PGN - DECRETOS LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS DE EXCEPCION Observancia al texto constituciona

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES-Control de legalidad resolución 5956 suspende algunas disposiciones. DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA-Como uno de los estados de excepción De acuerdo con la Constitución Política y en aras de que el Gobierno Nacional contara con las herramientas necesarias para conjurar todos aquellos hechos excepcionales que perturben, amenacen o alteren en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, se le otorgó al presidente de la República la posibilidad de declarar el estado de emergencia y así salvaguardar los intereses superiores de la comunidad. Durante ese período el Ejecutivo puede dictar los decretos que considere necesarios pero sólo con la finalidad de solucionar la crisis e impedir la extensión de sus efectos. DECRETOS LEGISLATIVOS DE ESTADOS DE EXCEPCION-Observancia al texto constitucional/DECRETOS LEGISLATIVOS DE ESTADOS DE EXCEPCION-Ley estatutaria. El ejercicio de esa prerrogaiva va ligada indiscutiblemente a la plena observancia de los límites que el propio texto constitucional consagra. En efecto, la declaratoria de los estados de excepción no puede convertirse en un instrumento dirigido al desconocimiento de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, al irrespeto de las reglas del derecho internacional humanitario, y mucho menos a la interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público o de los órganos del Estado, o a la supresión y/o modificación de los organismos y las funciones básicas de acusación y de

juzgamiento. De esta manera, la Carta Constitucional al regular esos estados, estatuyó diferentes mecanismos tanto políticos como jurídicos a los cuales debe someterse desde la decisión a través de la cual se declara el estado de emergencia, pasando por los decretos legislativos y concluyendo con los decretos expedidos para la concreción de los fines dispuestos en los mismos. La finalidad de esos controles no es otra que la verificación formal y material del cumplimiento de los parámetros establecidos en el ordenamiento superior para su ejercicio. Así, en lo que tiene que ver con el control jurídico y con fundamento en el literal e) del artículo 152 supra, se expidió la Ley 137 de 1994Estatutaria de los–, en cuyo artículo 20 consagró el control inmediato de legalidad de los actos administrativos de carácter general dictados en desarrollo de los plurimencionados estados. A la letra dicha disposición prescribe: (…). CONTROL DE LEGALIDAD-A través de la cual se pretende impedir la aplicación de normas ilegales/CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Características procesales y sustanciales. “… Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Control Inmediato de Legalidad Expediente No. 110010315000202001156 - 00 Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo

contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición”. El control inmediato de legalidad es el medio jurídico previsto en la Constitución Política para examinar los actos administrativos de carácter general que se expiden al amparo de los estados de excepción, esto es, actos administrativos que desarrollan o reglamentan un decreto legislativo. El examen de legalidad se realiza mediante la confrontación del acto administrativo con las normas constitucionales que permiten la declaratoria de los estados de excepción (artículos 212 a 215 de la Constitución Política), la ley estatutaria de los estados de excepción (Ley 137 de 1994) y los decretos expedidos por el Gobierno Nacional con ocasión de la declaratoria del estado de excepción. Estos actos administrativos son objeto de control de legalidad por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 137 de 1994:“Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la

jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.” En oportunidades anteriores, la Sala ha definido como características del control inmediato de legalidad las siguientes: a) Es un proceso judicial porque el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 otorgó competencia a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para examinar la legalidad de los actos administrativos proferidos en ejercicio de la función administrativa que desarrolla los decretos. De ahí que la providencia que decida el control de legalidad tenga las características de una sentencia judicial. b) Es automático e inmediato porque tan pronto se expide el acto administrativo general, el Gobierno Nacional debe enviarlo para que se ejerza el control correspondiente. En caso de que el Gobierno no lo envíe dentro de las 48 horas siguientes a la expedición, la autoridad judicial competente debe asumir, de oficio, el control de tal acto. Por lo tanto, ni siquiera es necesario que el acto se haya divulgado. c) Es autónomo, toda vez que es posible que se controlen los actos administrativos antes de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto que declara el estado de excepción y de los decretos legislativos que lo desarrollan. d) Es integral, por cuanto es un juicio en el que se examina la competencia de la autoridad que expidió el acto, la conexidad del acto con los motivos que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción, la sujeción a las formas y la proporcionalidad de las medidas adoptadas para conjurar la crisis e impedir la

extensión de los efectos del estado de excepción.

CONCEPTO No. 040 / 2020

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SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejera Ponente Doctora: MARTHA NUBIA VELASQUEZ RICO

E. S. D.

ASUNTO: CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD EXPEDIENTE: 110010315000202001156 - 00

AUTORIDAD: COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES Solicitud de DECLARAR AJUSTADO A DERECHO el acto administrativo objeto de estudio / Acto administrativo de carácter general ajustado a los requisitos establecidos en el Art. 136 de la Ley 1437 de 2011 CPACA. Temas: Naturaleza y control de los decretos legislativos expedidos en estado de emergencia. Actos internos de la administración y medidas de carácter general ordenadas en ejercicio de la función administrativa, como desarrollo de los estados de excepción. El medio de control inmediato de legalidad a la luz de la tutela judicial efectiva en el marco del estado de emergencia por la enfermedad covid-19. Características esenciales del medio de control inmediato de legalidad / Desarrollo de los criterios de

Conexidad, proporcionalidad, temporalidad, finalidad y apego al ordenamiento jurídico. El Ministerio Público, actuando en cumplimiento de las atribuciones especiales contenidas el artículo 303 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 46 y su parágrafo de la Ley 1564 del 2012, así como, lo dispuesto en el numeral 5 el artículo 185 de la Ley 1437 de 2011, especialmente en defensa del orden jurídico, el patrimonio público y los derechos y garantías fundamentales, presenta mediante este escrito, concepto sobre el Control Inmediato de Legalidad de la Resolución 5956 de 3 de abril de 2020 , proferida por el Presidente y el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC1 , “Por la cual se suspenden, hasta el 31 de mayo de 2020, algunas disposiciones contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016 en relación con la prestación de servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”, dirigida a los servidores públicos, a los contratistas y a los usuarios de la entidad, admitido mediante auto de fecha 2 de abril de 2020 proferido por el Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Dra. María Adriana Marín. 1 Según el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009: “La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), es una Unidad Administrativa Especial, del orden nacional, con independencia administrativa, técnica, patrimonial, presupuestal, y con personería jurídica, la cual forma parte del Sector administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La CRC no estará sujeta a control jerárquico o de tutela alguno y sus actos solo son susceptibles de control ante la jurisdicción

competente” (se destaca). 3

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1. ANTECEDENTES El artículo 215 de la Constitución Política, señala que cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 ibidem , que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, el Presidente de la República podrá, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de treinta (30) días, que sumados no podrán exceder noventa (90) días en el año calendario.

El pasado 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó el brote de la enfermedad covid-192 como una pandemia, por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró “la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020”, en consecuencia, ordenó a los jefes y representantes legales de las entidades públicas y privadas adoptar las medidas de prevención y control para evitar la propagación de dicha enfermedad. Posteriormente el Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 20203, declaró el Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, justificado en “la expansión en el territorio nacional del brote de enfermedad por nuevo coronavirus COVID - 19 y cuyo crecimiento exponencial es previsible, sumado a los efectos económicos negativos que se han venido evidenciando en la última semana es un hecho que además, de ser una grave calamidad pública constituye en una grave afectación al orden económico y social del país que justifica la declaratoria del Estado de Emergencia Económica y Social, toda vez que se trata de situaciones diferentes a las que se refieren los artículos 212 y 213 de la Constitución Política”. 2 Organización Mundial de la Salud (OMS), ed. (11 de febrero de 2020). «Intervención del Director General de la OMS en la conferencia de prensa sobre el 2019-nCoV del 11 de febrero de 2020». Consultado el 15 de abril de 2020 en: http://web.archive.org/web/20200220051931/https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/whodirector-general-s-remarks-atthe-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020. 3 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.” 4

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Que mediante el artículo 6 del Decreto 464 del 23 de marzo de 20204 se dispuso que “durante el estado de emergencia económica, social y ecológica flexibilizarán las normas relacionadas con el cumplimiento del régimen de calidad y otras obligaciones de los prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones y de los servicios postales, en la medida en que no constituyan elementos esenciales para garantizar la provisión del servicio. La Comisión de Regulación de Comunicación es y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo de su competencia, expedirán las resoluciones que flexibilizan las obligaciones específicas” A su vez, también como desarrollo del estado de emergencia, económica, social y ecológica, el presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, expidió el Decreto 491 de 2020 mediante el cual se establecieron, entre otras, la medida relativa a privilegiar el uso de medios electrónicos para la notificación de actos administrativos. Lo anterior, con el objetivo de fomentar el trabajo en casa de los servidores del Estado y evitar el contacto social, toda vez que esta se erige como la medida no farmacológica que hasta el momento es la más efectiva en el propósito de mitigar la expansión del coronavirus COVID-19. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la CRC está facultada para expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas, entre otros, con los parámetros de calidad de los servicios, el cual, le es aplicable a todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - PRST.

Que el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 establece los derechos que deben reconocerse a los usuarios de los servicios de comunicaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación que en materia de protección al usuario expida la CRC. Así, el referido artículo señala como derechos de los usuarios, entre otros, los de recibir una factura por cualquier medio que autorice la CRC y obtener respuesta efectiva a las solicitudes realizadas a los PRST. 4 Por el cual se disponen medidas con el fin de atender la situación de emergencia económica, social y ecológica de la que trata el Decreto 417 de 2020” 5

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Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Control Inmediato de Legalidad Expediente No. 110010315000202001156 - 00 Que, bajo el contexto de la Sociedad de la Información, y atendiendo a las facultades legales en cabeza de la CRC, fue expedida la Resolución CRC 5111 de 2017, “Por la cual se establece el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, se modifica el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, la cual entró en vigor el 1º de enero de 2018. Que de acuerdo con el artículo 2.1.10.6 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, cuando la prestación del servicio deba ser interrumpida al usuario por más

de 30 minutos por razones de mantenimiento, pruebas y otras circunstancias tendientes a mejorar la calidad del servicio, los PRST deben informar con tres (3) días calendario de anticipación al usuario y a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de dicha situación. Que, dentro del régimen mencionado, el artículo 2.1.13.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece las reglas para la entrega de factura por parte de los PRST a sus usuarios. Que los artículos 2.1.24.3, 2.1.24.6 y 2.1.24.9 de la Resolución CRC 5050 de 2016 señalan el procedimiento para tramitar las peticiones, quejas/reclamos o recursos -PQR presentadas por los usuarios de los servicios de comunicaciones. En este sentido, se establece, entre otras medidas, que las PQR deben ser resueltas por parte de los PRST a través del mismo medio de atención por el cual fueron presentadas por parte del usuario, a menos de que este decida solicitar recibirla por otro medio distinto. Que el artículo 2.1.25.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016 determina los indicadores de calidad en la atención de usuarios para líneas telefónicas y para oficinas físicas. Que, igualmente, dentro del mencionado régimen, los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.2, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen la obligación de medir y publicar mensualmente los indicadores de calidad en

la atención de usuarios para quejas más frecuentes, oficinas físicas, línea telefónica y de satisfacción en la atención. Que la Sección 26 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone el marco regulatorio relacionado con el servicio de televisión comunitaria sin ánimo de lucro, dentro del cual, en los artículos 2.1.26.1 y 2.1.26.7.3 se establecen respectivamente 6

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Carrera. 5 No. 15-80 Piso 19 PBX. 5878750 Ext. 11961 www.procuraduria.gov.co Control Inmediato de Legalidad Expediente No. 110010315000202001156 - 00 los derechos de los usuarios y parámetros específicos respecto de las decisiones de la comunidad organizada en relación con las PQR presentadas por los usuarios. Que los diferentes formatos de reporte de información y las reglas que deben cumplir los PRST para su entrega se encuentran contenidos en el Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. 1.1. El acto administrativo objeto de control de legalidad. LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES, a través de su presidente y Director Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009 modificada por la Ley 1978 de 2019, el Decreto 464 de 2020 expidió la RESOLUCIÓN No. 5956 proferida el 3 de abril de 2020 “Por la cual se suspenden, hasta

el 31 de mayo de 2020, algunas disposiciones contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016 en relación con la prestación de servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones". El acto administrativo objeto de revisión, tuvo como sustento, adicional a las normas antes mencionadas, las siguientes motivaciones como las de más relevancia: Citó el artículo 4 del Decreto 491 de 2020, en el que se señala que mientras permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, es menester priorizar los medios electrónicos para llevar a cabo notificaciones administrativas. Bajo esa lógica se considera que las autoridades administrativas, en el marco de sus competencias deben propender porque se utilicen los medios electrónicos para la entrega de documentos a la ciudadanía. Refirió que, con ocasión de la situación generada por la propagación del virus COVID-19, mediante Resolución CRC 5941 del 19 de marzo de 2020, “Por la cual se suspende hasta el 31 de mayo de 2020 la obligación para los operadores de servicios de comunicaciones y para las comunidades organizadas del servicio de televisión comunitaria de contar con oficinas físicas como medio de atención al usuario y se dictan otras disposiciones” , la CRC suspendió los efectos del numeral 2.1.25.7.2 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución 7

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Expediente No. 110010315000202001156 - 00 CRC 5050 de 2016, es decir, lo relativo al indicador de calidad en la atención en oficinas físicas de los PRST (prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones). Mediante comunicación dirigida a la CRC y radicada el día 27 de marzo de 2020 con número 2020802814, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones -ANDESCO y la Asociación de la Industria Móvil de ColombiaASOMOVIL, en atención a lo dispuesto en el Decreto 464 de 2020, solicitaron adoptar medidas adicionales para flexibilizar algunas disposiciones de los regímenes de protección a usuarios de los servicios de comunicaciones y de reportes de información, entre otros. Lo anterior con el fin de dirigir los recursos y esfuerzos a garantizar la atención de los usuarios a través de todos los medios de los que disponen los operadores, así como a minimizar el riesgo y exposición del personal dedicado a las labores de atención al cliente. Que los PRST deben concentrar sus esfuerzos en dar continuidad a la prestación del servicio durante el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado, por lo que deben tomar las acciones tendientes a que los usuarios puedan acceder al servicio en todo momento que lo requieran, teniendo en cuenta que el Decreto 464 de 2020 busca garantizar la prestación de los servicios de telecomunicaciones por ser servicios públicos esenciales. Ello implica que los PRST deben realizar mantenimientos que no se pueden prever con suficiente anterioridad y como consecuencia no les permitiría dar cumplimiento al término definido en el artículo 2.1.10.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en cuanto

a informar al usuario y al Ministerio de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con tres (3) días de antelación sobre la posible caída del servicio por la realización de dichos mantenimientos. Por tal motivo, se hace indispensable suspender la mencionada disposición, advirtiendo que los PRST deben informar previamente al usuario y al Ministerio cuando se requiera realizar este tipo de mantenimientos. Que, en atención a la situación presentada, y con el fin de ajustar el flujo de información que reciben los usuarios de los servicios de comunicaciones, resulta necesario modificar temporalmente el artículo 2.1.13.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 señalando que, durante el tiempo de duración de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada, los PRST podrán entregar a sus usuarios la factura de los servicios mediante correo electrónico, aun cuando estos no lo hayan autorizado. 8

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Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada, los PRST podrán dar respuesta a las PQR presentadas por sus usuarios, a través de correo electrónico, aun cuando estos no lo hayan autorizado. No obstante, los PRST deben garantizar que la respuesta a la PQR sea entregada a través de un correo electrónico suministrado por el usuario, o en físico, cuando no se tenga el correo del usuario o este no esté actualizado. Que teniendo en cuenta lo anterior y que la Resolución CRC 5050 de 2016 en su artículo 2.1.25.6 establece parámetros específicos para el cumplimiento por parte de los PRST de indicadores en la atención a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, por lo cual es preciso suspender el indicador en comento con el fin de flexibilizar las cargas que deben ser asumidas por los PRST, sin que ello implique que el proveedor se exima del deber de atender adecuadamente las llamadas que les realicen sus usuarios. Que en razón a la disminución de la capacidad de operación que puede presentarse en la prestación de servicios de comunicaciones, producto de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado con el objetivo de hacer frente a la propagación del COVID-19, es necesario suspender transitoriamente las obligaciones relacionadas con la publicación mensual de los indicadores de calidad en la atención de usuarios dispuestos en los numerales 2.1.25.7.1, 2.1.25.7.3 y 2.1.25.7.4 del artículo 2.1.25.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, que hacen referencia a quejas más frecuentes, línea telefónica y satisfacción en la

atención al usuario respectivamente, los cuales son diferentes a los indicadores para oficinas físicas temporalmente suspendidos mediante Resolución CRC 5941 de 2020. Que el numeral 2.1.26.1.10 del artículo 2.1.26.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 consagra que los usuarios del servicio de televisión comunitaria tendrán derecho a recibir oportunamente la cuenta de cobro de los aportes ordinarios a la comunidad organizada, a través del medio que el usuario haya elegido. Por lo anterior, con ocasión de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, puede verse afectada la entrega de la cuenta de cobro de los aportes ordinarios a la comunidad organizada toda vez que se debe evitar, en la medida de lo posible, el contacto físico y el 9

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Que en consideración a que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para afrontar la emergencia económica, social y ecológica pueden afectar la capacidad de gestión de la información y dificultar su proceso de consolidación y reporte por parte de los PRST, esta Comisión considera necesario, de una parte, ampliar el plazo para el reporte de información que debe ser presentada de manera mensual o trimestral, de algunos de los formatos contenidos en el Capítulo 2 del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 y, de otra parte, suspender el reporte esporádico del Formato 1.2 contenido en el mismo acápite de la mencionada resolución. Que la flexibilización del cumplimiento de las disposiciones regulatorias plasmadas en el presente acto administrativo se realiza con el objetivo de desarrollar lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 464 de 2020, sin que ello implique la afectación de los elementos esenciales para garantizar la provisión de los servicios de telecomunicaciones. 1.2.Trámite procesal Mediante auto proferido el 22 de abril de 2020, el Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Especial de Decisión Veintitrés, Magistrada Ponente Dra. Martha Nubia Velásquez Rico avocó conocimiento del control inmediato de legalidad de la Circular Resolución No. 5956 del 3 de abril de 2020 expedida por la COMISIÓN DE

REGULACIÓN DE COMUNICACIONES CRC.

La Secretaría General del Consejo de Estado, publicó aviso el 27 de abril de en cumplimiento de lo ordenado en auto del 22 de abril de 2020, informando a la comunidad en general, que mediante la referida providencia se dispuso: “PRIMERO: AVOCAR el

conocimiento de la Resolución 5956 proferida el 3 de abril de 2020 por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, “Por la cual se suspenden, hasta el 31 de mayo de 2020, algunas disposiciones contenidas en la Resolución CRC 5050 de 2016 en relación con la prestación de servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones", con el fin de 10

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COMUNICACIONES.

El 11 de mayo, la Comisión de Regulación de Comunicaciones radicó memorial mediante el cual se pronunció sobre su posición respecto de la legalidad de la Resolución CRC 5956 del 3 de abril de 2020 expedida por dicho organismo. En dicho documento, la CRC

expuso los siguiente:  Argumentó que para la expedición de la resolución objeto de control, la CRC realizó una exhaus