PGN - DELEGACION DE FUNCIONES Reglas para que se presente esta según constitución política

CONTROL DE NULIDAD-Contra acto que establece procedimiento para cobro y pago de servicios y tecnología sin cobertura en régimen subsidiado NULIDAD-Por falta de competencia para expedir acto, infracción de normas en que debía fundarse e incumplimiento de sentencia de Corte Constitucional ACTOS ADMINISTRATIVOS-Se debe decretar su nulidad en los de carácter general cuando infringen normas o con desconociendo del derecho de defensa NORMA-Su finalidad es establecer procedimiento que facilite reconocer y pagar tratamientos en tecnologías no pos de pacientes régimen subsidiado ACTOS ADMINISTRATIVOS-Sobre ellos recae presunción de legalidad de que ser expedidos conforme a ordenamiento jurídico superior según la doctrina COMPETENCIA FUNCIONAL-No se demostró que parte demandada careciera de esta al expedir acto objeto de estudio/GOBIERNO NACIONALEstá facultado por la Constitución para expedir diferentes actos administrativos …no se halla acreditado que la parte demandada careciese de competencia funcional y legal al momento de expedir la resolución 1479 del 6 de mayo de 2015, pues está visto que el Gobierno Nacional sí posee competencia para reglamentar por conducto de estos actos administrativos lo relacionado con el servicio público de salud y; que al mismo tiempo, tiene la función y la obligación de generar y promover políticas que propendan por el buen funcionamiento del sistema de salud en Colombia. DELEGACIÓN DE FUNCIONES-Reglas para que se presente esta según Constitución Política ACTO ADMINISTRATIVO-No obstante ser demandado no fue demostrada su ilegalidad ….Así pues, acorde con los deberes y atribuciones legales que le han sido conferidos

al Ministerio, a los que ya hicimos referencia en líneas que preceden, tenemos que la entidad profirió el acto administrativo demandado justamente para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-760 por lo que indefectiblemente, los cargos de nulidad propuestos por el demandante no poseen vocación alguna de prosperidad. El Ministerio de Salud y Protección Social se limitó a dar cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional, dentro de las competencias del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 10 de 1990 y en el Decreto 4107 de 2011, por lo que no encuentra esta agencia del Ministerio Público que el acto administrativo atacado haya trasgredido ni la Constitución Política, ni tampoco las leyes vigentes al momento de su expedición y por ende, no está viciado de nulidad, razón por la cual la solicitud de anulación impetrada no está llamada a prosperar. ____________________________________________________________________________________________ Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co Pbx 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2016-00073-00

Demandante: Nora Fernanda Martínez López

BBBBBogotá, D. C., marzo 23 de 2022 Doctora

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Consejera Ponente Sección Primera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF. Concepto 22 - 84 Medio de Control de Nulidad Expediente: 110010324000-2016-00073-00

Demandante: Nora Fernanda Martínez López

Demandados: Ministerio de Salud y la Protección Social Honorable señora Consejera: Estando dentro del término de traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en única instancia, con base en las argumentaciones que se exponen a continuación:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad contemplado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2012, la señora NORA FERNANDA MARTÍNEZ LÓPEZ presentó demanda en contra de LA NACIÓN -MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, con el ánimo de que se declare la nulidad de la Resolución 1479 del 6 de mayo de 2015 “Por la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados del régimen subsidiado”, acto administrativo expedido por el entonces Ministro de Salud y

Protección Social. Como sustento de sus pretensiones, la actora manifiesta que el Ministerio al expedir el acto administrativo demandado, vulneró lo dispuesto en los artículos 2,5, 13, 48, 49 y 189 de la Constitución Política; artículos 2, 153, 173 de la Ley 100 de 1993; artículo 2 del Decreto – Ley 407 de 2011, pues en criterio de la demandante, el Ministerio carecía de competencia para expedirlo, al tiempo que viola normas constitucionales y legales en las que debía fundarse, sumado a que el acto cuestionado no da cumplimiento a lo

dispuesto en la sentencia T-760 de la Corte Constitucional.

Como cargos de nulidad plantea: 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________

2 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2016-00073-00

Demandante: Nora Fernanda Martínez López i) Falta de competencia del Ministerio para expedir tal acto, toda vez que no es competencia del Ministro la expedición de tales actos, sumado a que se está creando un nuevo procedimiento, cuando a dicha entidad no le está permitido hacerlo, pues esta facultad corresponde al legislativo. ii) Infracción de las normas en que debería fundarse, dado que previo a la expedición del acto atacado, el Ministerio no tuvo en cuenta los artículos 34 y 35 de la Ley 1437 de 2011, en el sentido de celebrar audiencias que permitieran la participación de los posibles afectados. iii) Incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia T-760 de 2008 y el Auto 263 de 2012, porque traslada la cara económica y financiera del sistema de salud derivadas del pago de los servicios no POS de las EPS a las IPS.

Contestación de la demanda Por conducto de apoderada judicial, el Ministerio de Salud y Protección Social procedió a dar contestación a la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma, manifestando que la competencia del Ministerio como organismo rector del Sistema General de Seguridad Social en Salud, está dada en el artículo 173 de

la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 4107 de 2011. Argumenta además, que la resolución demandada fue proferida como consecuencia de la sentencia T-760 de 2008, que ordenó la expedición de un procedimiento expedito para agilizar los pagos por parte de las entidades territoriales; es así como el Ministerio expidió la resolución 1479 de 2015 para establecerle a las entidades territoriales, para establecerle a las entidades territoriales unos lineamientos para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no cubiertas en el POS del régimen subsidiado. El procedimiento de cobro que establece la Resolución 1479 de 2015, no viola ningún tipo de norma constitucional o legal, pues por disposición Constitucional, la facultad reglamentaria del numeral 11 del a artículo 189 está en cabeza del Gobierno Nacional, que lo conforman el Presidente de la República, el Ministro y el Director del Departamento Administrativo del ramo regular este tipo de aspectos, aunque no obstante puede ejercerla solamente el Ministro, más aún cuando la Corte Constitucional así lo indicó en la sentencia T-760 de 2008, ya que dentro de las ordenes impartidas, al pronunciarse respecto al derecho de recobro de los servicios médicos no cubiertos por el plan de beneficios ante el Fosyga o las entidades territoriales, se dispuso, lo siguiente: “(…) Ordenar al Ministerio de la Protección Social y al administrador fiduciario del Fosyga que adopten medidas para garantizar el procedimiento de recobro por parte de las Entidades Promotoras de Salud ante el Fosyga, así como ante las entidades territoriales respectivas, sea ágil y asegure el flujo oportuno y

suficiente de recursos al sistema de salud para financiar los servicios de salud, tanto en el evento que la solicitud se origine en una tutela como cuando se origine en una autorización del Comité Técnico Científico.(…)” 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________ 3 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

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Demandante: Nora Fernanda Martínez López

CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Problema Jurídico ¿La Resolución 1479 del 6 de mayo de 2015, expedida por la entidad aquí demandada, se encuentra viciada de nulidad? Análisis jurídico Conforme a lo dispuesto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Dicha acción procederá cuando tales actos hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. Ahora bien, ha sido ampliamente estudiado que, tratándose de la pretensión de la nulidad del acto administrativo, en este caso, en contra de la Resolución 1479 del 6 de mayo de 2015, proferida por el

Ministerio de Salud y Protección Social; se exige la comprobación de las irregularidades en su expedición y su consecuencial nulidad. Caso concreto En el caso que ocupa nuestra atención, es la pretendida nulidad de la Resolución 1479 del 6 de mayo de 2015 “Por la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados del régimen subsidiado”, acto administrativo expedido por el entonces Ministro de Salud y Protección Social, i) por falta de competencia del Ministerio para expedir el acto, ii) por infracción de las normas en que debería fundarse, iii) por incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia T-760 de 2008 y el Auto 263 de 2012, porque traslada la cara económica y financiera del sistema de salud derivadas del pago de los servicios no POS de las EPS a las IPS. Partiendo del entendimiento de los actos administrativos como instrumentos mediante los cuales la administración cumple sus propósitos y manifiesta su voluntad, resulta incuestionable que sobre ellos recae la presunción de legalidad que conduce al presupuesto de que, los mismos, fueron expedidos conforme al ordenamiento jurídico superior, presunción legal o iuris tantum y no iuris et de iure, es decir, que admite prueba en contrario, motivo por el cual puede ser desvirtuada ante el Juez Competente, por ello: “por profundos que sean los vicios en que pueda incurrir un acto administrativo, tendrá validez y fuerza ejecutoria hasta tanto la autoridad competente no se hubiere pronunciado al respecto.”1 1 J. O. SANTOFIMIO GAMBOA. Tratado de derecho administrativo. Acto administrativo. p. 54-55.

5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________ 4 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

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Demandante: Nora Fernanda Martínez López Luego entonces, quien pretenda la declaratoria de nulidad de acto administrativo le corresponde, tanto la obligación de expresar claramente los cargos en los cuales funda la ilegalidad que alega, así como la de demostrar los hechos en que hace consistir la ilegalidad, pues de no hacerlo así “de un lado, el juez no podrá acometer oficiosamente el estudio de la ilicitud del acto y, de otro lado, se mantendrá incólume la presunción de legalidad que lo ampara.”2

En primer lugar, es pertinente acotar que para efectos prácticos y con el propósito de no extender innecesariamente el contenido del presente concepto, consideramos que no hace falta entrar a transcribir el contenido completo de la Resolución 1479 del 6 de mayo de 2015, “Por la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los afiliados del régimen subsidiado”, expedida por el entonces Ministro de Salud y Protección Social, atendiendo a la extensión del acto cuestionado, así como también al hecho de que el referido acto administrativo ya obra en el expediente, baste con decir que la resolución que nos ocupa, en resumen, crea tres tipos de

procedimiento que pueden adoptar las entidades territoriales, con miras a atender la revisión, verificación y pago de los servicios y tecnologías no POS que le son suministrados al régimen subsidiado por parte de las IPS. Ahora bien, dado que se reclama una falta de competencia por parte del Ministerio para expedir el acto demandado, a fin de entender los argumentos y razones que tuvo en cuenta el Ministerio para proferir la resolución 1479 de 2015, nos permitiremos citar algunos apartes de su parte motiva, así: “(…) EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial, las que le confieren los artículos 173 de la Ely 100 de 1993 y 2 del Decreto – Ley 4107 de 2011 y, CONSIDERANDO: Que las entidades territoriales de conformidad con la Ley 715 de 2001, tienen la obligación de gestionar los servicios de salud de manera oportuna, eficiente y con calidad. Que las Entidades Promotoras de Salud son responsables de los contenidos y coberturas del Plan Obligatorio de Salud para la población afiliada al Régimen Subsidiado, así como de la integralidad en la prestación de los servicios de salud. Que de acuerdo con la Sentencia T-760 de 2008 y, en especial, el Auto 263 de 2012, este Ministerio debía definir entre otros, un procedimiento claro, preciso y ágil en la verificación, control y pago de las solicitudes de recobro. (…) 2 Sentencia del 15 de octubre de 2015, Exp. 43343. 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________ 5

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Demandante: Nora Fernanda Martínez López Que se hace necesario mejorar los procedimientos de cobro, verificación y control y pago de los servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud – POS que se suministran a los afiliados al Régimen Subsidiado de Salud, de tal forma que se agilice el flujo de recursos de las entidades territoriales a los Prestadores de Servicios de Salud públicos, privados o mixtos que brindan estos servicios y tecnologías. (…)”

(negrillas y subrayado no son del original) En consonancia con lo anterior, tenemos que los artículos 1, 2 y 3 de la referida resolución, se dispuso, lo siguiente: “(…) Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer el procedimiento para el cobro y pago por parte de las entidades territoriales departamentales y distritales a los prestadores de servicios de salud públicos, privados o mixtos, por los servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud – POS, provistas a los afiliados del régimen subsidiado, autorizados por los Comités Técnico Científicos – CTC u ordenados mediante providencia de autoridad judicial. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica a los Departamentos y Distritos, a os prestadores de Servicios de Salud y a las Administradoras de Planes de Beneficios que tienen afiliados al Régimen subsidiado de Salud.

Artículo 3. Financiación de la atención de los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS a los afiliados al Régimen Subsidiado. Los servicios y tecnologías sin cobertura en el POS, suministrados a los afiliados al Régimen Subsidiado, se financiarán por las entidades territoriales con cargo a los recursos del Sistema General de Participaciones – Sector Salud – Prestación de Servicios de Salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, los recursos del esfuerzo propio territorial destinados a la financiación del NO POS de los afiliados dicho régimen, los recursos propios de las entidades territoriales y los demás recursos previstos en la norma vigente para el sector salud. (…)” Como puede apreciarse, la finalidad de la norma citada en líneas precedentes es establecer un procedimiento que facilite el reconocimiento y pago de tratamientos y tecnologías no POS, suministrados a los afiliados al Régimen Subsidiado con cargo a las respectivas entidades territoriales, quienes son las responsables de la prestación del servicio, todo ello precisamente en cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008 y en el Auto 263 de 2012. Como quiera que los cargos planteados se resumen en una aparente falta de competencia, desconocimiento de las normas en que debería fundarse y no atender lo dispuesto en la sentencia t-760 de 2008 y el Auto 263 de 2012 de la H. Corte Constitucional, procederemos a analizar todos esos factores de manera conjunta, dado que las

competencias del Ministerio necesariamente deben estar ligadas a un 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________ 6 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

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Demandante: Nora Fernanda Martínez López marco normativo, pues en caso contrario, estaríamos de plano ante una nulidad absoluta del acto administrativo demandado.

Dicho lo anterior, tenemos que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, se le atribuye al Presidente de la República el ejercicio de la potestad reglamentaria, la cual se concreta a través de la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes que sean necesarios, para una cumplida ejecución de las leyes; así mismo, el numeral 22 op. cit. le otorga también al Presidente la facultad de ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. Es decir, que el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, está debidamente facultado por la Constitución para expedir diferentes actos administrativos, encaminados a reglamentar por conducto de éstos los parámetros de carácter general y abstracto contenidos en las distintas Leyes, a fin de propender por su realización y materialización, al mismo tiempo que le permite hacer lo propio para la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, entre los que se incluye la prestación del servicio de salud tanto del régimen contributivo como del subsidiado, así como también garantizar

la prestación y atención de tratamientos no POS en Colombia. En concordancia con lo dispuesto en los numerales 11 y 22 del artículo 189, observamos que nuestra Constitución en sus artículos 209 y 211 también previó que para el desarrollo de sus funciones, el Presidente de la República tiene la potestad de delegar las mismas en los Ministros, Superintendentes etc., en los siguientes términos: “ART. 209.- La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (...)”. (Negrillas no son del original) El artículo 211 de la Carta prescribe las siguientes reglas para la delegación de funciones: “ART. 211.- La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. (…)” (Negrillas no son del original). 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________ 7 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

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Demandante: Nora Fernanda Martínez López Deteniéndonos a analizar por un instante la parte considerativa de las Resolución cuestionada, encontramos que en efecto, sí existe un marco normativo que faculta al Ministerio de Salud para proferir este tipo de actos administrativos, es así como el artículo 173 de la Ley 100 de

1993, establece: “(...) ARTÍCULO 173. DE LAS FUNCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD. Son funciones del Ministerio de Salud además de las consagradas en las disposiciones legales vigentes, especialmente en la Ley 10 de 1990, el Decreto ley 2164 de 1992 y la Ley 60 de 1993, las siguientes:

1. Formular y adoptar, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las políticas, estrategias, programas y proyectos para el Sistema General de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los planes y programas de desarrollo económico, social y ambiental que apruebe el Congreso de la República.

2. Dictar las normas científicas que regulan la calidad de los servicios y el control de los factores de riesgo, que son de obligatorio cumplimiento por todas las Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud.

3. Expedir las normas administrativas de obligatorio cumplimiento para las Entidades Promotoras de Salud, por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud.

4. Formular y aplicar los criterios de evaluación de la eficiencia en la gestión de las Entidades Promotoras de Salud y por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud y por las direcciones seccionales, distritales y locales de salud.

5. Elaborar los estudios y propuestas que requiera el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud en el ejercicio de sus funciones.

6. Ejercer la adecuada supervisión, vigilancia y control de todas las entidades comprendidas en los literales b) a h) del artículo 181 de la presente ley y de las direcciones seccional, distrital y local de salud, excepto la Superintendencia Nacional de Salud.

7. El Ministerio de Salud reglamentará la recolección, transferencia y difusión de la información en el subsistema al que concurren obligatoriamente todos los integrantes del sistema de seguridad social de salud independientemente de su naturaleza jurídica sin perjuicio de las normas legales que regulan la reserva y exhibición de los libros de comercio. La inobservancia de este reglamento será sancionada hasta con la revocatoria de las autorizaciones de funcionamiento. (…)”

5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________ 8 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

Expediente: 110010324000-2016-00073-00

Demandante: Nora Fernanda Martínez López Por su parte, en el artículo 8 de la Ley 10 de 19903, se estipula que la

dirección nacional del sistema de salud está a cargo del Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Salud y Protección Social), correspondiéndole por ello formular las políticas y dictar las normas científicas y administrativas de obligatorio cumplimiento por las entidades que integren el sistema, entendiéndose estas últimas normas como aquellas “relativas asignación y gestión de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros”, todo ello sumado a las competencias y atribuciones conferidas al Ministerio y al despacho del Ministro de Salud y Protección Social, por virtud del Decreto – Ley 4107 de 2011, especialmente en sus artículos 1º, 2º y 6º. Como viene de verse, es claro que sí existe todo un marco normativo que se encontraba vigente al momento de la expedición de la resolución aquí demandada, junto con una orden expresa de la H. Corte Constitucional conforme a la sentencia T-760 de 2008 y a través de la cual, se encomendó al Ministerio de Salud y Protección Social establecer un procedimiento para el reconocimiento y pago de los servicios y tecnologías no POS del régimen subsidiado, a la vez que tiene a su cargo la regulación de todo lo relacionado con dicho servicio de salud, delegación hecha por el Presidente de la República, como suprema autoridad Administrativa, de la función que le está conferida en el numeral 22 del artículo 189 de la Constitución Política, con lo que ha quedado más que desvirtuado el cargo de falta de competencia formulado. Al tenor de lo dicho en líneas precedentes, no se halla acreditado que la parte demandada careciese de competencia funcional y legal al momento de expedir la resolución 1479 del 6 de mayo de 2015, pues

está visto que el Gobierno Nacional sí posee competencia para reglamentar por conducto de estos actos administrativos lo relacionado con el servicio público de salud y; que al mismo tiempo, tiene la función y la obligación de generar y promover políticas que propendan por el buen funcionamiento del sistema de salud en Colombia. Así pues, acorde con los deberes y atribuciones legales que le han sido conferidos al Ministerio, a los que ya hicimos referencia en líneas que preceden, tenemos que la entidad profirió el acto administrativo 3 “(…) ARTÍCULO 8. Dirección Nacional del Sistema de Salud. La Dirección Nacional del Sistema de Salud estará a cargo del Ministerio de Salud, al cual, por consiguiente, le corresponde formular las políticas y dictar todas las normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el sistema, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4. PARÁGRAFO.- Para los efectos de este artículo, se entiende por: a. Normas científicas: el conjunto de reglas de orden científico y tecnológico para la organización y prestación de los servicios de salud; b. Normas administrativas: las relativas a asignación y gestión de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Con base en las normas técnicas y administrativas se regularán regímenes tales como información, planeación, presupuestación, personal, inversiones, desarrollo tecnológico, suministros, financiación, tarifas, contabilidad de costos, control de gestión, participación de la comunidad, y referencia y contrarreferencia. (…)” 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________ 9 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080

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Expediente: 110010324000-2016-00073-00

Demandante: Nora Fernanda Martínez López demandado justamente para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia T-760 por lo que indefectiblemente, los cargos de nulidad propuestos por el demandante no poseen vocación alguna de prosperidad.

El Ministerio de Salud y Protección Social se limitó a dar cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional, dentro de las competencias del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 10 de 1990 y en el Decreto 4107 de 2011, por lo que no encuentra esta agencia del Ministerio Público que el acto administrativo atacado haya trasgredido ni la Constitución Política, ni tampoco las leyes vigentes al momento de su expedición y por ende, no está viciado de nulidad, razón por la cual la solicitud de anulación impetrada no está llamada a prosperar. Por todo lo anterior y en consonancia con las pruebas legal y oportunamente allegadas, esta Procuraduría Delegada deja a consideración del H. Consejo de Estado la siguiente, CONCLUSIÓN De conformidad con los documentos allegados a la presente actuación, con las consideraciones y reflexiones consignadas en precedencia, para esta Procuraduría Delegada no se demostró la ilegalidad del acto administrativo atacado. Por lo tanto, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, presenta su concepto

SOLICITANDO QUE SE DESPACHEN DESFAVORABLEMENTE LAS

SÚPLICAS DE LA DEMANDA.

De la señora Consejera, atentamente,

JAIME ALEJANDRO DÍAZ VARGAS

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 5CdeE/JADV/Cjchg IUS-E-2022-160191 ____________________________________________________________________________________ 10 Carrera 5 No. 15-80 piso 20 Bogotá D.C., e-mail: notidel5cedo@procuraduria.gov.co PBX 5878750 Exts: 1207612077-12079-12080