PGN - DECRETO Razón y concepto de los de tipo constitucional

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa

Radicación: 14-169657-08

Disciplinados: FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, JORGE ANTONIO DE ARCOS

HOYOS, JORGE EDUARDO BENITEZ BUITRAGO, ORLANDO DAVID

BENITEZ MORA, GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DÍAZ, JUAN DE

DIOS GARI SÁNCHEZ, PEDRO ELIAS TULENA DE LA ESPRIELLA Y JAIME ISAAC PAREJA NADER Cargo y Entidad: Contralor y Diputados de la Asamblea del Departamento de Córdoba

Quejoso: Jairo Andrade Fecha de Queja: Enero 30 de 2008

Fecha hechos: Enero 5 de 2008

Asunto: Fallo de primera instancia – Proceso Verbal

CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DENTRO DEL PROCESO

DISCIPLINARIO VERBAL RADICADO BAJO EL No. 014-169657-08 CONTRA EL

CONTRALOR Y LOS DIPUTADOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

En la ciudad de Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de Junio del año dos mil ocho (2008), siendo la hora de las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.m.), se dio inicio a la Audiencia Pública en el proceso disciplinario radicado con el No.014169657-2008, presidida por la suscrita Procuradora Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, Dra. FLOR ALBA TORRES RODRÍGUEZ, acompañada por el Abogado Asesor Dr. OSCAR ALFONSO RODRÍGUEZ BARRERA y la Secretaria Ejecutiva,

DIANA ELENA MEJÍA ESTRADA, constatándose que los Doctores FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, en nombre propio y REMBERTO TORRES RICO y RAFAEL CALIXTO TONCEL, en sus condiciones de apoderados, el primero del Dr. PÉREZ DÍAZ, aquí presente y del Dr. ORLANDO DAVID BENITEZ MORA, se hicieron presentes en esta Sala. Por su parte, en la Procuraduría Regional de Córdoba, orientará la Audiencia, la doctora VILMA LACONDE VERGARA, quien informa que se encuentran presentes en esas instalaciones los doctores JUAN DE DIOS GARI SÁNCHEZ, JAIME ISAAC PAREJA NADER, ORLANDO DAVID BENITEZ MORA y GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DÍAZ. Posteriormente, se hicieron presentes en la Procuraduría Regional el doctor GUILLERMO CRISTÓBAL VERGARA, apoderado de los doctores GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DÍAZ y JUAN DE DIOS GARI SÁNCHEZ. De igual forma se presentaron los doctores JORGE EDUARDO BENITEZ BUITRAGO y JORGE

ANTONIO DE ARCOS HOYOS.

Se deja constancia de que, a pesar de haber sido citado con la debida anticipación, el quejoso no se hizo presente en la audiencia. Acto seguido, el Abogado Asesor, Dr. RODRÍGUEZ BARRERA, procede a leer el fallo de primera instancia dentro del presente proceso, así:

I. ANTECEDENTES

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co Esta Delegada, mediante Auto de fecha 6 de Marzo de 2008, citó a audiencia y formuló cargos contra los Doctores FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, JORGE ANTONIO DE ARCOS HOYOS, JORGE EDUARDO BENITEZ BUITRAGO, ORLANDO DAVID BENITEZ MORA, GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DÍAZ, JUAN DE DIOS GARI SÁNCHEZ, PEDRO ELIAS TULENA DE LA ESPRIELLA Y JAIME ISAAC PAREJA NADER, en sus condiciones de Contralor y Diputados de la Asamblea del Departamento de Córdoba, respectivamente, teniéndose como fundamento la queja presentada el 30 de Enero de 2008, por el señor JAIRO ANDRADE, quien informó que el Doctor PÉREZ DÍAZ se inscribió y fue elegido Contralor del Departamento de Córdoba, estando incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar, cuando fungía como servidor público del Instituto Nacional de Vías “INVIAS”, en su calidad de Profesional Especializado, Grado 20, Direcciones Regionales, Regional Córdoba, Secretaría General Técnica del citado Instituto, en virtud de lo preceptuado en el Artículo 8º Numeral 1º Literal f) de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, toda vez que en su condición de servidor público y siendo Vicepresidente de la Fundación Bienestar Comunitario

“FUNBICO”, a la vez, celebró varios contratos de prestación de servicios profesionales tanto con la Gobernación de Córdoba, la Asociación de municipios del Sinú “ASOSINÚ” y los municipios de La Apartada, Cereté, Pueblo Nuevo y San Antero.

II. IDENTIDAD DE LOS INVESTIGADOS Dentro de este proceso disciplinario se identificó e individualizó como posibles autores de la falta investigada, a los Doctores FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, en su calidad de servidor público del Instituto Nacional de Vías “INVÍAS”, y contra los Doctores

JORGE ANTONIO DE ARCOS HOYOS, JORGE EDUARDO BENITEZ BUITRAGO, ORLANDO DAVID BENITEZ MORA, GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DÍAZ, JUAN DE DIOS GARI SÁNCHEZ, PEDRO ELIAS TULENA DE LA ESPRIELLA y JAIME ISAAC PAREJA NADER, en sus condiciones de Diputados de la Asamblea del Departamento de Córdoba, el primero identificado con la cédula de ciudadanía número 6’889.551 de Montería y los demás identificados con las cédulas de ciudadanía números 15’039.025 de Sahún, 71’788.832 de Medellín, 10’778.479 de Montería, 6’881.732 de Montería, 15’035.630 de Sahagún, 6’616.435 de Chinú y 1’067.844.346 de Montería, respectivamente.

III. DESCRIPCIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTA IMPUTADA A LOS

DISCIPLINADOS.

El Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, como Profesional Especializado del

Instituto Nacional de Vías, quien, siendo servidor público y, ejerciendo a la vez, como Vicepresidente de la Fundación Bienestar Comunitario “FUNBICO”, contrató con el Estado, violando Artículo 8º Numeral 1º Literal f) de la Ley 80 de 1993, en armonía con el Artículo 8º Numeral 2º Literal e) Ibídem y los preceptos del Artículo 127 Constitucional, endilgándole la comisión de los delitos de falso testimonio en concurso con el de fraude procesal consagrados en los Artículos 442 y 453 del Código Penal, en

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co concordancia con la comisión de la falta disciplinaria, consagrada en los Numerales 1º, 17 y 56 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002. Así mismo, se tiene, que a sabiendas de estar incurso en las dos inhabilidades anteriores: una, producto de la presunta contratación indebida, cuando fungía como servidor público en el Instituto Nacional de Vías, Regional Córdoba, se postuló para Contralor del Departamento de Córdoba, siendo ternado y elegido para el mencionado ente de control Departamental y, la otra, por el asesoramiento indebido a los concejales del municipio de San Pelayo, ante la Fiscalía, cuyo ejercicio indebido lo hizo siendo servidor público en INVÍAS, violando el Régimen de Incompatibilidades consagrado en el Artículo 29 Numeral 1º de la Ley 1123 del 22 de Enero de 2007.

Para los Doctores JORGE ANTONIO DE ARCOS HOYOS, JORGE EDUARDO BENITEZ BUITRAGO, ORLANDO DAVID BENITEZ MORA, GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DÍAZ, JUAN DE DIOS GARI SÁNCHEZ, PEDRO ELIAS TULENA DE LA ESPRIELLA y JAIME ISAAC PAREJA NADER, en su condición de Diputados, que conociendo las dos inhabilidades anteriores del Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, para aspirar a ser Contralor del Departamento de Córdoba, votaron favorablemente para que éste fuera elegido como Jefe de este ente de control fiscal.

IV. PRUEBAS RECAUDADAS Se tiene, que la Fundación Bienestar Comunitario “FUNBICO”, celebró los siguientes contratos, siendo Vicepresidente de la misma, el disciplinado Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, a saber: 4.1. Con la Gobernación de Córdoba, Secretaría de Desarrollo de Salud, el 30 de Diciembre de 2004, por un término de dos meses, por un valor de $6’000.000.oo (folios 40 a 42). 4.2. Con la ESE CAMU de la Apartada del municipio de la Apartada, el 3 de Octubre de 2005, por un término de tres meses, por un valor de $48’000.000.oo (folios 43 a 46). 4.3. El 15 de Mayo de 2007, con el municipio de Cereté, por el término de cuatro (4) meses, por la suma de $87’261.687.oo (folios47 a 50). 4.4. Con el municipio de Pueblo Nuevo, el 3 de octubre de 2005, por el término de

cuatro meses, por la suma de $35’350.000.oo (folios 51 a 54). 4.5. Con el municipio de la Apartada, el 27 de Enero de 2006, por el término de dos meses, por la suma de $20’000.000.oo (folios 55 a 59). 4.6. Con la Asociación de municipios del Sinú “ASOSINÚ”, el 14 de Diciembre de 2006, por el término de sesenta (60) días, por la suma de $84’400.000.oo (folios 60 a 64). 4.7. De interventoría con el municipio de San Antero, el 15 de Marzo de 2007, por el término de nueve (9) meses, por la suma de $88’000.000.oo (folios 65 a 69).

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co 4.8. Acta de Visita Especial practicada el 26 de Febrero de 2008 (folio 129), junto con los soportes y documentos que reposan en la hoja de vida del disciplinado FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ (Anexo 1). 4.9. 4.9. Copias de las Propuestas de FUNBICO dirigidas a las Alcaldías del Departamento de Córdoba y Oficios del Directorio Departamental del Partido Cambio Radical (Anexo 2). 4.10. Copias del Contrato de FUNBICO con la Asociación de Municipios del Sinú “ASOSINÜ”, junto con los soportes y demás documentos que hacen parte del mismo

(Anexos 3 al 8). 4.11. Copias del Contrato de FUNBICO con la E.S.E. CAMU LA APARTADA, junto con los soportes y demás documentos que hacen parte del mismo (Anexos 9 al 13). 4.12. Copias del Contrato de FUNBICO con el Municipio de Cereté, junto con los soportes y demás documentos que hacen parte del mismo (Anexos 14 al 1).

V. TIPICIDAD De conformidad al acervo probatorio citado, los disciplinados, presuntamente, infringieron las siguientes normas: 5.1. El Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, vulneró la prohibición consagrada en el Artículo 8º Numeral 1º Literal f) de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el Artículo 8º Numeral 2º Literal e) Ibídem y el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, toda vez que siendo Vicepresidente de la Fundación Bienestar Comunitario “FUNBICO”, celebró contratos de prestación de servicios profesionales con la Gobernación de Córdoba y los municipios de la Apartada, de Cereté y de Pueblo Nuevo, así, como con la Asociación de municipios del Sinú “ASOSINÚ” y de interventoría con el municipio de San Antero.

5.2. Los Diputados, JORGE ANTONIO DE ARCOS HOYOS, JORGE EDUARDO BENITEZ BUITRAGO, ORLANDO DAVID BENITEZ MORA, GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DÍAZ, JUAN DE DIOS GARI SÁNCHEZ, PEDRO ELIAS TULENA DE LA ESPRIELLA y JAIME ISAAC PAREJA NADER, conociendo la precitada inhabilidad del

Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, quien, como servidor público de INVÍAS, contrató con el Estado, pese a las constancias y advertencias de rigor, votaron para que éste fuera elegido como Contralor del Departamento de Córdoba, tal como se prueba con el Acta No. 02 de la sesión del cinco (5) de Enero de 2008, pues, se tiene, que inobservaron, de manera sustancial, sus deberes y principios consagrados en el Artículo 209 Constitucional, al parecer, haciendo prevalecer el interés personal sobre el interés general, violando igualmente los contenidos del Artículo 34 Numeral 1º de la Ley 734 de 2002 y los deberes consignados en la Ley 190 de 1995. 5.3. El Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, también violó el Régimen de Incompatibilidades consagrado en el Artículo 29 Numeral 1º de la Ley 1123 del 22 de Enero de 2007 (Código Disciplinario del Abogado), toda vez que “(…) no pueden

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos, los servidores públicos, aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita (…)” . 5.4. Así mismo, el Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, a sabiendas de estar

incurso en las dos inhabilidades anteriores, una, producto de la presunta contratación indebida, cuando fungía como servidor público en el Instituto Nacional de Vías, Regional Córdoba; y, la otra, por el presunto asesoramiento indebido a los concejales del municipio de San Pelayo, ante la Fiscalía, cuyo ejercicio indebido lo hizo siendo servidor público en INVÍAS, se postuló para Contralor, siendo ternado y elegido para el mencionado ente de control Departamental de Córdoba. 5.5. Los servidores públicos investigados, también infringieron las siguientes disposiciones: El Artículo 6º de la Constitución Política, establece que los Servidores Públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y la Ley y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Los Artículos 413, 442 y 453 del Código Penal (Ley 599 de 2000), que contienen la descripción de los punibles de Prevaricato por Omisión, Falso Testimonio y Fraude Procesal, respectivamente. Por lo anterior y por expreso mandato legal, es ostensible la violación de los Artículo 48 Numerales 1º, 17 y 56 de la Ley 734 de 2002, fundamento del reproche que se formula, los cuales determinan la inhabilidad, tanto que el Doctor PÉREZ DÍAZ, quien siendo servidor público del Instituto Nacional de Vías “INVÍAS”, concomitantemente, también ejercía como Vicepresidente de la Fundación Bienestar Comunitario “FUNBICO”, ente jurídico que a la vez contrató con el Estado y, para el caso que nos ocupa, prestó sus

servicios profesionales a la Gobernación de Córdoba y a los municipios de la Apartada, de Cereté y de Pueblo Nuevo, así como también contrató con la Asociación de municipios del Sinú “ASOSINÚ” y de interventoría con el municipio de San Antero. El Artículo 23 de la Ley 734 de 2002, dispone que “Constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, (...) la violación al régimen de inhabilidades, (...) sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el Artículo 28 del presente ordenamiento“. El Artículo 9 del C. C. señala, que la ignorancia de la Ley no sirve de excusa.

VI. DESCARGOS Y ALEGATOS 6.1. El disciplinado, Doctor PÉREZ DÍAZ, fundamenta su defensa, manifestando, que en el auto del 6 de Marzo de 2008, se determinan que dos son los cargos que se le formulan: Uno, el haber celebrado contrato siendo servidor público y, dos, haber asesorado a los concejales del municipio de San Pelayo, siendo servidor público.

Agrega, que las inhabilidades deben ser establecidas en la norma positiva de manera taxativa y que su interpretación y aplicación es de forma restrictiva, concluyéndo que lo

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co que no se encuentre establecido en la ley como inhabilidad no se puede tener en cuenta para aplicarla, siempre refiriéndose a las inhabilidades para ser elegido Contralor

Departamental, contenidas en el Artículo 6º de la Ley 330 de 1996, considerando así, que su conducta estuvo ajustada a derecho, toda vez que las endilgadas en el auto de cargos no están allí enlistadas; pues, no hay prohibición para que un servidor público haga parte de la Junta Directiva de una Fundación Privada sin ánimo de lucro. Afirma, que el Inciso 2º del Artículo 355 de la Constitución Política autoriza la celebración de contratos con entidades sin ánimo de lucro, tanto que el gobierno nacional ha venido reglamentando la contratación con las entidades sin ánimo de lucro a través de los Decretos 393 y 777 de 1992 y 2459 de 1993. En todo el plenario no hay prueba que permita constatar y verificar que él haya celebrado contrato alguno con alguna entidad pública, ya sea del nivel central nacional o territorial, tampoco hay prueba que demuestre que él hubiese actuado como representante legal de la Fundación “FUNBICO” y en su condición de Vicepresidente y miembro de la Junta Directiva. Además, nunca recibió contraprestación en dinero porque ese cargo es honorífico. Afirma, que él jamás ejecutó los contratos, pues lo hizo directamente la Fundación, con el personal que se requería para cada uno de ellos, para lo cual anexa la documentación con todos los soportes, en donde se hace constar quiénes realizaron las actividades y el recibido a satisfacción por el ente contratante, tal como aparece en cada una de las certificaciones sobre el cumplimiento de los contratos, por parte del interventor asignado para ello. Por anteriormente registrado, se tiene que hubo inadecuación de la conductas

presuntamente infringidas, endilgadas en el auto de cargos, porque siendo servidor público de INVÍAS no celebró contratos con entidades públicas ni en forma directa ni por interpuesta persona. El presunto asesoramiento ilegal es infundado, lo cual demuestra con las certificaciones de la Unidades Seccionales de Fiscalías de Córdoba y de Delitos contra la Administración Pública y del Secretario General del Concejo Municipal de San Pelayo y del Secretario Administrativo del mismo municipio, en las que se hace constar que él jamás apoderó ni apareció realizando alguna actividad como profesional del derecho en ninguna Fiscalía ni asesoró a ningún Concejal del municipio de San Pelayo. Para contraprobar el cargo de asesoramiento ilegal, aportó las declaraciones extraproceso de cinco (5) concejales, cuatro de la Notaría Única de San Pelayo y una de la Notaría Tercera de Montería. Por las mismas razones, tampoco se tipifican los punibles de falso testimonio y fraude procesal, según el disciplinado, porque no contrató directamente con el Estado, restándole valor al reproche de la calificación de su actuación como de mala fe. El Doctor REMBERTO TORRES RICO, como Defensor del investigado, PËREZ DÍAZ, rememora analíticamente el postulado de la incompatibilidad constitucional del Artículo 127 para todo servidor público, recordando los conceptos de servidor público y de la contratación en forma directa o por interpuesta persona, para concluir que su pupilo no lo hizo, toda vez que FUNBICO actuó en nombre propio. Igual desglose hizo con el Artículo 355 Constitucional y el Decreto 777 de 1992, deduciendo que su prohijado, en forma

indirecta, no contrató ni ejecutó los contratos celebrados por FUNBICO.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co 6.2. Tanto los siete (7) Diputados implicados como sus Defensores, manifestaron desde diferente óptica, que al momento de la votación para elegir como Contralor del Departamento de Córdoba al Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, lo hicieron en forma favorable y en ejercicio de sus funciones electorales, conforme al Numeral 3º del Artículo 6º del Reglamento Interno de la Asamblea de Córdoba, porque el día de la elección, o sea, 5 de Enero de 2008 (Acta 02), no había el documento idóneo que los hiciera desistir de posesionarlo, para lo cual el Doctor Pérez, presentó copia de su hoja de vida junto con los documentos como la fotocopia de la cédula de ciudadanía, certificados de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios, sin el registro de anotación alguna, expedidos por el DAS, Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación, respectivamente, así como la copia de los títulos de Abogado y de Especialista en Administración Pública. Los Diputados alegan en su favor, que los días, tanto de la elección como de la posesión, la bancada de oposición a la elección, no aportó ni exhibió la prueba de los supuestos contratos inhabilitantes, estableciendo las diferencias entre el ejercicio del

control político y la función electoral colegiada, lo cual les exime de responsabilidad disciplinaria, dado que la inhabilidad para contratar es sustancialmente diferente a la inhabilidad para ser elegido Contralor Departamental.

VII. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Previo análisis de los hechos atribuidos como irregulares y del material probatorio allegado al proceso, frente a las explicaciones presentadas por los disciplinados, de conformidad con las condiciones anotadas anteriormente, le compete a esta Delegada analizar los argumentos presentados por la defensa en los descargos y en los alegatos de conclusión, en desarrollo de la audiencia pública y, para tal efecto, se debe valorar y apreciar, en su conjunto e integralmente, este acervo probatorio y, en consecuencia, entra a resolver de plano la responsabilidad disciplinaria que se desprende de la actuación surtida por los servidores públicos encartados. Veamos: 7.1. Las presuntas irregularidades cometidas por el disciplinado, Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, como Profesional Especializado del Instituto Nacional de Vías, quien siendo servidor público y, fungiendo a la vez, como Vicepresidente de la Fundación Bienestar Comunitario “FUNBICO”, pudo estar incurso en dos inhabilidades, a saber: una, producto de la presunta contratación indebida, cuando fungía como servidor público en el Instituto Nacional de Vías, Regional Córdoba y, a sabiendas, se postuló para Contralor del Departamento de Córdoba, siendo ternado y elegido para el mencionado ente de control Departamental y, la otra, por el asesoramiento indebido a

los concejales del municipio de San Pelayo, ante la Fiscalía, cuyo ejercicio indebido lo hizo siendo servidor público en INVÍAS, violando el Régimen de Incompatibilidades consagrado en el Artículo 29 Numeral 1º de la Ley 1123 del 22 de Enero de 2007. Contratación que violó la preceptiva del Artículo 8º Numeral 1º Literal f) de la Ley 80 de 1993, en armonía con el Artículo 8º Numeral 2º Literal e) Ibídem y los preceptos del Artículo 127 Constitucional, endilgándole la comisión de los delitos de falso testimonio en concurso con el de fraude procesal consagrados en los Artículos 442 y 453 del Código Penal, en concordancia con la comisión de la falta disciplinaria, consagrada en los Numerales 1º, 17 y 56 del Artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co 7.2. A los Diputados, JORGE ANTONIO DE ARCOS HOYOS, JORGE EDUARDO BENITEZ BUITRAGO, ORLANDO DAVID BENITEZ MORA, GUILLERMO ENRIQUE CORRALES DÍAZ, JUAN DE DIOS GARI SÁNCHEZ, PEDRO ELIAS TULENA DE LA ESPRIELLA y JAIME ISAAC PAREJA NADER, quienes conociendo la precitada inhabilidad, que como servidor público detentaba el Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ

DÍAZ, como funcionario de INVÍAS, contrató con el Estado, y, que pese a las constancias y advertencias de rigor, votaron para que éste fuera elegido como Contralor del Departamento de Córdoba, tal como se prueba con las Actas Números 02 y 04 de las sesiones del cinco (5) y quince (15) de Enero de 2008, pues, se tiene que inobservaron, de manera sustancial, sus deberes y principios consagrados en el Artículo 209 Constitucional, al parecer, haciendo prevalecer el interés personal sobre el interés general, violando, igualmente, los contenidos del Artículo 34 Numeral 1º de la Ley 734 de 2002 y los deberes consignados en la Ley 190 de 1995. En razón de la conexidad de las conductas, esta Delegada realizará un análisis conjunto para los disciplinados: La Constitución Nacional en el Artículo 127 prohíbe a los servidores públicos “celebrar por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno, con entidades públicas o con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones legales”. A su vez, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, Artículo 8o., dispone, que son inhábiles para participar en concursos o licitaciones y para celebrar contratos con las entidades estatales: “a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. (...) f) Los servidores públicos (...)”. Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las entidades estatales que de modo general se reconoce a las personas naturales y

jurídicas, y obedecen a la falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo incapacita para poder ser parte en una relación contractual con dichas entidades, operaciones contractuales que exigen que se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia. Es por ello, que se prohíbe que accedan a la contratación estatal las personas que tengan intereses contrarios a los de las entidades públicas con las cuales contrata o que carezcan de los requisitos o condiciones que puedan repercutir en el correcto, eficiente y eficaz cumplimiento del acuerdo de voluntades. En el ámbito contractual, las inhabilidades e incompatibilidades son circunstancias que imposibilitan para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales. Si bien el legislador ha previsto en forma taxativa las prohibiciones a los servidores públicos para contratar con entidades del Estado, también contempla algunas

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co excepciones, entre ellas, la contenida en el Artículo 10 de la Ley 80 de 1993, que es del siguiente tenor: “De las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades. No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos anteriores, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar los bienes o servicios que las entidades a que se refiere el

presente estatuto ofrezcan al público en condiciones comunes a quienes los soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de las juntas o consejos directivos en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo de lo previsto en el Artículo 60 de la Constitución Política”. Así mismo, el Decreto 777 de 1992, por medio del cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el Inciso Segundo del Artículo 355 de la Constitución Política, contempla algunas excepciones, estableciendo en el Parágrafo del Artículo 9° que “no se aplicará la prohibición prevista en el presente artículo cuando los servidores públicos mencionados en el numeral 1° y las personas señaladas en el numeral 3°, estas últimas en tanto sean servidores públicos, hagan parte en razón de su cargo, de los órganos administrativos de la entidad sin ánimo de lucro, en virtud del mandato legal o de disposiciones estatutarias, debidamente aprobadas por las autoridades competentes “. A su vez, la citada normatividad, dispone en el Artículo 1° que en desarrollo del Artículo 355 de la Carta Política, los Departamentos, Distritos y Municipios pueden celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, sujetos a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, pero también, en el normado 2° expresa que “(…) están excluidos del ámbito de aplicación del presente Decreto:

1. Los contratos que las entidades públicas celebren con personas privadas

sin ánimo de lucro, cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación vigentes (…).” (Subraya el Despacho). En el Derecho colombiano existen actos que el Presidente de la República puede dictar por autorización o competencia directa que le da la Carta Política, por ello, el ejecutivo puede ejercer esa competencia en todo tiempo, independientemente del Congreso. Estos actos se les puede denominar “Decretos Constitucionales” y abarcan aquellos actos dictados por el Presidente de la República para ejercer funciones que la Constitución le ha otorgado directamente, no sometidas a las leyes emanadas del órgano legislador formal. Con base en la facultad otorgada por el Artículo 355 de la Constitución Nacional, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 777 de 1992, por el cual se reglamentó la celebración de los contratos a que se refiere el Inciso Segundo de la norma superior, es

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 8 PBX 5878750 Ext.. 10824 Fax. 10896 www.procuraduria.gov.co decir, regló las apropiaciones de recursos destinados a impulsar programas y actividades de interés público, mediante contratos con entidades sin ánimo de lucro. Con todo, evidencia este Despacho, que esta normatividad y la excepción contenida en el Artículo 10 de la Ley 80 de 1993, son suficientes para el pronunciamiento definitivo

de este proveído. Pero, además, debe señalarse que, de otra parte, en el acervo probatorio arrimado al plenario, el Doctor FELIPE SANTIAGO PÉREZ DÍAZ, como Profesional Especializado del Instituto Nacional de Vías, no celebró contratos con entidades públicas ni en forma directa ni por interpuesta persona, toda vez que los contratos y su ejecución lo hizo la Fundación de Bienestar Comunitario “FUNBICO”, con el personal idóneo para cada contratación. Así mismo, no aparece prueba alguna que demuestre que asesoró ilegalmente a los Concejales de San Pelayo, por el contrario, probó con las certificaciones de la Unidades Seccionales de Fiscalías de Córdoba y de Delitos contra la Administración Pública y las certificaciones del Concejo Municipal y del Secretario Administrativo del municipio de San Pelayo, en donde se hace constar que él jamás apoderó ni apareció realizando actividad de asesoramiento como profesional del derecho, a los concejales de San Pelayo o a otra persona. Por lo anterior, los argumentos expuestos, tanto por el disciplinado como por el Defensor, están llamados a prosperar. De otro lado y por sustracción de materia, se tiene que al no existir inhabilidad para el Contralor Departamental elegido, tampoco se les puede endilgar falta disciplinaria a los siete (7) Diputados implicados, pero en últimas, si no fuere así, no se les podría formular juicio