PGN - DELEGACION En materia contractual determina que la competencia disciplinaria se juzg

SALA DISCIPLINARIA Bogotá, marzo treinta (30) de dos mil seis (2006). Aprobado en Acta de Sala No. 18.

Radicación: 1612984 (162-121575/05 - 165-131937/05).

Disciplinado: Franklin Germán Chaparro y Andrés Coral Durango.

Cargo y Entidad: Alcalde de Villavicencio y Director de la Unidad Administrativa Especial de Contratación “UNEV”

Quejoso: Informe oficial.

Fecha queja: Años 2003 y 2004.

Fecha Hechos: Conflicto de competencias

P.D. Ponente: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ.

La Sala Disciplinaria en virtud de la competencia otorgada en el numeral 5 del artículo 22 del decreto 262 del 2000, dirime el conflicto de competencias de carácter negativo suscitado entre las Procuradurías Delegada para la Moralidad Pública y Segunda Delegada para la Contratación Estatal, a propósito del conocimiento de las diligencias con radicaciones 162-121575/05 - 165-131937/05.

ANTECEDENTES PROCESALES

Radicación No. 161-2984.

1. El Grupo de Vigilancia Fiscal del Sector de Minas y Energía de la Contraloría General de la República – Gerencia Departamental del Meta, mediante oficio 80501 – 7055 del 29 de diciembre de 2004 remitió a la Procuraduría Regional del Meta, los hallazgos disciplinarios encontrados en la auditoría gubernamental integral con enfoque especial adelantada en la Alcaldía de Villavicencio, respecto al manejo de recursos de regalías en las vigencias 2002 y 2003, en los cuales se refirieron

situaciones anómalas en múltiples contratos por diversas razones como: no especificación clara del objeto contractual, incumplimiento del compromiso de la administración de designar interventor afectando la ejecución del objeto contractual, no presentación de informes de interventoría, no liquidación de los contratos dentro de los términos de ley una vez culminada su ejecución, y no ejecución de los contratos dentro del plazo contractual pactado sin justificación alguna (fls. 4 a 159 C.O). La Procuraduría Regional del Meta por auto del 31 de enero de 2005 remitió las diligencias a la Procuraduría Provincial de Villavicencio por competencia, en consideración a la calidad del disciplinado y el territorio donde se presentaron los hechos (fl. 3 C.O.), dependencia que a su vez mediante auto del 22 de abril de 2005 las remitió a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (reparto) por competencia, en consideración a que el presunto implicado dentro de los hallazgos disciplinarios efectuados por la Contraloría era el Alcalde de Villavicencio (fl. 160 C.O).

2. Repartidas las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, por auto del 13 de octubre de 2005 dispuso su remisión a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (reparto) por competencia, aduciendo que las copias de los contratos allegadas por la Contraloría permitían establecer que éstos fueron

2 Radicación No. 161-2984. suscritos por el ingeniero Andrés Coral Durango, en su calidad de Director de la

Unidad Especial para la Contratación Pública del Municipio de Villavicencio UNEV, en virtud de delegación efectuada mediante el decreto 233 del 18 de octubre de 2001 emanado del Alcalde, como consta en el texto de los contratos y fue establecido por la Contraloría. Con fundamento en lo anterior precisó que la conducta a investigar en contra del Alcalde de Villavicencio es la posible omisión en la vigilancia de la función contractual delegada, y en contra del Director de la UNEV los comportamientos de carácter contractual evidenciados en los hallazgos disciplinarios; señalando que la primera conducta no se estructura dentro de las conductas contractuales asignadas por competencia a la Delegada para la Moralidad Pública en el artículo 19 de la Resolución 017 de 2000, porque la supervisión de la actividad contractual que emana de la delegación no hace parte de los actos o trámites del contrato, sino que corresponde a una función derivada de la subordinación jerárquica de la relación laboral, conducta que por ser de carácter administrativo, en principio es de conocimiento de las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa (reparto), cuya competencia es residual. Pero aduciendo que la investigación también versa sobre conductas de carácter contractual conexas con la anterior, que corresponde juzgar a las Procuradurías Delegadas para la Contratación Estatal o la Moralidad Pública por tratarse de actos relacionados con la actividad contractual, por la participación en los hechos del Alcalde de la capital del departamento del Meta, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 734 de 2002, la competencia debe quedar radicada por reparto en las Delegadas de Contratación, en razón a que el parágrafo del artículo 19 de la

Resolución 17 de 2000 determina que cuando deban fallarse conductas sometidas a 3 Radicación No. 161-2984. la competencia de los Procuradores Delegados para la Vigilancia Administrativa, Moralidad Pública y Contratación Estatal, conocerá esta última (fls. 172 a 174 C.O).

3. La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal por auto del 15 de diciembre de 2005, provocó el conflicto negativo de competencias, señalando que la Delegada para la Moralidad Pública incurre en inexactitud al sugerir que la contratación se llevó a cabo en desarrollo de la figura de la delegación emanada en su concepto del decreto 233 del 18 de octubre de 2001, porque los contratos y adiciones fueron celebrados por el Director de la UNEV, de lo cual deduce que posiblemente se esté frente a un caso irregular de descentralización funcional.

Aduce que no se puede considerar la delegación como ajena a las etapas precontractual y de liquidación de los contratos, porque el jefe o representante legal de la entidad le corresponde ejercer el control de la actividad contractual aún en hipótesis de delegación o desconcentración, como lo prevé el artículo 9º y siguientes de la Ley 489 de 1998, que dispone que el delegante en materia de contratación debe brindar orientaciones al delegatario para el uso de sus facultades, informarse de la vicisitudes de la contratación, si es el caso revocar los actos expedidos por el delegatario, y reasumir el conocimiento de los asuntos, así el ejercicio de la facultad de delegación total o parcial de la competencia para celebrar contratos, prevista en el

artículo 37 del Decreto 2170 de 1992 y 12 de la Ley 80 de 1993, no implica la desvinculación del delegante de la actividad contractual.

CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA

4 Radicación No. 161-2984. El documento que originó las presentes diligencias disciplinarias y que permite identificar los hechos sobre los cuales versaría la acción disciplinaria es el informe de hallazgos disciplinarios de la Contraloría, en el cual se describió como hechos presuntamente irregulares en el Municipio de Villavicencio, la no especificación clara de objetos contractuales que impedían su verificación, incumplimiento de compromisos contractuales por parte de la administración, inexistencia de informes de interventoría, no liquidación de los contratos dentro del término previsto en el artículo 60 de La ley 80 de 1993, y no cumplimiento de los plazos pactados contractualmente por parte del contratista sin justificación válida, que conducirían a la vulneración de los principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva. En dichos informes se identificó como presunto responsable al Director de la Unidad Administrativa Especial de Contratación UNEV, doctor Andrés Coral Durango, verificándose en la copia de los contratos allegados por la Contraloría que fueron suscritos por él, invocando el Decreto 233 del 18 de octubre de 2001 y la competencia para contratar prevista en el artículo 11 numeral 3 literal C de la Ley 80 de 1993. Aunque el decreto 233 mencionado no fue allegado, estando radicada la competencia de celebración de contratos a nivel municipal en el Alcalde (literal b) numeral 3, del artículo 11 de la Ley 80 de 1993), sobre el cual se hace referencia en

los contratos referidos, posiblemente éste debió delegarla total o parcialmente en el Director de la UNEV para que pudiese efectuar las contrataciones objeto de cuestionamiento (art. 12 ídem), razón para que ambos servidores públicos deban ser vinculados al proceso disciplinario. Siendo la delegación de funciones uno de los principios organizacionales del Estado previsto en el artículo 209 Constitucional, a través del cual, en los supuestos 5 Radicación No. 161-2984. permitidos por la ley, el órgano o servidor titular de la función la transfiere a otro, teniendo el delegante el deber de informarse en todo momento sobre el desarrollo de la delegación que ha otorgado, el deber de impartir orientaciones generales sobre el ejercicio de la función delegada, revisar los actos expedidos por el delegatario y reasumir la competencia cuando lo considere necesario (arts. 10 y 12 Ley 489 de 1998), la delegación no puede ser desligada del desarrollo de la función transferida al delegatario. En el caso de la delegación en materia contractual, si ésta abarca las etapas precontractual, contractual y poscontractual, el delegante debe ejercer los deberes que le corresponden durante todas ellas, pues en todo momento podrá impartir instrucciones, revisar los actos proferidos y acciones ejecutadas, o reasumir su competencia originaria; por tanto no puede ser desligada de la materia contractual como lo hace la Delegada para la Moralidad Pública, y encasillarla aisladamente en la competencia residual atribuida a las Delegadas para la Vigilancia Administrativa, bajo el sustento que se trata de una función derivada de la subordinación jerárquica de la relación laboral que en si misma considerada no hace parte de los actos o

trámites del contrato; cuando precisamente el desarrollo irregular de la funciones contractuales delegadas es la situación que pone en evidencia un posible incumplimiento por parte de la autoridad delegante de los deberes que le competía ejercer respecto a las atribuciones entregadas a otra autoridad, omisión de deberes que se puede verificar desde los actos preparatorios, hasta la liquidación de los contratos y pago de las obligaciones que de ellos surjan, es decir se estaría ante conductas contractuales. Aclarado en el presente caso que la presunta responsabilidad atribuible al Alcalde por falta de control y omisión en los deberes en relación con el ejercicio de la función contractual ejercida al parecer de manera irregular por el Director de la UNEV, no es 6 Radicación No. 161-2984. administrativa sino contractual, se rompe la conexidad invocada por la Delegada para la Moralidad Pública, y por ende la aplicación del parágrafo del artículo 19 de la Resolución 017 de 2000. Como uno de los presuntos responsables de los hechos informados por la Contraloría es el Alcalde de Villavicencio, por ser de capital de departamento, la competencia para investigarlo está radicada en las Delegadas, en particular por razón de la materia, en las Delegadas para la Moralidad Pública y Contratación Estatal en virtud del artículo 19 de la Resolución 017 del 4 de marzo del 2000 proferida por el Procurador General de la Nación que dispone: “Cuando se trate de conductas relacionadas con la contratación, desde los actos preparatorios, comprendiendo todos los requisitos y procedimientos presupuestales, hasta la liquidación del contrato y el pago de las obligaciones que de él surjan (…)”, debiendo

ser investigado por la misma cuerda procesal el Director de la UNEV, presunto responsable de faltas que son conexas (art. 81 L.734/02). En consecuencia se concluye que quien debe avocar el conocimiento de las conductas reportadas por la Contraloría en los hallazgos disciplinarios, por la naturaleza de las conductas y la calidad de los presuntos funcionarios responsables, es la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, dependencia que recibió primero las diligencias. En mérito de lo expuesto, LA SALA DISCIPLINARIA de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE

7 Radicación No. 161-2984.

PRIMERO: DIRIMIR el presente conflicto negativo de competencias suscitado entre las Procuradurías Delegada para la Moralidad Pública y la Segunda Delegada para la Contratación Estatal, en el sentido de ASIGNAR la competencia para conocer de este asunto a la PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA MORALIDAD PÚBLICA, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: INFORMAR por Secretaría de la Sala Disciplinaria, esta decisión a la

Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal.

TERCERO: COMUNICAR por la Secretaría de la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo.

CUARTO: REGISTRAR por Secretaría las constancias de rigor, EFECTUAR las COMUNICACIONES a que haya lugar y REMITIR las diligencias disciplinarias a la

Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

8 Radicación No. 161-2984.

ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

Procurador Primero Delegado

DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ.

Procuradora Segunda Delegada

DACR / EMSH/ GCM.

Rad. No. 1612984 (162-121575/05 - 165-131937/05). 9