PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Como excluyente de responsabilidad de acuerdo a la doctrina

Dependencia: Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación No.: 142-112777 - 04

Disciplinado: Germán Ruiz Silva y otros Cargo y entidad: Curador urbano 4

Quejoso: Jaime Duque Casas fecha queja: 28 octubre 2004 complementada el 09 de diciembre de 2004

Fecha hechos: Año 2004

Fecha recibo: 14 de junio de 2005

Asunto: Desatar recurso de alzada

Bogotá DC, 15 de julio de 2005 Procede el Despacho de conformidad con la competencia otorgada por el numeral 4 del artículo 25 del Decreto Ley 262 de 2000, e inciso 3 del artículo 19 de la Resolución 017 de 2000 de la Procuraduría General de la Nación, y en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 115 de la Ley 734 de 2002, a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 21 de febrero de 2005, por el cual, la Procuraduría Primera Distrital ordenó el archivo definitivo de las diligencias que nos ocupan. HECHOS En queja radicada en la PGN, (visible a folio 2 y siguientes y, complementada a folio 71 co 1) el Quejoso solicita coadyuvar la revocatoria directa que cursa en Planeación Distrital respecto de las licencias de urbanismo y construcción 04-4-0231 y 04-40894 expedidas por la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá; de igual forma solicita investigación disciplinaria en contra del Curador y de quienes intervinieron en el trámite de las mismas. Las aludidas solicitudes tienen su origen, presuntamente, en lo siguiente :

1 Considera el quejoso que existió vulneración al debido proceso en el procedimiento para la concesión de las licencias referidas, al notificar únicamente mediante publicación en el Diario La República, (12 de enero de 2004), a los vecinos del sector respecto del asunto, es decir, como lo asevera el Doctor DUQUE, se dio prelación a un medio subsidiario de notificación sobre el principal, violando de esta forma los requisitos exigidos en los Decretos 1023 y 1052 de 1998. El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá para el sector, (carrera 9 A No. 107 A 50 y Calle 106 No. 8 B 50) asigna a los predios el uso de Zona de Servicios Urbanos 2, Básicos con Tratamiento de Consolidación. Esto significa que debía establecerse la consolidación urbana manteniendo formas y estructuras homogéneas, en pro del desarrollo urbano sostenible (numeral 2 del artículo 3 de la Ley 388 de 1997). Los predios se encontraban urbanizados, prestando una función social es decir, que 3, estaban construidos y, además contaban con servicios públicos, luego, no era dable, como lo hace el Curador Urbano No. 4, modificar la modalidad de licencia, al concederla bajo la premisa de que el predio objeto de la misma estaba considerado dentro de los de continuidad de la norma, debiendo dársele tratamiento de desarrollo. 1 Ver folio 71 cuaderno 1 2 Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003 3 Colegio Militar Caldas La Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá DC expidió el 09 de marzo de 2004, la licencia

de urbanismo o desarrollo No. 04-4-0231, respecto de todo el predio anteriormente citado, sin tener en cuenta que la solicitud se efectuó solo frente al ubicado en la carrera 9 A No. 107 A 50; a favor de las constructoras Famorisa SA y Corretajes Financieros SA. Con fundamento en la anterior licencia, la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá DC, el 07 de julio de 2004, expide la licencia de construcción identificada con el número 044-0894, a favor de Alianza SA, sin tener en cuenta que la solicitud se efectuó solo frente al ubicado en la calle 106 No. 8 B 50 y, sin que se hubiesen ejecutado las obras de urbanismo por parte de los titulares de la licencia de desarrollo. Por lo tanto, se encuentra viciada. Es importante resaltar que, aduce además el quejoso, las constructoras Famorisa SA, Corretajes Financieros SA y Alianza SA, no tramitaron las licencias ambientales exigidas por el artículo 21 del Decreto 1052 de 1998, así como tampoco la licencia de demolición requeridas por el artículo 99 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 4 del Decreto 1052 de 1998. Finalmente, expone el Doctor DUQUE, que una inmobiliaria denominada Acierto Inmobiliario, llevó a cabo una consulta al Curador Urbano No. 1 relacionada con la cantidad de pisos que se podían construir en el predio en cuestión, y este funcionario respondió que se podían hacer edificios de 6 pisos. Así mismo, debe traerse a colación que, al parecer y, no obstante el anterior punto, la

licencia de construcción LC 04-4-0894 de julio 07 de 2004, autoriza la construcción de seis torres de 17 pisos de altura, sótano y semisótano con 268 unidades de vivienda y 596 cupos de parqueo, en un sector “compuesto en su mayor parte por viviendas pequeñas de dos pisos y calles estrechas diseñadas para el escaso volumen de tránsito automotor que un barrio de tales características genera” (Ver fl. 29 co 1/ El Tiempo) 4. ANTECEDENTES PROCESALES Una vez radicada y analizada la queja, el fallador de primera instancia dispone adelantar indagación preliminar mediante Auto del 22 de noviembre de 2004 (visible a folios 69 y 70 co 1). Con base en lo anterior, el 21 de febrero de 2005, profiere el auto de archivo visible a folio 203 al 213 co 1 objeto de este recurso, providencia que se expone en el acápite posterior. El 18 de marzo de 2005, la Unidad Coordinadora para el Bloque de Cundinamarca de la Procuraduría General de la Nación, notifica personalmente el proveído en mención. (fl. 217 co 1). Inconforme con la aludida decisión, el 30 de marzo del año en curso, el quejoso, por intermedio de apoderado, presenta el recurso de apelación correspondiente (visible a folios 219 al 225). 4 Prueba aportada por el quejoso 2 DEL AUTO DE ARCHIVO El aquo profiere la decisión de archivo, con base en las siguientes consideraciones: Licencia de urbanismo No. 04-40231 del 09 de marzo de 2004: Se tiene en cuenta lo

argüido por el Curador 4, (implicado), en su versión libre (fl, 73 co 1), al informar que se trata de un predio urbanizable pero no urbanizado, por lo cual se le dio tratamiento de zona de desarrollo. Se corrobora que no estaba urbanizado, mediante la inspección obrante a fl. 157, efectuada por un profesional adscrito a la citada Curaduría. Se comprueba que el predio no registra los servicios públicos requeridos con las diferentes comunicaciones enviadas a la constructora FAMORISA SA por parte de las distintas empresas de servicio público domiciliario, donde se argumenta que el mencionado predio tiene posibilidades de contar con dichos servicios, lo cual indica, según el aquo, que en la actualidad no los posee (fls. 160 al 170). Asegura el fallador de primera instancia, que la Curaduría 4, en desarrollo del trámite adelantado para la expedición de la licencia de urbanismo, solicitada de manera conjunta por 2 diferentes constructoras: Famorisa SA y Corretajes Financieros SA (para cada uno de los predios: carrera 9 A No. 107 A 50 y calle 106 No. 8 B 50), tuvo en cuenta que allí habían existido licencias anteriores, pero nunca se ejecutaron las obras, por lo tanto consideró la viabilidad de las solicitudes y expidió licencia de urbanismo dando tratamiento especial de áreas de desarrollo. En este punto, se trajo a colación lo estipulado en el numeral 2 del artículo 2 del Decreto 734 de 1993 y en el Decreto 735 del mismo año, donde establecen que 5 deben adelantar procesos de urbanización en los predios no urbanizados,

comprendidos dentro de los polígonos de reglamentación correspondiente al tratamiento de actualización cuya área útil sea mayor a 2.000 m2, y que no hayan sido sujeto de urbanización previa o, que si lo han sido, su licencia de urbanismo no tenga vigencia. También se tomó en cuenta el artículo 1 del Decreto 737 de 1993 , dado que allí se 6 preceptúa que el tratamiento general de desarrollo regula el desarrollo urbanístico adecuado de los predios urbanizables no urbanizados al interior de las áreas urbanas. Así mismo, contempla en su parágrafo, que los predios a los que se asigne tratamiento de desarrollo, deben adelantar el proceso de desarrollo por urbanización señalado en el Decreto Reglamentario de dicho proceso, como requisito para dar curso al proceso de desarrollo por construcción establecido en el presente Decreto. De otro lado, se consideró el artículo 393 del Acuerdo 6 de 1990 , debido a que 7 establece que las normas específicas que se adopten dentro del marco del tratamiento general de desarrollo, son aplicables a los inmuebles urbanizables no urbanizados al interior de todas las áreas sin desarrollar, que estén fuera del ámbito normativo especial. 5 Reglamenta el proceso de desarrollo por urbanizaciones en áreas urbanas de Bogotá. 6 Por medio del cual se asigna y reglamenta el tratamiento general de desarrollo de las áreas urbanas de Bogotá. 7 Por medio del cual se adopta el Estatuto para el ordenamiento físico del Distrito. 3 En cuanto a los actos administrativos anteriores a las licencias en cuestión, se introduce en la providencia el concepto de obligatoriedad que poseen los actos de la

administración, en virtud del artículo 66 del CCA (causal 2), siempre y cuando existan los fundamentos de hecho o de derecho que los originaron y, en este caso, al comprobarse que las obras aprobadas nunca se ejecutaron, las licencias de revalidación o construcción sobre el predio global en comento perdieron fuerza ejecutoria, toda vez que sus fundamentos de hecho desaparecieron. Así las cosas, arguye la primera instancia, que cuando se expidió la licencia 04-40231 de 2004, las licencias de construcción anteriores habían decaído. Licencia de construcción 04-4-0894 de 09 de julio de 2004: Con base en lo anterior, la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá DC, expidió el 09 de julio de 2004 esta licencia, por solicitud de la Constructora Alianza Fiduciaria SA, en calidad de propietaria del predio SANTANA (calle 106 No. 8 B 50), autorizando la construcción de 6 torres de 17 pisos. Confirma la primera instancia que las dos resoluciones (de urbanismo y luego de construcción), fueron notificadas (fls. 151 y 171 co 1). Escrito de solicitud de revocatoria directa de las licencias de urbanismo y construcción ante Planeación Distrital: El requerimiento fue remitido a la misma Curaduría Urbana No. 4 y se comunicó al quejoso, según se observa a folios 182 al 189 del co 1. Por consiguiente, la Curaduría inició los trámites para la revocatoria directa; sin embargo, el mismo solicitante y quejoso desiste de la revocatoria manifestando su

desacuerdo con la interpretación jurídica que de la competencia efectúa Planeación Distrital y, en consecuencia, requiere el archivo de las diligencias (fl. 144 co 1). Ante lo cual el aquo expresa que no le es clara dicha actitud, así como tampoco el hecho de que posteriormente se radique queja disciplinaria (fls. 180 y 181) ante la PGN y en contra de la Directora de Planeación Distrital y el Subdirector Jurídico de la misma entidad, por cuanto no dieron trámite al escrito de revocatoria directa desistido por él mismo, actitud que considera como temeraria y previene al quejoso para que se abstenga. En cuanto a la solicitud de investigación disciplinaria en contra de la exdirectora de Planeación Distrital: Tal requerimiento lo efectúo debido a que estos exfuncionarios firmaron los planos que sirvieron de base para tramitar la licencia de construcción, y por el hecho de haber sido subalterna de la actual Directora, lo cual, afirma el quejoso, podría tener injerencia en los resultados que se han venido dando ante Planeación. Al respecto considera el aquo, que tal afirmación carece por completo de fundamento. En cuanto a la afirmación de que el Curador 4 solicita al Alcalde de Usaquén favorecer a un particular a través del escrito visible a folio 190: Considera el aquo que tal afirmación carece de fundamento y, previene, nuevamente, al quejoso para que se abstenga de formular quejas sin fundamento que podrían resultar temerarias, so pena de incurrir en la conducta prevista en el parágrafo 2 del artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

4 En cuanto a la publicación en el diario El Tiempo visible a folio 29: El Despacho de primera instancia aporta otra publicación, efectuada por el mismo diario, pero con diferente fecha, que resultan contradictorios frente a la primera, pues, aduce el aquo, que se hacen planteamientos a favor de dichas licencias. Por consiguiente aduce que, al igual que los conceptos que al respecto han emitido otros Curadores y profesionales de la arquitectura, estos no obligan a las autoridades administrativas. En consecuencia, el fallador de primera Instancia, no evidencia irregularidad alguna y advierte que las tantas veces mencionadas licencias de urbanismo y construcción no fueron suscitas por el Dr. RUIZ SILVA. (Párrafo 1 FL 211 CO 1). Por consiguiente, archiva las diligencias.

EL RECURSO DE APELACIÓN

(Fls. 219 al 225 co 1) El apoderado del quejoso, comienza por calificar que el expediente adolece de pereza investigativa, considera pobre el recaudo probatorio y el interrogatorio efectuado al implicado, descalificando la decisión de archivo tomada en la primera instancia. En efecto, el apelante cuestiona el auto de la siguiente forma: La funcionaria instructora, solamente acogió la versión del encausado, para afirmar que el predio no contaba con servicios públicos domiciliarios, sin reparar en oficiar a las empresas de servicios públicos para verificar lo expuesto. El apelante afirma que se tomó el trabajo de ir hasta el Colegio Caldas, donde le aportaron recibo de los servicios públicos del mismo, correspondiente a los tres últimos meses, con lo que, según él, se desvirtúa lo manifestado por el inculpado y

se demuestra la pereza investigativa de la funcionaria; toda vez que con esa gestión se lograba demostrar que el terreno sí estaba urbanizado. La funcionaria confunde urbanizar con entregar zonas de cesión, haciendo eco a lo expuesto por el Curador, pues, según su escrito, el predio sí estaba urbanizado porque cumplía una función social, ya que en él funcionó hasta enero de 2004 el 8 Colegio Militar Caldas y, nada tiene que ver la construcción de la calle 107, con estar o no urbanizado el predio. Frente a la licencia No. 04-4-0231, aduce el recurrente, que no tiene como fundamento jurídico los Decretos 735 y 737 de 1993 (reglamentarios del Acuerdo 06 de 1990), como lo afirma el aquo y, remata afirmando que lo que buscó el Curador con su argumentación fue dar legitimidad a las irregularidades cometidas, y que esto es suficiente para que se continuara la investigación. En cuanto a la interpretación efectuada, por parte del fallador de primera instancia, respecto al acuerdo No. 6 de 1990 “Por medio del cual se adopta el Estatuto para el ordenamiento físico del Distrito” (artículo 393), asevera que dicha interpretación es errónea por estas razones (fl. 221 co 1): 8 Ver acápite de hechos. 5 “(…) Adujo el Curador que el predio contó con licencias sucesivas, pero que nunca se ejecutaron, así lo refleja en una Resolución en la que revoca varios actos administrativos… Como no se ejecutaron esas licencias, el predio quedó cobijado por normas especiales; así se desprende de las planchas 18 y 23 del acuerdo 6 de 1990, que

justo encima del predio Colegio Militar Caldas le adjudican el polígono de tratamiento ARE014C, esto es, área residencial especial, 4 pisos de altura, conservación. Así las cosas, como el predio cuenta con un polígono definido y normas especiales, no puede ser objeto del tratamiento de desarrollo, tal y como lo establece el artículo 393 esgrimido por la funcionaria para abstenerse de investigar… Encuentra sustento mi tesis en que al curador urbano no le es dable, por competencia reducida al Consejo Distrital y al DAPD establecer normas de tratamiento específico o especial, como lo hizo… El predio nunca ha sido tratado como continuidad de norma, ni con el tratamiento de desarrollo, esta consagrado como residencial especial, categoría de conservación, con el código ARE014C. (…)”. - Frente a la tesis relacionada con la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos revocados mediante la Resolución 05-4-0012 del 07 de enero de 2005 (párrafo final fl. 209 co 1), aduce el recurrente que el A-quo olvidó tener en cuenta el artículo 67 del CCA, en cuanto a que el decaimiento de un acto administrativo debe obedecer a la solicitud que un particular hace en contra de la ejecución de un acto administrativo, de donde surge que en el derecho administrativo colombiano no existe declaratoria tácita de la perdida de fuerza ejecutoria. Así mismo trae a colación el auto de junio 28 de 1996 de la sección 3 del Consejo de Estado con ponencia del Magistrado CARLOS BETANCUR JARAMILLO, donde se hace referencia al mismo tema, por lo tanto, insiste el apelante, si la misma Curaduría

expidió una prórroga de la licencia que permitía la construcción de 6 pisos, estando vigente ésta, mal podría para el mismo beneficio del acto administrativo anterior expedir una para la construcción de 17 pisos. - Respecto a la no suscripción de las licencias por parte del implicado, alega el reclamante, que el fallador de primera instancia, no indagó los motivos por los cuales se presentó esa situación. - En cuanto al argumento de la Procuraduría Distrital concerniente a la revocación de varias licencias por parte del Curador Urbano No. 4, debido a presuntas ilegalidades en su trámite, que lo llevaron a expedir la Resolución 05-4-0012 del 07 de enero de 2005, razona el apelante que el investigador se caracterizó por su inocencia, pues el motivo real de la resolución de revocatoria es, según su criterio, justificar las irregularidades cometidas. Cuestiona, además, esta explicación preguntándose por qué solo se compulsaron copias al Consejo Profesional de Arquitectura, más no a la Fiscalía y, por qué dicha resolución de revocatoria la firma una Curadora encargada 6 (la misma que firmó la licencia de urbanismo), y no el titular de la Curaduría, quedando en interrogante si se está protegiendo a este funcionario. De igual manera, cuestiona al aquo sobre la misma omisión de denuncia, luego de reconocer que las resoluciones revocadas fueron expedidas ilegalmente y le recalca lo consagrado en el artículo 417 del Código Penal.

• En relación con el supuesto tráfico de influencia del Curador Urbano No. 4 ante la Alcaldía Local de Usaquén, que fue denunciado por el quejoso ante la Procuraduría,

se ataca el fallo aduciendo que la Procuradora Distrital actúo con ligereza absteniéndose de investigar lo pertinente y tildando al aludido quejoso de temerario por formular una queja sin fundamento. Finalmente y, en concordancia con su exposición, solicita: Revocar el auto de archivo y abrir la investigación respectiva en contra del Curador Urbano No. 4 de Bogotá DC y demás funcionarios que intervinieron en el trámite de la expedición de las licencias en cuestión, formulando los cargos correspondientes. Compulsar copias, si es del caso, a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que investigue a los funcionarios por abuso de autoridad por omisión de denuncia, teniendo como prueba para ello la resolución de revocación aportada por el Curador Urbano No. 4. Compulsar copias, a control interno de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que investigue la actuación de la Procuradora Distrital No. 1 y al Señor MAURO BOHÓRQUEZ VACCA, por su supuesta ligereza en la instrucción y el incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, y en el trámite de la misma. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Estipula el CUD, en el parágrafo de su artículo 171, que “El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”. Bajo esta premisa legal, es importante resaltar que la presente decisión se ceñirá, estrictamente, a la inconformidad expresada por el

apoderado del implicado en la sustentación de su recurso de alzada, lo cual fue descrito en el acápite precedente. Así las cosas, esta Delegada se referirá, en concreto, a la viabilidad de las solicitudes esgrimidas por el apelante, con base en sus argumentaciones obrantes a folios 219 al 225 del co 1, lo cual ha sido expuesto en el acápite inmediatamente anterior.

I. Analizada la decisión del fallador de primera instancia, se observa que en efecto, tal como lo asevera el apelante, la mayor parte de la exposición de los motivos que la determinan, carecen de profundidad, toda vez que el aquo se conformó con lo

aducido por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá DC, en su calidad de implicado 9, algunos documentos aportados por la parte disciplinada y la inspección efectuada al predio por parte de un funcionario de la misma entidad a la que pertenece el encartado, sin preocuparse por practicar pruebas diferentes y propias al Despacho 9 Versión libre rendida el 14 de enero de 2005 visible a folio 73 del co 1. 7 que pudiesen cotejarse con las primeras; lo cual no quiere decir que las demás probanzas no deban tenerse en cuenta, sin embargo, no deben ser el fundamento único para proferir un fallo de tal magnitud, pues en aras de preservar el debido proceso y tal como lo argumentó la Viceprocuraduría General de la Nación , “(…) las 10 decisiones se deben proferir de manera objetiva, con base en el juicio racional de los medios de prueba para deducir el grado de conocimiento de certeza(…)”.

Por consiguiente, el auto en cuestión sí presenta rasgos de ligereza y superficialidad en cuanto a las pruebas, puesto que dada la delicadeza de los hechos que se denuncian, era imperioso profundizar en su análisis y efectuar otras que coadyuvaran en la obtención del grado de certeza mencionado, indispensable antes de definir lo dispuesto en la providencia recurrida. Tales como, por ejemplo, llamar a declarar al Curador Urbano No. 1, determinar con precisión si se cumplió con el debido proceso establecido en el Decreto 1052 de 1998, establecer si se notificaron en debida forma a los vecinos del sector, verificar la legalidad de las licencias anteriores, y las demás que fuesen pertinentes, conducentes y útiles. En este punto, es pertinente traer a colación lo estipulado en el artículo 152 de la Ley 734 de 2002, al autorizar al fallador disciplinario para abrir Investigación Disciplinaria cuando quiera que del fundamento de la queja se identifique al posible autor, y, en este caso, el quejoso claramente señaló en el contenido de la misma (fls. 71 y 72 co 1), que la presunta irregularidad en el trámite y expedición de las licencias de construcción No. 04-4-0231 y 04-4-0894 de 2004, provienen del mencionado Curador Urbano No. 4 de Bogotá DC; esa sola consideración, ha debido tenerse en cuenta para proceder de conformidad. Sumado a lo precedente las conductas denunciadas pueden, precisamente, verificarse y determinarse si son o no constitutivas de falta disciplinaria, en la etapa de Investigación disciplinaria.

II. Además de la solicitud de revocación de la providencia de primera instancia, con sus respectivas consecuencias, el apelante solicita que se compulsen copias a la Fiscalía General de la Nación, a fin de investigar a los funcionarios por “abuso de autoridad por omisión de denuncia”, y enuncia como prueba, para tal efecto, la

Resolución de revocación aportada por el Curador Urbano No. 4 de Bogotá a esta investigación. Es preciso aclarar, que aunque en la solicitud en concreto (párrafo final folio 223), no se especifica a cuál acto administrativo se refiere, de la lectura de los anteriores párrafos del escrito de sustentación, se deduce que se trata de la Resolución No. 05-4-0012 del 7 de enero de 2005, obrante a folios 110 a 121 del co 1. Esta Delegada, observa que efectivamente la Doctora ADA MONTILLA GUERRERO, en su calidad de Curador Urbano No. 4, (E) de Bogotá DC, a través de la mencionada Resolución, revoca licencias anteriores reconociendo la utilización de medios ilegales para su obtención sin embargo, sólo compulsa copias al Consejo 11, Profesional de Arquitectura, dejando de lado la compulsa respectiva a la Fiscalía General de la Nación, tal como lo exige el artículo 417 del Código Penal. Por consiguiente, se procederá a llevar a cabo la aludida compulsa, tanto en contra de la referida señora, como del titular de la Curaduría para la fecha en que se expidió el acto administrativo en cuestión, quien delegó en aquella su función y, como en su

10 Fallo No. 155-35523-99 del 31 de marzo de 2004. 11 Folio 121 y anteriores co 1 8 sabio proceder lo adujo el señor Viceprocurador General de la Nación “Es cierto que 12 la delegación exime de responsabilidad al delegante de acuerdo con las prescripciones constitucionales y legales, en particular según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 489 de 1998, pero en ningún caso ella comporta la facultad para funcionario alguno en el sentido de desprenderse ligera y definitivamente de una función cuyo ejercicio delegado pasa a ser lesivo para la entidad.” En cuanto a la Procuradora Primera Distrital y, de acuerdo al material probatorio, no considera el adquem conducente ni pertinente efectuar la mencionada compulsa al Ente Investigador en materia penal, toda vez que no se evidencia reconocimiento alguno por parte de la funcionaria respecto a que, los actos administrativos revocados mediante la Resolución No. 05-4-0012 del 7 de enero de 2005, fuesen ilegales, tal como lo asevera el apelante (párrafo 3 folio 222 y párrafo 2 folio 223 co 1). No obstante, si dicho apelante estima que lo anterior no es suficiente, podrá colocar en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la comisión de la conducta punible, junto con las pruebas pertinentes.

II. Respecto del requerimiento de compulsar copias a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación (sic) la Veeduría rectificamos, en contra de las tantas veces mencionada Procuradora Primera Distrital de Bogotá

DC, este Despacho tampoco lo estima conducente ni pertinente, toda vez que con la decisión que se tomará en este proveído, se dispondrá que se reabra la investigación, con el fin de que la funcionaria adquiera los elementos de juicio imperiosos para evaluar de manera más objetiva y concienzuda los hechos que dieron origen a las presentes diligencias, y pronuncie una providencia acorde a la sana crítica.

IV. Finalmente y, frente al supuesto caso de tráfico de influencias, en el que presuntamente incurrió el implicado en relación con el Alcalde de la Localidad de Usaquén de Bogotá, traído a colación junto con la sustentación de la apelación 13, teniendo en cuenta que no se trata de hechos conexos con el núcleo fundamental del presente radicado y, que por tal motivo no pueden tramitarse bajo una misma cuerda procesal, es menester de esta Delegada compulsar copias a la Procuraduría Distrital de Bogotá, para que de acuerdo a sus competencias inicie el trámite disciplinario respectivo.

En mérito de lo expuesto, el Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Administrativa, en ejercicio de sus atribuciones jurídicas, RESUELVE PRIMERO. Revóquese el auto de archivo del 21 de febrero de 2005 proferido por la Procuraduría Primera Distrital de Bogotá DC, dentro de las diligencias que nos ocupan. SEGUNDO. Consecuente con lo anterior, remítanse la presentes diligencias al Despacho de origen, con el fin de que el fallador de primera Instancia abra la investigación disciplinaria correspondiente en contra del Doctor GERMÁN RUIZ

SILVA, en su calidad de Curador Urbano No. 4 de Bogotá DC, y en contra de los 12 Fallo de primera instancia No. 54-78729-2002 13 Párrafo 3 folio 223 9 funcionarios o particulares con funciones públicas que hubiesen coadyuvado en la realización de la presunta conducta disciplinable que nos ocupa. TERCERO. Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que investigue el posible ilícito en que pudieron incurría los doctores GERMÁN RUIZ SILVA, en su calidad de delegante de sus funciones como titular de la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá DC, y ADA MONTILLA GUERRERO en su calidad de delegataria, al no denunciar que, para lograr la expedición de los actos administrativos revocados a través de la Resolución No. 05-4-0012 del 7 de febrero de 2005, se utilizaron medios ilegales. CUARTO. Compulsar copias a la Procuraduría Distrital de Bogotá (reparto) con el fin de que investigue la posible conducta disciplinable en que pudo incurrir el Doctor GERMÁN RUIZ SILVA en su calidad de Curador Urbano No. 4 de Bogotá DC, respecto a los hechos descritos por el recurrente en el párrafo 3 del folio 223 del CO 1. QUINTO. Comunicar al implicado disciplinado, y al quejoso y/o su apoderado la presente decisión, informándoles que contra la mima no procede recurso alguno. SEXTO. Por Secretaría de este Despacho súrtanse los trámites de rigor.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa. CAAM/mevg/earch Exp. Nº: 142-112777 – 04 mbm 10