PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Debe mediar acto administrativo

ESTE FALLO TIENE SEGUNDA INSTANCIA

Dependencia: Procuraduría 1ª Delegada para la Contratación Estatal.

Radicación # 021-28733-99 Disciplinado y/o investigado: Jorge Prieto Riveros Esperanza Lemus Álvarez Cargo y entidad: Gobernador y Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Casanare

Quejoso: Fecha Queja: Fecha Hechos: Asunto: Fallo de primera instancia.

Bogotá D.C., 14 DICIEMBRE 2001

DESPACHO DEL PROCURADOR DELEGADO Procede el Despacho, en ejercicio de la competencia que le otorga el Decreto 262 de febrero 22 del 2000, artículo 25 numeral 1, a fallar en primera instancia el proceso disciplinario radicado con el No. 021-28733-99, adelantado contra JORGE PRIETO RIVEROS y ESPERANZA LEMUS ALVAREZ en sus condiciones de Gobernador y Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Departamento del Casanare para la época de los hechos.

CARGOS

AL DR. JORGE PRIETO RIVEROS

CARGO 1.

Porque en su condición de Gobernador del Departamento de Casanare suscribió el contrato interadministrativo No. 1005-05-71 con el Fondo Nacional de Calamidades a través de la Fiduciaria La Previsora S.A. representada por el Dr. ERLES EDGARDO ESPINOSA, Vicepresidente de Administración, pagos e inmobiliario (e), cuyo objeto consistió en formular, desarrollar y ejecutar el Plan Departamental para la Atención Integral a la población desplazada por la violencia, en el Departamento de Casanare,

en concordancia con la Ley 387 de 1997 y el Decreto 17 de febrero de 1998, contrato que tuvo un valor de $70'000.000 pagados en cargo a los recursos del Fondo Nacional de calamidades y una duración de 12 meses, contrato en el que al parecer incurrió en las siguientes irregularidades: PRIMERO: No dio cumplimiento a algunas de las obligaciones adquiridas por el Departamento, pactadas en la CLAUSULA QUINTA del mismo, como fueron las siguientes: No presentó informes trimestrales a la Consejería sobre su ejecución del convenio. Hecho que se encuentra plenamente demostrado dentro del proceso con CARLOS EDUARDO BERNAL MEDINA, de la Consejería Presidencial para los desplazados mediante oficio CDP 00115 del 12 de marzo de 1999 (fis. 25 cdno 1). Labor que era su obligación como titular de la Gobernación del Departamento de Casanare y que 1 además tampoco delegó en ninguno de sus colaboradores, pese a que en su diligencia de versión libre que reposa a fls. 192 al 203 cdno 1, manifiesta que existe un acto administrativo en el cual se estable que la responsabilidad de los informes que se deban rendir ante las autoridades nacionales o regionales, como producto de convenios se encuentra en cabeza de cada uno de los secretarios; documentación que no fue encontrada en los archivos de la Gobernación, tal como se advierte de la respuesta ofrecida y documentación enviada por el Dr. EDUARDO CORREA VALBUENA, Gobernador de Casanare (e) en noviembre 23 de 1.999 (fls. 218 y 219).

Celebró con posterioridad, a los 20 días de agosto de 1.998 un contrato de prestación de servicios con CESAR MANUEL GARCÍA NIÑO por la suma de $29'500.000, cuyo objeto fue asesorar al Gobierno Departamental en todo lo referente a la formulación, desarrollo y ejecución del Plan Departamental de atención integral a la Población Desplazada por la violencia en el marco de la ley 387 de 1.997, con énfasis en la estabilización socioeconómica de la población desplazada, y la creación de espacios de diálogo y concertación para la convivencia pacífica de las comunidades en el Departamento de Casanare; y no vigiló al contratista para que cumpliera con el objeto contratado, toda vez que los informes de labores se infiere que su labor efectuada la dirigió a conseguir la casa fiscal de Casanare en Bogotá, obtener el desembolso de créditos contratados, adquirir un lote para la construcción de la ciudadela universitaria y la realización de un foro sobre el tema de la explotación de hidrocarburos y su impacto en Casanare; labores realizadas que se desprenden del mismo contenido de los informes que reposan a fls. 301 al 316 cdno 1. Se estima que no era necesaria la contratación de GARCIA NIÑO, toda vez que se disponía de un documento de la Red de Solidaridad Social para abordar el problema de los desplazados en el cual contiene pautas claras y precisas sobre como abordar dicho flagelo, visto a fls. 350 al 361 cdno 1. Si bien es cierto que el contratista elaboró del Plan Departamental de Atención a la población desplazada por la

violencia, (fls. 332 al 345), su contenido no difiere casi en nada del presentado por la Red de Solidaridad Social; y a cambio de ello pudo haber invertido en forma más eficiente y en bienestar de los desplazados los $29'500.000 No administrar eficientemente los recursos que para el cumplimiento del objeto del contrato, que recibió del Fondo Nacional de Calamidades, debido a que como anteriormente se indicó no era conveniente para los intereses de la comunidad desplazada por la violencia, que se invirtiera aproximadamente el 42% de los recursos destinados para solucionar esa situación de orden público, en un contrato de prestación de servicios, teniendo a su disposición las herramientas necesarias e idóneas para elaborar el Plan Departamental de atención a la población desplazada por la violencia, como lo constituye el documento elaborado por la Red de Solidaridad social respecto a este tema y presentado en marzo de 1.998, es decir antes de solicitar los servicios del Dr. GARCÍA NIÑO y de otro lado contaba igualmente dentro de sus colaboradores con el elemento humano competente para realizar los estudios correspondientes y elaborar el tan mencionado Plan, como quiera que con anterioridad se había expedido el "Plan de Desarrollo para trabajar por Casanare 1.998 -2000" adoptado mediante Ordenanza No. 005 de mayo 15 de 1.998, en el que intervino todo el gabinete departamental con la asesoría directa del Dr. SANTIAGO PERRY RUBIO, ex ministro de estado (ver anexo 1). 2 Así las cosas, el dinero pudo haberse destinado para suplir necesidades prioritarias de los desplazados, tales como vivienda, vestuario, educación, alimentación y droga,

que muy seguramente habría sido de mayor provecho y beneficio si de prestarles una ayuda eficiente y oportuna se trataba y más aún teniendo en cuenta el valor aportado por el Fondo de Calamidades que frente a la magnitud del problema de los desplazados era escaso. Tampoco dio cumplimiento a la obligación prescrita en este numeral, al no enviar el informe mensual a la Dirección Nacional para la prevención y atención de desastres sobre el avance del objeto del convenio. Omisión que se encuentra demostrada en virtud de oficio No.20837 calendado el 1 de septiembre de 1.999, suscrito por el Director General de la Unidad Administrativa Especial para la Prevención y Atención de Desastres, donde se manifiesta que no se ha recibido informe de ejecución y legalización financiera del primer desembolso del convenio No. 1005-05-71-98, motivo por el cual no se había realizado el segundo desembolso, (ver fl. 213 cdno. 2). No es aceptable entonces lo referido por PRIETO RIVEROS en su diligencia de versión libre, vista a fls. 192 al 203 cdno 2, mediante la cual precisa que ya se había dado cumplimiento a ese compromiso, por los informes remitidos a la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de emergencias, en junio 28 de 1.999, según se observa a fls. 206 al 210 cdno 2, es decir prácticamente al año de ejecución del convenio, cuando la obligación adquirida exigió que los informes se rindieran mensualmente, no existiendo por lo tanto justificación alguna para incurrir en esta pretermisión y máxime cuando como en términos anteriores se puntualizó que

tampoco delegó en alguno de sus dependientes o colaboradores esta función.

CARGO 2.

Es igualmente censurable la conducta asumida por PRIETO RIVEROS como Gobernador de Casanare, al incumplir la CLAUSULA NOVENA del contrato de prestación de servicios No. 190 suscrito el 20 de agosto de 1998 con CESAR MANUEL GARCÍA NIÑO, la cual dispone que la vigilancia del contrato estará a cargo del Gobernador del Departamento de Casanare y cuyo objeto consistió en contratar los servicios profesionales de un abogado externo para asesorar al Gobierno Departamental en todo lo referente a la formulación, desarrollo y ejecución del Plan Departamental de atención integral a la población desplazada por la violencia en el marco de la ley 187 de 1.9997, con énfasis en la estabilización socioeconómica de la población desplazada, y la creación de espacios de diálogo y concertación para la convivencia pacífica de las comunidades en el Departamento de Casanare; por la suma de $29'500.000 y un plazo de seis (6) meses. Inobservancia advertida dentro del proceso, al establecerse que el contratista GARCÍA NIÑO no cumplió con las obligaciones de asesorar al gobierno departamental en la formulación y desarrollo de proyectos de beneficio comunitario para la población desplazada; asesorar al gobierno departamental en la difusión del derecho internacional humanitario, y los Derechos Humanos en el departamento y asesorar al gobierno departamental en todas las acciones tendientes a gestionar recursos de la comunidad internacional para beneficio prioritario de la comunidad desplazada y afectada por la violencia en el Departamento.

Cuestionamiento que se desprende del contenido de los informes mensuales de labores rendidos por el contratista, que reposan a fls. 301 al 316 cdno 1, donde se 3 infiere que no cumplió con el verdadero objeto del contrato, toda vez que la labor desarrollada fue dirigida a realizar otra serie de actividades, tales como la consecución de un inmueble para la casa fiscal de Casanare en Bogotá, obtención del desembolso de los créditos contratados por la pasada administración, la adquisición de un lote para la construcción de la ciudadela universitaria y la realización de un foro sobre el tema de la explotación de hidrocarburos y su impacto en Casanare; actividades que no guardan ninguna relación o armonía con las obligaciones pactadas en el contrato, ni con su objeto.

A LA DRA. ESPERANZA LEMUS ALVAREZ

CARGO 1.

En su condición de Secretaria de Gobierno y Desarrollo Comunitario de la Gobernación de Casanare, expidió seis (6) certificaciones que no se ajustan a la verdad, correspondientes a los meses de agosto de 1.998 a enero de 1.999, en virtud de las cuales señaló que el Dr. MANUEL GARCIA NIÑO cumplió a satisfacción con el objeto acordado en el contrato 190/98. Afirmación que no concuerda con la realidad procesal como quiera que revisados los informes mensuales tendidos por el contratista se observa que este no cumplió en su totalidad con las obligaciones pactadas. (fls.317, 320.321,322, 325, 327 cdno. 1). Lo acabado de cuestionar tiene su fundamento en que el contratista GARCIA NIÑO

no acató las obligaciones de asesorar al Gobierno Departamental en la formulación y desarrollo de proyectos de beneficio comunitario para la población desplazada; asesorar al Gobierno Departamental en la difusión del Derecho Internacional humanitario, y los Derechos Humanos en el Departamento y asesor al Gobierno Departamental en todas las acciones tendientes a gestionar recursos de la comunidad internacional para beneficio prioritario de la comunidad desplazada y afectada por la violencia en el Departamento. Del contenido de los informes mensuales de labores rendidos por el contratista, se infiere que no cumplió con el objeto del contrato, por cuanto la labor que desarrolló fue encaminada a realizar otra serie de actividades, como la consecución de un inmueble para la casa fiscal de Casanare en Bogotá, obtención del desembolso de los créditos contratados por la pasada administración, la adquisición de un lote para la construcción de la ciudadela universitaria y la realización de un foro sobre el tema de la explotación de hidrocarburos y su impacto en Casanare. DESCARGOS El Doctor Jorge Prieto Riveros por intermedio de su apoderado Félix Eduardo Martínez Ramírez en su escrito de descargos presentado el 27 de junio de 2000 plantea sus explicaciones a las conductas imputadas de la siguiente manera: CONTESTACIÓN AL CARGO PRIMERO: “Referente al presente cargo me permito manifestar mi expresa oposición a que se declare probado el mismo, habida cuenta de que mi representado en ningún momento ha incumplido las obligaciones contractualmente adquiridas por gracia del convenio interadministrativo No 1005-05-71 celebrado entre el “departamento” de

Casanare y el fondo nacional de calamidades, como se explica a continuación: 4 1respecto de las obligaciones de informes a que se contraen los numerales noveno y décimo tercero de la cláusula quinta del convenio en cuestión, tanto a la Consejería como a la Dirección Nacional, es obvio que mi poderdante obró en su condición de representante legal del “Departamento” de Casanare y por tanto las obligaciones contenidas en tales numerales correspondían a toda la institución – entidad territorioy no solamente al gobernador, como único funcionario de aquel, como se imputa en el cargo que se contesta. 2En efecto, debe observarse que dentro de la estructura administrativa que posee el “Departamento” de Casanare para el cumplimiento de los fines estatales a su cargo, en la Gobernación, existe, entre otras, la dependencia denominada “SECRETARIA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNTIARIO”, la cual, al igual que las demás Secretarías de Despacho y Departamentos Administrativos, se ocupan del desarrollo y/o ejecución de las distintas actividades administrativas que le corresponden, conforme a su naturaleza o finalidad, vale decir, el Gobernador cuenta con la colaboración de tales dependencia de la administración para la ejecución del Plan Departamental de Desarrollo, como instrumento para los cometidos estatales asignados a dicha entidad territorial. 3De otra parte, en el Manual Especifico de Funciones, y Requisitos Mínimos para los empleos de la administración del Departamento de Casanare, adoptado mediante resolución No. 02977 del 29 de octubre de 1997, se estableció para el “AREA DE GOBIERNO Y DESARROLLO COMUNITARIO”, el cual corresponde a la

Secretaría del mismo nombre en la estructura administrativa, como su MISION la de “planear, dirigir, ejecutar y evaluar programas y proyectos para la preservación del orden público…y la promoción del mejoramiento de los índices de calidad de vida de los asociados”. Por su parte, en la “DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES “ del empleo de Secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario, se establece, entre otros: “… “24. Firmar la correspondencia oficial de carácter externo que deba efectuar del Departamento en relación con las funciones de la Secretaría. “…” 4Con base en lo anterior, señor Presidente, es evidente que por el acto administrativo contenido en la resolución02977/97 citada la función de rndir informes, entre otros, los relativos al Convenio en cuestión, correspondían a la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario y no solamente del funcionario suscriptor del mismo, quien además de tener que cumplir con las funciones constitucionales establecidas en el artículo 305 superior, debe atender multiplicidad de actividades y compromisos propios del ejercicio de su cargo. 5Respecto del presunto incumplimiento de los numerales undécimo y duodécimo de la cláusula quinta del multicitado convenio, es evidente que mi defendido tenia toda la posibilidad jurídica para, en desarrollo del mismo, celebrar el contrato de prestación de servicios 190-98, en razón al objeto de aquel que establece: 5 “PRIMER OBJETO DEL CONTRATO: Formular, desarrollar y ejecutar el Plan Departamental para la Atención Integral a la población desplazada por la violencia en el Departamento de Casanare…” Para el caso, señor Presidente, la celebración de dicho contrato de prestación de

servicios era necesaria en atención a que no existía el Plan Departamental para atención integral a la población desplazada en el Departamento del Casanare, sin que para el efecto puede considerarse suficiente el Plan de Desarrollo del Departamento, adoptado mediante la Ordenanza No 005 del 15 de mayo de 1998, “Para trabajar por Casanare – 1998 – 2000”, cuyo objeto y finalidad corresponde a aspectos muy distintos contenidos en la ley 387 de 1997 y a su Decreto Reglamentario 173-98, vale decir , el Plan de Desarrollo tiene por cometido el cumplimiento de las prescripciones de los artículos 339 y ss. De la Constitución Política de Colombia y la Ley 152 de 1994. Por lo anterior, es evidente que en ningún momento mi representado dejo de obrar con eficiencia, imparcialidad y cuidado para el cumplimento del convenio. Por el contrario, tuvo la curía suficiente para asesorarse de un profesional con bastos conocimientos en la materia, como lo es el Doctor CESAR MANUEL GARCÍA NIÑO “ver su hoja de vida” para elaborar el “Plan “ de que trata el convenio 1005-05-71 de 1998, en su cláusula primera, y así poder “desarrollar y ejecutar” dicho plan, con lo cual, su actitud, permite comprobar su alta inspiración para la ejecución eficiente e imparcial del objeto y los recursos del convenio. 6En cuanto al presunto incumplimiento de vigilancia diligente al contratista en el cumplimiento de su contrato, debe observarse que el dr GARCÍA NIÑO cumplió a satisfacción con el objeto del mismo, lo cual se pudo, comprobar a la finalización del

contrato y, si bien, la vigilancia estaba a cargo del” despacho” de mi defendido, debe considerarse que los pagos mensuales, estaban condicionados a la certificación previa por parte del Secretario de Gobierno del Departamento, el cual verificaba los alcances parciales de la ejecución ejercida. Por tanto, mal podría considerarse que el Señor Gobernador no haya sido diligente en la vigilancia de la ejecución del objeto del contrato de prestación de servicios, cuando el contratista al finalizar cumplo dicho objeto y los avances parciales fueron supervisados previamente a los pagos por parte de un funcionario del “Departamento”. 7Relativo a la necesidad o no de la celebración del contrato de prestación de servicios con el doctor GARCÍA NIÑO, sobre la base del documento elaborado por parte de la Red de Solidaridad Social” denominado “cómo abordar el problema de los desplazados en el Departamento del Casanare”, de marzo de 1998, es evidente conforme se expresa en la caratula del mismo, era un “DUCUMENTO en DISCUSIÓN”, vale decir, un proyecto o trabajo no concluido, generándose por tanto la “necesidad” de la elaboración del Plan respectivo, máxime que el objeto del convenio suscrito con el orden nacional así lo exigía. En caso contrario, el objeto del convenio no se hubiese referido a la “elaboración” del Plan, sino que se hubiera limitado al desarrollo y ejecución del mismo. Pero claro, al no existir un “Plan” para el cu8mplimiento del objeto del convenio se hacia indispensable la “elaboración” de el, de manera directa con los recursos de la Gobernación o a través de personas con

capacidades para el efecto. 8Por ultimo, tampoco es cierto que mi representado hubiese administrado de manera ineficiente los recursos entregados al Departamento para el cumplimiento del objeto del convenio, puesto que como se puede comprobar, la primera etapa de este 6 (elaboración del plan) fue cumplido por parte del contratista GARCÍA NIÑO, Plan necesario para la elaboración correspondientes políticas de gestión en beneficio de la comunidad desplazada. 9Ahora bien, el argumento de que el Departamento contaba no solamente con un documento para la elaboración del plan departamental de atención a la probación desplazada por la violencia, el realizado por la Red de Solidaridad Social, sino también con un elemento humano competente para realizar los estudios correspondientes, no es valedero por razón a que como se explico en el numeral quinto del presente acápite, una cosa es elaborar un Plan de Desarrollo y otra muy distinta es elaborar un Plan de Desarrollo y otra muy distinta es elaborar un “Plan de atención para desplazados por la violencia”, por lo cual, ni el documento “en discusión” elaborado por la Red de Solidaridad Social era suficiente soporte para considerarlo como base o fundamento del Plan a elaborar, ni el recurso humano que elaboro en la conformación del proyecto del Plan de Desarrollo era el idóneo para la elaboración del Plan a que se contrae el convenio. No se necesitaba de u8n experto en materia de desplazados por la violencia para la elaboración de dicho plan y para comenzar a cumplir el objeto del convenio. La elaboración del Plan de Atención para los desplazados por la violencia del Departamento de Casanare, a través de un contratista, puede considerarse como

una correcta inversión para el beneficio de la comunidad casanareña, ya que a partir del mismo, previo su desarrollo y ejecución se pueden gestionar, orientar, destinar y ejecutar los recursos necesarios para beneficio de la población desplazada áreas como: Vivienda, vestuario, educación, salud, alimentación, droga, etc, a fin de dar la mejor utilización a los exiguos recursos que aporta La Nación para ello, cofinanciados no solo con los del Departamento de Casanare sino también con los de los municipios afectados por los de este flagelo. Por las anteriores razones, señor Presidente, se puede evidenciar, no solamente la ausencia en el incumplimiento de las obligaciones convencionales pactadas entre el Departamento y el Fondo Nacional de Calamidades, sino la buena fe en la celebración y ejecución del convenio por parte de mi poderdante. Por lo cual, el cargo que se contesta se debe desestimar a favor del mismo.

PRUEBAS: Además de la obrante en el expediente, me permito solicitar se oficie al señor Secretario General de la Gobernación de Casanare, para que con destino al proceso de la referencia, remita en fotocopia autenticada los siguientes documentos oficiales: CARGO SEGUNDO: Haber inobservado, presuntamente, la clausura novena de prestación de servicios No 190 del 20 de agosto de 1998 en el sentido de no haber vigilado el mismo, en atención a que el contratista GARCÍA NIÑO, presuntamente, no cumplió con lagunas de las obligaciones pactadas contractualmente.

CONTESTACIÓN AL CARGO SEGUNDO No obstante haberse contestado en el anterior cargo lo relativo a la vigilancia,

conforme a lo expresado en las paginas 1 y 12 del auto que se contesta, me permito 7 manifestar que el doctor GARCÍA NIÑO cumplió a satisfacción con el objeto del mismo, lo cual se pudo comprobar a la finalización del contrato en cuanto a la “elaboración del plan” y, si bien, la vigilancia estaba a cargo del “despacho” de mi defendido, debe considerarse que los pagos mensuales estaban condicionados a la certificación previa por parte Secretario de Gobierno del Departamento, el cual verificaba los avances parciales de la ejecución ejercida. Por tanto , mal podría considerarse que el señor Gobernador no haya sido diligencia en la vigilancia de la ejecución del objeto del contrato de prestación de servicios, cuando el contratista al finalizar cumplió dicho objeto y los avances parciales fueron supervisados previamente a los pagos por parte de un funcionario “Departamento”. Ahora bien, en cuanto al desarrollo y ejecución del Plan elaborado, es comprensible que la limitación temporal del contrato de prestación de servicios, solo cinco (5) meses, no le permitía al contratista continuar con las otras etapas del objeto del contrato, a menos que se hubiese prorrogado, cosa que no se hizo, para lo cual se hubiese utilizado no solamente los recursos restantes del Convenio multicitado, sino también los recursos adicionales de la Nación, el Departamento y los Municipios afectados. Sin embargo, repito, con base en el trabajo elaborado y entregado al final de la ejecución del objeto del contrato de prestación de servicios, se observa que se elaboro el “plan” que se requería no solo para cumplir parcialmente el objeto del convenio, sino también, repito para orientar la política nacional, departamental y/o

municipal, a seguir en el manejo de los desplazados por la violencia. Por tanto, señor Presidente, el cargo que ahora se contesta tampoco tiene vocación de prosperidad, razón por la cual habrá de desestimarse a favor de mi representado”. En cuanto a la Doctora María Esperanza Lemus Álvarez, radica personalmente su escrito de descargos el 27 de junio de 2000. Se basa en el fundamento que tuvo la administración para desarrollar un plan específico para manejo de desplazados por la agudización del conflicto, sustento suficiente para que se celebrara la contratación. En cuanto a la ejecución del contrato, manifiesta que el trabajo del Dr García no fue en va no que por el contrario resulto ser un trabajo importante para atender situaciones específicas como: “1. Chameza. Alcalde amenazado -Desplazado.

2. Homicidio de Carlos Hernando Vargas Suárez Presidente de Corporionoquía cuñado del Gobernador-.

3. Otros.

4. Pore. Secuestro del Alcalde por autodefensas.

5. Hato Corozal. Toma Guerrilleras." Refiere que los informes del contratista aparecen en varias oportunidades en el proceso y que con ellos se dice todo, y Que como Secretaria de Gobierno cer1ificó teniendo en cuenta no sólo los informes sino el trabajo en general para lo cual se apoyó en Personeros y Alcaldes (Ver anexo pruebas) En relación con el cargo formulado la Doctora Lemus Álvarez manifiesta: 8 “al momento de expedir las susodichas certificaciones se considero que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto acordado en el contrato 190-98 toda vez que los

informes presentados por este cumplía en su totalidad con las obligaciones pactadas. Las certificaciones que se expidieron se dieron por que si se trabajo conforme a las vistas que no obran en el proceso las cuales anexo, pruebas lo suficientemente claras para desvirtuar este hecho (certificados de Alcaldes y Personeros). Al segundo inciso me oporto, toda vez que de igual manera anexo documentación que acredita este hecho ya que fueron varios los eventos que el organizo y programo, a los cuales asistió el Doctor Cesar Manuel García así mismo hizo la difusión necesaria DIH y DDHH. Las labores realizadas por el Doctor Cesar Manuel García Niño fueron como se dijo tareas previas a hechos que solucionaron problemas de orden público y seguridad del Departamento. …Los objetivos del contrato, no eran simplemente estar proyectando ideas sentado detrás de un escritorio, sino desplazarse a diferentes municipios denominados de alto riesgo, los cuales también certifican la presencia del contratista investigando y estudiando la crisis de los desplazados. Por lo anteriormente expuesto me opongo y rechazo los cargos formulados y considero:

1. Los hechos materia de investigación deben ser analizados conjuntamente no solamente analizados con la situación Departamental, sino también municipal y nacional.

2. Los hechos deben probar la gran diferencia que existe entre el Plan de Desarrollo para trabajar por Casanare y el Plan específico de Desplazados.

3. En ningún momento se observa en el convenio interadministrativo la prohibición al hecho de contratar los servicios de un profesional, sino en virtud del mismo se hacía necesario como bien lo expone la cláusula 5 del numeral 2, contratar el recurso humano necesario por lo anterior el

conocimiento del tema de desplazados, se tuvo en cuenta para contratar el personal mencionado.

4. La Red de Solidaridad Social al momento de difundir el documento de “como abordar el tema de los desplazados en el departamento del Casanare” como bien se observa en su carátula se trata de un

DOCUMENTO EN DISCUSIÓN (Folio 350)

5. En virtud del cambio de gobierno a nivel nacional hasta el 11 de marzo de 1999, se conoció a través del decreto ha visto folio 29 que dicho convenio sería reformado por la Red de Solidaridad, donde anteriormente quien lo manejaba era la Conserjería Presidencial.

6. El interventor designado en un comienzo en el convenio del Doctor Luis Carlos García Serrano, Laboró mediante Orden de Servicio con la Consejería Presidencial hasta el mes de agosto de 1998.

9

7. Los anexos presentados con estos descargos, desvirtúan toda la investigación disciplinaria que se quiera continuar, por lo tanto y en virtud de las nuevas pruebas se debe ordenar el archivo de la misma.

8. Así mismo, sí analizamos la conducta del contratante del convenio, está también sería cuestionable, toda vez que el gobierno nacional sin aviso cambia de juego, no únicamente al cambiar de interventor sino también al cambiar la persona que maneja el convenio.

9. Mientras existan cambios en las políticas nacionales, los departamentos hasta que no se ajusten a ellas, les es imposible organizarse, toda vez el problema de los desplazados es muy puntual y mediato y requiere de un manejo discrecional por cuanto el desplazado en cada departamento tiene unas características propias.

10. En el momento que el interventor del contrato desaparece, se encuentra un

desorden en el gobierno nacional el cual abandona el tema de los desplazados hecho que el probado por la Contraloría General de la Nación, toda vez este no daba respuestas y no atendía ninguna sugerencia.

11. Considero que las únicas personas que pueden exponer que el contratista, en sus desplazamientos no trato los temas objeto del contrato DIH y DDHH son los municipios y en ningún momento han formulado queja alguna o expuesto su inconformidad, antes por el contrario de cuerdo a las certificaciones que anexo, se observa en ellas que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

12. Para sustentar lo expuesto anteriormente hago entrega al respetado Despacho de la Procuraduría los documentos anexos, para que el momento de resolver esta investigación, se sirva nuevamente lo reitero tenerlos en cuenta y por lo tanto se exonere de toda sanción disciplinaria a la suscrita y por ende se ordene el archivo de la presente investigación.

Las faltas por las cuales fueron llamados a responder los implicados en el presente proceso fueron calificadas provisionalmente en el auto de cargos como graves