PGN - DELEGACION DE LA DELEGACION Es prohibida

NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-Se configura por cuanto la elegida diputada fue avalada por quien no tenía la facultad para ello NULIDAD DE CONTENIDO ELECTORAL-No se presentó el acto por medio del cual se delegó para avalar a la candidata Esta delegada encuentra que los supuestos de hecho y los de derecho que se han invocado en el asunto bajo examen fueron los mismos que se consideraron por este Despacho al conceptuar en el caso de la demanda de nulidad de contenido electoral incoada contra el acto que declaró la elección de la señora … como concejal de la ciudad de Sincelejo – Sucre, para el período 2016 – 2019, por tal razón y dado que considera aplicable a este asunto lo que allí se dijo, con la venia de la H. Sección se reiteran estos argumentos así:… AVAL DE CANDIDATOS-Disposiciones que los rige/AVAL DE CANDIDATOSCompetencia/INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS-Momento en que se presenta Como en el asunto que ahora se examina la inscripción de la candidata al concejo de la municipalidad de Sincelejo – Sucre no se llevó a cabo conforme a esta disposición estatutaria la consecuencia no ha de ser otra que solicitar la anulación del acto que declaro su elección, así se hará por esta Delegada y por ello solicitará que la decisión de primera instancia sea revocada. La irregularidad en el acto de inscripción se presenta por cuanto que el aval no fue expedido por el directorio departamental, a este ente del orden departamental le correspondía por delegación expedir los avales y así no ocurrió en el caso en examen, la inscripción se realizó por quien no estaba facultado, resta además señalar que el

Secretario, no obstante la decisión del Consejo Nacional Electoral tampoco tenía la representación legal del Partido la misma según los Estatutos del Partido corresponde a la Dirección Nacional Liberal o al Director Nacional del Partido quienes según las funciones asignadas “ ejercerán por medio de su Presidente o del Director Nacional, la representación del Partido ante la Nación, ante las entidades y funcionarios del Estado, ante las autoridades electorales y entidades de control estatales, órganos y miembros del Partido, gobiernos extranjeros y organizaciones públicas y privadas del exterior”. PROCESO ELECTORAL-Importancia en cuanto a que el aval sea otorgado por quien constitucional y legalmente está facultado para ello DELEGACIÓN DE DELEGACIÓN-Es prohibida/DELEGACIÓN DE DELEGACIÓN-El aval se extiende de manera irregular y por ello la elección demandada ahora ha de declararse nula Tratándose de una delegación de delegación, la cual es prohibida se concluye entonces en el mismo sentido en que se hiciera en la sentencia proferida el 1º de septiembre de la anualidad que cursa, es decir que el aval se extiende de manera irregular y por ello la elección demandada ahora ha de declararse nula.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2016 Concepto No. 0110 Señores

CONSEJO DE ESTADO

Sección Quinta M.P. Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 70001 23 33 000 2016 00045 01

Radicado interno: 2016 0045

Actor: Edison Bioscar Ruíz Valencia Demandado: Karime Adrana Cotes Martínez Asunto: Recurso de apelación de la sentencia de fecha 11 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, que negó las pretensiones de la demanda contra el acto de elección de la señora Karime Adrana Cotes Martínez como Diputada del departamento de Sucre para el período comprendido entre el 1° de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019.

Respetado señor Consejero: Dentro del término de traslado especial señalado en el proveído adiado a 22 de julio de 2016, como Agente del Ministerio Público en el proceso de la referencia presento por su conducto a consideración de la H. Sala los siguientes razonamientos.

I. ANTECEDENTES  La demanda El ciudadano Edison Bioscar Ruíz Valencia, actuando por intermedio de apoderado judicial en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, demandó el acto por medio del cual se declaró electa como diputada de la Asamblea del

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co departamento de Sucre - período 2016 – 2019 a la ciudadana señora Karime Adrana Cotes Martínez.

 Pretensiones De conformidad con lo señalado en el escrito por medio del cual incoa la acción el demandante propone como pretensión lo que a continuación se transcribe: “Primera: Que se declare la nulidad del Acta Final de Escrutinio que declaró la Elección de la Señora KARIME ADRANA COTES MARTÍNEZ como DIPUTADA A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SUCRE, Formulario EASA proferida por la Comisión Escrutadora Departamental de Sucre, el día 4 de noviembre de 2015. (…)”  Supuesto fáctico En este acápite refiere el demandante que el H. Consejo de Estado por conducto de la Sección Tercera “… mediante sentencia de fecha 2015 – 03 – 05, radicado AP 25000 23 41 000 2013 00194 01, Ponente Honorable Magistrada STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO, al decidir una Acción Popular dejó sin efectos jurídicos la resolución No. 2895 de 2011 – 10 – 07, contentiva de los nuevos estatutos del Partido Liberal, los cuales eran del soporte de la posición el mencionado avalista de estos candidatos, así como de quien supuestamente delegó tal función, y le concedió un término de un mes a partir de la ejecutoria de la decisión para dejar de aplicar los nuevos estatutos y someterse a los aprobados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011” Concluye con fundamento en este hecho que quien avaló la inscripción de la elegida Diputada fue el señor Mario Alberto Fernández Alcocer supuesto delegado del señor “Héctor Olimpo Espinosa Oliver”, quien le extendió la

delegación para efectos del aval… en calidad de Secretario General del Partido Liberal, es decir, en momentos en que ya tenía conocimiento que por

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co disposición del órgano de cierre de los Contencioso Administrativo sus facultades habían fenecido”. Dice igualmente que la elegida diputada fue inscrita sin probar el acto de delegación por medio del cual podía expedir el aval, el que fuera otorgado por el Representante legal del Partido Liberal o su Delegado. Señala el actor que el aval de la elegida se expidió con fundamento en unos Estatutos que fueron dejados sin efecto por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado al decidir una acción popular.  Normas violadas y concepto de la violación Se indicaron como normas transgredidas las siguientes: i) Artículos 108 y 265 de la Carta Política ii) Los artículos 1°, 5°, 28 y 32 de la Ley 1475 de 2011. iii) Los artículos 46 y 95 de los Estatutos del partido Liberal. iv) Sentencia del Consejo de Estado, proferida al decidir el radicado número 25000-23-41-000-2013-00194-01. Destaca el apoderado de la parte actora que el aval es requisito indispensable para efectos de la inscripción de las candidaturas, que el mismo puede ser extendido por el representante legal del partido o en su defectos por quien éste

delegue quien al momento de efectuar este trámite debe demostrar su condición adjuntando el documento por medio del cual se le delegó ritualidad que no se cumplió en la inscripción de la señora Karime Adrana Cotes Martínez. Manifiesta que como consecuencia de la decisión del H. Consejo de Estado “de declarar NULA la Resolución No. 2895 contentiva de los estatutos, el Representante Legal del Partido Liberal, es ILEGAL y por tanto su delegación es

ILEGAL”.

Concluye indicando:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co “1: La señora KARIME ADRANA COTES MARTINEZ, RESULTÓ ELECTA Diputado a la Asamblea Departamental de Sucre con clara violación del régimen de nulidad electoral, como quiera que no cumplió con los requisitos constitucionales de ser avalado por el Representante Legal del Partido Liberal o su Delegado al amparo del artículo 108 superior y tampoco por el directorio municipal de esa colectividad vigente como lo establecen sus estatutos”.

2. Decisión de primera instancia El Tribunal Administrativo de Sucre en su decisión de primera instancia dispuso “Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Edison Bioscar Ruíz Valencia contra la elección de la señora Karime Adrana Cotes Martínez como Diputada del Departamento de Sucre, para el período 2016 – 2019,…”.

Dos asuntos consideró el a-quo eran los que debían ser decididos, el primero de ellos el referido con i) la falta de aval para efectos de la inscripción porque el otorgado para la inscripción fue extendido sin consideración a los estatutos del Partido Liberal y el segundo porque ii) la persona delegada para realizar la inscripción al momento de realizar el acto de inscripción no presentó el acto por medio del cual se le delegaba para realizarla. En lo que se refiere con el primero de los asunto a definir, el referido con la falta del aval por haberse otorgado sin consideración a los estatutos del partido por quien no tenía competencia, luego de referir a la normatividad que según el a-quo resulta aplicable al caso consideró lo siguiente: “Como puede observarse, para la Sala es claro que el aval conferido a la señora KARIME ADRANA COTES se realizó conforme a las normas de la Resolución No. 2895 de 2011, empero, si hacemos abstracción de esta disposición, también puede afirmarse que el aval otorgado a ella, estuvo acorde con los estatutos vigentes del partido que vienen a ser los contenidos en la Resolución No. 658 de 2002, porque finalmente los avales fueron otorgados por la Dirección Liberal Nacional que los delegó en el Secretario General del Partido y este a su vez los delegó en el Comité de Acción Liberal Departamental de Sucre, quien facultó a su presidente MARIO ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, el otorgamiento del aval e inscripción, por esa razón al momento de realizarse esta, se acompañó la Resolución No 0055. Luego se concluye que nunca hubo ausencia de aval o visto bueno del Partido Liberal

Colombiano frente a la aspiración de la señora Karime Cotes, para ser Diputada del Departamento de Sucre, en las elecciones realizadas el 25 de octubre de 2015.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co “Por otra parte la Sala, advierte que al momento de realizarse la inscripción de los de los candidatos a la Asamblea Departamental de Sucre, el 25 de julio de 2015 el señor HECTOR OLIMPO ESPINOSA OLLIVER, tenía la condición de Secretario General del Partido Liberal y como tal representante del mismo, debido a que la sentencia otorgó un mes para adoptar la medida tendiente al cumplimiento del fallo y un año para reformar los estatutos; por esa razón el Partido Liberal expide la Resolución 3544 del 13 de julio de 2015, acatando el fallo en el cual se dispone que la Dirección Nacional Liberal está facultada para hacer el nuevo registro de los estatutos que cobraron vigencia, los cuales estaban plasmados en la Resolución 658 del 9 de abril de 2002, por lo tanto no existe violación de los estatutos ni irregularidad al momento de la inscripción”. Y en relación con el segundo de los asuntos a dilucidar, el referido con la no presencia del representante legal del partido en el momento de la inscripción de la candidata señala el a-quo que no es requisito esencial el que la solicitud de inscripción sea llevada a efecto por el representante legal del partido o por su

delegado y la no presencia de éste en este trámite no invalida la diligencia de inscripción, por tratarse de un simple acto de trámite.

3. Recurso de apelación Inconforme con la decisión de primera instancia el demandante por intermedio de apoderado judicial interpuso recurso de apelación contra la misma, se destaca como argumento en contra de la decisión de primera instancia el siguiente:  Que la sentencia del a-quo desestimó la proferida por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado proferida al decidir la acción popular.  Que la decisión del H. Consejo de Estado no otorgó como dice la sentencia del a-quo un plazo para cumplir con la decisión del Tribunal de Garantías del Partido Liberal, por el contrario esta decisión debía cumplirse inmediatamente, por cuanto que no estaba sometida a plazo alguno y así lo señaló la H. Sección Tercera.  Que la función del supuesto Secretario General para efectos de expedir avales le había sido delegada y por lo mismo no podía delegar a su vez esa función y cita en pro de su argumento apartes de la sentencia en la cual la

H. Sección Quinta sentó esta regla.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co  Que el “supuesto delegado” no presentó el acto por medio del cual se le delegó la función y conforme a la cual expidió el aval. Reitera los argumentos que expresara en el curso del proceso en la demanda y

sus alegatos de conclusión. Por auto del 3 de agosto de la anualidad que cursa el Tribunal concede el recurso de apelación.  Admisión del recurso de apelación Por auto del 19 de agosto de la cursante anualidad el H. Consejo de Estado – Sección Quinta admite el recurso de apelación.

4. Alegatos de conclusión Del apoderado judicial de la Registraduría Nacional del Estado Civil En esta oportunidad procesal interviene el apoderado judicial de la Registraduría e insiste que en el caso en examen la entidad no puede ser vinculada en la decisión final, dice que obra en favor de la entidad una falta de legitimidad por pasiva como quiera que la entidad no tiene injerencia en la realización de los escrutinios ni en los resultados de los mismos, sostiene que esta excepción no fue considerada por el a-quo y solicita que al decidir el recurso de apelación sea aceptada.  Del apoderado judicial de la parte demandante En esta oportunidad procesal presenta escrito en el cual reitera lo que señaló al interponer el recurso de apelación.  Del apoderado judicial de la demanda señora Karime Adrana Cotes

Martínez

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Manifiesta:  Que la sentencia, siguiendo en ello a la H. Sección Quinta, resulta acertada al señalar que para efectos de la inscripción no se requiere de la

presentación del representante legal del partido o de quien este haya delegado y su ausencia no invalidad la inscripción que no es más que un mero acto de trámite.  En relación con la sentencia proferida por la Sección Tercera y sus efectos en el tiempo manifiesta que éstos quedaron “diferidos en el tiempo, postergando aquella augusta corporación sus repercusiones, cuando le ordena al Partido Liberal Colombiano que el término de un (1) mes contado desde la ejecutoria de dicha sentencia adoptar todas las medidas que sean necesaria para dejar de aplicar los estatutos adoptados en la Resolución 2895 de 2011…etc.

II. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Se encuentra el asunto para estudio del H. Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta – por razón de la interposición del recurso de apelación que el apoderado judicial de la parte demandante realizara contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, adiada en Sincelejo a los a los 11 días del mes de julio de la anualidad que cursa, por medio de la cual dispuso: “Denegar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Edison Bioscar Ruíz Valencia contra la elección de la señora Karime Adrana Cotes Martínez como Diputada del Departamento de Sucre, para el período 2016 – 2019…”.

Conforme a lo que manifiesta el apoderado judicial de la parte demandante la nulidad deprecada se configura por cuanto que la elegida diputada fue avalada por

quien no tenía la facultad para ello y porque al momento de la inscripción de la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co candidatura no se presentó el acto por medio del cual se delegó la función para avalar a la candidata. Esta delegada encuentra que los supuestos de hecho y los de derecho que se han invocado en el asunto bajo examen fueron los mismos que se consideraron por este Despacho al conceptuar en el caso de la demanda de nulidad de contenido electoral incoada contra el acto que declaró la elección de la señora Liseth Paola González Oviedo como concejal de la ciudad de Sincelejo – Sucre, para el período 2016 – 2019, por tal razón y dado que considera aplicable a este asunto lo que allí se dijo, con la venia de la H. Sección se reiteran estos argumentos así: “Dice en su argumento que por razón de la decisión del Tribunal de Garantías del Partido Liberal se declararon ilegales los estatutos contenidos en la Resolución 2895 de 2011 desde el 30 de noviembre de 2011 y esta decisión debía cumplirse de manera inmediata pues no estaba sujeta a plazos, esta apreciación dice el apelante la corrobora la decisión proferida por la Sección Tercera del H. Consejo de Estado al decidir la acción popular que incoara el ciudadano Silvio Nel Huertas Ramirez y se hizo explícita en el auto que decidiera sobre la aclaración de la sentencia solicitada por el Partido Liberal

Colombiano, allí se dijo: “Como quedó acreditado en la sentencia, desde el 16 de noviembre de 2011 el Tribunal Nacional de Garantías declaró no ajustada a la ley la resolución n° 2895 de 2011 expedida por la Dirección Liberal Nacional para promulgar los Estatutos de la Colectividad al amparo de la Ley 1475 de 2011, sin que el Partido haya adoptado las medidas necesarias para cumplir esa decisión y por el contrario, la desacató abiertamente para continuar con el trámite ilegítimo de adopción, ratificación, registro y aplicación de esos estatutos ilegales. Así mismo en la sentencia de que se trata se impartió al Partido Liberal la orden de dar “estricto cumplimiento a la decisión del Tribunal Nacional de Garantías que declaró ilegal la resolución n.° 2895 de 2011” y, en consecuencia, en un término máximo de un (1) mes contados desde la ejecutoria de esta sentencia, adoptará todas las medidas que sean necesarias para i) aplicar los estatutos adoptados con esa resolución y, posteriormente, aprobados por la Asamblea Liberal Constituyente convocada y elegida unilateralmente por la Dirección Nacional Liberal, adelantada el 10 de diciembre de 2011, incluso con los ajustes introducidos en esa oportunidad y ii) regirse en un todo por los estatutos vigentes a la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, de conformidad con las exigencias del ordenamiento, en especial las disposiciones de los artículos 107 y 108 constitucionales y 7° de la Ley 130 de 1994. Como se lee en el texto transcrito i) la orden de acatar la decisión del

Tribunal Nacional de Garantías que declara no ajustados a la ley los

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co nuevos estatutos adoptados por el Partido Liberal debe cumplirse inmediatamente, pues la sentencia no sujetó esa medida a plazo, en razón de que, como se concluyó en el fallo, la decisión del órgano de control se encuentra vigente desde el 30 de noviembre de 2011 cuando se le notificó al partido la decisión del tribunal de no reponerla y ii) los treinta días son el plazo máximo dentro del cual la colectividad debe tomar las medidas para dejar de aplicar todo lo relacionado con los estatutos ilegales, “regirse en un todo” por los estatutos legítimos y no para seguir desacatando la decisión del Tribunal Nacional de Garantías. (…) De donde no queda sino concluir que, lejos de fundarse en concepto o expresiones del fallo que ofrezcan verdaderos motivos de dudas, la solicitud de aclaraciones se apoya en la insistencia de la defensa de disposiciones estatutarias adoptadas ilegalmente, razón por la que habrá de negarse y, en consecuencia, darse estricto cumplimiento a la sentencia en los términos decididos” No obstante dice el apelante, la decisión de la H. Sección Tercera y los efectos de la misma no fueron considerados por el Tribunal al decidir sobre la nulidad deprecada. Señala que conforme a la sentencia que decidió la acción popular la

designación de los candidatos ha debido adelantarse por lo que los estatutos que se consideraron legítimos prescribían sobre este aspecto y que se contenían en la Resolución 658 de 2002. Para esta Delegada tiene razón el apelante en lo relacionado con los efectos de la decisión del Tribunal Nacional de Garantías del Partido así como de la sentencia que definió la acción popular. En el entendido que la decisión del Tribunal Nacional de Garantías(Corporación a cuyo cargo está el Vigilar, controlar y decidir sobre el cumplimiento de las normas contenidas en los presentes Estatutos por parte de los órganos del Partido y de sus miembros, con excepción de aquellas que constituyan faltas disciplinarias) resulta de imperativo acatamiento para el partido Liberal desde el 30 del mes de noviembre de 2011, obligatoriedad que deviene de lo señalado en los Estatutos del partido pues allí en relación con los fallos de este órgano de control se estableció “ARTÍCULO 67.- FALLOS DEL TRIBUNAL.- Los fallos del Tribunal Nacional de Garantías se proferirán en derecho, serán inapelables y tendrán carácter obligatorio para todos los órganos y miembros del Partido”, en concordancia con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 130 de 1994 conforme a la cual “ARTICULO 7º— Obligatoriedad de los estatutos. La organización y el funcionamiento de los partidos y movimientos se regirá por lo establecido en sus propios estatutos” y que según la Corte Constitucional “La imperatividad de los estatutos es una obligada consecuencia de la libertad de organización que la Constitución

reconoce a los partidos y movimientos. Adoptada libremente la norma interna que ha de regirlos, se sigue como consecuencia inexorable la obligatoriedad de sus mandatos” 1, es claro que todos los actos que desde esa época fueron 1 Corte Constitucional - Sentencia No. C-089/94 - REF: Expediente P.E.-004 - Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria Nº 11 de 1992 Cámara, 348 de 1993 Senado "por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co expedidos sin consideración a los Estatutos del Partido que son los consignados en la Resolución 658 de 2002 no tienen valor alguno, se aclara por esta Agencia del Ministerio Público que con la anterior conclusión no es que se esté dando efectos retroactivos a la decisión de la acción popular, tampoco es de entender que la sentencia proferida por la H. Sección Tercera le está reconociendo efectos retroactivos a la decisión del Tribunal de Garantías, lo que allí quedó consignado y precisado es solo la vigencia de la decisión del Tribunal Nacional de Garantías y los efectos de la misma la cual se reconoce en los términos de los Estatutos del partido y cuyos efectos se predican a futuro y desde la época indicada en la sentencia, es decir, 30 de noviembre de 2011. Como corolario de lo anterior resulta válido afirmar que la inscripción de los

candidatos y los avales a los mismos se rigen por las disposiciones que a continuación se señalan: “CAPITULO II AVALES A CANDIDATURAS ARTÍCULO 94.-CANDIDATO ÚNICO.- El Partido avalará un solo candidato a la Presidencia de la República, gobernaciones y alcaldías. ARTÍCULO 95.- COMPETENCIA.- Los avales los expedirá, única y exclusivamente, la Dirección Nacional Liberal, para el candidato a la Presidencia de la República y los candidatos al Congreso de la República. Del mismo modo, por delegación del representante legal del Partido, los directorios departamentales, municipales y del Distrito Capital, expedirán los avales para los otros cargos de elección popular que se escojan en su respectiva circunscripción”. Como en el asunto que ahora se examina la inscripción de la candidata al concejo de la municipalidad de Sincelejo – Sucre no se llevó a cabo conforme a esta disposición estatutaria la consecuencia no ha de ser otra que solicitar la anulación del acto que declaro su elección, así se hará por esta Delegada y por ello solicitará que la decisión de primera instancia sea revocada. La irregularidad en el acto de inscripción se presenta por cuanto que el aval no fue expedido por el directorio departamental, a este ente del orden departamental le correspondía por delegación expedir los avales y así no ocurrió en el caso en examen, la inscripción se realizó por quien no estaba facultado, resta además señalar que el Secretario, no obstante la decisión del Consejo Nacional Electoral tampoco tenía la representación legal del Partido la misma según los Estatutos del Partido corresponde a la Dirección Nacional

Liberal o al Director Nacional del Partido quienes según las funciones asignadas “ ejercerán por medio de su Presidente o del Director Nacional, la representación del Partido ante la Nación, ante las entidades y funcionarios del Estado, ante las autoridades electorales y entidades de control estatales, órganos y miembros del Partido, gobiernos extranjeros y organizaciones públicas y privadas del exterior”. movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones" Magistrado Ponente: EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ - Marzo 3 de 1994.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Ya la H. Sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a la importancia que reviste en el proceso electoral el que el aval sea otorgado por quien constitucional y legalmente está facultado para ello, es decir el representante legal del partido o su delegado; la H. Sección señaló: “El responsable ante el electorado por la candidatura de uno de sus militantes es el partido o movimiento político, por lo cual es muy importante que el aval al respectivo candidato lo otorgue quien constitucional y legalmente está facultado para ello, es decir, el representante legal del partido o su delegado y no persona diferente, pues como organizaciones políticas tienen un deber para con el elector y una responsabilidad social. No de otra forma puede entenderse que para efectos políticos los

actos de un miembro de corporación pública de elección popular no sólo afectan al servidor considerado en su individualidad sino también al correspondiente partido o movimiento político. Bajo este entendido, en el caso que se estudia el representante legal del Partido Acción Social al conferir el mandato al señor Merlano Fernández, autorizó que éste otorgara los avales respectivos para los tres miembros del Partido Acción Social, incluyendo al señor Fernández Quessep, pero tal delegación no podía “delegarse” nuevamente al no encontrar sustento en las normas constitucionales y legales, luego debe entenderse, que el acto de inscripción de los candidatos carecía de uno de sus elementos esenciales como lo era el aval del Partido Político que representaban. A esta conclusión se llega, además, al verificar que la atribución que cumplen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida, para inscribir candidatos a elecciones y para otorgar el correspondiente aval – “Escrito en que uno responde de la conducta de otro, especialmente en materia política” - es una función que no puede ser catalogada como privada, sino que es una función pública ejercida por particulares, al servicio de los intereses generales, que busca facilitar y agilizar la gestión de asuntos públicos, con el objeto de realizar y desarrollar los fines democráticos del Estado en beneficio de los administrados, sometida a las reglas sobre delegación previstas en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política y 9, 10 y 11 de la Ley 489 de 1998. De suerte que si bien es cierto los partidos políticos son instituciones permanentes, de naturaleza privada, que reflejan el pluralismo

político, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación (artículo 2º de la Ley 130 de 1994), no es menos cierto que la función que cumplen de inscribir candidatos a elecciones y de darles el correspondiente aval, es una función pública”2. 2 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Quinta - Consejero ponente: Dr. Filemón Jiménez Ochoa – sentencia de 13 de agosto de 2009 - Radicación número: 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957) - Actor: Pedro Alberto Pérez Durán y otros - Demandado: Representantes a la Cámara por la Circunscripción Territorial del

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Ahora bien esta Delegada ha conocido la sentencia proferida el 1º de septiembre de la anualidad que cursa en donde se decidió la nulidad de la elección de la señora Liseth Paola Gonzalez Oviedo como concejal del municipio de Sincelejo – Sucre, período 2016 – 2019, ponencia de la