PGN - DECRETOS REGLAMENTARIOS Competencia del gobierno

ACCIÓN DE NULIDAD-Parcial del Decreto 1079 de 2015 por el cual el Ministerio del Transporte expidió el decreto único reglamentario del sector transporte ACCIÓN DE NULIDAD-Marco legal ACCIÓN DE NULIDAD-Definición legal ACTOS ADMINISTRATIVOS-Presunción de legalidad Partiendo del entendimiento de los actos administrativos como instrumentos mediante los cuales la administración cumple sus propósitos y manifiesta su voluntad, resulta incuestionable que sobre ellos recae la presunción de legalidad que conduce al presupuesto de que, los mismos, fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico superior, presunción legal o iuris tantum y no iuris et de iure, es decir, que admite prueba en contrario, motivo por el cual puede ser desvirtuada ante el Juez Competente… DECRETOS REGLAMENTARIOS-Competencia del gobierno Es decir, que el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, está debidamente facultado por la Constitución para expedir diferentes actos administrativos, encaminados a reglamentar por conducto de éstos los parámetros de carácter general y abstracto contenidos en las distintas Leyes, a fin de propender por su realización y materialización, al mismo tiempo que le permite hacer lo propio para la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, entre los que se incluye el control del servicio público de transporte terrestre automotor especial en Colombia. DECRETO COMPILATORIO-El presidente de la república puede delegar su expedición en sus ministros En ese orden de ideas, tenemos que el Ministerio, en uso de las facultades que le fueron delegadas por el Presidente de la República por virtud de lo dispuesto los artículos 209 y 211 de la Carta, se limitó a hacer uso de su potestad legítima de compilar la normatividad

vigente que regulaba el sector transporte, lo que equivale a decir que no se trató de la expedición de una nueva normatividad, sino que simplemente se trató de la labor de unificar en un solo decreto las normas preexistentes, las cuales ya habían sido objeto de consulta y por ende, al tratarse de una recopilación y no de la creación de una nueva legislación no era necesario dar aplicación al artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, por lo que no encuentra esta agencia del Ministerio Público que el acto administrativo atacado haya trasgredido ni la Constitución Política, ni tampoco las leyes vigentes al momento de su expedición y por ende, no está viciado de nulidad, razón por la cual la solicitud de nulidad impetrada no está llamada a prosperar.

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas

Bogotá, D. C., 19 de octubre de 2021 Doctor

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Consejero Ponente – Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF. Concepto 21132 Medio de control de Nulidad Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas

Demandados: Ministerio de Transporte Honorable señor Consejero: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en única instancia, con base en las argumentaciones que se

exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES

Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad contemplado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2012, el señor ORLANDO HERRÁN VARGAS, presentó demanda en contra de LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICAMINISTERIO DE TRANSPORTE, con el ánimo de que se declare la nulidad parcial del Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector transporte”, acto administrativo expedido por 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 2 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas la entonces Ministra de Transporte, en el cual se recopilan disposiciones reglamentarias del sector y más específicamente el Decreto Reglamentario 348 de 2015, las cuales están contenidas en el Capítulo 6 del citado Decreto 1079/2015, desde el artículo 2.2.1.6.1 al artículo 2.2.1.6.15.3., dedicado al servicio público de transporte terrestre automotor especial.

Como sustento de sus pretensiones, el actor manifiesta que el Ministerio al expedir el acto administrativo demandado, vulneró lo dispuesto en los artículos 88 y 333 de la Constitución Política, al tiempo que vulneró los artículos 3 y 7 de la Ley 1340 de 2009, por cuanto no se consultó previamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que

rindiera concepto acerca de la conveniencia de las medidas a adoptar frente a la libre competencia y el posible incumplimiento de tales regulaciones. Contestación de la demanda Por conducto de apoderada judicial, el Ministerio de Transporte procedió a dar contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones de la misma, por carecer ésta de fundamentos fácticos y jurídicos, toda vez que al momento de su expedición no se incurrió en violación de normas constitucionales y/o legales, siendo proferido por autoridad competente, con observancia de las formalidades y trámites establecidos en la Ley, con el único fin de reglamentar el servicio público de transporte terrestre automotor especial. Destaca además que en cuanto al Decreto 1079 de 2015, se trata de un decreto compilatorio de normas, tal como la misma parte considerativa de dicha norma lo señala, al tiempo que, por tratarse de un compilatorio de normas preexistentes, éstas no requieren ninguna consulta previa, dado que las normas fuente cumplieron con todas las regulaciones al momento de su expedición. 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 3 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas Manifiesta que la norma acusada de nulidad no vulnera la libertad de competencia, pues tiene como finalidad incentivar la creación de em

presas en el servicio especial y garantizar la participación de las empresas que se encuentran debidamente habilitadas para prestar el servicio de transporte especial, así como establecer las condiciones que deben cumplir los vehículos que se destinen al nivel especial, los cuales estarán sujetos tanto a las disposiciones del Decreto 1079 de 2015, sino además a todas aquellas que buscan garantizar la seguridad de los usuarios. Refiere además, que el estatuto de transporte vigente le otorga facultades el Gobierno Nacional para regular y reglamentar el transporte público, garantizando a los habitantes la prestación del servicio, de tal suerte que le corresponde al Estado reglamentar y vigilar la industria del transporte, en los términos previstos en los artículos 332 y 334 de la Constitución. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico ¿El capítulo 6 del Decreto 1079 de 2015, expedido por la entidad aquí demandada, se encuentra viciado de nulidad? Análisis jurídico Conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Dicha acción procederá cuando tales actos hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 4 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Ahora bien, ha sido ampliamente estudiado que, tratándose de la pretensión de la nulidad del acto administrativo, en este caso, en contra del Capítulo 6 del Decreto 1079 de 2015, proferido por el Ministerio de Transporte; se exige la comprobación de las irregularidades en su expedición y su consecuencial nulidad. Caso concreto En el caso que ocupa nuestra atención, es la pretendida nulidad del Capítulo 6 del Decreto 1079 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”, acto administrativo dictado por el Ministerio de Transporte, por infracción de las normas en que debería fundarse, pues el demandado Capítulo 6 del referido decreto regula el “servicio público de transporte terrestre especial”, pero que antes de proceder a su expedición, no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 1340 de 2009, respecto de solicitar concepto previo a la SIC respecto de la libre competencia, así como también de su conveniencia y el posible incumplimiento de las disposiciones a implementar, afectando así el principio de la libre concurrencia. Partiendo del entendimiento de los actos administrativos como instrumentos mediante los cuales la administración cumple sus propósitos y manifiesta su voluntad, resulta incuestionable que sobre ellos recae la

presunción de legalidad que conduce al presupuesto de que, los mismos, fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico superior, presunción legal o iuris tantum y no iuris et de iure, es decir, que admite prueba en contrario, motivo por el cual puede ser desvirtuada ante el Juez Competente, por ello: “por profundos que sean los vicios en que pueda 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 5 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas incurrir un acto administrativo, tendrá validez y fuerza ejecutoria hasta tanto la autoridad competente no se hubiere pronunciado al respecto.”1

Luego entonces, quien pretenda la declaratoria de nulidad de acto administrativo le corresponde, tanto la obligación de expresar claramente los cargos en los cuales funda la ilegalidad que alega, así como la de demostrar los hechos en que hace consistir la ilegalidad, pues de no hacerlo así “de un lado, el juez no podrá acometer oficiosamente el estudio de la ilicitud del acto y, de otro lado, se mantendrá incólume la presunción de legalidad que lo ampara.”2 En primer lugar, es necesario remitirnos a las normas que la parte demandante estima vulneradas con la expedición del Decreto 1079 de 2015, por lo que nos centraremos en el contenido de los artículos 3 y 7 de la Ley 1340 de 2009, así:

“(…) ARTÍCULO 3o. PROPÓSITOS DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender las reclamaciones o quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. PARÁGRAFO. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los propósitos de que trata el presente artículo al momento de resolver sobre la significatividad de la práctica e iniciar o no una investigación, sin que por este solo hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta. (…)” “(…) ARTÍCULO 7o. ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA. Además de las disposiciones consagradas en el artículo 2o del Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades de regulación 1 J. O. SANTOFIMIO GAMBOA. Tratado de derecho administrativo. Acto administrativo. p. 54-55. 2 Sentencia del 15 de octubre de 2015, Exp. 43343. 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 6 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas informarán a la Superintendencia de Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta. (…)” En este punto es preciso acotar que no se hará transcripción del Capítulo 6 del Decreto 1079 de 2015, teniendo en cuenta lo extenso del texto mismo, sumado al hecho de que el referido decreto ya reposa en el expediente, siendo ya su contenido de conocimiento de las partes que intervienen en el proceso. Dicho lo anterior, luego de la lectura no sólo del capítulo cuya nulidad se demanda, sino además de la parte considerativa del Decreto 1079 de 2015, observamos que la razón por la cual fue expedida dicha norma fue la de compilar en un solo instrumento todas las normas del sector transporte que se encontraban vigentes.

Al respecto, el decreto 1079 de 2015 estableció, lo siguiente: “(...) Que la producción normativa ocupa un espacio central en la implementación de políticas públicas, siendo el medio a través del cual se estructuran los instrumentos jurídicos que materializan en gran parte las decisiones del Estado. Que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica. Que constituye una política pública gubernamental la

simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio. Que la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar normas de la misma naturaleza. Que por tratarse de un decreto compilatorio de normas reglamentarias preexistentes, las mismas no requieren de consulta previa alguna, dado que las normas fuente cumplieron al momento de su expedición con las regulaciones vigentes sobre la materia. Que la tarea de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario implica, en algunos casos, la simple actualización de la 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 7 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas normativa compilada, para que se ajuste a la realidad institucional y a la normativa vigente, lo cual conlleva, en aspectos puntuales, el ejercicio formal de la facultad reglamentaria. (…) Que la compilación de que trata el presente Decreto se contrae a la normatividad vigente al momento de su expedición, sin perjuicio de los efectos ultractivos de disposiciones derogadas a la fecha, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.

Que por cuanto este Decreto constituye un ejercicio de compilación de reglamentaciones preexistentes, los considerandos de los decretos fuente se entienden incorporados a su texto, aunque no se transcriban, para lo cual en cada artículo

se indica el origen del mismo. (…) Que con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, se hace necesario expedir el presente Decreto Único Reglamentario Sectorial. (…)” (negrillas y subrayado no son del texto original) Como puede apreciarse, resulta absolutamente clara la finalidad con la cual se expidió el Decreto 1079 de 2015, que no era otra distinta a la de recopilar las normas preexistentes que regulaban el sector transporte en nuestro país; advirtiendo además que, los considerandos de las normas fuentes se entendían incorporados al nuevo decreto reglamentario, al tiempo que también se hace la salvedad de que no es menester realizar consulta previa alguna, dado que las normas compiladas al momento de su respectiva expedición fueron estuvieron sujetas a dicho trámite. Como quiera que los cargos planteados se resumen en un aparente desconocimiento de las normas en que debería fundarse y un posible desbordamiento de las competencias de la entidad para expedir el acto administrativo demandado, procederemos a analizar todos esos factores de manera conjunta, dado que las competencias del Ministerio necesariamente deben estar ligadas a un marco normativo, pues en caso contrario, estaríamos de plano ante una nulidad absoluta del acto administrativo demandado. 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 8 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

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Demandante: Orlando Herrán Vargas Dicho lo anterior, tenemos que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, se le atribuye al Presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria, la cual se concreta a través de la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes que sean necesarios, para una cumplida ejecución de las leyes; así mismo, el numeral 22 op. cit. le otorga también al Presidente la facultad de ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.

Es decir, que el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, está debidamente facultado por la Constitución para expedir diferentes actos administrativos, encaminados a reglamentar por conducto de éstos los parámetros de carácter general y abstracto contenidos en las distintas Leyes, a fin de propender por su realización y materialización, al mismo tiempo que le permite hacer lo propio para la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, entre los que se incluye el control del servicio público de transporte terrestre automotor especial en Colombia. En concordancia con lo dispuesto en los numerales 11 y 22 del artículo 189, observamos que nuestra Constitución en sus artículos 209 y 211 también previó que para el desarrollo de sus funciones, el Presidente de la República tiene la potestad de delegar las mismas en los Ministros, Superintendentes etc., en los siguientes términos: “ART. 209.- La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (...)”. (Negrillas no son del original) 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 9 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas El artículo 211 de la Carta prescribe las siguientes reglas para la delegación de funciones: “ART. 211.- La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. (…)” (Negrillas no son del original).

Así las cosas, es claro que sí existe todo un marco normativo que se encontraba vigente al momento de la expedición del decreto aquí demandado y a través del cual, se delegó en el Ministerio de Transporte definir las políticas generales de transporte, a la vez que tiene a su cargo la regulación

de todo lo relacionado con dicho servicio público, delegación hecha por el Presidente de la República, como suprema autoridad Administrativa, de la función que le está conferida en el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Política, por lo que al tenor de lo dicho en los párrafos precedentes, no se halla acreditado que la parte demandada careciese de competencia funcional y legal al momento de expedir el Decreto 1079 de 2015, pues está visto que el Gobierno Nacional sí posee competencia para reglamentar por conducto de estos actos administrativos todo lo relacionado con el servicio público Servicio público de transporte terrestre automotor especial y; que al mismo tiempo, tal facultad reguladora se traduce también en la potestad de recolectar, compilar y unificar la normatividad que rige el sector transporte en Colombia. Sobre la facultad compilatoria, el Consejo de Estado ha manifestado, lo siguiente: 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 10 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas “(…) Ahora, por compilar ha entendido, en su sentido semántico3, la facultad de agrupar o recopilar disposiciones jurídicas sobre un tema específico, en un solo texto, sin variar su naturaleza4

De ahí que, la Sala haya aceptado las facultades compilatorias de normas impositivas siempre que no abran paso al ejercicio de la potestad indelegable de establecer las tarifas y los elementos del

impuesto, sino que se circunscriban a la organización y estructuración lógica de las normas vigentes5.6 (…) De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Sala7 la facultad reglamentaria que la Constitución le reconoce al poder ejecutivo es una facultad gobernada por el principio de necesidad, materializada en la necesidad que existe, en un momento dado, de detallar el cumplimiento de una ley que, en un principio, se limitó a definir de forma general y abstracta determinada situación jurídica. Esta Sala ha sostenido, además, que entre más general y amplia haya sido la regulación de la ley, más necesaria se hace la reglamentación, en cuanto que este mecanismo facilitará la aplicación de la ley al caso concreto. (…)” En ese orden de ideas, tenemos que el Ministerio, en uso de las facultades que le fueron delegadas por el Presidente de la República por virtud de lo dispuesto los artículos 209 y 211 de la Carta, se limitó a hacer uso de su potestad legítima de compilar la normatividad vigente que regulaba el sector transporte, lo que equivale a decir que no se trató de la expedición de una nueva normatividad, sino que simplemente se trató de la labor de unificar en un solo decreto las normas preexistentes, las cuales ya habían sido objeto de consulta y por ende, al tratarse de una recopilación y no de la creación de una nueva legislación no era necesario dar aplicación al artículo 7º de la Ley 3 Compilar. (Del lat. compilāre).1. tr. Allegar o reunir, en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros

varios libros o documentos (www.rae.es) 4 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Consejera Ponente: CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ. Bogotá D. C, veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013). Ref.: 540012331000200900175 02. Número interno: 18859.CLAUDIA CAROLINA PARRA SÁNCHEZ. Contra el DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER. Citando la sentencia C-100 de 2013 de la Corte Constitucional. 5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 5 de diciembre de 2003, exp. 13911 6 Op.Cit. 20 7 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Consejero Ponente: HUGO FERNANDO BASTIDAS BÁRCENAS. Bogotá D.C. Dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011). Radicación número: 11001-03-27-000-2008-00012-00(17066).Actor: MARY CLAUDIA SÁNCHEZ PEÑA. Demandado: NACIÓN –

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 11 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080

Expediente: 110010324000-2015-00395-00

Demandante: Orlando Herrán Vargas 1340 de 2009, por lo que no encuentra esta agencia del Ministerio Público que el acto administrativo atacado haya trasgredido ni la Constitución Política, ni tampoco las leyes vigentes al momento de su expedición y por ende, no está viciado de nulidad, razón por la cual la solicitud de nulidad impetrada no está llamada a prosperar.

Por todo lo anterior y en consonancia con las pruebas legal y oportunamente allegadas, esta Procuraduría Delegada deja a consideración del H. Consejo de Estado la siguiente, CONCLUSIÓN De conformidad con los documentos allegados a la presente actuación, con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no se demostró la ilegalidad del acto administrativo atacado. Por lo tanto, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, presenta su concepto SOLICITANDO QUE SE DESPACHEN

DESFAVORABLEMENTE LAS SÚPLICAS DE LA DEMANDA.

Del señor Consejero, atentamente,

JAIME ALEJANDRO DIAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2021-565784 ____________________________________________________________________________________ 12 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 12076-1207712079-12080