PGN - DECLARATORIA DE NULIDAD Violación al derecho de defensa y existencia de irregularida

Nota de Relatoria: Se suprimen lo datos personales con el fin de preservar el derecho a la intimidad.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., quince (15) de abril de dos mil diez (2010). Aprobado en Acta de Sala No.16

Radicación No: 161-4318 (008-91217/03)

Disciplinados: Subteniente Jhon Carlos Guzmán Acevedo y otros

Cargo: Miembros del Ejército Nacional Quejoso: Gloria Constanza Sánchez Fecha queja: 29 de julio de 2003

Fecha hechos: 16 de julio de 2003

Asunto: Apelación Fallo Sancionatorio P.D. PONENTE: Dra. MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO En virtud de los recursos de apelación interpuestos y sustentados en legal forma por los apoderados de los disciplinados, miembros del Ejército Nacional, Subtenientes XXXXXXXXXX revisa la Sala Disciplinaria la decisión del 18 de diciembre de 2008, mediante la cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos los sancionó con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de veinte (20) años.

ANTECEDENTES PROCESALES En queja presentada por la señora GLORIA CONSTANZA SÁNCHEZ, ante la Personería Municipal de Palermo, relata lo siguiente: “…El día 16 de julio de 2003, como a las 9:30 de la mañana, salió mi esposo JHON JAIRO CÉSPEDES, de la vereda el Roble donde vivimos para la vereda las Juntas

que queda contigua a la casa de un señor de nombre HUGO, cuyo apellido no me acuerdo, en una moto Yamaja (sic) 125 modelo 2000, según él a hacer arreglar la llanta que tenía las salineras flojas, en todo el día no volvió, el día jueves 17 de julio de 2003, salí a la vereda Juntas a buscarlo y cuando llegué hasta allá la comunidad de Juntas me dijo que el ejército lo había cogido en la casa del señor HUGO como a las 12:30 del medio día del miércoles anterior, según los testigos dijeron que él se había entregado, que después lo habían llevado amarrado hacia la vereda Juntas, y lo habían tenido como hasta las 6:00 de la tarde, en ese medio día lo encerraron en el billar, lo golpearon y lo torturaron hasta que él ya no pudo más, según la comunidad lo golpearon, le reventaron la boca, le chuzaban la cara al parecer con Radicación No. 161-4318 elementos contundentes, después como a las 6:00 de la tarde, lo sacaron y lo llevaron a un sitio llamado La Perla y como de las 7:00 a las 7:30 de la noche lo mataron allá arriba, al otro día cuando me mandaron a avisar él ya estaba muerto y lo tenían en el Carmen, de ahí lo llevó el ejército en una mula para una finca que se llama la Granja, donde lo recogió un helicóptero hasta el Batallón de Neiva…” Agrega que en el Batallón les informaron que había sido enterrado en el cementerio central, que su esposo era agricultor y “lo que yo se es que se dedicaba a las labores

de miliciano y según él hace días quería entregarse al ejército, por eso ese día que él se dio cuenta que el ejército estaba en Juntas fue y se entregó, haciendo entrega de un arma que yo no conozco y un radio de comunicaciones, era lo único que él portaba en ese momento, él se fue de civil” (folio 6 C.O.1) En ampliación de declaración señala que los comentarios de que a su esposo no lo mataron en combate, lo escuchó de ANANÍAS VERA y PEDRO MILLAN (folio 18 C.O.1). Mediante auto del 10 de septiembre de 2003, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos dispuso adelantar la respectiva indagación preliminar, fase procesal que fue evaluada el 20 de enero de 2004, disponiéndose apertura de investigación disciplinaria en contra de los miembros del Ejército Nacional, XXXXXXXXXX adscritos para la época de los hechos al Batallón Panches, Compañía Caníbal, servidores públicos a quienes se les formuló cargos el 24 de septiembre de 2004, por haber dado muerte violenta al señor JHON JAIRO CÉSPEDES GUZMAN (folios 10, 78 y 238 C.O.1). Presentados los respectivos descargos, el 16 de marzo de 2005 se resolvió sobre las pruebas allí solicitadas; el 7 de febrero de 2006 se corrió traslado para alegar de conclusión, auto que fue revocado por la misma Delegada Disciplinaria para La Defensa de los Derechos Humanos el 21 de marzo de 2006; nuevamente el 21 de

marzo de 2007 se corre traslado para alegar de conclusión y, el 18 de diciembre de 2008, se profiere la decisión objeto de impugnación (folios 9, 132, 159 C.O.2 y 1 C.O.3). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Mediante decisión proferida el 18 de diciembre de 2008, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos sancionó a los disciplinados con destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de veinte (20) años, al tenor de los siguientes argumentos: El 16 de julio de 2003, uniformados del Ejército Nacional del Batallón de Contraguerrillas No. 9 “Los Panches” de la Novena División Cuarta Brigada, adelantaron la operación fragmentaria 063/2003 “JUSTICIERO”, entre otros, en jurisdicción del municipio de Palermo (Huila), resultando muerto JHON JAIRO

CÉSPEDES.

Atendiendo que el cargo formulado se refiere a que los disciplinados dieron muerte violenta a JHON JAIRO CÉSPEDES GUZMÁN, quien al parecer era miliciano y se 2 Radicación No. 161-4318 había entregado voluntariamente al Ejército Nacional, la responsabilidad se concreta así: 1.- Subteniente XXXXXXXXXX La Delegada desvirtúa las contradicciones esgrimidas por la defensa y advierte que el dicho de la quejosa encuentra respaldo en las declaraciones de PEDRO MILLÁN JUANÍAS y ANANÍAS VERA, quienes aseguraron que el grupo del ejército traía a

JHON JAIRO vivo, quien vestía de civil, blue jean y un buso (sic) a cuadros, amarrado con las manos atrás, declaraciones que merecen toda credibilidad, puesto que MILLÁN JUANÍAS da razón de su dicho y explica que no sólo traían a JOHN, sino a otro señor de nombre HUGO “y el teniente le solicitó que los acompañara para que fuera testigo de la entrega de Hugo al profesor Libardo Medina, quien lo recibió y suscribió un acta, la cual exhibió en plena declaración y aparece la firma de Víctor Hugo Alvarado Barreiro, Libardo Medina Collazos y el ST XXXXXXXXXX Eso demuestra que él si pudo ver claramente a los retenidos, a Hugo de quien fue testigo de su entrega y a Jhon, de quien describe hasta cómo iba vestido, y recalca que ambos se encontraban vivos y Ananías afirma que a él también lo retuvieron, que incluso hicieron de comer en su casa, utilizando sus utensilios de su cocina”. Descarta, de acuerdo con lo declarado por éstos, que JHON JAIRO haya muerto en combate y aclara que no se discute que la persona muerta sea militante de la guerrilla, pues para el Despacho eso es claro, porque así lo afirma su compañera y quejosa GLORIA CONSTANZA SÁNCHEZ y porque está demostrado que entregó un arma y un radio de comunicaciones. El hecho de que fuera militante de las FARC, no autorizaba el que fuera ejecutado por los servidores de la Fuerza Pública. Por otro lado, VICTOR HUGO ALVARADO, reafirma lo declarado por las personas antes referidas, pues es claro en manifestar que se encontraba junto con JAIRO

desinchando la motocicleta, cuando llegó el Ejército, los comenzó a interrogar e incluso requisaron su casa, luego observó cuando JAIRO le entregó al Ejército un radio y una pistola, por lo cual a los dos los amarraron de las manos, los separaron y se los llevaron. “Para la Delegada hay suficiente material probatorio allegado al plenario, que nos dan certeza que el aquí investigado en compañía de los otros militares implicados retuvieron al hoy occiso Jairo Céspedes, lo amarraron, lo llevaron y posteriormente en estado de indefensión le dieron muerte para después simular que en un enfrentamiento le dieron de baja, comportamiento que es totalmente doloso, toda vez los (sic) disciplinados sabían de la ilicitud de su comportamiento, de las consecuencias que ello acarrearía, sin embargo optaron por realizar la conducta y para evitar la acción de la justicia simularon un enfrentamiento”. 2.- Subteniente XXXXXXXXXX Controvierte los argumentos de la defensa frente a la supuesta preparación de los testigos ANANÍAS VERA y MILLÁN JUANÍAS por parte de las FARC, no siendo tampoco cierto que JHON JAIRO se haya entregado en lugar despoblado, ya que es el propio VICTO HUGO ALVARADO quien expresó que se encontraba deshinchando la motocicleta cuando llegó el Ejército, los requisó y fue en ese momento en que JHON JAIRO decidió entregarse. 3 Radicación No. 161-4318 Desvirtúa lo planteado por la defensa, en relación con el hecho de que su prohijado

actuó al amparo de la causal excluyente de la responsabilidad, referida a haber actuado en estricto cumplimiento de un deber legal de mayor importancia que el sacrificado. Reitera que no hubo combate, sino que una vez JHON JAIRO se entregó fue ejecutado en estado de indefensión, dejando de lado la obligación legal de protección del derecho a la vida. Precisa que el hecho alegado por la defensa respecto a que su prohijado no disparó, no lo exime de responsabilidad, “toda vez que lo que aquí se investiga es la violación al deber funcional del servidor del Estado y para el caso que nos ocupa era el de proteger y respetar la vida del señor Jhon Jairo Céspedes, que si bien era subversivo, no se encontraba en combate”. En cuanto a que no es creíble que el Ejército haya paseado por el pueblo a JHON JAIRO para luego darle muerte, precisa que la patrulla se estaba desplazando a pie, “razón por la cual tuvieron que trasladar al retenido, resultando lógico que los declarantes lo hayan tenido necesariamente que ver”, además de que VICTOR HUGO fue testigo presencial de su aprehensión y el profesor LIBARDO señaló que vio cuando llevaban a otra persona amarrada y también una motocicleta. Deniega una nulidad solicitada por la defensa referida a no habérsele dado la oportunidad de contrainterrogar a los testigos que sirvieron de fundamento para el auto de cargos. 3.- Cabo Primero XXXXXXXXXX Controvierte la no credibilidad que su apoderado le quiere dar a la declaración de la

quejosa GLORIA CONSTANZA SÁNCHEZ e igualmente precisa que el hecho de que los miembros del ejército, para salir del pueblo, hayan tenido que caminar con el retenido, no significa que lo estuvieran paseando o exhibiendo, simplemente era un comportamiento necesario, ya que se estaban movilizando a pie y no había posibilidad alguna de ocultarlo. No se da credibilidad a lo expuesto por la defensa en cuanto a que los miembros del ejército fueron objeto de una emboscada por parte de la guerrilla y que por ende tuvieron que reaccionar, encontrándose en el registro que se hizo, el cadáver de uno de los subversivos. Reitera los argumentos expuestos en relación con los otros disciplinados para señalar que no hubo combate y que JHON JAIRO CÉSPEDES fue ejecutado en estado de indefensión. 4.- Soldado Profesional XXXXXXXXXX Las críticas que se hacen por parte de la defensa al testimonio de la esposa del occiso no son de recibo por parte de la Delegada, en tanto que su declaración encuentra respaldo en lo dicho por ANANÍAS VERA, PEDRO MILLÁN, LIBARDO

MEDINA COLLAZOS y VICTOR ALVARADO.

4 Radicación No. 161-4318 En cuanto a lo manifestado por su apoderado, en cuanto a que ESPITIA ROJAS, por la posición que tenía en el grupo, no podía disparar hacia donde se encontraba el occiso y que además no hizo uso de su arma, “es importante aclarar que en materia disciplinaria, la responsabilidad es por la violación al deber funcional y en el caso en concreto, la responsabilidad disciplinaria se desprende porque se encuentra demostrado con el acervo probatorio que no hubo enfrentamiento armado, toda vez

que la persona que apareció muerta y presentada como subversiva dada de baja en combate, realmente se entregó al Ejército Nacional y posteriormente fue ejecutada cuando se encontraba en estado de indefensión, es decir, se desprende claramente que todos y cada uno de los integrantes de la patrulla del Ejército Nacional, participaron en la muerte de esta persona, ya sea porque dispararon contra él, o porque cohonestaron esta muerte, declarando al unísono que fue dado de baja en combate, es decir, todos y cada uno de ellos violaron el deber funcional del Ejército Nacional de proteger y respetar la vida (…) el hecho de que él no haya disparado contra Jhon Jairo, no lo exime de responsabilidad disciplinaria, toda vez que junto con sus demás compañeros planeó no sólo la forma de darle muerte, sino la manera como podían evadir la acción de la justicia…” Concluye la Delegada en la responsabilidad de los disciplinados por la falta gravísima contenida en el artículo 48.7 de la Ley 734 de 2002, cometida a título de dolo, por lo cual les impone la sanción antes anotada. RECURSOS DE APELACIÓN Los apoderados de los disciplinados impugnaron por vía de apelación la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos: 1.- Apoderado del XXXXXXXXXX (folio 46 C.O.3). Con fundamento en lo previsto en los artículos 143 numeral 2, 144 y 146 de la Ley 734 de 2002, solicita la nulidad de la investigación disciplinaria por haberse violado el derecho de defensa e impedir demostrar que su prohijado en ningún momento incurrió en falta disciplinaria.

Lo anterior, teniendo en cuenta que al ser interrogado ESPITIA ROJAS en la versión rendida del 19 de mayo de 2005 ante la Procuraduría Provincial de Neiva se le preguntó por el nombre de los soldados que iban cerca de él al momento de llegar a la vereda Las Juntas, a lo cual respondió que con él iban los soldados XXXXXXXXXX, pertenecientes a la Compañía Caníbal 6, razón por la cual en la misma diligencia, el apoderado solicitó que se llamaran a declarar a dichos soldados, con el propósito de demostrar que su cliente, por su ubicación en la segunda sección, no tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, y que conoció de los mismos por terceras personas o de oídas, por lo tanto, no había participado por acción o por omisión en la muerte de JHON JAIRO CÉSPEDES. Sin embargo, tal afirmación no se pudo desvirtuar porque la Procuraduría no se pronunció con respecto a la solicitud de los referidos testimonios, no expresó mediante auto que fueran inconducentes o improcedentes, no los decretó ni mucho menos los practicó, violando así el derecho de defensa de su defendido. Ahora bien, frente a la conclusión que hace la Delegada referida a que el Soldado E XXXXXXXXXX sería responsable disciplinariamente porque cohonestó con la muerte 5 Radicación No. 161-4318 de JHON JAIRO CÉSPEDES, es decir, que debe responder disciplinariamente por omisión a título de dolo, la defensa expone lo siguiente: Importante resulta consignar lo dicho por XXXXXXXXXX en su versión del 19 de

mayo de 2005, cuando dejó en claro que no participó de manera directa en los hechos que se investigan porque él pertenecía a la Compañía Caníbal, conformando la sección segunda al mando del XXXXXXXXXX; que recibió la orden del Comandante de su compañía de que se fuera a la vereda Las Juntas a efectuar el cierre “y fue cuando antes de llegar a esta vereda como dos (2) kilómetros antes escuchó que habían detenido a un tipo por sospecha, que esto lo realizó la primera sección, recalca que él era miembro de la segunda sección al mando del XXXXXXXXXX que se encontraba en la parte alta de la carretera cuando se escucharon unos disparos, y que la segunda sección reaccionó hacia el lado izquierdo de la montaña, que en ningún momento hizo uso de su arma porque no tenía visibilidad ni argumento a quien dispararle, que a las seis y media o siete (6:30 o 7:00) bajaron hacia la carretera y que las nueve (9:00pm) de la noche llegaron a la vereda El Carmen y ya había pasado todo lo que se investiga insiste que él se encontraba en la vereda Las Juntas y estos hechos ocurrieron en la vereda El Carmen, que no tiene conocimiento de los hechos porque se encontraba en los últimos puestos de la patrulla, no sabe ni tiene conocimiento de nada con respecto a John Jairo, ya que iban aproximadamente 100 soldados y que én no vio nada sobre esto” “Desconoce quién encontró el cadáver del subversivo que resultó muerto porque no se encontraba en el lugar de los hechos, estaba como a 600 metros de donde dicen que lo encontraron. Finalmente sostiene que no se declara culpable de los hechos, y

solo quiero que se llame a las personas que cito como testigos”. Queda claramente demostrado que el soldado XXXXXXXXXX no hizo uso de su arma porque no se encontraba en el lugar de los hechos, porque no tenía visibilidad, porque se encontraba en la vereda Las Juntas en compañía de los soldados XXXXXXXXXX, lugar diferente a donde se dio de baja a JHOIN JAIRO CÉSPEDES. Tampoco está demostrado que XXXXXXXXXX haya propiciado, permitido, colaborado o cohonestado la muerte que se investiga. Concluye diciendo que existen dudas originadas por la misma Procuraduría al no decretar las pruebas solicitadas, razón por la cual se debe absolver a su defendido. 2.- Apoderado del XXXXXXXXXX (folio 56 C.O.3) Al hacer una relación de la situación fáctica refiere que conforme “a los hechos narrados por los uniformados durante las diferentes, (sic) diligencias de versión en donde no estuvieron asistidos por defensor, se evacuaron pruebas a espaldas de los disciplinados, no se les notificó el auto de apertura de investigación en forma personal como lo establece el legislador, y se les conmina a todos a que digan la verdad y nada, vulnerando principios derechos y garantías”. Solicita se decrete la nulidad del fallo por cuanto no encontró motivación alguna. Luego de hacer algunas acotaciones frente a las finalidades de los recursos, solicita se modifique y o aclare la afirmación que hace el a-quo en el numeral 3.73 de la providencia impugnada, en la que se indica que: “La acusación que se le formuló a 6 Radicación No. 161-4318 los señores S.T. del Ejército XXXXXXXXXX Se edificó en los siguientes términos: El

16 de julio de 2003 en la vereda Las Juntas, del municipio de Palermo Huila, dieron muerte violenta al señor Jhon Jairo Céspedes Guzmán, QUIEN AL PARECER ERA MILICIANO” (la mayúscula es del impugnante). En esta afirmación, existe un falso juicio de existencia por suposición, por cuanto la señora GLORIA CONSTANZA SANCHEZ nunca hizo cargos específicos a los militares investigados. Representa también un falso juicio de existencia por omisión, al afirmar la primera instancia que JHON JAIRO CÉSPEDES GUZMÁN al parecer era miliciano, cuando por otro lado su propia esposa afirma que era miliciano, amén del tatuaje que el occiso tenía en su brazo izquierdo con la sigla FARC. Reitera en que sí existe contradicción en el dicho de la señora GLORIA CONSTANZA SÁNCHEZ, pues al inicio de su denuncia señaló claramente que su esposo salió fue a hacer arreglar la llanta que tenía las salineras flojas y no a entregarse al ejército. Advierte que llama la atención que la señora SÁNCHEZ indique que los pobladores de las veredas tenían miedo de que fueran a tomar represalias y, sin embargo, acudieron al Juzgado 64 de Instrucción Penal Militar, como a la Procuraduría a rendir sus versiones, por lo que se pregunta cuáles represalias se han tomado por parte del Ejército en su contra. Respecto De esta misma señora dice que la denuncia la formula quince días después de los hechos y tres meses después dice que encontró la moto debajo de donde mataron a su esposo.

Cuestiona la credibilidad de los testimonios de PEDRO MILLAN JUANIAS Y ANANIAS VERA, porque en sana crítica, no es lógico que el XXXXXXXXXX capture a dos personas, las pasee por la vereda amarradas a la vista de todos, entregue a uno de ellos ante el Presidente de la junta y el profesor, se firme un acta de buen trato, y posteriormente se proceda a darle muerte a JHON JAIRO CESPEDES, eso sería “un insulto a la inteligencia” . En lógica si se hubiera querido dar muerte al miliciano CESPEDES, no entregan a VICTOR HUGO ALVARADO, no lo dejan ver de la población y sencillamente lo hacen aparecer muerto en combate Señala respecto de los testigos que estos están indiscutiblemente influenciados por la guerrilla, pues residen en zona de alto riesgo o zona guerrillera. Dice que es ilógico que al testigo ANANIAS VERA, según su dicho, se le haya maltratado por parte del Ejército y después le entreguen una persona que llevan capturada y que además le hagan firmar un acta buen trato. Afirma que los declarantes VICTOR HUGO ALVARADO y GLORIA CONSTANZA SÁNCHEZ entran en contradicción, pues el primero indicó que Jairo le entregó al ejército un radio y una pistola en tanto que la segunda dijo en su denuncia que no conocía ni el radio ni la pistola. Advierte que la esposa del occiso ha manifestado que la motocicleta era de propiedad de éste, pero hasta el momento procesal no se ha probado la preexistencia de dicho vehículo, lo que afecta aún más la credibilidad del testimonio.

7 Radicación No. 161-4318 Concluye señalando que sus defendidos actuaron en cumplimiento de un deber legal al ser emboscados por las FARC, por lo que dan de baja a un miembro de esa organización. 3.- Apoderado del XXXXXXXXXX (folio 64 C.O.3). Expresa su asombro por la decisión adoptada, la cual califica de apresurada, pues se adopta preciso un día antes de terminar la anterior administración, sin ni siquiera haberse hecho algún pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad planteada al momento del alegato final. Sobre el particular, refiere que en el alegato presentado el 16 de marzo de 2006, “la defensa preocupada, porque no se me había comunicado sobre la fecha para la práctica de unas diligencias, el día 7 de diciembre de 2005 elevé un escrito, primero dejando constancia de lo anterior y segundo, reiterando que se practicaran la totalidad de las pruebas solicitadas, sin que haya existido un pronunciamiento sobre ello”. Advierte que al momento de practicarse los testimonios de PEDRO MILLAN JUANIAS, ANANIAS VERA, GLORIA CONSTANZA SÁNCHEZ y LIBARDO MEDINA COLLAZOS, ni siquiera se había escuchado en declaración a los uniformados y menos en diligencia de versión, resultando obvio que una vez vinculados como disciplinados a la investigación, les asistía el derecho de contrainterrogar por si o a través de sus apoderados, lo que nunca ocurrió por negligencia del funcionario instructor. No hubo una investigación integral, la Procuraduría no se preocupó por escuchar directamente a los testigos, “cuál la razón para no haber ordenado la recepción de

estas pruebas, cuál la razón para no haberse pronunciado sobre mi escrito de fecha 12 de diciembre de 2005” La Procuraduría señala que los testimonios de cargos son concordantes, consonantes y creíbles, toda vez que expresan que vieron a JHON JAIRO CÉSPEDES cuando era conducido, amarrado por parte de los miembros del Ejército, pero es que precisamente ese era el interés de la defensa, hacer uso del contradictorio, derecho que fue cercenado, por ello se solicitó la ampliación de los testimonios de GLORIA CONSTANZA SÁNCHEZ, PEDRO MILLAN JUANIAS y ANANÍAS VERA, entre otros. Expresa que no se descarta la posibilidad de un montaje en contra de los militares, no se debe descartar la idea de la presencia de unos testigos falsos, pues existen dos versiones, una la de estas personas y otra la de los uniformados, sin que exista certeza sobre cuál es cierta, pues se regó el derecho al contradictorio. En cuanto a la señora GLORIA CONSTANZA, precisa que en su primera declaración dijo que su compañero salió en compañía de HUGO en una moto para mandarla a arreglar y más adelante en la misma declaración señaló que a través de unos vecinos se enteró que su esposo se había entregado al ejército y que los uniformados lo habían asesinado. “Sobre esta manifestación, pretende la Procuraduría indicar que no existe contradicción, pues señala la testigo, que ciertamente su esposo salió a arreglar una moto y es luego, cuando se entera a través de los vecinos que este se había entregado”. La contradicción no es tan solo

8 Radicación No. 161-4318 por su dicho, sino que lo relatado no tiene ningún sentido, porque si el querer del subversivo era entregarse, lo habría indicado a su familia para que supieran del paradero, se hubiera presentado ante una unidad militar y no habría esperado a que lo retuvieran, para luego si aceptar entregarse. Tampoco resulta lógico que si los militares tenían en su mente asesinar a una persona, la hubieran expuesto a que los vecinos la vieran y que la torturaran en presencia de otra persona, como lo era VICTO HUGO ALVARADO. No le llamó la atención a la Procuraduría que mientras PEDRO MILLAN no menciona nada de torturas, el otro testigo, es decir, ANANIAS VERA si habla de golpes al expresar: ”cuando salimos de la escuela oímos que a JAIRO lo hacían quejar, como si lo golpearan…” Son inconsistentes los testimonios de MILLAN JUANIAS y ANANIAS VERA, en cuanto el momento en que supuestamente se dio la muerte, teniendo como punto de referencia el momento en que escucharon el tiroteo. Trae a colación lo dicho por el anterior apoderado del oficial XXXXXXXXXX en cuanto a que en varias oportunidades informó el domicilio profesional, sin que tampoco se le hubiera tenido en cuenta, “al punto que se observa que el auto que corre traslado para alegar, que no han sido leídos sus memoriales en tal sentido, pues se menciona en el auto, su anterior domicilio, circunstancias que hacen imposible garantizar el derecho al contradictorio”. Los argumentos de la Procuraduría para insistir en que los testigos dicen la verdad y

no existe en ellos contradicción, no se ajustan a la realidad probatoria, es decir, no existió una verdadera valoración. Estando dos personas en el mismo sitio, no pueden ver cosas diferentes. Necesario es concluir una de dos, que hubo o que no hubo torturas. Es tan parcializado el análisis que hace la Procuraduría, que concluye que no es posible que en una emboscada no resulten personas heridas o muertas. O sea que para unos casos el funcionario se vale de lo que según él es la experiencia, pero para otros casos no, como el hecho de ser poco creíble que una persona que va a ser asesinada se muestre a la gente del sector donde esta reside, para que fácilmente detecten a los asesinos. Es tan parcializado el dicho de los testigos, que en su afán de inculpar al ejército, negaron haber visto guerrilla , cuando está demostrado que horas antes hubo un enfrentamiento con ese grupo guerrillero, dando como resultado la muerte de tres guerrilleros y la de un soldado. Concluye solicitando se revoque el fallo impugnado y, en su lugar, se absuelva de toda responsabilidad a sus defendidos. Como petición subsidiaria solicita se decrete la nulidad a partir del auto que corre traslado para alegar, por violación al debido proceso y al derecho de defensa y, en su lugar, se decreten las pruebas debidamente solicitadas y decretadas por la Procuraduría.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

9 Radicación No. 161-4318 Revisada la actuación procesal obrante dentro de la presente investigación y atendiendo lo expuesto por los defensores de los disciplinados, la Sala Disciplinaria,

en virtud de lo previsto en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, esto es, que el recurso de apelación le otorga competencia para revisar únicamente los aspectos impugnados, pero también aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, además de compartir algunos de sus planteamientos referidos a la necesidad de nulitar la actuación procesal a partir del auto que ordena correr traslado para alegar de conclusión, encuentra la necesidad de ahondar la investigación en aspectos que no han sido explorados probatoriamente y que emergen como indispensables en orden a tener plena claridad sobre lo verdaderamente ocurrido. En ese orden de ideas, señalemos que el cargo que se les formuló a los disciplinados y por el cual han sido sancionados en primera instancia, se contrae a lo siguiente: “El 16 de julio de 2003 en la Vereda Las Juntas, del municipio de Palermo, Huila, dieron muerte violenta al señor John Jairo Céspedes Guzmán, quien al parecer era miliciano y se había entregado en forma voluntaria al Ejército Nacional” (folio 238 C.O.1). Dicha conducta fue tipificada definitivamente en el fallo objeto de impugnación, en la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 48, numeral 7 de la Ley 734 de 2002, esto es, “Incurrir en graves violaciones al derecho internacional humanitario”. El fallador de primera instancia ha edificado la responsabilidad de los disciplinados en los testimonios rendidos por GLORIA CONSTANZA SÁNCHEZ, esposa de la

víctima, PEDRO MILLÁN JUANIAS, ANANÍAS VERA, LIBARDO MEDINA

COLLAZOS y VICTOR HUGO ALVARADO, según los cuales y de acuerdo con lo considerado por el a-quo, miembros del Ejército Nacional habrían aprehendido el día de los hechos a JOHN JAIRO CÉSPEDES, a quien condujeron amarrado de las manos hacia la parte de atrás de su cuerpo, y quien posteriormente, ese mismo día, aparece muerto a manos del mismo Ejército, lo que se deduce fue una ejecución en estado de indefensión. Los miembros del Ejército Nacional, disciplinados dentro del presente asunto, han sostenido que el señor CESPEDES fue dado de baja en un combate que sostuvieron con miembros de la subversión, versión que no ha sido aceptada por el a-quo, atendiendo lo expresado por los testigos antes anotados. En el recurso de apelación, el apoderado del Subteniente XXXXXXXXXX expresa su asombro por la decisión adoptada, la cual califica de apresurada, pues se adopta preciso un día antes de terminar la anterior administración, sin ni siquiera haberse hecho algún pronunciamiento sobre la solicitud de nulidad planteada al momento del alegato final. Sobre el particular, refiere que en el alegato presentado el 16 de marzo de 2006, “la defensa preocupada, porque no se me había comunicado sobre la fecha para la práctica de unas diligencias, el día 7 de diciembre de 2005 elevé un escrito, primero dejando constancia de lo anterior y segundo, reiterando que se practicaran la 10 Radicación No. 161-4318 totalidad de las pruebas solicitadas, sin que haya existido un pronunciamiento s