PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Debe ser expresa escrita y determinada la competencia cedida

Dependencia: Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda

Pública Contratación Estatal. Radicación # 154-29003-99 Disciplinado y/o investigado: -Armando Mendoza Romero -Julio Cesar Díaz Van-Griecken -Bernardo Lorenzo Illidge Bruges Cargo y entidad: -Contralor General de la Guajira -Jefe de la División Financiera de la Contraloría Departamental de la Guajira -Jefe de la División de Recursos Humanos de la Contraloría Departamental de la Guajira Quejoso: Junta Directiva de la Asociación de Empleados de las Contralorías Departamentales de Colombia "ASCONTRACOL", Subdirectiva Seccional de la Guajira

Fecha Queja: Fecha Hechos: Asunto: Fallo de primera instancia.

Bogotá D. C., 13 DE JUNIO. 2001

RESOLUCIÓN No 00077

Por medio de la cual se falla en primera instancia un proceso disciplinario.

EL PROCURADOR DELEGADO PARA LA ECONOMIA Y LA HACIENDA

PÚBLICA

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES.

Con fundamento en la denuncia pública instaurada por los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación de Empleados de las Contralorías Departamentales de Colombia "ASCONTRACOL", Subdirectiva Seccional de la Guajira, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de esta entidad, ordenó indagación preliminar tendiente a establecer las presuntas irregularidades en el manejo de los aportes para salud y pensiones de los empleados de la Contraloría (Fls. 18 a 19). Luego de practicadas algunas pruebas, el Procurador General por auto de julio 28

de 1999, asignó a la doctora ALEXANDRA VIOLET LÓPEZ, Asesora Grado 24 adscrita a su Despacho, la competencia para conocer del asunto, funcionario que dispuso la apertura de investigación disciplinaria y mediante auto de diciembre 30 de 1999 formuló cargos contra los doctores ARMANDO MENDOZA ROMERO, JULIO CESAR DÍAZ VAN-GRIECKEN y BERNARDO LORENZO ILLIDGE BRUGES, en sus condiciones de Contralor General, Jefe de la División Financiera y Jefe de la División de Recursos Humanos de la Contraloría Departamental de la Guajira, respectivamente. Surtidas las etapas notificación de cargos, recibo de descargos y decisión y práctica de pruebas, fueron enviadas las diligencias a este Despacho para que se emita el fallo de primera instancia.

2. CARGOS (Fls. 425 a 445 Cuad. 2). 2.1. ARMANDO MENDOZA ROMERO. "Usted en su condición de Contralor General del Departamento de la Guajira, omitió la obligación de hacer los descuentos de ley en la nómina mensual de sueldos de los funcionarios de la Contraloría General del Departamento, tal es el caso del funcionario JOSÉ FERNANDO FERNÁNEZ USECHE quien durante el mes de febrero de 1998 no le descontaron el aporte correspondiente a pensiones y solo siete (7) meses (octubre de 1998) después de vinculado al Fondo de Pensiones

Horizonte le hicieron efectivo dicho descuento (CP No. 2 Fls. 17 al 53 y CP. No 1 FI. 144). Igual caso sucede con IBON ALIET MANRIQUE MEJIA quien tomó posesión

del cargo el 12: de marzo de 1998 y le comenzaron a descontar para el Fondo de Pensiones en el mes de octubre de la misma anualidad. Lo mismo sucedió con los descuentos por concepto de aportes a salud durante 1998, por ejemplo a ANA MENDOZA durante el mes de enero no le descontaron dicho aporte. De otro lado frente a la obligación de cancelar oportunamente los aportes de salud y pensiones a la EPS y los fondos de pensiones a los que se encontraban afiliados los empleados de la Contraloría Departamental no cumplió con la misma, durante la vigencia de 1998, poniendo en grave peligro tanto la seguridad social de los empleados como la pensión que estos pretenden obtener con la vinculación al sistema de: Seguridad Social. Y es que, al haber recibido las transferencias de la Gobernación de la Guajira, sin importar que esta llegara tarde, ha debido cumplir con el pago de los aportes a salud y pensiones, máxime cuando el valor giradlo por concepto de transferencia estaba ajustado al PAC mensualizado, que incluía dichos aportes. Por otra parte es preciso mencionar que en la investigación se determinó que los descuentos para dichos pagos se efectuaron en la mayoría de los casos por cada nómina mensual, hecho demostrado en el proceso, y cada nómina tiene la aprobación del ordenador general del gasto y representante legal de la entidad, lo que implica la aceptación de los descuentos. Según las pruebas aportadas y relacionadas en el Capítulo de pruebas todo lo anterior fue verificado cuando se constató que en los volantes de pago de nómina del mes de mayo de 1998 del funcionario ALAN D. RAMIREZ Profesional

Universitario de la Contraloría General del Departamento se le descuentan los valores correspondientes a "Aportes, Fondos de pensiones $39.231 ", Aporte Salud $35.868". Igual situación ocurre en junio. Julio, agosto, septiembre y octubre de

1998. Ver folios 6, 7 y 8 del C, P No. 1, concordante con lo anterior a parece a folio 9

del CP No. 1 la certificación expedida por la Directora de la Oficina de Porvenir en Riohacha con fecha de marzo de 1999 donde manifiesta que el señor funcionario arriba citado se encuentra afiliado a ese fondo de pensiones y que la entidad, ha cancelado aportes únicamente hasta el mes de abril de 1998. (…) El doctor ARMANDO MENDOZA ROMERO como ordenador del gasto y representante de la entidad empleadora, una vez recibido el aporte de la administración departamental, correspondiente al mes de enero de 1998 y que llegó en abril del mismo año, de acuerdo a lo solicitado en el presupuesto, es decir por la suma de $112.989.300.00, debió ceñirse al pago de las obligaciones de acuerdo a como estas fueron presupuestadas; y dentro de esa cuantía ($112.989.300,00) estaba contemplado del valor de los aportes a pensiones y salud ya planeadas dentro del programa anual mensualizado de caja, y no desviar el presupuesto para cancelar, según el mismo Contralor lo manifiesta en su versión libre "otras prioridades como son los servicios públicos, sueldos etc", CP No. 2 Fls. 370 y 243. La institución en cabeza del Dr. ARMANDO MENDOZA ROMERO además canceló

la suma de $1.785.365 durante la vigencia fiscal de 1998 por concepto de intereses moratorios en el pago de aportes en las EPS a las que se encontraban afiliados sus empleados, permitiendo con esto un detrimento económico para las arcas de la Contraloría". 2.2. JULIO CESAR DÍAZ VAN GRIECKEN "Usted en su calidad de Jefe de la División Financiera durante la vigencia fiscal de 1998 frente a la obligación de hacer los descuentos de ley contemplados para el pago de la nómina mensual de sueldo a los empleados de la contraloría General del Departamento, omitió el deber pues dejó de realizar los descuentos pertinentes de salud y pensiones en los casos en que se señalan así: En el mes de febrero de 1998 no realizó el descuento del aporte correspondiente al fondo de pensiones del funcionario JOSÉ FERNANDO FERNÁNDEZ USECHE, en el mes de marzo no le realizó descuento del aporte correspondiente a pensiones a la funcionaria IBON ALIET MANRIQUE, igual situación se presenta con el funcionario SECUNDINO SEGUNDO EPIAYU PINO, quien a pesar de haberse posesionado el 10 de marzo de 1998 los descuentos por concepto de aportes a pensiones se hicieron efectivos a partir del mes de noviembre de 1998. La misma situación se presenta con los descuentos que debía realizar el Jefe de la División Financiera de la Contraloría por concepto de aportes a pensiones para el mes de enero de 1998 a los funcionarios

DIDIER PLATA, YENYS MONTAÑA, MERCEDES GARISAO, NELSON RODELO,

SOBEIDES PEREZ, YINET VALERA, CARMEN DEDEMADIS y ANA MENDOZA, también en febrero se abstuvo inexplicablemente, de hacer el mismo descuento a TANIA BUITRAGO, DIDIER PLATA, YENYS MONTAÑA y ANA MENDOZA, en marzo a YENYS MONTAÑA, ROBER MAESTRE, ANA MENDOZA, MILENA MOLINA, IBON MANRIQUE y MARIA ABUCHAIBE, en abril a NEIDA REVEROL, CARLOS GRANADILLO y ANA MENDOZA, en mayo a CARLOS GRANADILLO e IBON MANRIQUE, en junio a CARLOS GRANADILLO, en julio a CARLOS GRANADILLO, en agosto a CARLOS GRANADILLO, en septiembre a CARLOS GRANADILLO, en octubre a MARIA C. MUÑOZ, en noviembre a MARIA C. MUÑOZ y en diciembre a MARIA MUÑOZ. Pero esta anomalía se presenta también para los descuentos que se debían hacer efectivos en la División Financiera de la Contraloría para el pago de los aportes a salud a las EPS a las que se encontraban afiliados los empleados de la entidad, así vemos en la relación de nómina del mes de enero que no se le descontó por dicho concepto, valor alguno al señor RAFAEL AARON y ANA MENDOZA. En febrero a TANIA BUITRAGO, en marzo a MILENA MOLINA, en octubre a MARIA MUÑOZ,

CLARIBET ARIÑO, MILENA MUÑOZ y VICENTE MAYA.

Adicional a la anterior conducta, el señor JULIO CESAR DÍAZ VAN-GRIECKEN en la

condición ya anotada no canceló oportunamente los aportes a los fondos de pensiones y salud que se encontraban ajustados al programa anual de caja, pues si bien es cierto que la transferencia del Departamento para el sostenimiento de la Contraloría del mes de enero de 1998 llegó tarde, es decir, en abril de 1998, en este mes debió cancelarse el aporte para pensión del mes de enero, pues el giro llegó de acuerdo al PAC y no dársele una destinación diferente atendiendo supuestamente órdenes del Contralor como lo manifiesta el señor DÍAZ VAN GRIECKEN en su versión libre. (Fls. 190 CP No. 2). Igual situación ocurrió en el mes de junio de 1998 cuando le entregaron a la Contraloría General del Departamento los aportes para su sostenimiento de los meses de febrero, marzo y parcial de abril, con estos recursos se cancelaron el correspondiente al mes de abril y a las EPS los meses de abril y mayo pero no canceló al fondo de pensiones al menos los dos meses que correspondían estos aportes, es decir febrero y marzo siendo que se encontraban ajustados al PAC. Lo mismo sucedió con las transferencias recibidas en agosto y que correspondían a los meses de abril y mayo y las recibidas en diciembre y que correspondían a los meses de abril y mayo y las recibidas en diciembre y que correspondían a los meses de junio, julio, agosto, parciales de abril y septiembre, mes en el cual no se realizó ningún pago a los fondos de pensiones y las EPS desviando el dinero para pagar sueldos atrasados. También el señor JULIO CESAR DÍAZ VAN GRIECKEN con su actuar irregular, ha

ocasionado un detrimento patrimonial a las arcas de la Contraloría Departamental, pues la mora en el pago de los aportes a las EPS durante la vigencia de 1998 generó una erogación de intereses moratorios. Es así como se constata en el cuaderno principal No. 1 Fls. 105 a 108 que la Contraloría General del Departamento canceló un valor de $1.785.365.00 por concepto de intereses moratorios a las EPS a las que se encontraban afiliados sus empleados". 2.3. BERNARDO LORENZO ILLIDGE BRUGES "Usted en su condición de Jefe de la División de Recursos Humanos de la Contraloría Departamental de la Guajira frente a la vinculación oportuna de los empleados que ingresaban a la Contraloría General del Departamento, omitió la obligación de hacerla, acarreando graves perjuicios a los funcionarios no vinculados desde su posesión al no cotizar lo correspondiente al aspecto pensión y puso en grave peligro a la entidad de tener que correr con los gastos médicos en el evento de algún siniestro con uno de los empleados no vinculados, tal situación se corroboró en las hojas de vida de cada funcionario, es el caso del señor ARMANDO MENDOZA ROMERO Contralor Departamental quien se posesionó del cargo el 15 de enero de 1998 y la vinculación al sistema general de pensiones en formulario del Seguro Social tiene fecha de radicación en el mismo I.S.S. del 3 de noviembre de 1998. Lo mismo sucedió con los funcionarios JOSÉ FERNANDO FERNÁNDEZ USECHE,

quien posesionado desde el mes de febrero de 1998, el formulario del vinculación al sistema de salud del Seguro Social tiene fecha de presentación el 27 de marzo de 1998, IBON ALIET MANRIQUE MEJIA que se posesionó el 12 de marzo de 1998 y la radicación al régimen de pensiones de Horizonte tiene fecha de presentación octubre de 1998." Como disposiciones transgredidas, le fueron citadas a los implicados, los artículos 13, 22, 23, 161 y 271 de la ley 100 de 1993, 25 del Decreto 692 de 1994, 30 del Decreto 1642 de 1995, parágrafo único del artículo 112 del Decreto 111 de 1996, 89 y parágrafo de la 38 de 1989 y numerales 1, 2, 3, 16, 22 y 23 del artículo 40 de la ley 200 de 1995.

3. DESCARGOS (Fls. 455 y ss. Cuad. 5).

Notificados de manera personal, los implicados, presentaron las exculpaciones solicitadas, las cuales siguiendo el orden en que fueron formulados los cargos se resumen así: 3.1. El doctor ARMANDO MENDOZA ROMERO, manifiesta que no pudo haber omitido la obligación de, hacer los descuentos de ley, porque no está dentro de las funciones del Contralor Departamental atender dicha atribuciór1, porque ella había sido delegada en otro funcionario conforme la autorización prevista en el artículo 90 de la ley 489 de 1998; alega que la Asesora de la Procuraduría desconoció lo sucedido en cuanto a los aportes de los funcionarios JOSÉ HERNÁNDEZ, IBON

MANRIOUE y ANA MENDOZA, a quienes por su carácter de supernumerarios no se les hizo descuentos para efectos prestacionales conforme lo dispuesto en el artículo 82 del Decreto 1042 de 1978, por lo tanto el cargo es ambiguo, circunstancia que constituye causal de nulidad. En cuanto al segundo cargo, relacionado con el hecho de no hacer los descuentos para salud y pensiones con destino a las EPS durante la vigencia fiscal de 1998 poniendo en riesgo la seguridad social de los trabajadores, afirma que conforme lo demostró en múltiples oportunidades no le correspondía la obligación de cancelar los mencionados aportes, porque la facultad de ordenar el gasto fue delegada en la Dirección Administrativa al tenor de lo dispuesto en el artículo 4° de la resolución 05 de 1997, cargo desempeñado por la señora TULIA DAZA LEMUS, cuya amistad con la Asesora es ampliamente conocida, ignorando las razones por las; cuales la funcionaria de la Procuraduría no se declaró impedida ni se vinculó al proceso a la referida funcionaria, no obstante aparecer firmando las nóminas en esa condición. Explica que las demás funciones relacionadas con estos aspectos corresponden al Jefe de la División Financiera y del Pagador de la Contraloría conforme las normas expresas sobre sus competencias, tal como se reconoció al solicitar explicaciones al señor DÍAZ VAN GRIECKEN. Alega que se violaron sus derechos fundamentales al no valorar las pruebas que le favorecían, entre ellas la atinente a la circunstancia de observar que en cada nómina, siempre se consignó la orden perentoria para que se

cancelara los sueldos y sus descuentos" sin que pueda aceptarse las versiones de supuestas órdenes verbales, ya que éstas eran impartidas por escrito. Afirma que los intereses moratorios en la suma de $1.785.365 por concepto de la mora en el pago de los aportes a las EPS, obedeció al incumplimiento de la administración central en realizar los aportes a la Contraloría, suma que será abonada cuando se proceda a elaborar de la cuentas por cobrar contra los excedentes financieros. Califica de falsa la imputación de haber omitido presentar las denuncias correspondientes, porque la investigación ya estaba siendo adelantada por la Procuraduría. Solicitó la nulidad del proceso por violación del debido proceso y ambigüedad en los cargos, la práctica de unas pruebas y la exoneración de responsabilidad, debido a la presencia de la fuerza mayor ante la imposibilidad económica de atender oportunamente el pago de las transferencias y el error invencible de creer que su conducta no constituía falta disciplinaria. 3.2 El acusado JULIO CESAR DÍAZ VAN-GRIECKEN manifiesta que si bien en el Manual de Funciones le adscribe al Jefe de la División Financiera entre otras atribuciones, la de elaborar y revisar el proceso de liquidación y pago de la nómina de los empleados de la Contraloría, la misma resolución en su artículo 5° contempla para la División de Recursos Humanos, la función de ejecutar todos los actos relacionados con el manejo de la nómina, vacaciones, novedades de personal y demás aspectos inherentes a la administración de personal de la entidad. Además

en la Dirección de Economía, Finanzas Públicas y Planeación fue asignada a la funcionaria YENNIS MONTAÑA MENDOZA, la función de elaborar la nómina de sueldos, vacaciones y primas correspondientes al personal de la Contraloría, de donde infiere que el proceso de pago y descuentos era de competencia de otros funcionarios. A continuación señala de manera individual las fechas en las cuales fue recibida en la División a su cargo, el aviso sobre la afiliación a las EPS de cada uno de los funcionarios a que alude el auto de cargos, reportada por otras oficinas de la entidad, fecha que concuerda con la de la iniciación de los descuentos. En cuanto al segundo cargo, manifiesta que su conducta tiene justificación en las tres primeras causales descritas en el artículo 23 de la ley 200 de 1995, ya que como la única fuente de ingresos de la Contraloría Departamental, es el giro de los recursos que debe hacer el Departamento, entidad que desde tiempo atrás no ha realizado la transferencia en forma oportuna, circunstancia que explica la morosidad en el pago de compromisos, entre ellos los concernientes a los aportes a las EPS, presentándose entonces, en primer lugar, la circunstancia de fuerza mayor por ausencia de recursos destinados a dicha finalidad, porque el pago se hizo atendiendo el orden prioritario establecido en el artículo 3° del Decreto 359 de 1995 y por último, en cumplimiento de órdenes expresas del Contralor que no era simplemente el firmón sino el funcionario que como superior impartía verbalmente las órdenes las obligaciones que se debían atender para no paralizar la

administración. Respecto del tercer cargo, aduce que responsabilidad por la sanción moratoria impuesta a la Contraloría, conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 100 de 1993, es imputable al ordenador del gasto. 3.3 El implicado BERNARDO ILLIDGE BRUGES, manifiesta que el Decreto 1642 de 1995, estable que los empleados deben seleccionar el régimen de pensiones y la entidad administradora a la que desean vincularse, requiriendo para la validez de la afiliación que el formulario este correctamente diligenciado y firmado por el afiliado, el empleador y la persona autorizada por la entidad administradora de pensiones correspondiente. Anota que en el caso de los funcionarios ARMANDO MENDOZA ROMERO, JOSÉ HERNÁNDEZ USECHE e IBÓN MANRIQUE, se les hizo entrega de los formularios y una vez se recibió elaborado cada documento, procedió a darles el trámite respectivo, sin que se causara ningún perjuicio a la entidad ni a los funcionarios, porque este fondo no cubre gastos médicos. Además nunca se puso en peligro la seguridad social de los trabajadores, porque no obstante la precaria situación económica, la Contraloría cancelaba el aporte individual de salud que por maternidad, enfermedad o accidente, de quienes necesitaban el servicio de salud en forma inmediata, pues ante el incumplimiento de las obligaciones por parte del Departamento, la Contraloría tuvo que cancelar gastos siguiendo la priorización establecida en el artículo 3° del Decreto 359 de 1995, en razón de ser insuficientes los recursos girados,

4. CONSIDERACIONES DEL PROCURADOR DELEGADO.

4.1. COMPETENCIA.

De acuerdo con lo previsto en el literal b), numeral 1) y parágrafo segundo del artículo 55 de la ley 201 de 1995, en concordancia con los dispuesto en el inciso final del artículo 261 del Decreto 262 de 2000, es competente esta Delegada para decidir en primera instancia el asunto, en razón de la naturaleza de la conductas reprochadas y calidad de los funcionarios investigados.

4.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE NULIDAD.

La Resolución 0140 de septiembre de 1998, proferida por el Procurador General de la Nación, mediante la cual se establecieron funciones a los Asesores grado 24 adscritos a su despacho, contempló en el literal f): “f. Por delegación del Procurador General, iniciar y practicar las diligencias disciplinarias de indagación preliminar, ordenar la apertura de investigación y formular auto de cargos, si fuere procedente; recibir los descargos, decretar y practicar las pruebas pedidas o negarlas. Concluido lo anterior, enviarlas al competente para que profiera la decisión de fondo, cuando se trate de conductas relacionadas con los literales a), b), c), d) y e) del presente artículo. También se remitirá al funcionario competente, cuando sea procedente la aplicación del artículo 54 de la ley 200 de 1995." Del anterior texto, se desprende que cuando se asigna el conocimiento de un proceso a los mencionados Asesores, éstos desplazan al funcionario competente del conocimiento de la investigación disciplinaria hasta el momento que deba proferirse

fallo de primera instancia, excepto sobre la cesación de procedimiento a que alude el artículo 54 del Código Disciplinario Único, debiendo resolver, en consecuencia, todas las cuestiones de trámite o interlocutorias a que haya lugar, verbigracia las recusaciones, nulidades, conflictos de competencia, etc., pues asumen en su integridad competencia plena hasta el hasta la etapa del fallo. Es más, los recursos de apelación deben ser resueltos por el superior del funcionarios desplazado y no por éste. En el caso examinado se observa que el doctor ARMANDO MENDOZA ROMERO, en el memorial de descargos, solicitó la nulidad de lo actuado por violación del debido proceso y ambigüedad del auto de cargos; además, aunque no la recusó en forma expresa, manifestó que no entendía las razones por las cuales la Asesora no se declaró impedida para adelantar la investigación, en razón a la amistad existente con la señora TULIA DAZA LEMUS, Jefe de la Dirección Administrativa de la Contraloría a quien no obstante aparecer firmando las nóminas no se le formularon cargos, cuestiones sobre las cuales debió pronunciarse la funcionaria de la Procuraduría en forma concreta antes de proceder a decidir sobre las práctica de las pruebas solicitadas por los implicados, omisión que sería suficiente junto con la falta de calificación del elemento subjetivo para se declarara la nulidad de la actuación, pronunciamiento que se torna innecesario realizar en razón a que del estudio probatorio y jurídico, estima el despacho que se debe absolver a los acusados,

decisión que es mas favorable para ellos y se adecua a los principios de economía y eficacia de la actuación administrativa a que alude el artículo 209 de la Constitución Política. 4.3. ESTUDIO DE LA PRESCRIPCIÓN Como el hechos cuestionados ocurrieron durante el año de 1998, se tiene que no ha transcurrido el lapso de cinco años para que opere la prescripción de la acción disciplinaria, según lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 200 de 1995.

4.4. ANÁLISIS JURÍDICO PROBATORIO.

No es cierto lo afirmado por el doctor ARMANDO ROMERO MENDOZA, tanto en la versión libre, en sus alegatos de defensa (fls. 233 y 350 Cuad. 2) como en el memorial de descargos en cuanto afirma que la ordenación del gasto en la Contraloría Departamental de la Guajira se encontraba delegada en la Jefe de la División Financiera, porque de una parte las nóminas aparecen firmadas por él como Jefe del Organismo (fls. 17 y ss. del Cuad. 2), refrendadas por la Jefe de la División Financiera y por el Jefe de la División de Recursos Humanos, quien expresamente certifica la prestación de los servicios por parte de los funcionarios que aparecen en la nómina. En relación con el acto sobre delegación de funciones los artículos 211 de la Constitución Política, 9, 10, 11, 12 y 13 de la ley 489 de 1998, establecen los requisitos que se deben cumplir para tal efecto, entre los cuales se incluyen los de ser una orden expresa, escrita en donde se determine la autoridad delegataria y la

competencia cedida, siendo el ejercicio de ella de responsabilidad total del delegatario. No le asiste razón al Contralor cuando en sus diferentes alegatos manifiesta que no le competía la función de ordenar el gasto por concepto de salarios, ya que de una parte está probado que las nóminas cuestionadas fueron firmadas; por el acusado en su condición de jefe del organismo al tenor de lo dispuesto en los artículos 110 del Decreto 111 de 1996 y artículo 11 literal b) de la ley 80 de 1993 y además la delegación de funciones contenida en la resolución 283 de julio 31 de 1995, se refiere expresamente a la adquisición de muebles y equipos, así como la contratación de los servicios técnicos para reparación y mantenimiento de los mismos, vehículos e instalaciones locativas, texto que concuerda con el testimonio rendido por la doctora TULIA CIAZA LEMUS, Jefe de la Dirección Administrativa (Fls. 370 y 406 cuad. 2), circunstancia que otras cosas explica la razón por la cual no se vinculó a esta funcionaria al proceso disciplinario. Tampoco puede el Contralor refutar su condición de ordenador principal del gasto con base en la función asignada a la División Financiera en el numeral 4° del artículo 7° de la Resolución 005 de mayo 30 de 1997 (fl. 317 cuad. 2), de efectuar los recaudos de los ingresos y demás recursos a favor de la Contraloría del Departamento y efectuar los pagos de acuerdo con el programa de caja de conformidad con las normas legales, norma que no reúne los requisitos exigidos para concluir que se presentaba una delegación de funciones en cuanto a la

capacidad de adquirir obligaciones en la entidad, y en este sentido la firma en la nómina no tiene otra finalidad que la de certificar la correcta elaboración del documento, aspecto intrínseco que en realidad no puede ser examinado en detalle por el superior. En síntesis está demostrado que el Contralor era el ordenador principal del gasto en la entidad y en tal condición no puede sustraerse a la responsabilidad por el ejercicio de su función tratando de trasladarla de manera inelegante y acomodaticia en sus subalternos, cuando de acuerdo con sus mismas versiones conocía que el problema para no hacer las transferencias por conceptos de salud y pensiones tanto en el aporte patronal y de los trabajadores obedecía a la situación precaria de sus ingresos y no a la conducta culposa o intencional de los funcionarios de la Divisiones Financieras y de recursos Humanos a quienes inútilmente trata de responsabilizar de las omisiones cuestionadas, razón que si es suficiente para absolver al acusado de responsabilidad. Ahora bien, a pesar de la abundante documentación incorporada al expediente no fue posible establecer con certeza la autoría de las imputaciones formuladas a los acusados ni menos se probó el supuesto daño causado a los empleados de la Contraloría Departamental de la Guajira, al haber demorado hacer las transferencias de los aportes de salud y pensiones a las respectivas EPS y fondos correspondientes. En cuanto al primer aspecto se tiene que la situación financiera de la Contraloría era realmente difícil tal como se desprende de la constancia sobre las fechas y cuantía de los aportes recibidos por parte del Departamento, única fuente de ingresos de la

entidad, donde se observa que el primer giro correspondiente al mes de enero de 1998, se recibió el 23 de abril de ese año y el 26 de agosto de 1999 se recibió la transferencia de diciembre del año anterior (fls. 370 a 371 del Cuad. 2), siendo imposible en tales condiciones para cualquier administrador dar cumplimiento al PAC y cumplir con las obligaciones contraídas con base en un presupuesto que no concuerda con los recursos realmente percibidos. La morosidad o retardo en los giros que el Departamento debía hacer mensualmente a la Contraloría, además de inveterada era ampliamente conocido por todos los funcionarios de la Contraloría, puesto que incluso el doctor ARMANDO MENDOZA ROMERO, había expedido la circular de octubre 26 de 1998, recomendándole a los subalternos que la deuda de cuatro salarios de los empleados obedecía a la difícil situación financiera del Departamento y les manifestaba que también se adeudaban obligaciones por conceptos de compromisos con el servicio de salud, Confamiliar, SENA, ICBF, además de otros acreedores habituales (fl. 6 Cuad. 2). De acuerdo con el acervo probatorio allegado al expediente, se infiere que ante la crítica situación financiera descrita en los párrafos precedentes, de manera informal los funcionarios encargados de manejo del presupuesto, decidieron acogerse a la prelación de pagos autorizada en el artículo 3° del Decreto 359 de 1995, el cual establece el siguiente orden prioritario para el pago de obligaciones: servicio de la deuda pública, los servicios públicos domiciliarios, los servicios personales, las pensiones y cesantías y las transferencias relacionadas con la nómina,

determinación que inútilmente trata de eludir el Contralor con la finalidad de trasladar la responsabilidad por el hecho de no transferir los aportes en los subalternos. Además de la mora en transferir los recursos, también aparece demostrado en el acta de visita practicada por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría (fls. 25 a 41 del Cuad. 1), que por conceptos de salud y pensiones en relación con algunos pocos empleados no se registraron oportunamente durante varios meses de 1998, retardo que obedeció al hecho de no haberse suministrado en forma oportuna la información a la Dirección Financiera tal como pormenorizadamente lo explica en sus descargos el doctor JULIO CÉSAR DÍAZ VAN-GRIECKEN (Fls. 470 Cuad. 2), manifestación que aparece soportada con los documentos anexados a su memorial, circunstancia que lo exime de responsabilidad disciplinaria. Pero además, la omisión en el registro de los descuentos hechos en la nómina por diferentes conceptos es un error de común ocurrencia en esa actividad que debe ser advertido por los empleados afectados a la administración para que se corrija por los cauces ordinarios, petición que al parecer ninguno de los emplea