ley 141 de 1994, hasta la promulgación de la Ley 488 de 1998, la explotación de oro en minas privadas no estuvo sometida a gravamen de ninguna clase, vía impuestos o vía regalías. h) Que por tanto, la devolución solicitada en su momento era procedente y oportuna y, habiendo reconocido su competencia el Ministerio de Minas y Energía en forma expresa, era él el llamado a ordenar el reintegro de la totalidad de las sumas pagadas sin obligación legal. Artículo 122 de la Ley 6° de 1992 desapareció del ordenamiento legal: inexistencia del impuesto a las explotaciones privadas. El impuesto a la explotación del oro en minas privadas desapareció con la promulgación de la Ley 141 de 1994, como se ha tratado demostrar, y por ello hubo de crearse nuevamente tal impuesto, primero mediante la Ley 366 y luego por medio de la Ley 488. Vulneración del artículo 855 del Estatuto Tributario. las autoridades tenían según el artículo 855 mentado, un mes para pronunciarse sobre la solicitud de devolución; este plazo se le venció sucesivamente a la Administración 11 Expediente 14444 de impuestos de Medellín, luego a la Dirección Nacional del tesoro y

finalmente al Ministerio de Minas y Energía, dado que ninguna de estas entidades se pronunció oportunamente. Falsa motivación de los actos demandados. El presupuesto esencial de la decisión, según el cual la inexequibilidad del artículo 9° de la Ley 366 trajo ipso iure a la vida jurídica el artículo 122 de la Ley 6° de 1992, resulta ser falso; la restauración ipso iure, sostiene el demandante, no es una solución que proceda en todos los casos en que la Corte declare inexequible una disposición que a su vez había derogado una existente previamente, de hecho lo que la Corte ha dicho al respecto es que “hay normas que reviven cuando se declara inexequible la ley que trató de reemplazarlas”. La Corte ha procedido, en ejercicio de la facultad de modulación de los efectos de los fallos, a señalara la procedencia de la reestructuración expresamente. Desviación de poder de los actos administrativos acusados (artículo 84 del Código Contencioso Administrativo). Finalmente indica el actor que la reiterada jurisprudencia y doctrina sobre el particular, ha sostenido que existe desviación de poder cuando un funcionario público, invocando una norma legal, otorga un contenido y alcance diversos a los realmente previstos por el legislador en tal disposición, con el exclusivo propósito de hacer más gravosa la situación del contribuyente o vinculado solidario, como aquí ocurre, o cuando como también sucedió en el caso particular, pretende dar aplicación a normas legales inaplicables al caso, por no encontrase vigentes. 18) Mediante sentencia de fecha 1° de octubre de 2003, el Honorable Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, decidió denegar las súplicas de la demanda por considerar, sin más análisis de fondo, que el impuesto al oro correspondiente 19) a los yacimientos de propiedad privada estuvo vigente en el período que discute el actor encontrarse derogado. 12 Expediente 14444 20) Dentro de la oportunidad legal prevista para el efecto, el apoderado de la parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, toda vez que considera que el fallo emitido en primera instancia adolece de toda fundamentación legal, dada la carencia de un estudio de fondo.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Con el objeto de pronunciarse en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público estima oportuno realizar las siguientes consideraciones a fin de determinar si el impuesto al oro ha tenido interrupciones en su vigencia, es decir, desde su creación por el artículo 231 del antiguo Código de Minas hasta la fecha, como lo ha afirmado la sociedad Mineros de Antioquia S.A., en su escrito de demanda, si por el contrario no ha existido interrupción alguna del término de vigencia, como lo ha aseverado el Ministerio de Minas y Energía en su escrito de contestación.

El Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas), expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Ley 57 de 1987, definió en su artículo 231 el impuesto a la explotación del oro y del platino, independientemente de si tal explotación tenía lugar en minas de propiedad pública o privada; señala éste artículo el impuesto respectivo en los siguientes

términos: “ARTÍCULO 231. Impuesto al oro y al platino. El impuesto al oro físico será del tres por ciento (3%) del valor total que por onza troy fina pague el Banco de la República. El del platino será del cuatro por ciento (4%) del precio total que para el efecto reconozca el mismo Banco”. Mediante la expedición de la Ley 6º de 1992, el Congreso de la República modificó la tarifa del impuesto al oro y al platino incrementándola en sus porcentajes; el tenor literal del artículo 122 de la citada Ley dispuso: 13 Expediente 14444 “ARTÍCULO 122. Impuesto al oro y al platino. Los impuestos al oro físico y al platino serán del cuatro y cinco por ciento (4% y 5%), respectivamente, del valor total de los metales que se pague a los productores o a los comerciantes, liquidados con base en el precio internacional que certifique en moneda legal el Banco de la República(...)”. Posteriormente, con la expedición de la Ley 141 de 1994 y en especial mediante el texto consagrado en el artículo 69 de la misma, el Congreso de la República derogó de manera expresa el artículo 231 del Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas) por medio del cual se había creado el impuesto al oro y al platino; así: “ARTÍCULO 69. DEROGATORIAS. Esta Ley deroga las disposiciones que le sean contrarias y en especial las siguientes: Los incisos 3, 4 y 5 del artículo 13 de la Ley 10 de 1961; el artículo 3º del Decreto-Ley 2310 de 1974; artículos 98 y

99 de la Ley 75 de 1986; y artículos 89, 98, 129, incisos 3, 4, 5 del 213, 216 y 217 y 219 a 233 del Código de Minas”. De la lectura de los artículos citados, se desprende que con ocasión de la derogatoria expresa e inequívoca que del artículo 231 del Decreto 2655 de 1988 (Código de Minas) efectúo la Ley 141 de 1994, se abolió el impuesto al oro y al platino provenientes de la explotación tanto de minas de propiedad nacional como de minas de propiedad privada; ello resulta ser así por cuanto, si bien es cierto que el artículo 122 de la Ley 6º de 1992 -no derogado expresamente-, modificó el impuesto que recaía sobre la explotación de dichos metales, éste se limitaba de manera exclusiva a ajustar la tarifa aplicable, sin variar de modo alguno el fundamento legal de existencia del impuesto, cual era el consagrado en el artículo 231 referido. Así pues que, derogado el fundamento legal del impuesto, el mismo habría de desaparecer del ordenamiento jurídico como consecuencia lógica de tal derogación. Así, la Ley 141 de 1994 suprimió toda carga impositiva sobre la explotación del oro y el platino, sustituyendo éste régimen anteriormente aplicable, por el de regalías sobre la explotación de recursos naturales no renovables, con la 14 Expediente 14444 particularidad que se implementaría exclusivamente con ocasión de la explotación de minas de propiedad del Estado1 y, dejando la explotación en minas de propiedad privada de los metales señalados, como situación no sujeta a gravamen ni a regalía.

En este sentido, se ha manifestado ya la Honorable Corte Constitucional con ocasión del análisis de constitucionalidad propuesto con relación al artículo 152 de la Ley 488 de 1998, en Sentencia C-987 de 9 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero, así: “Ahora bien, en las discusiones sobre la Ley 366 de 1997, una de las razones principales por las cuales se creó ese tributo fue que la Ley 141 de 1994 derogó los impuestos existentes sobre la extracción de esos metales, y los sustituyó por el régimen de regalías. Sin embargo, las regalías recaen únicamente sobre las minas de propiedad estatal, de suerte que existía una inequidad, pues la explotación, esto es la extracción, de esos recursos en minas privadas, no generaba ninguna contraprestación para el Estado...” (Se Subraya fuera de texto). Pues bien, generada tal inequidad respecto de los explotadores de minas de propiedad estatal respecto de aquellos explotadores de minas de dominio privado como consecuencia de la expedición de la Ley 141 de 1994, el Congreso de la República, en aras de restablecer la equidad, expidió una nueva norma mediante la cual crearía un nuevo impuesto al oro y al platino sobre las minas de propiedad privada la cual quedaría plasmada en el articulado de la Ley 366 de 1997, específicamente en el artículo 9º de la siguiente manera: 1 “ARTÍCULO 16. Regalías derivadas de la explotación de hidrocarburos, carbón, níquel, hierro, cobre, oro, plata, platino, sal, minerales radiactivos y minerales metálicos y no metálicos.

Establécense regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según corresponda(...)” ARTÍCULO 26. Impuestos específicos y contraprestaciones económicas. Los impuestos específicos previstos en la legislación minera, para las explotaciones de oro, platino y carbón no continuarán gravando las explotaciones de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, las cuales estarán sujetas únicamente a las regalías establecidas en la presente ley y a las compensaciones que pacten las empresas industriales y comerciales del Estado o las sometidas a este régimen. 15 Expediente 14444 “ARTÍCULO 9º. Establécense los impuestos por la explotación de los siguientes recursos naturales no renovables que no constituyen propiedad nacional y sobre los que no se aplican las regalías previstas en la Ley 141 de 28 de junio de 1994, los cuales se liquidarán sobre el precio internacional que certifique en moneda legal el Banco de la República. Oro y plata 4%. Platino 5% Oro de aluvión 6% Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, continuarán rigiéndose por lo previsto en la Ley 141 de 28 de junio de 1994(...)” (Se subraya). Tan clara resultaba ser la intención del legislador de la época de crear un nuevo impuesto al oro y al platino por no encontrarse ellos gravados desde la derogatoria expresa de la Ley 141 de 1994, que así lo dejó plasmado en la ponencia favorable que para primer debate rindió ante el Senado de la

República el Doctor Juan Camilo Restrepo Salazar: “Tal proyecto era viable, mientras existieran desde luego impuestos por liquidar, recaudar y trasladar. Sin embargo, tales impuestos desaparecieron del ordenamiento jurídico a partir del 28 de junio de 1994, fecha en la cual entró a regir la Ley 141 sobre regalías. (...) Sin embargo, la norma legal que consagraba el impuesto a la producción del oro, esto es, el artículo 231 del Código de Minas modificado por el artículo 122 de la Ley 6º de 1992, fue expresamente derogado por el artículo 69 de la Ley 141 de 1994, de lo cual se concluye que no existe impuesto a la producción del oro y del platino para ningún caso 2 . (Se subraya fuera de texto). De igual manera, en ponencia para segundo debate manifiesta reiteradamente el ponente: 2 Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 129 -Senado-, Ponente Dr. Juan Camilo Restrepo Salazar. Gaceta del Congreso número 95 de 19 de mayo de 1995. 16 Expediente 14444 “Tampoco existe impuesto a la producción del oro y del platino que se extrae del subsuelo que no es de producción nacional por cuanto la norma que genéricamente consagraba los impuestos a la producción del oro sin distinguir su procedencia, fue derogada expresamente por el artículo 69 de la Ley 141, sólo que en éste último caso, la extracción de tales metales no reporta regalías por cuanto precisamente la explotación no se hace en el subsuelo de propiedad nacional, tema que entonces debe corregirse, tal y como se propone en el pliego de modificaciones que acompaña a esta ponencia para segundo debate3”. (Se resalta).

De lo anterior, ha de concluirse que de manera plenamente juiciosa y consciente el Congreso de la República expidió una norma por virtud de la cual se encontraba creando un nuevo impuesto sobre una actividad que a la fecha de expedición de la Ley no se encontraba gravada por haber sido abolida por la Ley 141 de 1994. Con posterioridad a los hechos mencionados, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-065 de fecha 5 de marzo de 1998, Magistrado Ponente Dr. Fabio Morón Díaz, declaró inexequible el artículo 9º de la Ley 366 de 1997, por vicios de trámite legislativo, esto es, por iniciar el trámite de norma tributaria en Senado y no en Cámara de Representantes conforme lo ordena el artículo 154 inciso 4º de la Carta Política. A pesar de que el análisis surtido en ésta Corporación no se ocupo del fondo del asunto sino de meros vicios de trámite, es menester indicar que a lo largo de las consideraciones expues