PGN - DEFENSOR DE OFICIO Los estudiantes que hagan parte de los consultorios jurídicos de

CAMPO DE APLICACION DE LOS ABOGADOS CON LICENCIA TEMPORAL-Está determinado por el Decreto 196 de 1971 y, últimamente, por la Ley 1123 de 2007 DEFENSOR DE OFICIO-Los estudiantes que hagan parte de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho RESERVA DE LA INVESTIGACION-Violación por un defensor de confianza, que no tuviere tarjeta profesional de abogado sino licencia provisional CONCEPTO DE LA PROCURADURIA-Este sólo constituye un criterio auxiliar de interpretación y que no tiene carácter vinculante Resta agregar que esta respuesta expedida a instancia del consultante reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, toda vez que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 12 de la Resolución 9 de 2017. Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios Carrera 5 n.° 15–80, piso 23, PBX 5878750, ext. 12335. www.procuraduria.gov.co Bogotá, D. C., 15/10/2019 C-48 – 2019

SALIDA 139676 21/10/2019

Doctora CRISTINA CEBALLOS MELODELGADO Secretaria general con funciones de Control Interno Disciplinario Pasto Salud E. S. E. Carrera 20 19B-22 San Juan de Pasto (Nariño) pastosaludese@pastosaludese.gov.co Ref.: Respuesta consulta rad. E-2019-061609 del 08/02/2019

Respetada doctora: En atención a su consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se

emita concepto jurídico sobre la viabilidad de que dentro del proceso disciplinario pueda actuar un defensor de confianza del investigado que tenga licencia temporal y la configuración de la violación a la reserva sumarial si ello llegare a ocurrir, me permito manifestarle lo siguiente: Cabe resaltar que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.º, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, se procederá a suministrar elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema que ocupa la consulta, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución a un caso particular y concreto. Pues bien, comoquiera que esta Auxiliar Disciplinaria ya se había pronunciado frente al primer tema, se transcribe, in extenso, la respuesta suministrada en la consulta C-34 – 2011: [E]l marco jurídico del ejercicio de la abogacía está determinado por el Decreto 196 de 1971 y, últimamente, por la Ley 1123 de 2007; sin embargo, comoquiera que en esta solamente se reguló el régimen disciplinario aplicable a los profesionales del derecho, la única norma de referencia es la primera. // En los artículos 31 y 32 del Decreto Ley en mención se dispuso: ARTÍCULO 31. La persona que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida podrá ejercer la profesión de abogado, sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios, en los

siguientes asuntos: // a) En la instrucción criminal, y en los procesos penales, civiles y laborales, de que conozcan en primera o única instancia los jueces municipales o laborales, en segunda los de circuito y, en ambas instancias, en los de competencia de los jueces de distrito penal aduanero; // b) De oficio, como apoderado o defensor, en los procesos penales en 2 general, salvo para sustentar el recurso de casación, y // c) En las actuaciones y procesos que se surtan ante los funcionarios de policía. ARTÍCULO 32. Para poder ejercer la abogacía en las circunstancias y asuntos contemplados en el artículo anterior, el interesado deberá obtener la respectiva licencia temporal en la cual se indicará la fecha de su caducidad [...]. Los literales a y b del artículo 31 fueron demandados en cuanto autorizan la intervención de los abogados licenciados en las defensas penales, pero la Corte encargada de velar por la integridad de la Constitución avaló las normas demandadas con los argumentos que a continuación se transcriben, por considerarlos pertinentes para el tema que nos ocupa:

1. La defensa técnica constituye un derecho fundamental que hace parte [sic] del conjunto de garantías que integran el debido proceso. // 2. La configuración legislativa del derecho a la defensa técnica es susceptible de variaciones, dependiendo del tipo de procesos o de actuaciones en que deba observarse, sin que en ningún caso se altere su núcleo esencial. La misma Constitución defiere al legislador el señalamiento de los eventos en los que se puede acceder a la administración de justicia «sin

la representación de abogado» (C.P. art. 229). […]. Así pues, "en asuntos penales es requisito indispensable que quien obre en representación del sindicado, esto es, quien deba asumir su defensa, ha de ser u profesional del derecho […]. Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que en la práctica es difícil que siempre se cuente con profesionales del derecho y, por tanto, solamente para los casos excepcionales en que ello ocurra, la ley "puede habilitar defensores que reúnan al menos las condiciones de egresados, o de estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, (Decreto 196 de 1971, arts. 30, 31 y 32, Decreto 765 de 1977) pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica". A la regulación de la situación excepcional a la que se acaba de aludir apunta el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, que autoriza a la persona "que haya terminado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho en universidad oficialmente reconocida" para ejercer la profesión de abogado, "sin haber obtenido el título respectivo, hasta por dos años improrrogables, a partir de la fecha de terminación de sus estudios" entre otros asuntos, en la instrucción criminal o etapa investigativa y en ciertos procesos penales, así como de oficio, en calidad de apoderado o defensor, "en los procesos penales en general, salvo para sustentar el recurso de casación..." […].1 El mismo año, […] la misma Corte hubo de pronunciarse sobre la delimitación del campo de acción de los abogados con licencia

temporal, en los siguientes términos: […] En el campo específico del Derecho, el artículo 229 de la Constitución ha dejado también en manos del legislador 1 Corte Constitucional, sentencia C-025/98; m. p.: FABIO MORÓN DÍAZ. 3 atribuciones suficientes para señalar los casos en que puede cualquier persona acceder a la administración de justicia sin la representación de un abogado […] y si las normas legales señalan excepcionalmente que en ciertos procesos puede actuar quien carezca de título, pero tenga determinado nivel de preparación, están apenas desarrollando la competencia constitucional otorgada. // En consecuencia, a menos que se plasme una regla manifiestamente irrazonable, hace parte [sic] de la discrecionalidad del legislador la de establecer los tipos de procesos y las instancias en que puede actuar una persona todavía no graduada […]. Sobre esa autorización legal ya dijo la Corte: // «[…] será el propio legislador el que defina cuándo determinados rangos de la gestión profesional no hacen exigible un título, dando lugar a la validez de las actuaciones correspondientes si se cumplen otros requisitos que la misma legislación consagre». (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-626 del 21 de noviembre de 1996. M.P: José Gregorio Hernández Galindo). La Corte halla perfectamente ajustado a la Carta Política que el legislador delimite el campo de acción permitido a los titulares de licencias temporales y que ellas sean admitidas solo en los trámites procesales taxativamente señalados por la ley […] Puede, por supuesto, entonces, estipular niveles intermedios de títulos, reconociendo idoneidad a quienes todavía no poseen el

definitivo, pero siendo excepcionales tales niveles —como el de las licencias temporales y el de los estudiantes de consultorios jurídicos—, es lógico que la ley establezca para ellos ciertas limitantes. Eso explica que señale taxativamente los procesos y las instancias en que pueden intervenir los portadores de licencias temporales y que, en materia de recursos, no permita que se ejerza la actividad litigiosa en relación con el de casación, que es extraordinario y que exige un más alto nivel de preparación académica […].2 Tenemos entonces una sentencia de la Corte Constitucional que respalda la posibilidad de que los abogados con licencia temporal intervengan en los procesos penales y otra que avala la taxatividad del listado de materias en que es admisible dicha intervención. Sin embargo, en ninguna de ellas se hace mención a la posibilidad de que los egresados de las facultades de derecho, aún no graduados, pero con licencia provisional, ejerzan como defensores en procesos disciplinarios. Ahora bien, en el Código Disciplinario Único expedido en 2002, el legislador autorizó por primera vez en el ordenamiento disciplinario, la intervención de los estudiantes de derecho que hicieren parte de los Consultorios Jurídicos de sus respectivas Universidades, como defensores de oficio en los procesos disciplinarios (artículos 17 y 93). Con este marco normativo, pudiera concluirse que la autorización genérica para que los abogados no graduados, titulares de una licencia provisional, intervengan como defensores de oficio “en los procesos penales en general”, los está autorizando también para 2 Corte Constitucional, sentencia C-744/98; m. p.: JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO.

4 ejercer en materia disciplinaria, bajo el entendido de que esta es una modalidad de la atribución punitiva del Estado. En respaldo de esta interpretación, pudiera decirse que si pueden actuar como defensores de oficio los estudiantes que hagan parte [sic] de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, con mayor razón podrían hacerlo aquellos egresados de dichas facultades que no hubieren obtenido su grado, pero estuvieren habilitados para el ejercicio profesional mediante una licencia provisional. Sin embargo, la interpretación que se acaba de hacer justifica solamente la intervención de los titulares de licencias provisionales, en calidad de defensores de oficio, lo cual se estima tanto más procedente, en aquellas ciudades en que no funcionen facultades de derecho legalmente reconocidas o en las cuales no funcionaren aún los consultorios jurídicos de aquellas. La situación de estas personas como defensores de confianza, es decir, designados por el implicado, es bien distinta: Las normas legales que autorizan el ejercicio de la profesión de abogado, teniendo como título habilitante una licencia provisional son restrictivas, limitando dicha atribución a casos específicos, dentro de los cuales no se encuentra el de los procesos disciplinarios (literal a del artículo 31 del Decreto Ley 196 de 1971). […]. Otra consecuencia que se podría derivar del hecho de permitir la intervención en un proceso disciplinario de un defensor de confianza, que no tuviere tarjeta profesional de abogado sino una simple licencia provisional, es que objetivamente podría haberse permitido la violación de la reserva de la investigación, lo que impone, a su vez,

una verificación en sede disciplinaria, de la responsabilidad del servidor público que permitió dicha situación. // Lo anterior, sin perjuicio de las implicaciones que pudiere tener lo que en el Decreto 196 de 1971 se denomina “ejercicio ilegal de la abogacía”, respecto de la responsabilidad, no solamente de quien la ejerce, sino también de quien lo permite (artículos 41 y 42). Resta agregar que esta respuesta expedida a instancia de la consultante reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, toda vez que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 20113 y 12 de la Resolución 9 de 20174. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO POR JUAN FERNANDO GÓMEZ GUTIÉRREZ Procurador auxiliar para asuntos disciplinarios (E) Proyectó XPGH C-48 – 2019

E-2019-061609 3 «ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. <Artículo modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015 ―Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo―. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución». 4 «ARTÍCULO 12. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS. Los conceptos emitidos como respuesta a las consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución para el servidor público o particular, ni comprometerán la responsabilidad de la

Procuraduría General de la Nación». 5