PGN - DELEGACION ADMINISTRATIVA No exime de la responsabilidad disciplinaria

1 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900

DESPACHO PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

RADICACIÓN: 154-10513

INVESTIGADO: FRANKLIN GERMÁN CAHAPARRO CARRILLO y

CLAUDIA PATRICIA GUTIÉRREZ BAQUERO CARGOS: Alcalde y Secretaria Local de Salud ENTIDAD: del municipio de Villavicencio - Meta QUEJOSO: De oficio FECHA HECHOS: Febrero – abril de 2004

ASUNTO: Fallo de segunda instancia

Bogotá D.C. 21 de Octubre de 2005

1. ANTECEDENTES Agotado el respectivo trámite procesal, procede el Despacho en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 7º numeral 25 del decreto 262 de 2000, a desatar el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo proferido por el Viceprocurador General de la Nación, el 26 de agosto de 2005 en contra de FRANKLIN GERMAN CHAPARRO CARRILLO, en su condición de Alcalde Municipal de Villavicencio (Meta) y CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ BAQUERO, Secretaría de Salud del mismo municipio.

2. ACTUACION PROCESAL De oficio el señor Procurador General de la Nación conformó una comisión especial para adelantar la investigación disciplinaria tendiente a determinar la responsabilidad de los servidores públicos del municipio de Villavicencio por las posibles irregularidades surgidas en el proceso de contratación del régimen

2 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 subsidiado en salud para el periodo del 1º de abril de 2004 a 31 de marzo de

2005. Al evaluar las pruebas recopiladas, la comisión especial dispuso por auto del 2 de julio de 2004 abrir investigación disciplinaria contra los funcionarios referidos y por auto del 23 del mismo año formuló cargos en su contra. Mediante decisión del 26 de agosto de 2005, profirió fallo sancionatorio contra los doctores FRANKLIN GERMAN CAHAPARRO CARRILLO y CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ BAQUERO, por encontrar en su criterio pruebas que los señalaban autores de las faltas enrostradas en el auto acusatorio.

3. CARGOS.

Mediante decisión del23 de noviembre de 2004, visible de folio 508 a 522 C.O No. 2, se formuló pliego de cargos a los servidores FRANLKIN GERMAN CHAOARRI CARRILLO en su condición de alcalde municipal de Villavicencio y a la servidora CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ B en su condición de Secretaria de salud de dicha municipalidad, los cuales se concretaron de la siguiente manera:

CARGOS IMPUTADOS A LA SERVIDORA CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ

BAQUERO, SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

PRIMER CARGO

3 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 “Mediante Resolución 01 del 18 de febrero de 2004, inscribir y autorizar para administrar recursos del régimen subsidiado en el municipio de Villavicencio, a las ARS MANEXKA EPSI, COMFACOR ARS y TAYRONA EPSI, a pesar que

MANEXKA y TAYRONA no se encontraban a paz y salvo con los proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud en donde se encontraban actuando como ARS”. Esta falta fue calificada como grave e imputada a título de dolo. SEGUNDO CARGO “Decidir mediante oficios SLS-084, SLS-085 y SLS-086 del 16 de marzo de 2004, no renovar los contratos de administración de recursos de régimen subsidiado de seguridad social en salud 44, 045 y 046 de 2003, celebrados con SALUD TOTAL, SOLSALUD y SALUDVIDA por 15.958, 15.507 y 22.133 afiliados, por incumplimiento de las obligaciones contractuales frente a los porcentajes de ejecución de programación en las actividades de P&P, hecho que no es motivo para la no renovación de los contratos, y por incumplimiento en los pagos para con la red prestadora del servicio de salud, sin que previamente se adelantara un debido proceso, decisión tomada a pesar que la entidad territorial no efectuó cumplidamente los pagos a dichas EARS correspondientes a las UPC de la población afiliada, hecho que impedía la no renovación de los contratos”. Esta falta fue calificada como gravísima e imputada a título de dolo TERCER CARGO “Celebrar el 1º de abril de 2004, los contratos 044, 045 y 046, suscritos con TAYRONA EPSI, COMFACOR y MANEXKA, con los cuales les asignó 27.015, 20.000 y 10.000 afiliados trasladados de SALUD TOTAL, SOLSALUD y SALUDVIDA, a pesar que no podía celebrarlos por el número de afiliados, ya

que CAPRECOM se encontraba inscrita y autorizada en el ente territorial para administrar recursos de régimen subsidiado, lo cual obligaba a que a ésta ARS 4 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 se asignara parte de los afiliados y que se debía asignar toda la población trasladada de otras ARS en partes iguales entre TAYRONA, COMFACOR,

MANEXKA y CAPRECOM”.

Esta falta fue calificada como gravísima e imputada a título de dolo.

CARGOS PARA EL SERVIDOR FRANKLIN GERMAN CHAPARRRO

CARRILLO, ALCALDE MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO.

CARGO UNICO “Omitir el deber de velar por el debido cumplimiento de las funciones delegadas a la doctora Claudia patricia Gutiérrez Baquero, Secretaria local de salud de Villavicencio, toda vez que dicha servidora expidió la resolución 01 del 2004, inscribiendo y autorizando para administrar subsidios del régimen subsidiado en el municipio de Villavicencio, a las ARS MANEXKA EPSI, TAYRONA EPSI, quienes no se encontraban a paz y salvo con los proveedores de bienes y prestadores de servicios de salud en donde se encontraba actuando como ARS; decidió mediante oficios 84, 85 y 86 de 2004, no renovar los contratos de administración de recursos de régimen subsidiado de seguridad social en salud 44, 045 y 046 de 2003, celebrados con SALUD TOTAL, SOLSALUD Y SALUDVIDA, por incumplimiento de programación en las actividades de P&P, hecho que no es motivo para la no renovación de los contratos, y por

incumplimiento en los pagos para con la red prestadora del servicio de salud, sin que previamente se adelantara un debido proceso, decisión tomada a pesar que el municipio no efectuó cumplidamente los pagos a dichas EARS correspondientes a las UPC de la población afiliada, hecho que impedía la no renovación de los contratos; y celebró los contratos 044, 045 y 046 de 2004 con TAYRONA EPSI, COMFACOR y MANEXKA, con los cuales les asignó 27.015, 20.000 y 10.000 afiliados, a pesar que no podía celebrados por el numero de afiliados, ya que CAPRECOM se encontraba inscrita y autorizada para administrar recursos de régimen subsidiado, lo cual obligaba a que a ésta ARS se asignara parte de los afiliados, y se debía asignar toda la población, 5 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 trasladada de otras ARS en partes iguales entre TAYRONA, COMFACOR, MANEXKA Y CAPRCOM, conductas que se observan en los cargos a esa servidora endilgados, sin que exista ningunas evidencia que el Alcalde hubiese ejercido vigilancia o control sobre las actuaciones de la funcionaría en quien recayó la delegación, y menos aún adoptado alguna medida tendiente a evitar o corregir las irregularidades que se presentaron, como era su deber según lo estipulado en el artículo 91, literal D) numeral 7 de la Ley 136 de 1994,que establece como atribución del alcalde, velar por el cumplimiento de las funciones de los empleados oficiales municipales y en el presente caso, ha debido reasumir sus funciones y revocar los actos irregulares, tal como lo

autoriza el parágrafo del artículo 92 ibidem” La falta se calificó como gravísima, pues el procesado realizó un comportamiento en la modalidad de comisión por omisión y el grado de culpabilidad se determino como culpa gravísima generada por desatención elemental.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El A quo estimó con fundamento en el material probatorio que le señaló precisamente al procesado CHAPARRO CARRILLO que su proceder omisivio no tenia justificación, pues al ser la máxima autoridad administrativa del municipio, la figura de la delegación no lo eximía de la vigilancia y tutela que debía ejercer sobre las actuaciones de sus colaboradores y subalternos, pues su deber no se circunscribía única y exclusivamente a la designación y nombramiento de la Secretaria de Salud, sino al deber implícito que tal designación imponía que no era otro que el de efectuar el respectivo seguimiento a las labores que ella como representante en el área de la Salud Municipal desempeñaba.

Se resaltó por el Fallador de Primera Instancia que no en vano el artículo 7 de la Ley 489 de 1998 en desarrollo del principio de descentralización se reseña el 6 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 “necesario control administrativo” y que tratándose de las diferentes figuras de traslado de funciones, en todo caso el otorgante deberá informarse en todo momento sobre el desarrollo de las respectivas delegaciones e impartir las directrices y orientaciones generales para el mejor desarrollo de las funciones delegadas. Al encontrarse demostrado en suma la responsabilidad del procesado

CHAPARRO CARRILLO, por hallarse demostrado los presupuesto de la falta disciplinaria, el Viceprocurador General de la Nación impuso como sanción

DESTITUCION E INHABILIDAD GENERAL DE DIEZ (10) AÑOS PARA

DESEMPEÑAR FUNCIONES PUBLICAS.

Respecto de las acusaciones efectuadas a la servidora CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ BAQUERO, en su condición de Secretaria Local de Salud de Villavicencio, el A quo estimó que los cargos imputados fueron a cabalidad demostrados, en su orden a cada cargo agregó: Respecto del Primer Cargo Demuestra el A quo que efectivamente las EARS MANEXKA y TAYRONA no cumplían con los requisitos exigidos por la ley, esto es, el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 163 de 2004, y que por tal motivo no podían inscribirse a dichas entidades para administrar recursos del régimen subsidiado. Los soportes que permiten realizar esta afirmación son los enunciados por la Circular externa 011 del 6 de febrero de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección Social, esto es, las certificaciones de encontrarse a paz y salvo debían estar suscritas por el representante legal y el Revisor Fiscal. Para el caso de las Empresas MANEXKA y TAYRONA, las certificaciones que decían sobre el estado de paz y salvo con las redes prestadoras de servicios y con los proveedores de bienes, no fueron suscritas por los representantes legales, sino por los Revisores Fiscales , obviándose con ello la exigencia legal 7 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 mencionada. Advierte que el medio probatorio que permite demostrar los

estados financieros de las entidades, es el documental y no el testimonial como lo pretendió la procesada GUITIERREZ BAQUERO, y por tal motivo no pueden atenderse las declaraciones de los representantes legales y revisores fiscales, pues los mismos carecen de fuerza de convicción suficiente para tener certeza sobre lo afirmado por la investigada. En fin, concluye el Fallador de Primera Instancia que faltó diligencia y cuidado en el manejo de la documentación que acreditaba a las Empresas participantes como posibles aspirantes a ser inscritas para manejar el régimen Subsidiado en el municipio de Villavicencio. Respecto del Segundo Cargo El A quo desestimó en este cargo las argumentaciones defensivas expuestas por la disciplinada GUITIERREZ BAQUERO, pues como se lo dejo claramente explicado en el cuerpo de la providencia impugnada, sí existieron moras imputables a la Administración Municipal en el pago a las EARS que no se les renovó el contrato de manejo del régimen subsidiado. Esta afirmación se soporta en la misma documentación que allegó la investigada en su escrito de descargos en la que se comprueba que existió mora en el giro de los recursos a partir de la legalización de cada contrato y de la entrega de los documentos a cargo de cada ARS. Esta circunstancia contrario a lo expuesto por la investigada si dispensaba el incumplimiento del pago de las ARS con las Redes Prestadoras de servicios y los proveedores de bienes. Ahora bien, en lo que se refiere a inobservancia del principio de libre escogencia de ARS que se le imputa a la procesada, el cual se presentó con el

traslado masivo que hiciera la misma de los afiliados a las EARS TAYRONA, MANEXCA, COMFACOR, el Viceprocurador elimina cualquier manto de incertidumbre reseñándole a la procesada GUITIERREZ BAQUERO que el artículo 21 del Acuerdo 244 de 2003 no aplicaba para el asunto en cuestión, por que las situaciones que se presentaron en nada se refieren al precepto en cita que hace alusión a traslados individuales por incumplimiento de sus obligaciones, sino se trata de un traslado masivo, en el que además no 8 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 concurrieron las circunstancias excepcionales que trata el artículo 23 de dicho Acuerdo. Respecto de la trasgresión de los derechos de defensa y debido proceso que se le violaron a las EARS, se le ilustro a la procesada GUTIERREZ BAQUERO que el contenido del numeral 2 del artículo 53 del Acuerdo 244 de 2003 si establece en forma expresa que solo hasta cuando los actos administrativos se encuentren debidamente ejecutoriados, podrá tomarse la decisión de la no renovación de los contratos. A pesar que la procesada insiste en que el documento con el cual comunicó la decisión de no renovar los contratos de administración del régimen subsidiado, esto es, los oficios 084, 085 y 086 del 16 de marzo de 2004, tenía el carácter de acto administrativo y que el mismo se encontraba ejecutoriado al momento de suscribir los contratos con las otras ARS y con ello se daba por cumplido el requisito del numeral 2 del artículo 53

del Acuerdo 244 de 2003, este hecho no es cierto púes no obra en el proceso documento o acción alguna realizada por la Secretaria de Salud Local que permita inferir que las EARS afectadas con la exclusión del mercado, pudieron ejercer su derecho de defensa. Nunca se les explicó a los afectados con la decisión de no renovación de los contratos que tenían derecho a impugnar esta decisión y menos de aportar pruebas que permitieran desvirtuar y aclarar la situación presentada. Respecto del Tercer Cargo El Viceprocurador General de la Nación al sopesar los argumentos defensivos expuesto por la disciplinada CLADUIA GUITERREZ BAQUERO, en lo que tiene que ver con la imputación que se le hizo por no repartir de manera equitativa los afiliados entre las ARS inscritas y autorizadas en el municipio de Villavicencio para prestar sus servicios, trasladando solo a las EARS TAYRONA, COMFACOR Y MANEXKA, dejando de lado a la ARS CAPRECOM cuando según se desprende del acta 003 del 11 de febrero de 2004 que ya estaba inscrita en el municipio para prestar sus servicios, consideró que no tenía justificación alguna su proceder por que si esta no solicitó formalmente la 9 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 capacidad de atender determinada cantidad de afiliados, como al parecer los hicieron las otras ARS , ya en la presentación de la documentación para ser inscritos que hizo CAPRECOM obraba dicha manifestación, la cual fue desatendida sin razón alguna. Aunado a ello a la administración municipal le asistía el deber de requerir a dicha Empresa ARS para cumplir con los

principios de transparencia, imparcialidad e igualdad que debe regir las actuaciones de los servidores públicos, sin que la servidora investigada haya desplegado acción alguna para advertir o llamar la atención de estas ARS en dicho sentido y no afectar sus derechos y garantías como Empresa aceptada en el municipio para prestar dichos servicios.

2. APELACION.

La procesada CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ BAQUERO a través de su apoderado, presentó y sustentó en término el recurso de apelación, cuyos aspectos vacilares se pueden sintetizar así:

1. Que si bien es cierto, las firmas de los representantes legales no aparecían en los certificados de paz y salvo que acreditaban sus estados financieros al día, la ausencia de la forma fue corroborada y ratificada bajo la gravedad del juramento por los representantes legales de las Empresas ARS. Además el acto de inscripción y autorización de EARS no dependió solo de su voluntad sino de dos abogados y un contador público y que con mejor criterio hubiesen podido adoptar decisión en contrario. El litigante endereza el juicio de responsabilidad hacia los miembros que hacían parte de la Junta de Licitaciones y que la resolución proferida fue un simple acto de acatamiento del deber legal (artículo 5 del Decreto 163 de 2004)

1. En relación con el segundo cargo insiste el apoderado de la investigada en que los pagos a las ARS se hicieron oportunamente por parte de la Administración Municipal previo el lleno de los requisitos que para los efectos se exigían y que si se presentó una mora fue debido a que los

10 Ver sentencia Consejo de

Estado N° 11001032500020110030900 giros que la nación debe efectuar no se hicieron oportunamente. En cuanto a la violación al derecho de libre escogencia de los usuarios o afiliados, estima el apoderado de la procesada, que nunca fue infringido pues la decisión de no renovar los contratos fue adoptada con fundamento en el concepto jurídico que emitiera el abogado Luis Alberto Villarreal y que en ese orden de ideas la investigada actuó con la convicción de que lo que le decía el abogado era cierto. A su vez explica el impugnante que una de las formas de poner en conocimiento a los posibles afectados la noticia tantas veces cuestionada era “simplemente manifestar la voluntad de no renovar el contrato al vencimiento del término y con fundamento en el artículo 36 del decreto 050 de 2003” Y que como de todas formas a las ARS afectadas se les comunicó por escrito la medida, ello era suficiente para que hicieran efectivos los derechos que ostentaban. Explica que la decisión de no renovar los contratos al vencimiento del término pactado es un “acto discrecional de la administración para el cual la ley no señala un procedimiento especial que determine su formación y ejecución” y que mal puede hablarse de violación al debido proceso cuando la ley no lo consagra.

2. Sobre el tercer cargo el actor se limita a explicar que como la ARS no mostró interés alguno para recibir o captar afiliados mal podía la administración adjudicárselos. Aunado a ello advierte el apoderado de la procesada que como CAPRECOM se encontraba en mora de cumplir con

sus proveedores de bienes y servicios, esta situación fue concurrente para no trasladar afiliados a dicha ARS. El abogado defensor del procesado FRANKLIN GERMAN CHAPARRO CARRILLO, presentó y sustentó dentro de término el recurso de apelación contra la decisión que le fue adversa y a la postre solicita “REVOCAR” integralmente el fallo de primera instancia y en consecuencia ordenar el 11 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 “ARCHIVO DEFINITIVO” de las diligencias, fundamentando tal solicitud en los siguientes argumentos:

1. Que de manera alguna se puede adecuar el comportamiento de su prohijado al denominado “comisión por omisión”, por haber omitido el deber de velar el debido cumplimiento de las funciones delegadas a la doctora CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ BAQUERO, Secretaria de Salud Municipal de Villavicencio. Para soportar esta afirmación, el impugnante sostiene que la delegación dentro de un sistema descentralizado en la administración pública, representa un mecanismo mediante el cual se desarrolla la función pública para así lograr los fines del Estado.

En ese orden de ideas es claro que el acto de delegación debe estar precedido de reglas claras y precisas que identifiquen el alcance de la misma. Como muestra de la potestad delegante con que cuenta el Burgomaestre trae a colación la Sentencia C372-02 en la cual con Ponencia del Magistrado Jaime Córdoba Triviño, se aclaró el alcance de este instrumento de gestión.

2. Una vez desarrollado el fundamento jurídico y jurisprudencial de la Delegación, el litigante enfáticamente rechaza la acusación que le hizo el

A quo, pues al analizar el contenido del Decreto 013 del 29 de enero de 2004, en concordancia con el artículo 5 del Decreto 163 de 2004, depreca que era a la Dirección de Salud de la administración municipal a quien correspondía a través de acto administrativo indicar que EARS administrarían los subsidios en el municipio; y que en ese orden de ideas si la facultad de dirección y manejo del proceso de inscripción y autorización de las EARS para administrar subsidios en el territorio correspondía a otro servidor por orden expresa del Decreto referido, a su prohijado no se le puede hablar de delegación cuando no contaba, ni ostentaba dicha función para transferirla a otro servidor colaborador de la administración, ya que en el caso concreto fueron designadas 12 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 directamente por el Presidente de la República a la Dirección de Salud correspondientes.

3. Sostiene el actor que la acusación realizada por el Fallador de Primera de instancia que su protegido no atendió adecuadamente la gestión de vigilancia y control de la administración, carece de soporte probatorio, pues no existe prueba que siquiera indiciariamente le diga a la Entidad de Control lo acusado en el pliego de cargos. Por el contrario en el expediente rebosan pruebas que permiten demostrar un comportamiento diligente y probo frente al manejo de los destinos del municipio de Villavicencio y que solo basta con ver las actas de las sesiones de los Consejos de Gobierno Municipal. llevados a cabo el 26 de enero, el 4 de febrero y el 1 de marzo de 2004, realizadas con todos los funcionarios

del nivel directivo de la administración en donde concretamente, en la primera se le comento por parte de la doctora GUTIERREZ estar trabajando en el proceso de inscripción de las ARS para la administración de recursos del régimen subsidiado; en la segunda el Burgomaestre solicitó agilizar las convocatorias y audiencias públicas en el tema de las ARS, trabajar sobre la Circular Externa 0011 del 6 de febrero de 2004 en la que se imparten directrices generales para la inscripción de entidades administradoras del régimen subsidiado y en la tercera la sugerencia de presentar un proyecto de vigencias futuras que permita garantizar durante cinco años la continuidad de afiliación de personas en el régimen, esto es ampliar la cobertura del mismo con recursos propios.

4. En lo que tiene que ver con la modalidad del comportamiento que efectuó el A quo, recrimina la inobservancia y análisis probatorio que debió realizar el mismo sobre la figura de la comisión por omisión y para ello reseña la Sentencia Unificada 1184-01 proferida dentro de la Tutela T-282730 del 30 de noviembre de 2001, en la que siendo Magistrado Ponente el doctor EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT se informan las exigencias o presupuestos que se deben analizar para poder hablar de la existencia de esta forma de realización de la conducta, haciéndose

13 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 énfasis especial en el hecho de deber establecer si el sujeto investigado era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y

cognoscible por parte de su defendido.

5. En otro sentido, el impugnante endereza su defensa también hacia las imputaciones que se le formularon a la procesada GUTIERREZ BAQUERO, explicando que de manera alguna la misma incurrió en falta disciplinaria, pues en lo que tiene que ver con la no renovación de los contratos con las ARS SALUD TOTAL, SOLSALUD Y SALUD VIDA, el A quo acudió a una interpretación literal del artículo 31 del Decreto 050 de 2003, cuando la realidad enseña lo contrario, pues siendo requisito para poder efectuar los pagos en término, la depuración de las bases de datos, era una obligación connatural a la Administradora del Régimen Subsidiado y que la administración procediera de forma diversa era afectar gravemente las arcas del erario público de Villavicencio.

Concluye el actor que, el pago del monto queda sujeto a la actualización de las bases de datos de afiliados de cada ARS y que si a pesar de recibirlo tardíamente por culpa de la administración, ellas no utilizan inmediatamente para atender sus recursos con las Red Prestadora de Servicios, es claro que la causal para no renovar los contratos está estructurada y en tal sentido debe proceder la Entidad Pública. Sostiene en ese orden de ideas que el Burgomaestre si realizó el seguimiento y orientación al proceso adelantado por la Secretaria Municipal de Salud, “no por su calidad delegante de algunas facultades de la contratación en la titular de dicho despacho, sino como cabeza visible de la administración municipal, haciendo periódicos consejos de gobierno con los secretarios de despacho y enterándose de primera mano, por su asesor jurídico.”

6. Para concluir advierte el defensor que la Secretaria Local de Salud

distribuyó los afiliados entre las tres nuevas ARS, esto es, COMFACOR, 14 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 MANEXKA y TAYRONA, pues conforme lo señala el artículo 53 del Decreto 244 de 2003, dicha servidora tenía en primer lugar el deber de consultar la capacidad máxima de afiliación de cada una de las ARS contratadas; como cada ARS había informado y suministrado un dato a la Secretaría de Salud, con fundamento en esos datos se asignaron los cupos de afiliados. Ahora bien, la ARS CAPRECOM no se tuvo en cuenta para asignación de nuevos afiliados, por cuanto obra certificación suscrita por la Coordinadora de Cartera del Régimen Subsidiado del Hospital Departamental en el que se explícita que con corte al 31 de diciembre de 2003 dicha Administradora presentaba deuda del 59% con dicha Entidad Hospitalaria, siendo esta situación causal que impedía la participación para asignación de nuevos usuarios de acuerdo a las previsiones de la norma Up Supra. (Fol 42-43)

5. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS Conocida la motivación del fallo de primera instancia proferido por el Viceprocurador General de la Nación y revisadas las argumentaciones que fundamentan los libelos de alzada, encuentra esta Instancia Superior que al ser confrontadas las mismas con la verdad procesal demostrada en el expediente, no pueden ser aceptadas, pues carecen de asidero probatorio y jurídico frente a la decisión sancionatoria apelada.

Veamos pues cuales son los argumentos que estima este Despacho sirven de soporte para confirmar la decisión impugnada por el apoderado de la doctora

CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ BAQUERO:

15 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 En lo que respecta a las acusaciones que se le enrostraron a la procesada CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ BAQUERO, sea la oportunidad para advertir sin hesitación alguna que las adecuaciones típicas que el A quo efectuó fueron acertadas, pues no de otra forma podían ser catalogados los comportamientos desplegados por la Secretaria Local de Salud. Cuando a la procesada GUTIERREZ BAQUERO, se acusa de haber faltado al deber objetivo de cuidado en el manejo que le dio a la inscripción de EARS, por no verificar y comprobar el lleno de los requisitos que para los efectos establecía el numeral 3 del artículo 163 del Decreto 163 de 2004, en el cual se establecía que solo podían inscribirse a las Empresas ARS que se encontraran al día en los pagos con los proveedores de bienes y prestadores de servicios en donde se encuentren actuando como EARS o como EPS, no hay lugar a dudas que efectivamente en el proceso de selección de las EARS para ser inscritas y autorizadas para el manejo de recursos del regimen subsidiado, se obvió el deber específico que encarna la norma que se le cita como infringida. Sobre el particular es importante resaltar la tarea de los investigadores en lo que se refiere a esta precisa acusación, ya que se muestra con claridad que las ARS MANEXKA y TAYRONA, no explicitaban con limpidez los estados financieros de cada una de ellas, pues solo basta con enfrentar la documentación que obra en los folios 182 y 178 a 180, estos es las

certificaciones de las Empresas MANEXKA Y TAYRONA con la certificación expedida con el Hospital Departamental de Villavicencio para verificar que efectivamente estas ARS se encontraban en mora en lo que se refiere a pagos con el Hospital Departamental de Villavicencio, agravada la situación de MANEXKA por que la certificación expedida por el Revisor Fiscal de dicha Empresa no se encontraba inscrito y reconocido como tal por la Superintendencia de Salud, quedando dicho documento como inexistente o carente de valor. 16 Ver sentencia Consejo de Estado N° 11001032500020110030900 Sobre esta falencia alega la procesada que consideraba que las actuaciones de las personas que participaron en la actividad contractual era de buena fe, pero a criterio de este despacho no se puede confundir la buena fe de los demás como justificante para no verificar los requisitos o exigencias que la misma normatividad imponía para los efectos de un aspecto tan delicado y trascendental que daba viabilidad o no a la inscripción de los participantes para el manejo de los recurso de régimen subsidiado. Si bien es cierto la buena fe se presume como lo ha alegado la procesada en diversas oportunidades en sus escritos defensivos, también lo es que un mínimo de diligencia, previsión o perspicacia, le hubiesen permitido a la procesada en el manejo de un asunto de tanta delicadeza y trascendencia social como la asignación del manejo de los recursos del régimen subsidiado, verificar el cumplimiento del requisito de inscripción de los revisores fiscales ante la Superintendencia de Salud, - que va tomado de la mano de la certificación de paz y salvocon la simple solicitud de

copia del acto administrativo que ante la Entidad de Vigilancia y Control lo reconocía como tal. Que se pretenda traer como excusa a última hora el hecho de que la Superintendecia de Salud dilató la posesión del Revisor Fiscal doctor OSCAR GUARIN ANAYA, no puede ser tenida en cuenta como argumento eximente de responsabilidad, pues esta era una tarea que con antelación debió haber agotado la Secretar