PGN - DELEGACION PARA CONTRATAR Se mantiene en cabeza del jefe o representante legal el de

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación

Estatal Radicación: 165-75621/2002

Investigados: Adolfo Alarcón Guzmán, Georgina Guzmán Ospitia,

Fernando Antonio Muñoz Cardona y Jorge Martín Molina

Escobar Cargo y entidad: Director, Subdirectora de Reconocimientos Cientificos, Subdirector de Amenazas Geoambientales y Subdirector de

Planeación del Negocio Neocientifico de INGEOMINAS Quejoso: Jorge E. Valdiri Fecha Queja: 16 de agosto de 2002

Fecha Hechos: desde mayo 29 de 2001 hasta junio 28 de 2002

Asunto: Fallo condenatorio de primera instancia frente a dos implicados y archivo parcial por prescripción en favor de los otros dos.

Bogotá, D.C., 28 de noviembre de 2006 Procede la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal a resolver el fondo de la presente investigación disciplinaria seguida contra los señores ADOLFO ALARCÓN GUZMÁN, GEORGINA GUZMÁN OSPITIA, FERNANDO ANTONIO MUÑOZ CARDONA y JORGE MARTÍN MOLINA ESCOBAR, dictándose el fallo de primera instancia correspondiente, una vez agotada la etapa investigativa, tras haberse corrido traslado a las partes procesales para que aleguen de conclusión, conforme se expone en esta providencia:

1. ANTECEDENTES.

Tiene origen el presente asunto en el escrito queja radicado el 16 de agosto de 2002 por el señor Jorge E. Valdiri W., mediante el cual se denuncia las posibles irregularidades cometidas en INGEOMINAS durante la administración del ingeniero

ADOLFO ALARCON GUZMÁN, sobre la base de un documento de análisis de la gestión de la entidad preparado por las organizaciones sindicales y de un informe de auditoría gubernamental con enfoque integral especial sobre INGEOMINAS de junio de 2002 preparado conjuntamente por dos dependencias de la Contraloría y las organizaciones sindicales (folios1 a 70 del cuaderno de actuación principal Nº 1 – c.p.1-). Una vez quedó radicada la precitada queja en esta Delegada, mediante auto de noviembre 20 de 2002 se dispuso el inicio de indagación preliminar en relación a unos determinados procesos contractuales (fls. 72 a 81 c.p.1), allegándose al plenario durante dicha etapa copia de la documentación perteneciente a la contratación ventilada, mediante diligencia de visita especial practicada en las dependencias de INGEOMINAS entre el 3 y el 5 de marzo de 2003 (fls. 106 a 270 c.p.1). Y luego se dictó el auto de marzo 26 de 2003, en el que se ordena la práctica de una serie de pruebas (fls. 271 a 274 del cuaderno de actuación principal Nº 1ª –c.p.1A-), a instancias de lo cual se incorpora el oficio DIR-231 del 10 de abril de 2003 suscrito ______________ Fallo condenatorio y archivo parcial de la investigación disciplinaria Exp. Nº 165-75621/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo 2 por el Director General de INGEOMINAS e implicado ADOLFO ALARCÓN GUZMÁN, en el que alega su inocencia frente a los hechos ventilados y formula reparos contra

el quejoso Jorge Valdiri (fls. 278 a 280 c.p.1A); al igual que el oficio DDDO/5000/253/2003 del 22 de abril de 2003, suscrito por el Director de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública, por el que se precisa el marco normativo relativo a la liquidación del INEA (Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas) y al traslado de algunas de sus funciones a INGEOMINAS, de lo cual se envía copia (fls. 16 a 71 del cuaderno de actuación principal Nº 3 –c.p.3-). Y el oficio DIR-301 de mayo 19 de 2003 suscrito por el Director general de INGEOMINAS, mediante el cual se envía una relación de los contratos de prestación de servicios suscritos en el instituto entre los años 2000 a 2002 (fls. 71A a 100 c.p.3); y también el oficio DIR-368 de junio 18 de 2003 suscrito por el Director General de INGEOMINAS, mediante el cual se remiten copias de los documentos justificativos de la contratación de servicios personales celebrada entre los años 2000 a 2002, del Decreto 2657 de diciembre 24 de 1999 por el que se establece la planta de personal de INGEOMINAS y de las respuestas dadas por esa entidad a dos funcionarias de la Procuraduría dando respuestas a requerimientos de información cursados dentro del expediente Nºs 014-56501/2001 (cuadernos anexos Nºs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16).

Allegándose igualmente las diligencias de indagación preliminar tramitadas en la Procuraduría Segunda Distrital de Bogotá bajo la radicación Nº 143-79492/2003, respecto de las presuntas irregularidades cometidas en la suscripción de los contratos Nºs 190 de julio 30 de 2001 y 220 de diciembre 18 de 2001 (fl. 94 del cuaderno anexo Nº 4 –c.a.4-); Con posterioridad, mediante auto del 4 de septiembre de 2003 se dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el señor ADOLFO ALARCON GUZMAN, en su condición de Director General de INGEOMINAS, respecto de las probables irregularidades cometidas por aquel con ocasión de los contratos de prestación de servicios suscritos por el INEGOMINAS con los señores Orlando Hernández, Ricardo Cortés, Carlos Cáceres, Jorge Hernando Torres, Alvaro Murillo, Luís Enrique Salazar, Germán Godoy Arteaga, José Ariel Morales y Evely García, en tanto que no se habrían obtenido varias ofertas de manera previa a la suscripción de los contratos, ni tampoco se habrían presentado los informes de cumplimiento, ni aparecen las actas de liquidación y las labores contratadas podían ser acometidas por el personal de planta. Ordenandose al mismo tiempo en esa providencia la remisión de las copias con destino al reparto de las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia Administrativa, para que en trámite disciplinario aparte se investigue la posible obstrucción cometida por funcionarios de INGEOMINAS que no remitieron oportunamente a este despacho la documentación requerida (fls. 296 a 314 c.p.1A).

Y mediante auto del 20 de febrero de 2004 se adicionó la investigación disciplinaria, vinculando a la misma a los señores GEORGINA GUZMAN OSPITIA, EDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ, FERNANDO ANTONIO MUÑOZ CARMONA y JORGE MARTÍN MOLINA ESCOBAR, quienes como delegatarios suscribieron los contratos de prestación de servicios cuestionados (Nº 125 de junio 28 de 2002, Nº 092 de mayo 9 de 2002, Nº 239 de octubre 29 de 2001, Nº 128 de septiembre 8 de 1999, Nº 124 de junio 3 de 1999, Nº 155 de mayo 29 de 2001 y Nº 197 de agosto 10 de 2001) –fls. 355 a 359 del cuaderno de actuación principal Nº 2 –c.p.2______________ Fallo condenatorio y archivo parcial de la investigación disciplinaria Exp. Nº 165-75621/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo

3 Ahora bien, durante la etapa de investigación disciplinaria, se notificó la apertura de investigación a los disciplinados y se incorporaron las copias y certificaciones relativas a sus calidades laborales (fls. 323 a 334 c.p.1A y fls. 371 a 499 c.p.2). De igual forma se allegó el oficio Nº SEC-305 del 14 de octubre de 2003 suscrito por el Secretario General de INGEOMINAS, por el cual remite copia de la documentación requerida por este Despacho (fls. 339 a 354 c.p.1A); así como el

oficio Nº DIR-806 de diciembre 15 de 2003 suscrito por el Director General de INGEOMINAS e implicado ADOLFO ALARCON, en el que deja sentados sus argumentos de defensa y allega copia de cierta documentación en apoyo de los mismos (fls. 101 a 185 c.p.1A). Posteriormente, mediante providencia del 27 de junio de 2005 se formularon cargos a los implicados ADOLFO ALARCÓN GUZMÁN, GEORGINA GUZMÁN OSPITIA, FERNANDO ANTONIO MUÑOZ CARDONA y JORGE MARTÍN MOLINA ESCOBAR, respecto de las presuntas irregularidades cometidas en la suscripción de los contratos de prestación de servicios Nºs 092 del 9 de mayo de 2002, 239 del 29 de octubre de 2001, 125 del 28 de junio de 2002, 155 del 29 de mayo de 2001 y 197 del 10 de agosto de 2001, dado que no se obtuvieron varias ofertas de manera previa a su suscripción; e igualmente en lo que tuvo que ver con la suscripción del contrato de prestación de servicios Nº 102 de marzo 21 de 2001 con una persona que no tendría la calidad de profesional en química que se requeriría. Disponiéndose así mismo en dicha providencia la terminación y archivo de la investigación disciplinaria a favor del implicado EDGAR EDUARDO RODRÍGUEZ, al igual que en relación con las otras conductas materia de investigación que fueron desvirtuadas (fls. 363 a 386 c.a.1A). Frente a los descargos presentaron en tiempo escritos de descargos de manera

directa la totalidad de los implicados (fls. 399 a 420, 429 a 441, 451 a 463 y 472 a 484 c.p.1A). De esta forma, mediante auto de noviembre 23 de 2005 se resolvió sobre las pruebas pedidas en los escritos de descargos, decretando la práctica e incorporación de algunas de las pedidas, pero negando otras (fls. 486 a 496 c.p.1A); habiéndose propuesto los recursos de reposición y en subsidio apelación contra la precitada providencia por parte de dos de los comprometidos (fls. 506 a 524 c.p.1A). Y con auto del 6 de febrero de 2006, este despacho resolvió los recursos de reposición propuestos contra el auto reseñado previamente, variando la decisión recurrida y accediendo a la práctica de las pruebas inicialmente negadas. Decidiéndose así mismo en la reseñada providencia sobre las solicitudes de nulidad invocadas contra el auto de cargos, en el sentido de negarlas por infundadas (fls. 186 a 189 c.p.3). Durante la etapa probatoria que sigue a los descargos se allegó la prueba documental y testimonial dispuesta en los autos de noviembre 23 de 2005 y febrero 6 de 2006, por intermedio de un funcionario de esta Delegada (fls. 265 a 417 del cuaderno de actuación principal Nº 4 –c.p.4-). Incorporándose igualmente el oficio Nº GRH-207 de marzo 24 de 2006 suscrito por la Coordinadora del Grupo de Recursos de INGEOMINAS, mediante el cual remite copias de las resoluciones Nºs 463, 466 y

______________ Fallo condenatorio y archivo parcial de la investigación disciplinaria Exp. Nº 165-75621/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo 4 468 del 27 de abril de 2004, mediante las cuales se conforma el Comité de Contratación de la entidad (cuaderno anexo Nº 20).

Y finalmente, mediante auto de septiembre 4 de 2006 se ordenó correr traslado a las partes procesales para que presenten sus alegatos de conclusión (fl. 418 c.p.4); allegando de esta forma los apoderados de los dos implicados, sendos escritos de cierre (fls. 408 a 410 y 419 a 427 c.p.2).

2. CARGOS.

Como se dijo, mediante decisión del 27 de junio de 2005, visible entre folios 363 a 386 del cuaderno de actuación principal Nº 1A, se formularon cargos en contra de los encausados, de la siguiente forma: 2.1. En el caso del implicado ADOLFO ALARCON GUZMAN: 2.1.1. Primer cargo: “El disciplinado, en su calidad de Director Nacional de Investigaciones e información Neocientífica, Minero, Ambiental y Nuclear –INGEOMINAS, para la época de los hechos, en su calidad de director era quien tenía la dirección y manejo de los procesos de contratación aquí cuestionados, lo cual implicaba que no obstante haber delegado la suscripción de los contratos Nos. 092 del 09 de mayo de 2002, 239 del 29 de octubre de 2001 y 125, del 28 de junio de 2002, 155 del 29 de mayo de 2001 (sic) 197 del 10 de agosto de 2001, debía estar al tanto de que los mismos

cumplieran con los parámetros de contratación contemplados en la Ley 80/93 y decreto reglamentario, en este caso el 855 de 1994, inciso primero artículo 3. La delegación, no implica que el director de la Entidad, se desentienda del proceso de contratación que llevará a cabo el delegatario, por cuanto el delegado responde ‘por sus actos y el delegante por su control’ (1) Por lo anterior, se el endilga responsabilidad al entonces director del (sic) de INGEOMINAS ADOLFO ALARCON GUZMAN, por cuanto, no ejerció el control en los procesos contractuales, anteriormente citados, permitiendo que los mismos se suscribieran, presuntamente sin quien (sic) se presentaran las dos (2) ofertas que el Decreto 855 de 1994, exigía para la época de los hechos, en aras de garantizar la selección objetiva de la persona con quien se iba a contratar. (1) EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN – Procurador General de la Nación – Auto de única instancia de 19 de abril de 2002-Radicado 001-50569-01” (fls. 366 y 367 c.p.1A). 2.1.2. Segundo cargo: “Haber delegado la suscripción del contrato No. 102/2001, el cual fue suscrito con un contratista que no tenía la calidad de profesional en química, el contratista sólo terminó los diez semestres de la carrera, faltándole el título que lo acredita como profesional. En la justificación de la contratación, se indica que el contratista tiene profesión de químico, folio 44 anexo 3, pero en la hoja de vida se manifiesta que cursó décimo

semestre de química en la Universidad Nacional, folio 57 anexo 3. ______________ Fallo condenatorio y archivo parcial de la investigación disciplinaria Exp. Nº 165-75621/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo

5 De lo anterior, el Director de INGEOMINAS para la época de los hechos, aquí disciplinado, debía estar al tanto de que con quien se contrata, cumpla con los requisitos exigidos PATRA contratar, así se hubiera delegado en otro servidor tales funciones, por cuanto como director delegante esta en la obligación de vigilar y controlar lo que delega, en este caso la contratación No. 102 del 21 de marzo de 2001.” (fl. 367 c.p.1A). 2.2. En el caso de los implicados GEORGINA GUZMÁN OSPITIA, FERNANDO A. MUÑOZ CARDONA y JORGE MARTÍN MOLINA ESCOBAR: Cargo Único: “Los mencionados funcionarios, en sus calidades anteriormente anotadas, se les delegó, por parte de INGEOMINAS, para la época de los hechos, la función de adelantar los procesos de contratación aquí cuestionados, referentes a los números: 092 del 09 de mayo de 2002, 239 del 29 de octubre de 2001 y 125, del 28 de junio de 2002, 155 del 29 de mayo de 2001 (sic) 197 del 10 de agosto de 2001. El cuestionamiento surge, por cuanto de las pruebas allegadas al expediente se establece que antes de suscribir los contratos anteriormente indicados, no se dio cumplimiento a la solicitud de que se presenttaran por lo menos dos ofertas, artículo

3 inciso primero del Decreto 855/94, con el fin (sic) que se seleccionara entre ellas la mejor. La inobservancia de lo estatuido en el artículo 3 del decreto 855 de 1994, que indica ‘…Solicitud de por lo menos dos ofertas – forma y contenido de las ofertas. Para la celebración de los contratos a que se refieren los literales a) y d) del numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y para efectos del cumplimiento del deber de selección objetiva, se requerirá de la obtención previa de por lo menos dos (2) ofertas…, transgredí(sic) el principio de transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad, consagrados en la Ley 80/93, por cuanto lo que se pretende con el requisito de las dos ofertas en(sic) dar la oportunidad a la entidad de escoger la mejor, por lo menos entre dos oferentes, y ello se omitió. Por lo anterior, se presume responsables a los anteriores funcionarios, quienes fueron los que adelantaron los contratos aquí cuestionados.” (fls. 378 y 379 c.p.1A).

3. DESCARGOS.

Cada uno de los implicados, en tiempo, presentó directamente sus descargos, de la siguiente manera: 3.1. El implicado ADOLFO ALARCON GUZMAN presenta sus descargos mediante escrito visible entre folios 399 a 420 del cuaderno de actuación principal Nº 1A – c.p.1A-, en el cual primero se hace una reseña de la actuación procesal y del auto de cargos, para luego resaltar que como Director de INGEOMINAS debía cumplir una serie de funciones aparte de la gestión contractual del ente a su cargo, por lo

que consideró necesario delegar la potestad contractual tal como se permite en el artículo 209 de la Constitución. Reprochándose así mismo la presunción de mala fe que haría este despacho en contra de lo propuesto en el artículo 29 de la Constitución y reclamando en apoyo de la tesis de la delegación como camino de ______________ Fallo condenatorio y archivo parcial de la investigación disciplinaria Exp. Nº 165-75621/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo 6 evasión de la responsabilidad del delegante, lo dicho en la providencia de abril 21 de 2003 dictada por el señor Procurador General dentro del expediente Nº 001-78929, cuya copia pide que se allegue (fls. 399 a 403 c.p.1A).

Y en el anterior sentido también se pide la práctica de una visita sobre el instituto, “con el fin de determinar como estaban distribuidas las funciones dentro de las diferentes Subdirecciones, grupos de trabajos etc., no solo las contractuales sino las técnicas. Esto permitirá establecer que el procesos de delegación de la contratación no fue un acto irresponsable, sino que se procedió de manera técnica y rigurosa. Dada mi información de ingeniero, consideré que lo fundamental en primer lugar era diseñar y documentar el proceso de contratación, aplicando conceptos de calidad. Esto incluyó la definición de los diferentes actores del proceso, así como de sus responsabilidades y deberes, se definieron las competencias de los jefes de proyecto, de los jefes de área, del grupo de contratos y convenios en la Secretaría General y del COMITÉ DE CONTRATACIÓN, máximo responsable orientar y dar conceptos de aprobación de las diferentes solicitudes de contratación de la entidad.

De manera especial debo resaltar el sistema de control del proceso de contratación mediante informes periódicos por parte de los jefes de proyecto y el nombramiento de interventores contrato pro contrato, mediante acto administrativo de la Secretaría General. En resumen se diseñó un proceso de contratación aplicando criterios de calidad, se diseñó la forma de la delegación y se adoptó un sistema de control. Si la Procuraduría no verifica (cosa que no ha hecho) como operaba el sistema de contratación al interior de INGEOMINAS, como puede afirmar y asumir que como DIRECTOR GENERAL, me desentendí del proceso de contratación que llevaban acabo los delegatarios y que no ejercí ningún control?. Esta afirmación de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación estatal está basada en apreciaciones externas no objetivas que vulneran mi derecho a que se presuma la buena fé en mis actuaciones en el Instituto.” (fls. 403 y 404 c.p.1A). Criticándose además el hecho de que no se hubiera hecho una investigación integral de la cual se hubiera seguido que en el instituto se celebran anualmente alrededor de 300 contratos por intermedio de los subdirectores de área y que de estos no se han derivado antecedentes disciplinarios en contra del investigado; de tal manera que de los 3900 contratos suscritos durante su administración apenas se hacen observaciones a seis de ellos, hecho este para cuya verificación también se pide la práctica de una visita especial en el instituto (fls. 404 y 405 c.p.1A). Por su parte en cuanto a los específicos procesos contractuales que motivaron la formulación de cargos en su contra, señala en primer orden el implicado que la

señalada contratación estaba determinada por las necesidades del servicio contempladas en el plan operativo anual de cada una de las dependencias, que eran analizadas por los jefes de proyecto o coordinadores de los diferentes grupos de trabajo, quienes de acuerdo a los requerimientos institucionales presentaban los requerimientos de personal. Después de esto y verificada la inexistencia de personal de planta que pudiera acometer la labor reclamada se solicitaba al jefe de área que procediera a hacer la contratación respectiva, que debía justificarse en un formulario predeterminado cuyos requerimientos generales se reseñan, tras de lo cual la Coordinadora del Grupo de Contratos y Convenios (abogada María Emilia Gómez Bulla) efectuaba la evaluación de la hoja de vida de los posibles contratistas para establecer el valor de los honorarios de acuerdo a la calificación profesional, la ______________ Fallo condenatorio y archivo parcial de la investigación disciplinaria Exp. Nº 165-75621/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo 7 experiencia laboral y los conocimientos adquiridos; tras de lo cual se llevaba el requerimiento contractual al Comité de Contratación que procedía a avalar los procedimientos contractuales para su suscripción por parte del ordenador del gasto

(fls. 405 y 406 c.p.1A). Derivando de lo anterior que al interior del instituto los procesos contractuales cumplían un riguroso proceso de evaluación y análisis que se fundamentaba en la Ley 80 de 1993 y su normatividad reglamentaria; por lo cual extraña el implicado que la Procuraduría sostenga que para los procesos contractuales cuestionados no se presentó pluralidad de ofertas, cuando no procede ese requerimiento en los casos

de contratación de servicios personales, máxime sí se tiene en cuenta que la contratación reseñada se encuadraría dentro del tipo de los contratos intuito personae que son frecuentes en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Llamando así mismo la atención el implicado sobre el hecho de ser él ingeniero civil con doctorado en geotecnia y que las contrataciones objeto de revisión tuvieron en su momento los correspondientes avales jurídicos y cumplían con los requisitos dispuestos; por lo cual se cuestiona sobre la forma como podía controlar la gestión contractual de sus subalternos en dicho contexto, reafirmando que actuó convencido de que lo hacía en forma correcta y reclamando la causal de exculpación contemplada en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 734 de 2002 (fls. 407 y 408 c.p.1A). Ahora bien, en cuanto al contrato de prestación de servicios Nº 092 de mayo 9 de 2002 suscrito con el señor Carlos Alfredo Cáceres Girón, destaca que su objeto era el de asesorar la integración de la información geológica y geomorfológica del anden pacífico colombiano y destaca las tareas específicas del contrato, su término (del 9 de mayo de 2002 hasta el 23 de diciembre de 2002) y que de acuerdo a la documentación del contrato se sigue que el contratista cumplió con lo pactado, por lo que se suscribió el acta de liquidación de diciembre 23 de 2002 (fls. 408 y 409 c.p.1A). Por su parte en cuanto al contrato de prestación de servicios Nº 239 de octubre 29

de 2001 suscrito con el señor Alvaro Murillo Rodríguez, se describe su objeto (asesorar a la Subdirección de Reconocimientos Geocientíficos para la negociación del acuerdo a suscribirse con ECOPETROL), las tareas del contrato, el término del contrato (entre el 1º de noviembre y el 21 de diciembre de 2001), su valor ($9’600.000.oo) y que de acuerdo a la documentación obrante el contratista cumplió con lo pactado, pues reposa el acta de liquidación de diciembre 21 de 2001 (fl. 409 c.p.1A). En cuanto al contrato de prestación de servicios Nº 125 de junio 28 de 2002 suscrito con el señor Ricardo Cortés del Valle, se describe su objeto (realizar la fotointerpretación 208 fotografías aéreas de la Sabana de Bogotá y otras zonas del país), el término del contrato (entre el 28 de junio y el 23 de diciembre de 2002), su valor ($11’550.000.oo) y que de acuerdo a la documentación obrante el contratista cumplió con lo pactado, tal como constaría en las diversas certificaciones suscritas por el interventor y en el acta de liquidación (fls. 409 y 410 c.p.1A). Haciéndose similares reseñas respecto del contrato de prestación de servicios Nº 155 del 29 de mayo de 2001 suscrito con Fernando Antonio Muñoz Carmona para la ______________ Fallo condenatorio y archivo parcial de la investigación disciplinaria Exp. Nº 165-75621/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo 8 elaboración de un estudio morfológico de los ríos Ocoa y Guatiquía, al igual que

respecto del contrato de prestación de servicios Nº 197 del 10 de agosto de 2001 suscrito con Jorge Hernando Torres Ribero para la implementación de de cinco indicadores de gestión del primer nivel (fls. 410 y 411 c.p.1A). Y dejándose así mismo precisas explicaciones respecto del contrato de prestación de servicios Nº 102 de 2001 suscrito con el señor Héctor Javier Soto López en el sentido de que la entidad tenía pleno conocimiento de que dicha persona no contaba con el título profesional correspondiente y que al mismo se le remunero de acuerdo a su grado de calificación; destacando así mismo que dicho contrato estaría siendo investigado dentro de la radicación Nº 162-85061/03 que se cursa en la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública (fls. 411 a 415 c.p.1A). Por último se insiste en que la delegación de la potestad contractual en los Subdirectores de Reconocimientos Geocientificos, de Amenazas Geoambientales y de Planeación del Negocio Neocientífico, al igual que las características de los procesos contractuales analizados indican que el implicado no descuido su responsabilidad como Director General y representante legal de la entidad. Sin que tampoco se le pueda imputar la conducta a título de dolo, pues esta categoría solamente procede cuando el implicado tiene conciencia de la responsabilidad del acto y sin embargo actúa deliberadamente en contradicción con la norma, trascribiéndose en tal sentido un pasaje doctrinal. De tal manera que al no existir ningún vínculo de naturaleza psicológica entre el autor y su acto, se le estaría imputando responsabilidad de manera objetiva, lo cual se encuentra proscrito en

materia disciplinaria (fls. 415 a 417 c.p.1A). Reclamando también la aplicación del principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 8º de la Ley 200 de 1995 e insistiendo en que su conducta estuvo acompañada del postulado de la buena fe (fls. 417 y 418 c.p.1A). 3.2. El implicado FERNANDO ANTONIO MUÑOZ CARMONA, en el escrito de descargos visto entre folios 429 a 441 del cuaderno de actuación principal Nº 1A, reclama en primer orden que la contratación de personas naturales esta totalmente autorizada en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y conforme a un aparte jurisprudencial de la Corte Constitucional que se transcribe, deriva que la finalidad de los contratos de prestación de servicios sea la de desarrollar actividades relacionadas con la administración y funcionamiento de la entidad, y que no se pueden atender con el personal de planta; requisito este que se cumpliría en el caso del contrato que lo vincula (Nº 155 de mayo 29 de 2001). Destacándose además que nos encontraríamos frente a un contrato sin formalidades plenas, en el que por disposición del artículo 39 de la Ley 80 de 1993 y del Decreto 855 de 1994 apenas se requiere la orden por escrito sin que previamente exista ninguna propuesta; pero que para dar cumplimiento a los principios de selección objetiva y transparencia se realizó un estudio de la idoneidad experiencia y aptitud del contratista con anterioridad a la suscripción del contrato, reclamando en tal sentido el implicado la práctica de una vista especial en las dependencias del instituto para verificar el procedimiento de evaluación del contratista a que se alude en los descargos (fls. 430

y 431 c.p.1A). ______________ Fallo condenatorio y archivo parcial de la investigación disciplinaria Exp. Nº 165-75621/2002

Proyectó: Mauricio Gómez Sañudo

9 Además alega que este despacho parte de un presupuesto errado al establecer que para el contrato señalado se requería la presentación de por lo menos dos ofertas, tras de lo cual pasa a explicar el procedimiento de evaluación y validación que se adelantó en el instituto antes de suscribir el contrato señalado con el señor Ricardo Cortes del Valle; para luego concluir que la contratación de servicios cuestionada es del tipo de los contratos intuito personae, en razón a las calidades personales del contratista y destacando el carácter técnico y científico inherente a INGEOMINAS como ente de investigación. De tal forma que para dicho implicado resulta ser inexplicable que se le formulen cargos por un requerimiento que no se encuentra en la ley. (fls. 431 a 434 c.p.1A). Destacando también su formación en geología con maestría en sismología, tras de lo cual argumenta que la contratación objeto de revisión le fue allegada después de haber pasado la revisión jurídica por parte del grupo de Contratos y Convenios de la Secretaría General, de tal manera que habría actuado confiado de la buena gestión del equipo jurídico (fls. 434 y 435 c.p.1A). Y tras dejarse precisas observaciones respecto del curso del contrato de prestación de servicios No. 155 de de mayo 29 de 2001 suscrito con el señor Ricardo Cortes del Valle, se critica la calificación dolosa de la conducta reprochada al implicado, se

alega la existencia de una forma de responsabilidad objetiva en la imputación que se le hace, así como el desconocimiento del principio de la buena fe; tras de lo cual reclama la nulidad de los cargos, por su aparente vaguedad (fls. 435 a 441, c.p.1A). 3.3. A su vez la implicada GEORGINA GUZMAN OSPITIA presenta escrito de descargos visible entre folios 451 a 463 del cuaderno de actuación principal No. 1A, en el que reafirma las argumentaciones de defensa expuestas por los otros implicados, en el sentido de que la contratación de personas naturales para la prestación de servicios se encuentra autorizada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tras de lo cual se describe el procedimiento que sigue la contratación de servicios al interior del instituto. Así mismo se reclama que los contratos cuestionados (No. 239 de octubre 29 de 2001, No. 092 de mayo 9 de 2002 y No. 125 de junio 28 de 2002) son de la categoría de los intuito personae; destacando en tal sentido el carácter técnico y científico inherente a INGEOMINAS, y describiendo los objetos de cada uno de los tres contratos reprochados (asesoría para la suscripción de un acuerdo con ECOPETROL, asesoría para la integración de la información geológica del andén pacífico colombiano, y fotointrepretación de fotografías aéreas) -fls. 451 a 458 c.p.1A-. Además se alega que de acuerdo a la documentación obrante de los contratos cuestionados, como los informes de interventoria y las actas de liquidación, los

contratistas cumplieron a cabalidad con los objetos contratados; que los pagos pactados corresponden a la experiencia y conocimientos de cada uno de