PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Permisibilidad legal para el traslado de funciones disciplin

Dependencia: Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa Radicación : Nº: 546-1482212006

Disciplinado : Hilda Victoria Monroy Olmos

Cargo : Asistente Administrativo G-7

Entidad : Administración Judicial de Boyacá Quejoso : De oficio Fecha de Queja : 26 de septiembre de 2003

Fecha de Hechos : Año 2002

Conducta : Alteración en la información en el sistema y un faltante porque no se cobraron notificaciones debiendo hacerlo o porque si se cobraron se hicieron en el consecutivo de los no pagos, generándose faltantes, pudiéndose configurarse peculado por apropiación.

Asunto : Fallo de Segunda Instancia (art. 171 ley 734 de 2002) Nivel de trascendencia: Moderado Riesgo de prescripción: Alto

Bogotá, D.C., Septiembre. 25 de 2007

AUTO POR EL CUAL SE PROFIERE FALLO DE SEGUNDA

INSTANCIA DENTRO DEL RADICADO No.1482212006

(Artículo 171 ley 734 de 2002) OBJETO Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 4, del artículo 25, del decreto 262 de 2000 y, por vía de apelación, revisa esta delegada la providencia de fecha 8 de junio de 2007, por medio de la cual la Procuraduría 28 Judicial Delegada II para la Defensa de los Derechos de la Niñez, la Infancia y la Familia, declaró responsable disciplinariamente a la señora Hilda Victoria Monroy Olmos con C.C. No. 40.022.867 de Tunja

(B), en su condición de Asistente Administrativo G -7 Administración Judicial de Boyacá, para la época de los hechos, imponiéndole sanción disciplinaria, consistente en Suspensión e Inhabilidad Especial en el mismo cargo, por el término de doce meses , por hechos relacionados con haber desatendido el Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 1 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 deber alterando las fechas de pagos de boletas de citación Número 1022330 a 1022889, pagadas por los usuario, por concepto de notificaciones, adicionalmente, cambió la naturaleza de estas boletas de “pagas” por no “pagas”, surgiendo como consecuencia faltantes de dineros en cuantía de DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($2.054.500.oo), descuidando el deber y desconociéndose el uso o destino dado a los mismos.

ANTECEDENTES PROCESALES.

PRIMERO. La presente investigación se originó con fundamento en el oficio No. Desaj – 1724 de Mayo 6 de 2003, el Doctor Héctor Enrique Peña Salgado Director Ejecutivo de la Administración Judicial de Boyacá, solicita a la Procuraduría Regional de Boyacá que se ejerza el poder disciplinario preferente con respecto a la Indagación preliminar que adelantaba ese Despacho en contra de la señora HILDA VICTORIA MONROY OLMOS, con la finalidad de buscar la total imparcialidad. Con fundamento en las diligencias enviadas por la Dirección Ejecutiva de la

Administración Judicial, se dispuso el trámite ordenado en la Resolución No. 346 de octubre 3 de 2002, para lo cual se remitieron las diligencias a la Procuraduría Regional de Boyacá. Por oficio No. 03877-06 del 22 de agosto de 2006, la Procuraduría Regional de Boyacá, remite las diligencias a la Procuraduría Provincial de Tunja(fl 477 del Cuaderno No. 2), quien a la vez, envía el expediente al Procurador Judicial II en Asuntos de Familia No. 28 de Tunja – Boyacá, atendiendo el auto de fecha 17 de agosto de 2006 del señor Procurador General de la Nación (fl 478 del Cuaderno No. 2). SEGUNDO. Avocado el conocimiento de las diligencias, por el Procurador Judicial II en Asuntos de Familia No. 28 de Tunja – Boyacá , éste, por auto de fecha 12 de octubre de 2006, profiere Pliego de Cargos contra la investigada (fl 482 del Cuaderno No.2) el cual fue debidamente contestado dentro del término, con argumentos que no fueron de recibo para la primera instancia. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 2 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 Los cargos endilgados por el operador disciplinario a la encartada, se traducen en los hechos relacionados al haber desatendido el deber, alterando las fechas de pagos de boletas de citación Número 1022330 a 1022889, pagadas por los usuarios por concepto de notificaciones,

adicionalmente, cambió la naturaleza de estas boletas de “pagas” por no “pagas”, surgiendo, como consecuencia, faltantes de dineros en cuantía de DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS ($2.054.500.oo), descuidando el deber y desconociéndose el uso o destino dado a los mismos, para concluir que estas conductas vienen a constituir posibles falta disciplinaria. TERCERO. Una vez dado el trámite correspondiente y analizadas las pruebas en primera instancia, se concluyó, por parte de la Procuraduría 28 Judicial Delegada II para la Defensa de los Derechos de la Niñez, la Infancia y la Familia, que la señora HILDA VICTORIA MONROY OLMOS, Asistente Administrativo Grado 7, de la Administración Judicial de Boyacá, para la época de los hechos, era disciplinariamente responsable, por falta Grave a título de Dolo, por lo que se le impuso como sanción disciplinaria la Suspensión e Inhabilidad especial en el mismo, por el término de doce meses (12). CUARTA. La señora HILDA VICTORIA MONROY OLMOS, actuando a través de apoderado, interpone, dentro del término legal, recurso de apelación contra el fallo sancionatorio de primera instancia, de fecha 8 de junio de 2007 (fl 527 y ss del Cuaderno No. 2), el que le fue concedido, mediante auto de fecha 17 de julio de 2007 (fl 586 del Cuaderno Dos), argumentando sus desacuerdos con el fallo aludido. A continuación se resumen dichos argumentos y se exponen las

consideraciones de esta delegada: ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA FRENTE A LOS ASPECTOS IMPUGNADOS Antes de pasar al análisis de las impugnaciones del fallo de primera instancia, conviene señalar que no se observa causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, de manera que corresponde a está Delegada pronunciarse sobre Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 3 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 el recurso, de conformidad con las atribuciones conferidas en el Parágrafo Único del artículo 171, de la ley 734 de 2002: De conformidad al artículo 142 de la Ley 734 de 2002, el fallo sancionatorio procede cuando obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del procesado. Nos corresponde así, analizar si la conducta desplegada por la inculpada, HILDA VICTORIA MONROY OLMOS, si violó las disposiciones Constitucionales, Administrativas y disciplinarias enunciadas, tanto en el pliego de cargo como en el fallo de primera instancia. Está probado, que la señora HILDA VICTORIA MONROY OLMOS, Asistente Administrativo G -7 Administración Judicial de Boyacá, para la época de los hechos, desempeñaba el cargo señalado y que no ha sido rebatida en desarrollo del proceso. De acuerdo a lo antes descrito y en consideración al artículo 171, parágrafo del C.D.U, según el cual “El recurso de apelación otorga competencia al

funcionario de segunda instancia para revisar, únicamente, los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación”, se precisa lo siguiente: Previo a cualquier consideración de fondo, concretamente respecto al recurso de apelación que nos ocupa, estima el Despacho traer del recurso elevado los argumentos del mismo, así : 1º. Falta de competencia para tramitar el Proceso Disciplinario: Dice el recurrente que el Director Seccional Judicial no era el competente para iniciar la littis, por cuanto, toda vez que le correspondía dicha actuación a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Dirección Nacional de Administración Judicial o en el Despacho de Control Interno Disciplinario de la Respectiva Seccional de conformidad al artículo 76 y ss de la ley 734 de 2002 y, por tanto, existe nulidad en lo actuado. Añade, que si para la fecha de los hechos no se había constituido la Oficina de Control Interno Disciplinario, procedería la aplicación del artículo 76 inciso 3 de la ley 734 de 2002, por tanto, no era el Director Seccional, competente para iniciar el proceso, correspondiéndole ello al Jefe de la Oficina Judicial, por ser Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 4 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 la superior inmediata del investigado, por lo que reitera la existencia del mismo vicio de nulidad para iniciar y proseguir el proceso. Agrega, que se omitió el procedimiento previsto en la Resolución 346 de

octubre 3 de 2002, por cuanto el nominador debió informar a la Procuraduría sobre la iniciación del proceso en un término perentorio de 3 días para que el ente de control verificara si usaba o no el poder preferente, por lo que, según el recurrente, da lugar a la nulidad. De la misma manera , señala el recurrente, que se violó el Debido Proceso de su mandante, cuando el Director Seccional solicita, extemporáneamente, el poder preferente, decidiendo el señor viceprocurador delegar para tal fin, al Procurador Regional de Boyacá, quien sin estar debidamente facultado, decide mutuo propio, delegar su delegación en la Procuradora Judicial de Tunja, quien procede remitiendo las diligencias a la Procuraduría 28 de Familia, que jamás fue designada por acto administrativo para asumir poder preferente, por lo que considera que se dan los requisitos del artículo 143 de la ley 734 de 2002, lo que considera que no puede proseguirse la actuación. 2º. De la ausencia de cargos. Sobre el particular, señala, que hubo una indebida formulación de cargos, lo cual viola el debido proceso, pues, una vez se formula el cargo se procede a calificar la falta como gravísima contraviniéndose el artículo 43 del CDU, por cuanto las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en el código, es decir, en el artículo 48 ibidem, lo que implica, según el quejoso, que la conducta imputada a su defendida no está contemplada como falta gravísima en el CDU y, en consecuencia, el cargo no existe o fue

indebidamente formulado, generándose un error insubsanable que impedía continuar el proceso y mucho menos fallarlo. 3º . De la evaluación parcializada de la Prueba. Dice el recurrente que dentro del fallo, las pruebas fueron valoradas en forma parcial, tomándose sólo las partes desfavorables a su representada, debiéndose hacer una valoración objetiva de las mismas, para lo cual soporta lo dicho, indicando que el testimonio de la señora HERMINIA PARRA, carece de validez porque era Jefe de la Oficina Judicial y, por tanto, la conducta de su subalterna la podría implicar por lo que considera que dicha declaración testimonio, debió evaluarse bajo reserva, sobre el ingrediente que, en su Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 5 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 calidad de Jefe, la convertía en funcionario de conocimiento de primera instancia de acuerdo al numeral 3 del artículo 76 de la ley 734 de 2002. Que el informe suscrito por la Contadora DESAJ - TUNJA, carece de validez, porque dentro del proceso se le dio carácter de dictamen judicial y del mismo no se corrió traslado a la afectada o su apoderado para que ejerciera el derecho de contradicción, en consecuencia, la prueba fue recaudada indebidamente y con violación al debido proceso, lo que se hace ineficiente para sancionar. Que la versión recibida a la señora Hilda Victoria Monroy, carece de validez por ausencia de defensa técnica por cuanto se le envió comunicación a su apoderado para dicha diligencia, al no comparecer el mismo, el funcionario

investigador debió informar a la procesada sobre el derecho de designar nuevo apoderado, circunstancia que no se evidencia en el proceso, lo que constituye violación al derecho a la defensa y debido proceso. La declaración de Felipe Martínez, permite establecer que el sistema de control de boletas de citación fue diseñado por él mismo y que padecía grandes deficiencias, hasta el punto, que su creador pensaba que dicho programa sólo podía accederse por ciertas personas, cuando en realidad, cualquier persona lo manipulaba, como se evidencia del propio dicho del señor Martínez y de las declaraciones de la Jefe de Oficina Judicial y el propio Director Seccional, en consecuencia, cualquier persona pudo manipular el Sistema y en general las irregularidades y, sin embargo, este hecho no se tuvo en cuenta al momento de fallar como duda favorable, por lo que debió aplicarse el in dubio pro disciplinario. Que la declaración de Héctor Peña Salgado Director Seccional de Administración Judicial constituye el punto máximo de violación al debido proceso de la disciplinada ya que el testigo fue quien inició el proceso disciplinario y, en consecuencia, tenía inhabilidad relativa para declarar, la cual no fue evaluada por el funcionario investigador decretando un testimonio improcedente, lo que implica que dentro del proceso se permitió que el Director Seccional fuese Juez y al mismo tiempo testigo. 4º. De la Ausencia de Falta. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 6 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 Alega el recurrente, que la conducta atribuida a su mandante carece de

tipicidad porque al catalogarse una falta como gravísima sin contemplarse en el C.D.U, como tal, no existe la posibilidad de atribuir conducta a la procesada y, en consecuencia, el proceso no podía iniciarse o proseguirse. Por otra parte y respeto a este punto, dentro del proceso se estableció que la Dirección de Administración Judicial, no tenía un programa legalmente registrado que permitiera en forma fidedigna controlar el manejo de las boletas de citación, tampoco existía ningún tipo de control sobre el programa domésticamente, creado en la Seccional, ya que cualquier persona desde cualquier equipo podía manipular esta afirmación, en consecuencia, existen los elementos de juicio suficientes para establecer que la señora Hilda Monroy Olmos, no realizó la conducta que se le imputa, por el contrario, cualquier usuario del sistema podía alterar la información manejada allí, circunstancia que no maneja culpa para la empleada procesada, sino que constituye una muestra mas de la responsabilidad y falta de medios que padece el estado Colombiano, falencias que desde ningún punto de vista, puede trasladarse al funcionario por constituir verdaderas cargas que el Estado se ha negado a afrontar para mejorar su servicio. Al no existir conducta típica, resulta absurdo hablar de antijurícidad, mucho menos de culpabilidad, ya que en ningún momento de demostró en el proceso que la funcionaria implicada hubiese actuado con dolo, por el contrario, se aprecia su actuar de la buena fue, sin ningún tipo de malicia; no se entiende por que el juzgador de primera instancia presumió dolo, sino existe el menor indicio de esta forma de culpabilidad dentro del proceso.

5. Del in dubio Pro Disciplinado.

Como se explicó anteriormente, el a quo se limitó a tomar las pruebas desde el punto de vista desfavorable a la procesada, olvidando el deber de evolución objetiva de la prueba, por tanto, se debe apreciar algunos aspectos favorables a la disciplinada, así: - No existía un programa fiable que permitiera ejercer un control sobre las boletas de citación. - Cualquier persona podía acceder al sistema - No se demostró la existencia real de dineros perdidos. Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 7 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 - Otras personas diferentes a la procesada, tenía acceso al sistema. - Los dineros entregados por los apoderados a las partes, no son públicos. - Las personas que iniciaron la investigación tenía responsabilidad indirecta respecto de los hechos. 6º. De los eximentes de responsabilidad. Dice el recurrente, que en primera instancia, no se tuvieron en cuanta los eximentes de responsabilidad previstos en el CDU, artículo 28, entre los cuales eran dignos de evaluación los contemplados en los numerales 2, 6 y 7 ya que la señora Hilda Monroy Olmos, jamás actuó, en forma dolosa y, por el contrario, siempre quiso agilizar los procedimientos que se le encomendaron registrando con puño y letra, cuál era el número que le correspondían a las boletas que se reformaban, especialmente, con el fin de evitar pérdida de papel, en cumplimiento de las normas de austeridad, circunstancia que espontáneamente expuso en el proceso, adicionalmente, tuvo problemas

personales que le impidieron cumplir a cabalidad sus funciones y que de buena fe, puso en conocimiento del ente de control sin lograr la evaluación de estos hechos. 7º . Del exceso en la imposición de la sanción. Expone el defensor que, se acreditó que la señora Hilda Monroy Olmos, no tiene antecedentes disciplinarios, igualmente, se desvirtuó el dolo imputado por el a – quo, en consecuencia no existe motivo para sancionar y mucho menos para imponer el máximo de la sanción, por lo que solicita, que la segunda instancia valore la dosimetría de la sanción. 8º . Falta de defensa técnica. El autor del recurso de alzada señala que la versión libre de la señora Hilda Monroy Olmos, no fue asistida de un abogado y si bien es cierto a su apoderado se le citó, al no presentarse al mismo, el funcionario investigador debió informar a la disciplinada sobre la posibilidad de designar apoderado que la asistiera en la misma; por tanto, solicita, revocar la providencia apelada, declarar las nulidades planteadas con base en el articulo 143 del CDU y Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 8 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 liberar de toda responsabilidad a la señora Hilda Monroy Olmos, ordenando la cesación del procedimiento y el archivo definitivo. Concluye su recurso, solicitando se oficie a la Dirección Nacional de Administración Judicial en Bogotá, para que remitan al proceso copia del acto administrativo a través del cual se creó la dependencia o se asignaron

funciones de control disciplinario en dicha entidad cumpliendo con lo dispuesto por la ley 734 de 2002 artículo 76 y ss. Visto lo anterior, se tiene, en lo referente al punto uno del recurso, lo siguiente: Sea lo primero advertir sobre el derecho disciplinario en general, lo que en sentencia C - 181 del año 2002, ha dicho la Corte Constitucional, para lo cual se tiene: “Consideraciones generales sobre el derecho disciplinario del Estado Así, en primer lugar, la Corte Constitucional ha establecido que el derecho disciplinario es una rama esencial al funcionamiento del Estado “enderezado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas”. En dicho fallo, la Corte agregó que el derecho disciplinario está “integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan” y agregó que: “Ello hace parte de las condiciones mínimas inherentes a la actividad oficial, que resultan imprescindibles para la eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado, motivo por el cual su mantenimiento, merced a un ordenamiento jurídico especial de reglas y sanciones, no solamente constituye derecho sino que es ante todo deber del Estado. “El derecho disciplinario es, pues, consustancial a la organización política y tiene lugar preferente dentro del conjunto de las instituciones jurídicas.” (Sentencia C-417 de 1993) Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 9

PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 “El derecho disciplinario que respalda este poder está compuesto por un conjunto de normas y principios jurídicos que permiten imponer sanciones a los servidores públicos cuando éstos violan sus deberes, obligaciones o incurren en vulneración de las prohibiciones e incompatibilidades que para ellos ha establecido la ley”. En este orden de ideas, al observarse, que si bien es cierto el artículo 143, inciso primero, señala como causal de nulidad, la falta de competencia del funcionario para proferir fallo, téngase en cuenta que quienes han impuesto la sanción, hoy motivo de recurso, no fue justamente la Administración Judicial de Boyacá, como lo indica el recurrente, sino la Procuraduría 28 Judicial Delegada II para Asuntos de Familia de Tunja Boyacá, por tanto, la competencia radicó en esta última, quien a la postre avocó y adelantó el proceso de la referencia, aplicando el cumplimiento de un deber que implica dar eco al cometido estatal, siendo parte esto último una de las condiciones inherentes a la actividad del Estado, que implica de forma ineludible la eficiente atención de los asuntos a cargo del aparato estatal, razón por la cual su existencia, a parte de ser un aparato jurídico exclusivo de preceptos y condenas, contiene derechos y obligaciones. Lo anterior traduce, a que bien podía la Procuraduría 28 Judicial Delegada II para Asuntos de Familia de Tunja Boyacá, aplicando uno de los cometidos del estado antes reseñados, avocar conocimiento de las diligencias que hacen parte de esta discusión jurídica, sin que esto

constituya nulidad en el proceso en cuestión. Ahora bien, visto las diligencias adelantadas por la Administración Judicial hasta el momento que dejaron de conocer del asunto, se pudo comprobar que en él no hubo situación irregular que pudiera poner en peligro las garantías constitucional del derecho fundamental del debido proceso, contrario sensu, contó la disciplinada, con los instrumentos procesales del ritual disciplinario que en ningún momento afectó su derecho a la defensa, cuestión que ocurrió con lo actuado en la primera instancia, lo que en este aspecto no puede configurarse como objeto de nulidad de lo actuado, tal como lo plantea el recurrente. De otro aspecto y en lo referente a que se omitió el procedimiento previsto en la Resolución 346 de octubre 3 de 2002, por cuanto el Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 10 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 nominador debió informar a la Procuraduría sobre la iniciación del proceso en un término perentorio de 3 días para que el ente de control verificara si usaba o no el poder preferente, por lo que según el recurrente da lugar a la nulidad, se hace oportuno precisar que el auto que decide poder preferente es de tramite, el cual no admite recurso pues no se trata sino de un cambio de sede del negocio jurídico en comento, pero aunque esto es así, pareciera la vulneración del derecho a la defensa, es de resaltar, que posterior al pronunciamiento del señor Viceprocurador General de la Nación, se generaron actuaciones dentro del

proceso de las cuales tuvo conocimiento la disciplinada, como por ejemplo, el pliego de cargo (fl 403 y ss del Cuaderno No.2), notificada en auto obrante a folio 418 del cuaderno No.2, aunque este haya sido objeto de nulidad por auto de fecha 26 de febrero de 2006 (fl 462 del cuaderno No. 2),por tanto, este hecho subsana la no información del cambio de sede de las diligencias adelantadas contra la disciplinada, pues, se reitera, la decisión resolviendo poder preferente, es un auto que no admite recurso. En lo atinente a que se violó el Debido Proceso de su mandante, cuando el Director Seccional solicita extemporáneamente el poder preferente, decidiendo el señor Viceprocurador delegar para tal fin, al Procurador Regional de Boyacá, quien sin estar debidamente facultado, decide mutuo propio, delegar su delegación en la Procuradora Judicial de Tunja, quien procede remitiendo las diligencias a la Procuraduría 28 de Familia, sin que fuera designado por acto administrativo para asumir poder preferente, por lo que considera que se dan los requisitos del artículo 143 de la ley 734 de 2002, por tanto, alega que no puede proseguirse la actuación. En lo pertinente a este aspecto, es preciso manifestar que el poder preferente de conformidad al artículo 3 de la ley 734 de 2002, puede ser provocado dentro del proceso hasta la terminación del mismo, por tal razón, no se puede aceptarse el argumento esgrimido por el recurrente, en el sentido de que la solicitud del poder preferente es extemporánea cuando ello no es así, precisándose, que el artículo antes citado indica que podrá asumir

el proceso en segunda instancia, lo que podemos colegir, que por esta situación no se hace factible la existencia de nulidad en el proceso. Ahora bien, dice el recurrente que el Procurador Regional de Boyacá decide mutuo propio, delegar su delegación en la Procuradora Judicial de Tunja, quien procede remitiendo las diligencias a la Procuraduría 28 de Familia, sin que jamás fuera designado por acto administrativo, para asumir poder Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 11 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 preferente, siendo este punto distante de la realidad, pues, si se observa en el plenario, el folio 478 del cuaderno No. 2, figura que el señor Procurador General de la Nación decide con las facultades otorgadas en los artículos 7º (parágrafo) y 39 del Decreto 262 de 2000, que unos procesos disciplinarios, entre los que se encuentra el radicado No.120 -2313 -06, fueran avocados por la Procuraduría Judicial II en Familia No. 28, como funcionario especial de primera instancia, lo cual le fue comunicado a la disciplinada mediante oficio No. 0387706 de agosto 22 de 2006 (fl 476 del Cuaderno No.2), lo que significa que las diligencias en comento fueron avocadas por el Judicial II de Familia, por acto administrativo expedido por autoridad competente, es decir, el Señor Procurador General de la Nación, en fecha 17 de agosto de 2006; lo que indica que no existe tampoco irregularidad alguna

que determine la nulidad de la actuación realizada por la Procuraduría Regional de Boyacá, apartándose el Despacho de los argumentos del recurrente. Al numeral dos del recurso, se predica por el Despacho, que la imputación realizada por el operador de primera instancia contra la disciplinada se dio dentro de los parámetros legales, pues, es claro, que la conducta a ella imputada si existe y que en el numeral 1 artículo 48 de la ley 734 de 2002, que a la letra dice: Son faltas gravísimas las siguientes: 1.- Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. Lo anterior nos señala, que la formulación es clara y pues el cargo que ejercía la disciplinada si existe, pues, era la persona encargada de ejercer las funciones ya señaladas cuando se cometieron los hechos materia de esta investigación y, por tanto originó la falta imputada a la disciplinada, por lo que no existe error, según nuestra apreciación, en la formulación de la imputación de la falta referida y, consecuentemente, se podía proferir fallo de primera instancia en la actuación. Al numeral 3º del recurso, se puede apreciar, que el operador de primera instancia, dando aplicación al artículo 141 de la ley 734 de 2002, que señala: APRECIACIÓN INTEGRAL DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán apreciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y fue lo

que hizo justamente el ad quo, una valoración de los instrumentos procesales, que permitieron con relación a la sana crítica y objetivamente , proferir el Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa. Carrera 5a 15-80 piso 8 12 PBX 3360011 Ext 10821 – 10826 Fax Ext 10827 fallo( hoy objeto de recurso), por tanto, no podemos aceptar los argumentos del apelante en este sentido, acotando, que los testimonios recepcionados durante el proceso contienen plena validez, por lo que no es nugatoria al actuación, ya que, la prueba no fue vulnerada de manera parcializada. Dice el recurrente que dentro del fallo, las pruebas fueron valoradas en forma parcial, tomándose sólo las partes desfavorables a su representada, debiéndose hacer una valoración objetiva de las mismas, para lo cual soporta lo dicho indicando que el testimonio de la señora HERMINIA PARRA, carece de validez porque era Jefe de la Oficina Judicial y, por tanto, la conducta de su subalterna la podría implicar por lo que considera que dicho testimonio, debió evaluarse bajo reserva, sobre el ingrediente que en su calidad de Jefe la convertía en funcionario de conocimiento de primera instancia de acuerdo al numeral 3 del artículo 76 de la ley 734 de 2002. A este aspecto y visto el material probatorio obrante en el plenario, no se observó que en el Desarrollo de la investigación la señora HERMINIA PARRA, en su condición, de Jefe de la Oficina Judicial de Tunja, no por tener esa condición no podía dar testimonio dentro del proceso, pues, si se tiene en cuenta, ella, no ejerció actuación disciplinaria como operadora, contra

la señora Monroy Olmos, así está visto dentro de las diligencias; argumentos estos que nos permiten precisar que la citada jefe no se convirtió en funcionario de conocimiento de primera instancia, siendo esta competencia avocada por la Procuraduría 28 Judicial Delegada II para Asuntos de Familia de Tunja Boyacá, quien profirió fallo de primera instancia contra la señora Hilda Monroy Olmos (fl 527 del cuaderno No.2), por tanto, no comparte este Despacho las razones presentadas por el recurrente en este aspecto. Con relación al numeral cuarto del recurso, se tiene que no cabe duda para el Despacho de la existencia de la comisión de la falta por parte de la disciplinada, pues, los elementos de juicio, así como las pruebas arrimadas dan la certeza de lo sucedido, lo cual recae directamente en la disciplinada, pues, los hechos descritos tuvieron ocurrencia estando ella, ejerciendo el cargo de Asistente Admin