PGN - DELEGACION PARA CONTRATAR Al delegante le corresponden deberes de dirección orientac

Dependencia : Procuraduría II Delegada para la Contratación

Estatal Radicación : 165-163482-2007

Disciplinado : Juan de Jesús Cárdenas, Hernando Quesada y

Noe Santiago Parada.

Cargo y entidad : Gobernador Departamento del Huila y otros Quejoso :De oficio Fecha Queja :4 de marzo de 2005

BoFgeoctháa, DH.eCc.h, os :31 de diciembre de 2002

Asunto : Presuntas Irregularidades en la celebración de contratos.

Estado Procesal: Dictar fallo de primer grado

Bogotá, D.C., 7 de diciembre de 2007

I. OBJETO Procede el despacho a dictar la sentencia de primer grado, y con tal fin se expone lo siguiente,

I.1. ANTECEDENTES PROCESALES: I.1.1 RESUMEN DE LOS HECHOS La Procuraduría Regional del Huila, en ejercicio de la función preventiva practicó visita especial el 9 de enero de 2003 a las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura del Departamento, con el fin de establecer la legalidad en el trámite de procedimientos contractuales que se adelantaban en dicho despacho frente a la contratación adelantada en el mes de diciembre de 2002, dentro del radicado 0832037-03 (fls. 1-17 c1). Para el trámite de la referida actuación el señor Viceprocurador General de la Nación creó una comisión especial disciplinaria mediante auto de 17 de febrero de 2003 (flio. 70 c1). Mediante proveído de 4 de marzo de 2005, la referida comisión especial, decidió

compulsar copias de algunos de los folios de la actuación y dispuesto el desglose para que por radicación separada se diera inicio la investigación contra los señores Juan de Jesús Cárdenas, en su condición de Gobernador del Huila, Hernando Quesada Trujillo, en su condición de Secretario de Vías e Infraestructura y Noe Santiago Parada, en su condición de Director Administrativo Jurídico del Huila. (fls. 97 a 153 c1). Por auto de 4 de marzo de 2005 se inició investigación disciplinaria contra los citados funcionarios, como consta a fls. 14 a 163 cppal. Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 2 Por auto de 31 de octubre de 2006 se archivan las conductas respecto al disciplinado Noe Santiago Parada Pardo, en su condición de Director Administrativo Jurídico de la Gobernación, y se formula pliego de cargos contra Juan de Jesús Cárdenas y Hernando Quesada Trujillo, en sus condiciones de Gobernador y Secretario de Vías e Infraestructura, por las siguientes conductas (fls. 327 a 393 c2):

I.2. CARGOS

1.2.1. A JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ PRIMER CARGO “El doctor Juan de Jesús Cárdenas Chávez, en su condición de Gobernador del Huila, mediante decreto 1919 del 23 de diciembre de 2002 delegó al doctor Hernando Quesada Trujillo, Secretario de Vías e Infraestructura del Huila, para que celebrara varios contratos y ordenara gastos con cargo al rubro del despacho del

Gobernador, destacándose áquel que tiene por objeto:”Construcción y puesta en funcionamiento de la electrificación rural de la Vereda El Retiro del Municipio de San Agustín. En el referido decreto únicamente se hace la delegación de firma porque la facultad únicamente incluye la celebración y ordenación del gasto, acto no imparte ninguna instrucción para el buen manejo de la competencia delegada (flio. 33 c1). Con fundamento en la anterior decisión administrativa el disciplinado facultó (Determinó) al doctor HERNANDO QUESADA TRUJILLO, para que celebrara el contrato No. 520 del 31 de diciembre de 2002 por valor de $91.969.607. Así las cosas, el cargo se concreta en el posible desconocimiento del deber de dirección, instrucción y orientación que corresponde al jefe de la administración departamental como quiera que no dio las orientaciones pertinentes a su delegatario para que éste diera cumplimiento a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, comoquiera que al parecer antes de otorgarse la delegación del gasto ya se sabía a quien sería adjudicado dicho contrato, teniendo en cuenta que fue adjudicado a CONELECTRICO E.U., cuyo representante legal es el señor José Vespaciano Montealegre Muñoz y esta empresa aportó para el efecto copia de un contrato de prestación de servicios de fecha 12 de diciembre de 2002 celebrado con el ingeniero eléctrico LINO FERNANDO CORDOBA BONILLA cuyo objeto era prestar los servicios profesionales de ingeniería eléctrica para la obra de electrificación rural de las veredas: Zaragoza del Municipio de San Agustín del

Departamento del Huila (flio. 31 cuaderno anexo No. 1), con lo que se demuestra que tal empresa ya sabía que sería el contratista seleccionado. Reafirma la posible vulneración de algunas normas que desarrollan el principio de transparencia y selección objetiva, aquella situación que surge de la invitación a presentar oferta a DISTRIBUCIONES CONDE considerando como representante legal de ese establecimiento de comercio a la señora PATRICIA CONDE HERNANDEZ cuando de acuerdo al certificado de matrícula como persona natural, no tiene la capacidad legal ni financiera para la ejecución del objeto contractual (aclarando que una persona natural no tiene representante legal), lo que demuestra Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 3 que no se buscó la pluralidad de oferentes para permitir que se adjudicara el contrato a CONELECTRICOS E.U., mediante una resolución que no tiene ninguna motivación que permita inferir las razones para que fuera descartada la oferta de DISTRIBUCIONES CONDE y seleccionada dicha empresa unipersonal, pese a que así lo exige el numeral 7 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993”. Como normas violadas se le citaron: - Constitución Política: Artículo 6, 118, 123, 124 y 209 - Ley 489 de 1998: Artículo 10, 12 - Ley 80 de 1993: Artículos 24, numerales 7 y 8, art. 25 numeral 7 y 26 numerales 4 y 5 y 29. - Ley 734 de 2002: Artículo 34 , numeral 1 y 48.31 - Resolución 602 artículos 1 y 2

SEGUNDO CARGO: “El doctor Juan de Jesús Cárdenas Chávez, en su condición de Gobernador del

Huila, mediante decreto 1919 del 23 de diciembre de 2002 delegó la facultad de celebrar unos contratos y ordenar el gasto al doctor Hernando Quesada Trujillo, Secretario de Vías e Infraestructura del Huila, quien procedió adelantar los procesos de selección de los contratistas y adjudicó los contratos en diciembre de 2002. El 09 de enero de 2003 la Procuraduría Regional del Huila realizó una visita especial a la mencionada Secretaría, encontrando que el contrato 667 del 31 de diciembre de 2002 no había sido firmado por el contratista acto que solo ocurrió el 12 de marzo de 2003, por lo que se considera que se vulneró el principio de anualidad en materia presupuestal. No sobra precisar que los objetos contractuales –Dentro de los que se encuentra el del contrato 667 de 2002 estaban plenamente determinados en el decreto de delegación. Así las cosas, la conducta presuntamente irregular se concreta en haber omitido cumplir con su deber de dirección, instrucción y orientación que correspondía como de la jefe de la entidad – Gobernación del Huila – Cuando decidió delegar la facultad de celebrar contratos y ordenar el gasto en el Secretario de Vías e Infraestructura mediante decretó 1919 del 23 de diciembre de 2002, permitiendo de esta manera que el delegatario desconociera el principio de anualidad en materia presupuestal, toda vez que dicho acto contractual fue firmado en el año 2003 pese a tener fecha de suscripción 31 de diciembre de 2002”. Igualmente se indica en el concepto de violación que por falta de seguimiento a las funciones delegadas, el contrato relacionado en el cargo solo fue firmado por el

contratista en el año 2003. Como normas violadas se le citaron las siguientes:

Constitución Nacional: Artículo 305

Ley 80 de 1993: Artículo 41 Ley 489 de 1998: Artículos 10 y 12 Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 4 Decreto 111 de 1996: Artículo 14 Ley 734 de 2002: Artículo 34, numerales 1 y 2. Ordenanza 15 de 1 de marzo de 1997: Artículo 9 Resolución 602 de 1998, numerales 1 y 2 1.2.2. A HERNANDO QUESADA TRUJILLO PRIMER CARGO: “El doctor HERNANDO QUESADA TRUJILLO, obrando como delegatario para la celebración de contratos y ordenador del gasto con cargo al rubro del despacho del Gobernador, según decreto 1919 del 23 de diciembre de 2002 expedido por el doctor JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ, en su condición de Gobernador del Huila, procedió a adelantar el proceso de selección del contratista para desarrollar el siguiente objeto contractual: “7) Construcción y puesta en funcionamiento de la electrificación rural de la vereda el Retiro del Municipio de San Agustín. Como resultado de dicho procedimiento seleccionó como contratista a la firma CONELECTRICOS E.U., cuyo representante legal es el señor José Vepasiano Montealegre Muñoz, empresa con la que se firmó el contrato NO. 520 del 31 de diciembre de 2002, con presunto desconocimiento de los principios de

transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva (flio. 33 c.o.No1). Lo anterior teniendo en cuenta que no existe el análisis de conveniencia o inconveniencia de la contratación; la resolución de adjudicación no está motivada como lo exige la Ley; el proponente seleccionado había celebrado un contrato de prestación de servicios con un ingeniero electricista para el desarrollo de esta obra el 12 de diciembre de 2002, como si tuviera la certeza que le sería adjudicada; el oferente no seleccionado o descartado era una persona natural que no acreditó las calidades de ingeniero electricista y; se observa que las invitaciones a ofertar no tienen fecha de expedición ni fechas de recibo por parte de los proponentes. Por tanto, existen evidencias de una actuación tendiente a favorecer a una persona mediante la adjudicación subjetiva del contrato antes mencionado”. Se le citaron como normas violadas: - Constitución Política: Artículos 6, 118, 123, 124 y 209 - Ley 80 de 1993: Artículo 24, numerales 7 y 8, art. 25, numeral 7, art. 26 numeral 4 y 29. - Ley 734 de 2002: Artículo 34 , numerales 1, 48 numeral 31. SEGUNDO CARGO “El doctor HERNANDO QUESADA TRUJILLO, en su condición de Secretario de Vías e Infraestructura del Huila, obrando como delegatario para ordenar el gasto y celebrar unos contratos, según decreto 1919 de 23 de diciembre de 2002 expedido por el doctor JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ, en su condición de

Gobernador del Huila, adelantó los procedimientos de selección de contratistas para la construcción y puesta en funcionamiento de las electrificaciones en la vereda el RETIRO del Municipio de San Agustín, en la Vereda la VEGA del municipio de Tarqui Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 5 y la Vereda el CAIMAL en el Municipio de Turquí, para lo cual suscribió los contratos 520, 526 y 527 todos del 31 de diciembre de 2002. El contrato fue firmado con CONELECTRICOS E.U. y los dos contratos restantes con la firma J.H. INGENIERIA E.U., firmas que no contaban con un ingeniero electricista de planta como lo exige el artículo 10 de la ley 51 de 1986, aspecto que es considerado por el artículo 15 ibidem como ejercicio ilegal de esa profesión. Se considera que cuando el disciplinado omite exigir a las mencionadas firmas la acreditación de contar con un ingeniero electricista de planta, se está permitiendo el ejercicio ilegal de la profesión”. Se le citaron como normas violadas: - Ley 51 de 1986, artículos 10 y 15 - Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1, artículo 35 TERCER CARGO “El doctor HERNANDO QUESADA TRUJILLO, en su condición de Secretario de vías e Infraestructura del Huila, obrando como delegatario de la competencia para celebrar contratos y ordenar el gastos, según decreto 1919 del 23 de diciembre de 2002, procedió adelantar el proceso de selección del contratista para la Construcción de alcantarillas de 24” en las vías vereda La Espinalosa K0+000 al K12+0000 del

Municipio de Baraya y los Andes – El Mirador del K0+000 al K8+000 en el Municipio de Algeciras, seleccionando la oferta presentada por el señor RAFAEL VALDERRAMA CERVERA. Adjudicado el contrato se elaboró la minuta con fecha 31 de diciembre de 2002, pero de acuerdo con la visita realizada por la Procuraduría Regional del Huila el 9 de enero de 2003, se pudo constatar que el contratista aún no había firmado el contrato 667 del 31 de diciembre de 2002, comprobándose posteriormente que solo hasta el 12 de marzo de 2003 fue firmado el mismo, lo que constituye el desconocimiento del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y del principio de anualidad en materia presupuestal”. Como normas violadas se le citaron las siguientes: - Ley 80 de 1993 artículo 41 - Decreto 111, artículo 14. - Ley 734 de 2002, artículo 34, numeral 1 - Ordenanza 15 de 1 de marzo de 1997, artículo 9 II.2. DE LOS DESCARGOS: Hernando Alvarado Serrato, apoderado del disciplinado Hernando Quesada Trujillo, presentó escrito de descargos, el cual obra a folios 402 a 407 cppal, en el cual argumenta lo siguiente: Respecto del primer cargo, manifiesta que es inaceptable por las siguientes razones: Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 6 Que las reglas de todo proceso de contratación se establecen para el caso de la licitación pública en el pliego de condiciones o términos de referencia y para la contratación directa en la invitación que se hace para presentar oferta. Estas y solo

estas son las que deben aplicar al momento de evaluar las propuestas. La invitación referente al contrato 520 de 31 de diciembre de 2002, no consideró objetos y capacidades de las personas naturales o de comercio, para evaluar el oferente, exigencia que al no estar en la invitación que contiene las reglas de los contratos, es improcedente asumirla al momento de la evaluación, porque si así se hiciere se desconocería el procedimiento debido, por ser la invitación una manifestación de voluntad de la entidad convocante integrada por los hechos . Es importante resaltar que la administración departamental para efectos de llevar a cabo los procedimiento contractuales cuyo objeto tuviera que ver con la electrificación , había contratado los servicios de asesoría de la firma CF INGENIERIA LTDA ASESORIAS ELECTRICAS, CIVILES Y ARQUITECTONICAS, encargada de asistir estos procesos, como efectivamente sucedió y fue esta firma en atención al contrato de prestación de servicios la encargada de elaborar las invitaciones, exigir los requisitos y ajustar los procedimientos a la Ley, solicitándole a los oferentes escogidos al momento de suscribir los contratos, garantizar que para ejecutar los trabajos eléctricos acreditara un profesional de la ingeniería. Arguye la defensa que culpar a su defendido de actos que con ocasión de un contrato de prestación de servicios le correspondía ejecutar a la firma asesora, es desconocer que las conductas penales y disciplinarias son personales y las endilgadas eran responsabilidad de la firma CF INGENIERIA ASESORIAS

ELECTRICAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS.

Respecto al segundo cargo formulado manifiesta la defensa que las invitaciones

referentes a los contratos 520, 526 y 527 del 31 de diciembre de 2002, ninguna consideró la exigencia de estar respaldada la oferta por un ingeniero eléctrico y tener vinculado un profesional de esta especialidad en su planta de personal, exigencia que al no estar en la invitación que contiene las reglas del contrato, es improcedente asumirla al momento de la evaluación, porque si así se hiciere se desconocería el procedimiento debido, por ser la invitación una manifestación de voluntad de la entidad convocante integrada por los hechos y actuaciones de los particulares, contenido en las siguientes características: 1) El pliego o términos de referencia, son de carácter general e impersonal, debiendo interpretarse en sentido estricto y restrictivo, es decir que se debe de evaluar solamente su contenido. 2) Las cláusulas de los términos de referencia son obligatorias, una vez se han puesto a consideración de los interesados y no pueden ser alteradas ni por la entidad, ni por los particulares. 3) Los términos de referencia son ley para las partes y como tal se deben ceñir a su estricto contenido, sirviendo excepcionalmente para interpretar el contrato, desentrañar su sentido y definir los conflictos que se llegaren a presentar. Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 7 Por lo que considera que es equívoco pensar que se ha violado una norma que el pliego de condiciones no consideró, en este caso la invitación y pretender incluirla como si hubiera sido regla del proceso es desconocer el debido proceso que regula el artículo 29 Constitucional. En lo relacionado con el tercer cargo, la defensa no considera viable el cargo, por

cuanto el contrato se suscribe por la administración departamental el 31 de diciembre de 2002 y en el texto del mismo se dejó un plazo para legalizarlo de 5 días hábiles, que vencía el 14 de enero de 2003. Como la Procuraduría realizó visita administrativa a las dependencias de la Secretaría de Vías e Infraestructura el 9 de enero de 2003, esta circunstancia obligó a la administración para que le comunicara a los contratistas que no se permitía suscribir los contratos hasta tanto no se aclarara lo de la visita de la Procuraduría. Resalta la defensa que el contrato 667 fue adjudicado mediante acto administrativo de 31 de diciembre de 2002 y en la misma fecha se hizo el registro presupuestal, significando que el compromiso se consumó con el acto de adjudicación el cual trabó la relación jurídica entre el Departamento y los respectivos contratistas, quedando obligada las partes a cumplir con las obligaciones contractuales, porque el acto de adjudicación del contrato referido es irrevocable y la firma del mismo la podía hacer el contratista hasta el 14 de enero de 2003, cosa que no se hizo por lo anteriormente expuesto, y solamente se firma hasta en marzo de 2003 sin que esto realmente cambie la obligación asumida por el departamento con los contratistas. Por lo tanto arguye el libelista que no se puede aceptar vulneración del principio de anualidad, porque el proceso y la celebración junto con la adjudicación se hicieron en la vigencia fiscal de 2002, compromisos que se adquirieron el 31 de diciembre del mismo año, y no como lo entiende la Procuraduría, que considera que por haberse

firmado en el 2003 se vulnera el principio de anualidad. Karla M. Covaleda Ramírez, apoderada del disciplinado Juan de Jesús Cárdenas Chávez, presenta escrito de descargos, cuyo texto obra a fls.438 a 463 c3, en el que hace resumen de los cargos y argumenta lo siguiente: Respecto al primer cargo considera la defensa que es injusta dicha imputación, por cuanto se le quiere encuadrar una supuesta intencionalidad e irregularidad, desconociendo y tergiversando la naturaleza jurídica del contrato en mención e ignorando la prueba recopilada que no puede ser obviada ni desconocida, pues en el Estatuto Colombiano Social de derecho, se encuentra aparejado al derecho fundamental del debido proceso, derecho de defensa, contradicción, ignorando muchas pruebas, o sin darle una argumentación lógica a su razonamiento. La defensa advierte que no se incurrió en el deber de dirección, instrucción y orientación que le corresponde como jefe y máxima autoridad departamental, como tampoco se vulneraron los principios de transparencia, economía y selección objetiva; por cuanto como lo expresa el Decreto 1919 del 23 de diciembre de 2002 en uno de sus apartes sobre delegación y ordenación del gasto, como también existió el Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 8 acto de delegación y ordenación del gasto que su defendido hizo en el año 2001 a todas las Secretarías del Despacho y al Director de Planeaciòn Departamental, para la ordenación del gasto y la respectiva celebración de contratos, actos que impartía directrices para el buen manejo de la competencia delegada, cumpliendo la Ley,

ordenanzas y las funciones propias de su cargo. Tampoco es cierto que antes de otorgarse la Delegación del gasto ya se sabía a quien sería adjudicado por la suposición de que el contratista hubiera firmado un contrato de prestación de servicios el 12 de diciembre de 2002 con el ingeniero electrónico Lino Fernando Córdoba, al respecto manifestó Patricia Conde en declaración rendida:”Es un hecho cierto y verdadero que en noviembre de 2002, en el Gobierno de Juan Cárdenas Chávez, en las audiencias que él hacía, le solicité que me invitara a cotizar en los proyectos de electrificación que iba a sacar la Gobernación (…). (…) que debía tener los requisitos de ley, como el registro de proponentes, Cámara de Comercio, ingeniero electricista(…)”. De dicha declaración se deduce que todas las personas interesadas tenían conocimiento de cuales eran los requisitos para participar de la invitación y uno de ellos era contar con un ingeniero eléctrico y si el contratista no contaba con el pues no podía contratar. Finalmente considera la defensa que no esta demostrada la culpabilidad de su poderdante. Con relación al segundo Cargo, manifiesta que surtida la etapa precontractual el 31 de diciembre de 2002, las partes por medio de un acuerdo de voluntades plasmaron en dicho escrito que tendrían 5 días hábiles a partir de la fecha para suscribir dichos contratos, plazo que vencía el 14 de enero de 2003, pero por situaciones ajenas a la voluntad de las partes no fue la posible la suscripción de los mismos por visita administrativa realizada por la Procuraduría, circunstancia que

motivó al Secretario de Vías e Infraestructura de notificarles a los contratistas el aplazamiento de la firma de los contratos hasta tanto no realizara la consultas jurídicas que le permitiera tener la certeza de la legalidad de lo actuado; además el contrato 667 fue adjudicado mediante acto administrativo expedido el 31 de diciembre de 2002 y en la misma fechas se hicieron los registros presupuestales, afectando por consiguiente la anualidad presupuestal del 2002 y no la del 2003; aclarando que en ningún momento se violó la Ordenanza 015 de 1 de marzo de 1997 y la Resolución 602 de 1998. Asevera la defensa que sendos derechos de petición llegaron a la Secretaría de Vías e Infraestructura y a otras dependencias con copia al Gobernador exigiendo el cumplimiento de la etapa precontractual surtida en su totalidad el 31 de diciembre de 2002; por lo cual la administración se hallaba obligada a cumplir con el acto administrativo de adjudicación y por ende a dar cumplimiento a la obligación de suscribir el contrato. Que la delegación no fue un instrumento para desprenderse su defendido del cumplimiento de funciones, por ello siempre estuvo pendiente del desarrollo de ésta. Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 9 Para la defensa es claro que la delegación no exime de deber de control, vigilancia y cuidado, pero ello no significa que su prohijado tenga que responder objetivamente por eventuales faltas de delegados que incluso incurriendo, no implican la ausencia del deber de vigilancia y cuidado. Finalmente solicita la defensa que se acumulen el proceso a los radicados 083-2354,

083-2762 y 0832761, por considerar que se trata de los mismos hechos. II.3. ALEGATOS DE CONCLUSION El Dr. Hernando Alvarado Serrato, apoderado del disciplinado Hernando Quesada Trujillo, presentó alegatos de conclusión, el cual obra a folios 612 a 616c3, en el que insiste sobre los planteamientos efectuados en el memorial de descargos, donde manifiesta que se dan claras explicaciones sobre la actividad asumida por su defendido, pero adicionalmente plantea que las pruebas recaudadas no soportan el cargo recorrido, por contradecir el pliego de cargos, pues es claro que la ley del contrato son los pliegos o términos de referencia y si se analiza las condiciones exigidas en la invitación no se transgredió norma disciplinaria que ponga en evidencia dicha violación, en consecuencia, la decisión que se debe adoptar es la de relevar del cargo a Quesada Trujillo. Respecto al segundo cargo, reitera que la administración departamental para efectos de llevar a cabo los procedimientos contractuales cuyo objeto tuviera que ver con electrificación, había contratado los servicios de asesoría de la firma CF INGENIERIA LTDA, ASESORIAS ELECTRICAS, CIVILES Y ARQUITECTONICAS, encargada de asistir estos procesos, como efectivamente ocurrió y esta fue la encargada de elaborar las invitaciones, exigir los requisitos y ajustar los procedimientos, a la Ley solicitándole a los oferentes escogidos al momento de suscribir los contratos, garantizar que para ejecutar los trabajos eléctricos acreditara un profesional de la ingeniería eléctrica. Por lo que las consecuencias de las

omisiones las debe asumir la dicha firma conforme se obligó en el contrato suscrito. Con relación al tercer cargo se mantiene en los planteamientos efectuados en el pliego de cargos, considerando que el principio de anualidad tiene la ventaja de acomodar la gestión. Hecho el compromiso o registro, las partidas presupuestales correspondientes solo pueden destinarse al cumplimiento del contrato para el cual se afectaron, a menos que las mismas queden libres de los compromisos en él originados, significando que este se consumó con los actos de adjudicación y con el registro presupuestal, trabando la relación jurídica entre el Departamento y el contratista, quedando obligadas las partes a cumplir con lo pactado, porque el acto de adjudicación del contrato referido es irrevocable siendo la firma una formalidad que podía estampar el contratista con posterioridad . Por lo anterior no puede aceptarse vulneración del principio de anualidad, porque el proceso contractual de adjudicación y registro presupuestal se ejecutaron en la vigencia fiscal de 2002, actos formalizados en el 31 de diciembre del mismo año, Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 10 situaciones fácticas esenciales para que exista compromiso y se afecten las partidas presupuestales dentro de la vigencia fiscal respectiva, atendiendo el principio de anualidad, y no como se cree que por haberse firmado el contrato en la vigencia siguiente , 2003,se vulnera el aludido principio. La doctora Karla M. Covaleda Ramírez, apoderada del disciplinado Juan de Jesús Cárdenas Chávez, presentó alegatos de conclusión, en escrito obrante a fls.

620 a 626 c3, en el cual efectúa prácticamente los mismos planteamientos del memorial de descargos, citando como nuevas pruebas las declaraciones rendidas por el señor Noé Santiago Parada Pardo, quien manifestó que el acto de delegación nació a la vida jurídica con sustento legal y en cuanto a la suscripción del contrato de que trata el tercer cargo, manifiesta que le parece que se debió a que los beneficiarios de los contratos acudieron a la vía judicial por vía de tutela a fin de obtener el derecho a suscribir los contratos. Así mismo en declaración rendida por Remides Quimbaya Ramírez, manifestó que se pedían los documentos del representante legal, y del ingeniero que estaría frente a las obras en caso de ser seleccionado para contratar, más las pólizas de seriedad y cumplimiento. Finalmente asevera la defensa que su poderdante actúo conforme a derecho al delegar mediante decreto 1919 del 23 de diciembre de 2002, y no como quiere encuadrar la Comisión Especial, que al parecer antes de otorgarse la delegación ya se sabía a quien sería adjudicado. Así mismo manifiesta que el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, en radicado 165-67196, manifestó que para que prospere la figura jurídica de la Delegación, es necesario cumplir con los requisitos que exige la figura, esto es, el que atañe con la expedición del correspondiente acto administrativo en donde consta de manera clara y expresa el nombre del funcionario de la administración en quien se delegó la función de contratar, en que consistió la aludida delegación, es decir el

objeto de la misma y si fue notificada en debida forma a su destinatario. Requisitos que su defendido cumplió a cabalidad.

III. ANALISIS JURIDICO Respecto a la acumulación de procesos, dicha petición fue resuelta por la comisión Especial en auto de 29 de enero de 2007, fls. 479 a 485 c3, por cuanto los hechos investigados en los radicados 83-2354-03, 83-2761-05 y 83-2762-05, no guardan conexidad con los aquí en controversia.

III.1. DE LO QUE ESTA PROBADO Antes de entrar de lleno en la estimación de los medios demostrativos recaudados, es oportuno decantar que en su mayoría cumplen los requisitos necesarios para ser tenidos en cuenta. En el caso de los documentos, se observa que éstos fueron aportados en forma legal y oportuna, y esa circunstancia, amén que no fueron tachados ni redargüidos de falsos, permiten su valoración. Exp. 165-163482 Fallo de primera Instancia Esperanza Cleves 11 En relación con las conductas señaladas en el pliego de cargos, y la actividad probatoria desplegada con motivo de la investigación, y de la etapa de descargos el Despacho encuentra probado lo siguiente: III.2. Lo que esta probado del primer cargo imputado a JUAN DE JESUS CARDENAS CHAVEZ y a HERNANDO QUESADA TRUJILLO III.2.1. Que Juan de Jesús Cárdenas en su condición de Gobernador del Departamento del Huila, mediante Decreto 1919 de 2002, delegó las funciones para

celebrar y ordenar gastos a cargo del presupuesto y del rubro del despacho del señor Gobernador al Secretario de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, dentro de los cuales se encuentra para la contratación del proyecto “Construcción y Puesta en Funcionamiento de la Electrificación Rural de la Vereda El Retiro del Municipio de San Agustín (fls. 31 a 33 c1). III.2.2. Que Hernando Quesada Trujillo, obrando en nombre y representación del Departamento del Huila suscribió el 31 de diciembre de 2002, contrato No. 520 de 2002 con CONELECTRICOS E.U., cuyo objeto fue la ejecución del proyecto “Construcción a todo costo y puesta en funcionamiento de la electrificación rural de la Vereda El Retiro del Municipio de San Agustín – Huila. (fls. 282 a 288 c2 ). III.2.3. Que para dicha contratación se invitó a cotizar a CONAELECTRICOS E.U. (flio. 15