PGN - DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA No existe nexo causal entre

Procuraduría General de la Nación

Icono de documento PDFDescargar PDFDisponible

Detalles

Título
PGN - DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA No existe nexo causal entre
Autor
Procuraduría General de la Nación
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Disciplinario
Año
—

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-No se configuró/VALORACIÓN PROBATORIA-El demandante no fue diligente/CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-No interpuso el recurso de ley a fin de revocar la medida generadora del presunto daño Concluyente resulta para esta Delegada, así tal y como lo considera el a quo dentro de la providencia recurrida, no puede ser imputable a las demandadas, toda vez que de las pruebas originadas en el proceso ejecutivo singular allegado, se evidencia una falta de diligencia debida y jurídicamente soportada por parte de la sociedad ejecutada para interponer el recurso legal que permitiera corregir la falencia que su juicio se cometiera en la práctica de la diligencia de embargo y secuestro, al haber sido embargado material carbón en cantidad mayor al necesario para cubrir el monto de dinero adeudado. Así las cosas, en relación con lo precedente, necesario se hace precisar que no obstante figurar del proceso ejecutivo, memoriales de la sociedad ejecutada solicitando el levantamiento de la medida cautelar, argumentando para ello entre otras razones: la falta de competencia del Juez; que los bienes de la sociedad embargada se encuentran bajo la figura de la fiducia, por lo tanto inembargables, y otra que también fuera negada como las anteriores por no reunir los requisitos del artículo 519 del C.P.C, pero solo accediendo al

desembargo de una cuenta corriente del Banco de Bogotá, pero nunca en ningún momento mencionándole tanto al Juez de conocimiento como al comisionado, el supuesto exceso en el límite del valor de la medida cautelar, son razones más que suficientes para exonerar de responsabilidad al Estado, al fluir de lo comentado el eximente denominado “culpa exclusiva de la víctima” dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, por no haber interpuesto el recurso de ley a fin de revocar o corregir le medida que hubiese generado el supuesto daño. PROCESO EJECUTIVO-Se notifica es el auto de mandamiento de pago más no el que decreta medidas cautelares Infundadas las razones de defensa del recurrente cuando dice que si el juez comisionado le hubiera comunicado o al menos haberlo citado el día de la diligencia para ejercer su derecho de defensa impidiendo el exceso de lo secuestrado, que a su sentir con su accionar desconociera los “Deberes del Juez” estipulados en el artículo 37 del CPC., y que para esta Delegada resultan desafortunados, dado que la norma procedimental civil, contiene un imperativo respecto a la clase de proceso ejecutivo como el referido, haciendo precisión que lo que se notifica es el auto de mandamiento de pago más no el que decreta medidas cautelares. Además de que con su deficiente diligencia de defensa dejó precluir el término considerado en el artículo 34 del C.P.C., para haberse opuesto a la actuación del comisionado que sobrepasó los limites señalados. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-No existe nexo causal entre la actuación de la Rama Judicial y el daño/CULPA

1 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA-No puede el actor favorecerse de sus propios errores dentro de una acción contenciosa En consecuencia, como quiera que no se acreditó el defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia alegado de manera puntual en cabeza de la Rama Judicial, se concluye de los hechos narrados y probados en el proceso que éstos obedecieron al hecho exclusivo y determinante de la víctima, en la medida que la parte actora, en sede jurisdiccional civil, no ejerció los recursos de ley correspondientes. Se reitera, no puede el hoy actor, intentar favorecerse a través de la acción contenciosa de reparación directa, teniendo como base los errores generados por su propia cuenta y riesgo. Se rompe entonces el nexo causal entre la actuación de la entidad demandada (Rama Judicial) y el daño antijurídico, concluyéndose que no se puede decir que existió un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia respecto a esta, tal y como es alegada por el apoderado del demandante, al configurarse la causal excluyente de responsabilidad de culpa exclusiva y determinante de la víctima. ERROR JUDICIAL-Jurisprudencia del Consejo de Estado DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAJurisprudencia del Consejo de Estado 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) CONCEPTO No. 196 /2014

Bogotá, D.C., 20 de octubre de 2014

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 130012331000200700672 01 (51591)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: CHACÓN BERNAL CIA ASOCIADOS DEMANDADO: NACIÓNRAMA JUDICIAL Sentido del concepto: Solicitud de Confirmar la sentencia recurrida / No existió responsabilidad administrativa de la NaciónRama Judicial – Fiscalía General de la Nación al no configurarse el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia alegado / Se configura la culpa de la víctima al no haber utilizado las herramientas que le daba el CPC en su artículo 34 para solicitar la disminución de la medida de embargo y secuestro, conforme lo normado en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la

Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda. La Sociedad Chacón Bernal Cia Asociados, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentó demanda contra la NaciónRama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura, para que se les declare 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) administrativamente y solidariamente responsables por los perjuicios materiales, y morales, sufridos por la sociedad demandante, con motivo de la extralimitación, usurpación de funciones y abuso de autoridad en la práctica y exceso de las medidas cautelares, como error judicial falla del servicio, ocasionadas en la práctica de diligencia de embargo y secuestro, correspondiente a un carbón que se encontraba ubicado en el puerto de la ciudad de Cartagena y de su propiedad, al ser el material secuestrado superior en valor al monto que fuera cobijado con la medida cautelar contenida en el despacho comisorio No. 060 proferido por el Juez Primero Civil del Circuito de Tunja, dentro del proceso No. 2006-00103. 1.2. Sentencia de primera instancia.

El Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 29 de abril de dos mil catorce (2014) niega las suplicas de la demanda argumentando lo siguiente: Concluye diciendo, que en el caso bajo estudio, si bien pudo haber existido un exceso en la ejecución de la medida cautelar de embargo y secuestro, hecho que debe entenderse como dañoso, el afectado no utilizó las herramientas legales con las que contaba para solicitar la disminución de la medida, por consiguiente no se puede endilgar al Estado falla alguna, no configurándose de esta forma el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por evidenciar la existencia en el caso concreto de la culpa exclusiva de la víctima. 1.3. Argumentos de la apelación. El apoderado de la parte actora, dentro del negocio referido, presentó recurso de apelación contra la sentencia adversa a los intereses de su cliente, y pidió que se revocara en todas sus partes, donde en términos generales argumentó lo siguiente (fls. 359 a 368 cuaderno principal): 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) Dice que su inconformidad radica en el sentido que no es aceptable los fundamentos en los que apoya su decisión el a quo, cuando la responsabilidad

objetiva del servidor de justicia en el caso concreto debió no ser perezosa, al momento de la diligencia de secuestro; que las aceptaría si la culpa que aplica a su defendido se le hubiere comunicado o al menos haberlo citado para que asistiera el día de la diligencia a ejercer su derecho, pero como no se está valorando que dejo de hacer y que no dejó hacer, cual fue su negligencia o la de quien; que lo que se demanda en la presente acción, es que se repare y cuanto se debe pagar, que cual fue el daño causado, que si hubo o no negligencia de parte del Juez comisionado. Que además de lo exigido por la Constitución Política en sus artículos que regulan la materia y fondo de la responsabilidad de los Jueces de la República, recuerda que la norma que ha debido tenerse en presente en los hechos sucedidos en Cartagena por el Juez comisionado (11 civil municipal), fue el incumplimiento de los deberes del Juez plasmados en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil.

II CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico.

Estudiado el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, se evidencian los siguientes problemas jurídicos, en torno a los cuales se presenta respetuosamente el Concepto de la Procuraduría General de la Nación, a través de la suscrita Delegada. En su orden son, relacionados con los cargos que motivan la petición de la impugnación: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) 2.1.1. ¿Bajo el régimen subjetivo de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia es responsable el Estado de los hechos a que se refiere el demandante? 2.1.2. ¿Opera la culpa exclusiva de la víctima al no ejercer los recursos de ley para oponerse a los excesos de la medida ejecutada de embargo y secuestro? 2.1.3. ¿Podía el Juez comisionado para practicar el embargo y secuestro dentro de la misma diligencia cuantificar en valor y cantidad la cosa a embargar, que para este caso era carbón, a efectos de separar la cantidad que por su valor y calidad cubriera el monto en dinero ordenado secuestrar? 2.2. Marco Teórico. 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como

simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: Una actuación irregular del Estado 1. El daño antijurídico 1. El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la 1. administración 2.2.2. Error Judicial El error judicial se encuentra definido por la Ley 270 de 1996, en el artículo 66, y vía jurisprudencial se incluye en dicho concepto el error de hecho, así: “…Error judicial - Concepto El art. 66 de la ley 270 de 1996 define error judicial como el "cometido

por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley", sin incluir como ingrediente de la definición la culpabilidad del funcionario que lo realiza. … En la misma sentencia, se hace referencia en cuanto a los presupuestos del error de hecho y el error judicial en los siguientes términos: El error judicial también incluye el error de hecho en el cual puede incurrir al no considerar un hecho debidamente probado o al no promover la realización de las pruebas conducentes para determinar el hecho que daría lugar a la aplicación del derecho. En efecto, lo que podríamos llamar la intuición jurídica, la intuición de lo que es justo y ajustado a derecho, nos señala en este caso que el error judicial procede no solamente por inadecuada aplicación del derecho, sino también porque se ha impuesto una decisión judicial que se ha basado en un hecho que posteriormente se ha demostrado que es falso, o 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) porque posteriormente se ha logrado probar un hecho que da lugar a la absolución de responsabilidad de quien resultó afectado por una decisión judicial errada”.(sentencia de septiembre 4 de 1997, expediente 10285, Sección Tercera Consejo de Estado).

2.2.3. Título de imputación por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. El Consejo de Estado ha señalado respecto al título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado consistente en el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia lo siguiente: "La Corporación ha sostenido que se está en presencia de este título jurídico de imputación en aquellos supuestos en los cuales la responsabilidad se deriva de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias de los jueces. En la anotada dirección, la Sala ha sostenido1: 2.3. Las pruebas obrantes. Se allegó el material probatorio de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental en el código de Procedimiento Civil, entre las que tenemos: - Certificado de Constitución y Gerencia de la Sociedad Comercial C.I. Chacón Bernal Asociados Ltda. - Constancia de planeación minero energética UPME Certificado de calidad y cantidad de la SGS de Colombia Cuadro de costos por tonelada de laboratorio y BTU. - Cuadro de contenido valor asignado por transporte de carbón sitio de origen (boca mina) al acopio Puerto de Mamonal Cartagena reguladas por el Ministerio de Transporte. 1‘Sentencia de 22 de noviembre de 2001; C P. Ricardo Hoyos Duque; exp. 13.164. reiterada en sentencias de 14 de agosto de 2008, exp. 16.594: de febrero 4 de 2010, exp. 17.956. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) - Certificado de tasa de cambio expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Contrato de Chacón Bernal Asociados C.I. LTDA de fecha 26 de enero de 2005 con CARBOFER GENERAL TRADING S.A. - Copia auténtica del proceso ejecutivo No. 2006-00592 iniciado por la empresa Transporte Danny Ltda contra Chacón Bernal Asociados LTDA. - Prueba pericial que refleja la cuantía del daño emergente, lucro cesante, lucro de oportunidad y perjuicios morales que se pretende por la parte actora. 2.4. Caso concreto. En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión acertada por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar y planteado los referentes fácticos teóricos, de conformidad con los problemas jurídicos planteados, se entran a solucionar en el mismo orden:  Efectivamente, se deduce que el asunto en estudio, de las acusaciones esgrimidas por la parte actora, que se está controvirtiendo una decisión judicial, en concreto, consistente en el posible abuso del derecho por parte del Juez 11 Civil Municipal de Cartagena, a quien por reparto le correspondió llevar a cabo la diligencia de embargo y secuestro del carbón térmico que se encontraba previa y plenamente identificado como propiedad de la sociedad hoy

demandante, en la medida que el despacho comisorio decretado por el Juzgado Civil del Circuito de Tunja limitó la cuantía de la medida cautelar a la suma de $600.000.000, mientras que la cantidad de carbón embargado y secuestrado a juicio del actor valía la suma de $1308.018.942.55 de pesos. Deducción que considera determinante para iniciar el estudio del cargo dentro del régimen subjetivo por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.  En lo estudiado se advierte que no existe responsabilidad alguna por parte del Estado, toda vez que nunca se estuvo en presencia de error antijurídico y 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) mucho menos el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, pues en el transcurso del proceso se demostró que la génesis del asunto tuvo su ocurrencia en el proceso ejecutivo singular con radicado No. 592 de 2006, que fuera promovido por la Transportadora Danny Ltda., contra la Sociedad Comercial C.I. Chacón Bernal Asociados, adelantado ante el Juez Primero Civil del Circuito de Tunja (Boyacá) a efectos de lograr el pago de facturas por dineros adeudados por concepto de transporte, despacho que a solicitud de la parte accionante como medida cautelar decretó el embargo y secuestro del

carbón ubicado en el Puerto de Mamonal, propiedad de la sociedad accionada, para lo cual comisionó en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31 y 181 de C.P.C. mediante despacho comisorio No. 060 al juzgado ya mencionado de la ciudad de Cartagena, el que una vez identificado en lugar de almacenamiento dentro del muelle, procede a cumplir la comisión de embargo y secuestro de su totalidad ante la imposibilidad de cuantificarlo y cualificarlo por su calidad.  No obstante, el daño referido concluyente resulta para esta Delegada, así tal y como lo considera el a quo dentro de la providencia recurrida, no puede ser imputable a las demandadas, toda vez que de las pruebas originadas en el proceso ejecutivo singular allegado, se evidencia una falta de diligencia debida y jurídicamente soportada por parte de la sociedad ejecutada para interponer el recurso legal que permitiera corregir la falencia que su juicio se cometiera en la practica de la diligencia de embargo y secuestro, al haber sido embargado material carbón en cantidad mayor al necesario para cubrir el monto de dinero adeudado.  Así las cosas, en relación con lo precedente, necesario se hace precisar que no obstante figurar a fls. 460, 463 y 509 del proceso ejecutivo, memoriales de la sociedad ejecutada solicitando el levantamiento de la medida cautelar, argumentando para ello entre otras razones: la falta de competencia del Juez; que los bienes de la sociedad embargada se encuentran bajo la figura de la fiducia, por lo tanto inembargables, y otra que también fuera negada como las 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) anteriores por no reunir los requisitos del artículo 519 del C.P.C, pero solo accediendo al desembargo de una cuenta corriente del Banco de Bogotá, pero nunca en ningún momento mencionándole tanto al Juez de conocimiento como al comisionado, el supuesto exceso en el límite del valor de la medida cautelar, son razones más que suficientes para exonerar de responsabilidad al Estado, al fluir de lo comentado el eximente denominado “culpa exclusiva de la víctima” dispuesto en el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, por no haber interpuesto el recurso de ley a fin de revocar o corregir le medida que hubiese generado el supuesto daño.  Entonces, al aparecer infundadas las razones de defensa del recurrente cuando dice que si el juez comisionado le hubiera comunicado o al menos haberlo citado el día de la diligencia para ejercer su derecho de defensa impidiendo el exceso de lo secuestrado, que a su sentir con su accionar desconociera los “Deberes del Juez” estipulados en el artículo 37 del CPC., y que para esta Delegada resultan desafortunados, dado que la norma procedimental civil, contiene un imperativo respecto a la clase de proceso ejecutivo como el referido, haciendo precisión que lo que se notifica es el auto de mandamiento de pago más no el que decreta medidas cautelares. Además de que con su

deficiente diligencia de defensa dejó precluir el término considerado en el artículo 34 del C.P.C., para haberse opuesto a la actuación del comisionado que sobrepasó los limites señalados.  En consecuencia, como quiera que no se acreditó el defectuoso Funcionamiento de la Administración de Justicia alegado de manera puntual en cabeza de la Rama Judicial, se concluye de los hechos narrados y probados en el proceso que éstos obedecieron al hecho exclusivo y determinante de la víctima, en la medida que la parte actora, en sede jurisdiccional civil, no ejerció los recursos de ley correspondientes. Se reitera, no puede el hoy actor, intentar 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 51591 (130012331000200700672 01) favorecerse a través de la acción contenciosa de reparación directa, teniendo como base los errores generados por su propia cuenta y riesgo.  Se rompe entonces el nexo causal entre la actuación de la entidad demandada (Rama Judicial) y el daño antijurídico, concluyéndose que no se puede decir que existió un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia respecto a esta, tal y como es alegada por el apoderado del demandante, al configurarse la causal excluyente de responsabilidad de culpa exclusiva y

determinante de la víctima.  En consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad administrativa a la entidad demandada por estos hechos, razón por la cual, las pretensiones de la demanda no pueden tener vocación de prosperidad, lo que obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse.

3. CONCLUSIÓN En concepto del Ministerio Público la sentencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar debe ser CONFIRMADA, negando en consecuencia acceder a las pretensiones solicitadas por la parte actora.

Del H. Magistrado,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co Evo

Consultar sobre este documento ...