PGN - DECLARATORIA DE NULIDAD Procede al configurarse la causal de falta de jurisdicción

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Para pago de perjuicios a COOMEVA EPS S.A por no pago de insumos no incluidos en POS NULIDAD-Por falta de Jurisdicción y Competencia según regulación legal CAUSAL DE NULIDAD-Es procedente porque asunto no es de conocimiento de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL-Competencia de estos asuntos es de Jurisdicción Ordinaria según sentencia del Consejo de Estado PRETENSIONES DE LA DEMANDA-De acuerdo a controversias objeto de litigio deben ser conocidas por jurisdicción ordinaria laboral Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta que en el asunto de la referencia se pide declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Salud y Seguridad Social y el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 por los daños y perjuicios causados a la demandante por el incumplimiento en los pagos de “recobros”, por servicios no POS, de conformidad con las pretensiones de la demanda, la naturaleza del proceso, las partes y la posición actualizada del H. Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado, la controversia debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral. DECLARATORIA DE NULIDAD-Procede al configurarse la causal de falta de jurisdicción De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada procede la declaratoria de nulidad de lo actuado al configurarse la causal de falta de jurisdicción. Por lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general,

del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, comedidamente solicita a la H. Corporación, con el acostumbrado respeto por la independencia judicial, se declare de oficio la nulidad de todo lo actuado, i) sin que se afecte la validez de los medios de convicción practicados en el plenario y ii) teniendo en cuenta como fecha de presentación de la demanda la de radicación de la misma ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

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E-2018-097575

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Doctora

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 18–27

Acción: Reparación Directa Radicado: 250002326000201100264 01 (60426)

Actor: COOMEVA

Demandado: Ministerio de la Protección Social y Fidufosyga Honorable Señora Consejera: Dentro del término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto en el proceso de la referencia, en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante, con base en los argumentos que a

continuación se exponen:

1. ANTECEDENTES 1.1. DEMANDA En ejercicio de la acción de reparación directa, la Compañía Coomeva EPS S.A. instauró demanda en contra de la Nación – Ministerio de la Protección Social y el Consorcio FIDUFOSYGA 2005, con el objeto que fueran declaradas responsables solidarios por los perjuicios ocasionados a COOMEVA EPS S.A. por el no pago de los insumos no incluidos en el POS relacionados en la demanda y consecuentemente se les condenara al pago del daño emergente por la suma de $5.519.767.610,53 y lucro cesante, teniendo en cuenta el interés comercial máximo de ley o, subsidiariamente la actualización correspondiente, de conformidad con las fechas de los pagos a los proveedores correspondientes por parte de COOMEVA EPS S.A.

Como pretensiones subsidiarias solicitó que se declare que las demandadas se enriquecieron sin causa como consecuencia del no pago a COOMEVA EPS S.A. de los insumos no incluidos en el POS que se mencionan en la demanda. Indicó la actora que siguiendo el procedimiento contenido en la Resolución 3099 de 2008, modificada por las Resoluciones 3574 de 2008 y 4377 de 2

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reconocimiento y pago que fue denegado por parte del Consorcio Fidufosyga 2005 argumentando que los conceptos mencionados se encontraban incluidos en el POS o su valor ya había sido reconocido en la UPC. 1.2. CONTESTACIÓN Ministerio de la Protección Social Se opuso a las pretensiones de la demanda en razón a que, a su juicio, la entidad no ha incurrido en incumplimiento alguno, pues por el contrario ha efectuado auditoría a cada uno de los recobros presentados, cumpliendo con los deberes consignados en las Resoluciones que reglamentan el procedimiento de recobro, alegando que el incumplimiento provino única y exclusivamente de Coomeva quien no presentó ni recobró en debida forma. Propuso como excepciones la culpa exclusiva de la víctima y la caducidad. 1.3. SENTENCIA Mediante sentencia del 23 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección “C” de Descongestión, declaró la indebida escogencia de la acción, con fundamento en los siguientes considerandos: “(…) si la voluntad del demandante era obtener el pago de las sumas aún no pagadas por encontrarse glosadas, hechos que constaban en los varios actos administrativos respectivos expedidos por FOSYGA, es diáfano concluir que la declaratoria de nulidad de estos actos administrativos era el punto de partida, debiendo solicitar el demandante simultáneamente el reconocimiento del desequilibrio financiero reclamado, con la correspondiente indemnización de perjuicios, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, acción que debió ser interpuesta dentro de los cuatro

meses siguientes a la expedición de las resoluciones contentivas de glosas, expedidas por el FOSYGA. Si bien es cierto la acción de reparación directa y la acción de nulidad y restablecimiento del derecho comparten la pretensión indemnizatoria la diferencia es la causa del daño, ya que cuando el mismo proviene de un acto administrativo es indispensable desvirtuar previamente la presunción de legalidad que lo ampara mediante la declaratoria de nulidad con el posterior restablecimiento del derecho, mientras que si aquél proviene de un hecho, omisión u operación administrativa, es posible acudir directamente a la 3

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solo porque los expedidos por el FOSYGA no tienen la característica de tales, sino también porque el daño no proviene de la ilegalidad de ningún acto administrativo sino de una actuación “lícita”, lo que hace procedente la acción de reparación directa.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico Corresponde determinar si en el sub judice es procedente decretar la nulidad procesal de todo lo actuado por falta de jurisdicción o, si por el contrario, corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo seguir conociendo la controversia referida.

Tal como pasará a explicarse, a juicio del Ministerio Público se configura la causal de nulidad contenida en el numeral 1° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil1, porque el asunto no es de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior con fundamento en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, que delimitó el marco de competencia a cargo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, instituida para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado y en el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por la Ley 712 de 2001, que al determinar los asuntos a cargo de 1 Norma aplicable para la fecha en que se configura la falta de jurisdicción, esto es, el 23 de marzo de 2012, cuando aún no había entrado en vigencia la Ley 1564 de

2012 (Código General del Proceso). 4

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250002326000201100264 01 (60426) 5aCdeE/AMV/Alb E-2018-097575 la jurisdicción del trabajo, precisó que la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce, entre otras, de las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan2. Reiteradamente, en casos de naturaleza similar, el H. Consejo de Estado siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se cita a continuación, ha sostenido que, en efecto, tratándose de controversias del sistema de seguridad social integral, la competencia radica en la Jurisdicción Ordinaria: “(…) Como ya se dijo la asignación de dicha competencia a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la citada Sentencia C-111 de 2000 imponen la necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad social integral, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio

público de la seguridad social. Además, la especialización que se hace de la justicia ordinaria laboral corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción (…)3. En otra oportunidad, el H. Consejo de Estado4 determinó que la competencia para el conocimiento de las controversias del sistema de seguridad social integral es privativa de la jurisdicción ordinaria laboral por disposición de la Ley 712 de 2001, así se encuentre vinculada una entidad de carácter público.

Al respecto sostuvo: “(…) A partir del criterio de especialización esbozado por el Tribunal Constitucional, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha concluido de manera estable y reiterada, en los 2 Modificado por el art. 622, Ley 1564 de 2012, en los siguientes términos: “"4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos". 3 Corte Constitucional, sentencia C-1027 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 30 de agosto de 2017, exp. 35955, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

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5aCdeE/AMV/Alb E-2018-097575 últimos años, que las disputas derivadas de recobros al Sistema General de Seguridad Social en Salud referentes a la cobertura y suministro efectivo de servicios no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud que están a cargo de la Subcuenta de Compensación del Fosyga, son de competencia de la especialidad ordinaria laboral. Al respecto ha expuesto el citado cuerpo colegiado5: En consecuencia, ha encontrado la Sala que es la Jurisdicción Ordinaria a quien le corresponde dirimir la presente litis, toda vez que la controversia se suscitó entre una entidad prestadora del servicio de salud de carácter particular y una entidad pública, situación que sin lugar a dudas, se enmarca en lo normado y ya referido numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 (modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012), pues dicha controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral. (…) De igual forma, resulta esencial señalar por parte de esta Superioridad que si bien la Ley 1608 del 2 de enero de 2013, toma como referencia el término de caducidad de la acción contenciosa administrativa para reclamar glosas de carácter administrativo, estas son como su nombre lo indica “glosas de carácter administrativo”; más no hace referencia a la Jurisdicción Contenciosa administrativa, conclusión a la cual se llega con la simple lectura de la exposición de motivos y el objeto de la ley (…). Finalmente, resulta importante señalar que frente a un asunto similar ya esta Corporación se ha pronunciado en igual sentido, mediante proveído del 11 de agosto de 2014, dentro del proceso radicado bajo

el número 11001010200020140172200, con Ponencia del H. M. NÉSTOR IVÁN JAVIER OSUNA PATIÑO6. 5 Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, conflicto de jurisdicción de 30 de septiembre de 2015, exp.11001010200020150250700, M.P. Julia Emma Garzón. En el mismo sentido ver: Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, conflicto de jurisdicción de 2 de septiembre de 2015, exp.11001010200020150207700. M.P. Wilson Ruiz Orejuela; Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, conflicto de jurisdicción de 26 de agosto de 2015, exp.11001010200020150214700, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. 6 “En efecto, resulta evidente que, de la demanda presentada por la E.P.S. Suramericana S.A., no surge un proceso judicial relativo a la seguridad social de los empleados públicos cuyo régimen sea administrado por una persona de derecho público. Por lo cual, siendo este tipo de litigio el único que en materia de seguridad social quedó taxativamente reservado a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, debe entenderse que, en aplicación de la cláusula general y residual de competencia de la jurisdicción ordinaria, en los términos del artículo 12 de la ley 6

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Con base en lo dispuesto por este operador judicial, la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sus distintos despachos, ha prohijado que sea la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria la llamada a asumir el conocimiento de los conflictos suscitados entre las Entidades Promotoras de Salud, los administradores del Fosyga y el Ministerio de la Protección Social. En relación con lo expuesto se ha argüido7: En el caso sub lite, se tiene que la entidad promotora de salud Servicio Occidental de Salud S.A. E.P.S. -S.O.S.- pretende que se le reconozcan los perjuicios causados por el no pago del valor de los recobros presentados ante las entidades demandadas con ocasión del suministro de medicamentos y procedimientos de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud –POS–, bien sea por la aprobación del respectivo Comité Técnico Científico y/o las órdenes impartidas por autoridades judiciales, en el marco de acciones de tutela. En punto a dilucidar la jurisdicción a la cual le corresponde conocer y tramitar asuntos como el que ocupa la atención del Despacho, resulta pertinente señalar que la Subsección C de esta misma Sección, con apoyo en un pronunciamiento de la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, consideró lo siguiente: En consecuencia, considera este despacho que siendo el Consejo Superior de la Judicatura, el órgano de cierre en materia de conflictos de competencia y puesto que no existen razones para apartarnos del

mismo, el precedente es vinculante para determinar que la jurisdicción ordinaria laboral es la competente para resolver la controversia suscitada. (…)” En la misma línea, en otro momento argumentó la Corporación8: Estatutaria 270 de 1996, la jurisdicción competente para el recobro al Estado de prestaciones NO POS es la ordinaria. // Más concretamente, dado que es una controversia propia del sistema de seguridad social en salud, entre actores de dicho sistema, sobre recursos del sistema y derivada de la prestación de servicios de salud a usuarios del sistema, le corresponderá a la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social”. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, auto de 11 de mayo de 2017, exp. 41285, C.P. Hernán Andrade Rincón. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, auto de 2 de febrero de 2017, exp. 53315, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, auto de 11 de agosto de 2016, exp. 46545, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 3 de junio de 2015, exp. 53351, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, auto de 10 de diciembre de 2015, exp. 53351, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 7

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250002326000201100264 01 (60426) 5aCdeE/AMV/Alb E-2018-097575 “(…) Resalta el Despacho, que la controversia aquí planteada es un litigio del sistema de seguridad social integral, ya que: 1) la controversia se plantea entre actores del sistema, por un lado, la Empresa Promotora de Servicios de Salud Aliansalud EPS S.A. como administradora del sistema y por el otro el Estado, en cabeza de la Nación Ministerio de Salud y Protección Social, como garante último de los derechos fundamentales a la salud y la seguridad social de los usuarios del sistema; 2) los recursos son del sistema de salud, en la medida que lo que pretende la administradora de servicios de Salud Aliansalud EPS S.A., no es otra cosa que el cobro judicial al Estado de los valores referentes a la cobertura y suministro efectivo de servicios no incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud y que el Sistema General de Seguridad Social en Salud reconoce mensualmente a sus usuarios que están a cargo de la Subcuenta de Compensación del FOSYGA y 3) el recobro de tales servicios no incluidos en el POS, ciertamente se deriva de una prestación de servicios de salud a usuarios del sistema. En consecuencia, encuentra el Despacho que es la Jurisdicción Ordinaria a la que le corresponde dirimir la presente litis, ya que la controversia se enmarca en lo normado y ya referido en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, así como modificado por el artículo 622 del Código General del Proceso pues dicha controversia es propia del Sistema de Seguridad Social Integral. (…)” Y en reciente pronunciamiento, estimó el H. Consejo de Estado:

“(…) aparentemente podría existir una colisión de competencias entre la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la jurisdicción ordinaria en aquellos asuntos que tengan que ver con el sistema de seguridad integral y se encuentre vinculada una entidad estatal (criterio orgánico). Sin embargo, si se tiene en cuenta lo referido por la Corte Constitucional respecto al alcance y al propósito del citado numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, es posible concluir que lo que se buscaba era radicar en una misma jurisdicción el conocimiento de todas aquellas controversias suscitadas en el marco del sistema de seguridad social integral, sin importar los sujetos que en ella participarán, así: Como ya se dijo la asignación de dicha competencia a la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social obedeció a la necesidad de hacer efectivos los mandatos de los artículos 29, 48 y 365 de la Carta Política que según se advirtió en la citada Sentencia C-111 de 2000 imponen la necesidad de especializar una jurisdicción estatal para el conocimiento de las controversias sobre seguridad 8

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Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 250002326000201100264 01 (60426) 5aCdeE/AMV/Alb E-2018-097575 social integral, haciendo efectiva la aplicación del régimen jurídico sobre el cual se edificó la prestación del servicio público de la seguridad social. Además, la especialización que se hace de la justicia ordinaria laboral corresponde al sentido unificado del sistema de

seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción9. (…) (…) es evidente que lo pretendido (…) es acoger la posición que frente al asunto, ya había resuelto la autoridad encargada de la resolución de los conflictos de competencia entre las jurisdicciones, esto es, el Consejo Superior de la Judicatura; situación que obliga a este despacho a compartirla. De acuerdo a lo expuesto, para el despacho resulta claro que si el asunto que se pone bajo consideración pretende la resolución de una controversia relacionada con el sistema de seguridad social integral su conocimiento le corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral por disposición del legislador y no a la jurisdicción de lo contencioso administrativo porque aun cuando se encuentran involucradas en litigo entidades de carácter público, en estos eventos prevalece el criterio de espacialidad10 que fue asignado por la Ley 712 de 2001 en materia de seguridad social. Así, resulta indispensable entrar a determinar cuál es el objeto sobre el que versa la demanda, para así establecer la jurisdicción competente. En lo que respecta al caso concreto, al estudiarse las pretensiones de la demanda se observa que, si bien se pretende la responsabilidad administrativa del Ministerio de Salud y Protección Social como consecuencia de la aplicación de algunos actos administrativo (las resoluciones n.º 3099 de 2008, n.º 3754 de 2008, n.º 4377 de 2010), es claro que el daño alegado consiste en el no pago de los recobros presentados ante el FOSYGA; lo que permite concluir que la controversia que se pone bajo consideración claramente deriva en el

estudio de las diferencias existentes en la relación del Estado con las entidades prestadoras del sistema de salud, en este caso, COOMEVA EPS S.A., lo que significa que se trata de una controversia relacionada 9 Corte Constitucional, sentencia C-1027 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 10 El cual fue respetado aun con la entrada en vigencia de la Ley 1107 de 2006, así: “Artículo 2°. Derogase el artículo 30 de la Ley 446 de 1998 y las demás normas que le sean contrarias. “Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en el presente artículo, se mantiene la vigencia en materia de competencia, de las Leyes 142 de 1994, 689 de 2001 y 712 de 2001” (subrayado fuera del texto) 9

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jurisdicción competente. En consecuencia, de conformidad con el numeral 1 artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, se debe decretar de oficio11 la nulidad de todo lo actuado, por existir falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. No obstante, se advierte que la declaratoria de nulidad no afecta la validez de los medios de convicción practicados en el plenario en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del estatuto procesal civil, al cual se acude por expresa remisión de la disposición número 165 del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, se advierte que a fin de garantizar la efectividad del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, para los efectos de la caducidad o prescripción se deberá tener en cuenta la fecha de presentación de la demanda ante esta jurisdicción, esto es, el 23 de marzo de 2012, ello en concordancia con lo dispuesto el inciso tercero del artículo 143 del C.C.A. (…)”12 Los anteriores extractos evidencian que en la actualidad existe una línea jurisprudencial consistente por parte del H. Consejo de Estado, relacionada con la jurisdicción competente, cuando quiera que se debatan asuntos como el que hoy ocupa nuestra atención13. 11 Artículo 145 del Código de Procedimiento Civil. 12 Sentencia del Consejo de Estado del once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), exp. 54136. 13 Adicional a los citados, ver entre otros la decisión del 2 de febrero de 2017, proferida por el Consejo de Estado dentro del exp. 53315, por medio de la cual se

confirmó el auto del 6 de octubre de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud del cual se declaró la falta de jurisdicción, con fundamento en lo siguiente: “Visto lo anterior y comoquiera que, en el sub examine, COOMEVA EPS S.A. pretende obtener la declaratoria de responsabilidad de la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social y del Consorcio Fidufosyga 2005 y el consecuencial pago de los perjuicios que, afirma, le fueron causados por la falta de pago de los recobros surgidos con ocasión de la prestación de los servicios de salud que no hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS), se considera que el presente proceso debe ser conocido, conforme a los claros lineamientos del Consejo Superior de la Judicatura, por la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral, teniendo en cuenta que, como ya se dijo, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce, únicamente, de los procesos judiciales referentes a la seguridad social de los empleados 10

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Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta que en el asunto de la referencia se pide declarar la responsabilidad de la Nación-Ministerio de Salud y Seguridad Social y el Consorcio FIDUFOSYGA 2005 por los daños y perjuicios causados a la demandante por el incumplimiento en los pagos de

“recobros”, por servicios no POS, de conformidad con las pretensiones de la demanda, la naturaleza del proceso, las partes y la posición actualizada del

H. Consejo Superior de la Judicatura y Consejo de Estado, la controversia debe ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral.

Dicho lo anterior, de conformidad con el numeral 1° del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, considera este Despacho que procede la declaratoria de oficio14 de la nulidad de todo lo actuado, por existir falta de jurisdicción en la justicia contencioso administrativa para el conocimiento del asunto, i) sin que se afecte la validez de los medios de convicción practicados en el plenario en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del estatuto procesal civil, aplicable por remisión expresa del artículo 165 del Código Contencioso Administrativo y ii) debiendo tenerse como fecha de presentación de la demanda la fecha de radicación de la misma ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con el artículo 143 del C.C.A. CONCLUSIÓN De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada procede la declaratoria de nulidad de lo actuado al configurarse la causal de falta de jurisdicción. públicos, cuando su régimen sea administrado por una persona de derecho público y que las demás pretensiones que surgen respecto del sistema general de seguridad social, como las del asunto de la referencia, son de competencia de la justicia ordinaria. Por ende, se confirmará la providencia impugnada, esto es, el auto mediante el cual

se advirtió la configuración de una causal de nulidad insaneable, cual es la falta de jurisdicción del juez de lo contencioso administrativo. (…)”. También, la providencia del Consejo de Estado, del 11 de agosto de 2016, Exp. 46545, que dispuso la remisión a la Jurisdicción competente y la proferida por la H. Corporación el 18 de agosto de 2016, Exp. 53312, en la que se sostuvo: “el Consejo Superior de la Judicatura se ha pronunciado en lo referente a los conflictos negativos entre la jurisdicción ordinaria laboral y la contenciosa administrativa en relación a los recobros judiciales al Estado dentro del sistema general de seguridad social en salud, por prestaciones no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS), para definir que se trata de controversias propias del sistema de seguridad social en salud, mismas que se enmarcan dentro de lo normado en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 712 de 2001, modificado por la Ley 1564 de 2012 en su artículo 622, al ser del Sistema de Seguridad Social Integral.(…)”, disponiendo la remisión al competente. 14 Artículo 145 del