PGN-DELEGADO-Contestación a los requerimientos efectuados por

Dependencia: Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal Radicación: 089 – 01689-03

Disciplinado: JAIME ALONSO DAZA ACOSTA

Cargo: Alcalde Municipal de Fonseca

Quejoso: JOSÉ VICENTE BERARDINELLI – Comisión Nacional de Regalías Fecha Queja: 26 de noviembre de 2002

Fecha Hechos: Marzo a julio de 2002

Actuación: Fallo de segunda instancia

Bogotá, D. C., 28 de agosto de 2006

I. OBJETO Procede esta Delegada a desatar el recurso de APELACIÓN interpuesto por JAIME ALONSO DAZA ACOSTA, en su condición de Acusado, contra el fallo de primera, de fecha 25 de Octubre de 2005 (folios 408 - 420) proferido por la Procuradora Regional

de La Guajira.

II. ANTECENCENTES PROCESALES Con fundamento en el documento suscrito por José Vicente Berardinelli, en su calidad de Subdirector Interventoría Control y Seguimiento de la Comisión Nacional de Regalías, en el cual pone en conocimiento las presuntas irregularidades presentadas en el proyecto FNR 9201 “Construcción unidades sanitarias del Resguardo Indígena de Mayabangloma, Municipio de FONSECA-GUAJIRA”, donde el ente ejecutor del proyecto, es decir el Municipio de Fonseca, no había dado respuesta a las innumerables solicitudes de información sobre las inconsistencias e irregularidades presentadas en la ejecución del proyecto, la Procuraduría Regional de la Guajira ordeno la apertura de investigación disciplinaria contra Jaime Alonso Daza Acosta, en su condición de Alcalde del Municipio de Fonseca – Guajira.

Culminada esta fase procesal, en auto de fecha 20 de Octubre de 2004 (folios 348 a 356), formuló pliego de cargos en el cual se reprochó a señor JAME ALFONSO DAZA ACOSTA, haber omitido dar contestación a los requerimientos efectuados por el Consorcio BDO CONSULTARÍA COLOMBIANA S.A., quienes en ejercicio de las actividades de Interventoría Administrativa y Financiera sobre los proyectos financiados con recursos del Fondo Nacional de Regalías – Proyecto No. 9201, solicitan a través de los oficios: IAF-PNUD-850-2002 de marzo 8 de 2002; IAFPNUD-1078 – 2002 de mayo 29 de 2002; IAF-PNUD-1107-2002 de junio 11 de 2002 y oficio IAF-PNUD-1215-2002 de julio 2 de 2002 (Folios 206 a 211)al ente ejecutor, explicaciones acerca de la disminución del 34.5% de lo previsto en las fichas EBIBPIN, respecto a lo proyectado y aprobado por la CNR y lo definitivamente contratado, variación sustancial que a juicio de la sociedad interventora, ameritaba de una reformulación del proyecto ante al CNR, para su estudio y aprobación, en el cual se ajustaran los ítems y cantidades de obras a lo finalmente contratado, ciclo este indispensable para la liquidación del proyecto. 1 Expediente No. 089-01689 Fallo Segunda Instancia Marisabel Tuiran C.

III. DESCARGOS Y ALEGACIONES Notificado el auto de cargo al inculpado, este actuando en nombre propio mediante

escrito visible a folios 366 a 367 del expediente, presento sus descargos. Argumenta el inculpado Jaime Alonso Daza Acosta, que la administración municipal dio respuesta a los diferentes requerimientos, manifestando que no podíamos en el año 2002 reformular un proyecto el cual fue totalmente modificado en su ejecución por la administrativa que antecedió, encontrándose en una situación de imposibilidad real, legal, técnica y jurídica para poder reformular dicho proyecto cuando ya se había ejecutado en su totalidad y existía un acta de liquidación. Que inmediatamente recibían los oficios por parte de la interventoría y de la CNR se impartía órdenes expresas a la funcionaria de planeación del momento la Doctora Mary Cruz Solano Brito. Agotada la fase de descargos, y vencido el término para la práctica de las pruebas solicitadas y corrido el traslado para alegar, el disciplinado guardo silencio

IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría de conocimiento en providencia de 25 de Octubre de 2005 (folios 408 a 420) dictó el fallo de primera instancia en el cual declaro disciplinariamente responsable al disciplinado, y le impuso una sanción de multa equivalente a sesenta (60) días de salario devengado para el año 2002, por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($4 763.068) m/cte, y sanción de inhabilidad especial por igual termino, es decir dos (2) meses, por encontrarlo disciplinariamente responsable, por haber desatendido los

requerimientos efectuados por el Consorcio BDO CONSULTARÍA COLOMBIANA S.A.. En dicho fallo, manifestó que valorada la documentación allegada con le escrito de descargos nos se atenúa situación distinta a la de confirmar los cargos formulados por el despacho, como quiera a que está probado que el CONSORCIO CONSULTARÍA COLOMBIANA S.A., efectúa de manera concreta y definida algunos requerimientos al ente ejecutor de manera concreta y definida, donde solicita explicaciones acerca de la disminución del 34.5% de lo previsto en las fichas EBIBPIN, respecto de lo proyectado y aprobado por al CNR, variación que a juicio de la sociedad interventora, ameritaba de una reformulación del proyecto, y de los anteriores requerimientos, solo hasta librase el tercero, procede la administración municipal a la remisión de fecha 18 de junio de 2002 de un oficio suscrito por el alcalde encargado. Que se aprecia el contenido del oficio IAF-PNUD1215 -2002 de julio 2 de 2002 (folio 210) donde la dirección del consorcio califica la información recibida como adicional y a su vez ratifica que el ente ejecutor no atendió los requerimientos de la Interventoría Administrativa y Financiera sobre la solicitud de explicaciones acerca de la 2 Expediente No. 089-01689 Fallo Segunda Instancia Marisabel Tuiran C. disminución del 34.5% de lo previsto en las fichas EBI-BPIN respecto a lo contratado

y lo ejecutado. Que al confrontar el contenido de los dos únicos oficios surtidos por la administración municipal para atender los requerimientos de la firma interventora, tanto el enviado a MARCO ANTONIO GÓMEZ, de fecha 14 de junio de 2002 suscrito por el alcalde encargado AMER OROZCO GONZÁLEZ, como el remitido por al Dra. MARY CRUZ SOLANO, de fecha 27 de junio de 2002, es indudable que en ninguno de los dos se efectúa las explicaciones acerca de la disminución del 34.5% de lo previsto en las fichas EBI-BPIN, respecto a lo proyectado y aprobado por la CNR. Notificada la decisión de primer grado, el sancionado a nombre propio presento recurso de apelación contra dicho fallo. (folios 428 a 434). El inculpado Jaime Alonso Daza Acosta, manifiesta desde la fecha del acta de recibo final de obra, es decir 21 de septiembre de 2000, del antiguo Gobierno al del suscrito, 1 de enero de 2001, transcurrieron 3 meses y 9 días, que su gobierno se inicio el 1 de enero de 2000, es decir diez meses y veinte días después de suscrito el acta de liquidación del contrato de obra 001 y tres meses nueve días del acta de recibo final, comenzó su gobierno como Alcalde de Fonseca, ya ese proyecto, FNR – 9201 se había ejecutado.

Que los doctores JOSÉ VICENTE BERARDINELLY SOLANO, ROBERTO DÍAZ

LUNA y MARCO ANTONIO GÓMEZ ALBORNOS, del Departamento Nacional de

Planeación de la Comisión Nacional de Regalías, haciendo deshonra a los cargos que ocupaban, no hicieron acopio de sus funciones de interventoría, seguimiento y control y solo al año y cinco meses y diecisiete días de haberse ejecutado presumiblemente la obra y en un gobierno diferente al ejecutor es cuando se interesan por hacer el famoso seguimiento control e interventoría del proyecto FNR9201. Que al hacer la imputación, pareciera que si no se le hiciera reproche por no contestar presuntamente unos derechos de petición, sino como responsable por haber hecho las famosas variaciones sustanciales entre lo proyectado y aprobado por la CNR y lo contratado por el señor PEDRO SEGUNDO MANJARRES FRAGOZO, con el señor GERMAN FRANCISCO MOYA PLATA y por las presuntas irregularidades e inconsistencias presentadas en entre proyecto, entonces a las imputaciones hechos se le coloca el rotulo de no responder a unos requerimientos al parecer. Que los dos derechos de petición se contestaron, atendiendo que se recibieron dos oficios de la Comisión de Regalías, y fueron delegados por el suscrito a los subalternos del despacho entre ellos al doctor Amer Orozco, Alcalde encargado

IV. CONSIDERACIONES Procede el despacho a analizar los fundamentos que se exponen en plenario a fin de tomar una decisión en cuanto al fallo sancionatorio mencionado.

3 Expediente No. 089-01689 Fallo Segunda Instancia Marisabel Tuiran C.

1. Para lo anterior es importante resaltar que la apelación interpuesta por el disciplinado versa sobre el reproche que le formula el a-quo en cuanto a no dar

respuesta a los requerimientos realizados por la Consultaría del proyecto FNR 9201, cuando en primer lugar estos versan sobre la variación del 34.5% en lo proyectado y aprobado por al CNR, de una obra que no fue realizada en su administración, y además por haberse dado respuesta a los dos requerimientos recibidos.

2. La Corte Constitucional ha dicho: “En torno al derecho de petición es pertinente destacar los parámetros que la Corte Constitucional ha establecido respecto de su ejercicio y alcance, los cuales han sido objeto de estudio en diversas sentencias, entre las cuales está la T-377 de 2000, Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTÍNEZ CABALLERO: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. “b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. “c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición (Corte

Constitucional, Sentencia T-079 de 2003)”. En este orden de ideas y siguiendo los términos de la jurisprudencia es necesario

precisar en este caso si la respuesta fue dada oportunamente y si resuelve de fondo, clara, precisa y congruentemente lo pedido. Con el objeto de dilucidar el anterior interrogante, se entrara a efectuar un análisis de las pruebas recaudadas:

3. Al respecto tenemos que obran en el expediente en los folios 206 a 211, los oficios enviados por el Consorcio BDEQ – CONSULTARIA COLOMBIANA, fundamento de

la presente investigación que son: a. Oficio IAF-PNDU-850-2002, de fecha 8 de marzo de 2002, suscrito por el señor Marco Antonio Gómez Albornoz, Director del Proyecto, dirigido al Doctor Jaime Alonso Daza Acosta, Alcalde Municipal, en el cual se manifiesta que luego de analizar la información del Proyecto 9201, presentan sus comentarios técnicos, administrativos y financieros, y que debido a que hay variación del proyecto se permiten requerir para presentar la reformulación, además por que ese es un requisito para la liquidación del proyecto, y que la 4 Expediente No. 089-01689 Fallo Segunda Instancia Marisabel Tuiran C. asignación de otros recursos depende la liquidación de este contrato. (Folio 206) b. Oficio IAF-PNDU-1078-2002, de fecha 29 de mayo de 2002, suscrito por el señor Marco Antonio Gómez Albornoz, Director del Proyecto, dirigido al Doctor Jaime Alonso Daza Acosta, Alcalde Municipal, mediante el cual el Consorcio consultor del proyecto, recuerda la información solicitada en el oficio anterior, además fija un termino para allegar la información antes solicitada. (Folio 208) c. Oficio IAF-PNDU-1107-2002, de fecha 11 de junio de 2002, suscrito por el

señor Marco Antonio Gómez Albornoz, Director del Proyecto, dirigido al Doctor Jaime Alonso Daza Acosta, Alcalde Municipal, mediante el cual el Consorcio consultor del proyecto, recuerda la información solicitada en los dos oficios anteriores. (Folio 209) d. Oficio IAF-PNDU-1215-2002, de fecha 02 de julio de 2002, suscrito por el señor Marco Antonio Gómez Albornoz, Director del Proyecto, dirigido al Doctor Jaime Alonso Daza Acosta, Alcalde Municipal, mediante el cual el Consorcio consultor, manifiesta que de la información adicional remitida, solicita explicación acerca de la disminución del 34.5% del previsto en las fichas EBIBPIN, y que teniendo en cuenta que el ente ejecutor no atendió el requerimiento se recomendó a la CNR, se iniciara la investigación pertinente, y además manifiesta que es necesario que el ente ejecutor le remita una información, técnica administrativa y financiera. (Folio 210 a 211)

4. Igualmente obra en el expediente a folio 194 a 196, dos oficios de la Alcaldía

Municipal de Fonseca, en el siguiente tenor: a. Oficio de fecha 14 de junio de 2002, dirigido al Doctor Marco Antonio Gómez Albornoz, Director del Proyecto, suscrito por el señor Amer James Orozco González, en el cual describe la documentación y/o información solicitada del convenio, en el aspecto técnico, administrativo y financiero, e informa que las personas que manejaban el proyecto de se encontraban vinculadas en ese momento. (Folio 194)

b. Oficio de fecha 27 de junio de 2002, dirigido al Doctor Marco Antonio Gómez Albornoz, Director del Proyecto, suscrito por Mary Cruz Solano Brito, Secretaria de Planeación, donde le manifiesta que el pasado 18 de junio del año en curso se le remitió la documentación requerida y se hicieron las aclaraciones solicitadas en oficio No. 01-0405-02. (Folio 196)

5. Obran en el plenario a folio 391 a 394, tres de los oficios del Consorcio dirigidos a la Alcaldía de Fonseca, donde se encuentra un nota a manuscrito dirigida a la Doctora Mary CRUZ, con el fin de hacerse cargo del requerimiento.

De las anteriores pruebas se desprende que evidentemente el consorcio BDO CONSULTARÍA COLOMBIANA, quien realizaba la consultaría del proyecto financiado con recursos del Fondo de Regalías “Construcción unidades sanitarias del Resguardo Indígena de Mayabangloma, Municipio de FONSECA-GUAJIRA”, envió cuatro comunicaciones a la Alcaldía de Fonseca, los tres primeros solicitando la 5 Expediente No. 089-01689 Fallo Segunda Instancia Marisabel Tuiran C. reformulación del proyecto como resultado de analizar la información que tenia del mismo. El último de los oficios estaba encaminado a solicitar la remisión de una información puntual, como resultado de la respuesta adicional recibida anteriormente. Por tanto, se tienen que del contenido de la respuesta dada a la tres primeras peticiones, no puede inferirse que resuelve de manera clara, precisa y congruente la petición y la información enviada, no guarda congruencia con lo solicitando, toda vez

que lo requerido es la reformulación del proyecto y la respuesta fue enviar una serie de documentos que se encontraban en la Alcaldía y por otra parte a la solicitud de la información puntual, es decir la ultima solicitud, no se encuentra haberse dado respuesta alguna Si bien es cierto, el proyecto no fue desarrollado en la administración del disciplinado, no quiere esto decir que no tenga la obligación de resolver las solicitudes que se formulan de manera congruente, más aun si se trata de proyectos financiados con recursos de la regalías y si de ello depende la financiación de diversos proyectos de la entidad.

6. En cuanto a la remisión realizada por el señor Alcalde a la Doctora Mary Cruz, si bien es cierto como máxima autoridad tiene la facultad de contar con el apoyo de sus subalternos en las funciones que se encuentran en cabeza de él, también es cierto que tiene la obligación de vigilar, realizar la orientación, seguimiento y control sobre los asuntos delegados, y más aún como se menciono anteriormente tratándose de los proyectos financiados por recursos de regalías, los cuales meritan un tratamiento personal y cuidadoso, ya que de ello depende el progreso y las obras necesarias para el Municipio.

Por lo demás, esta delegada comparte la calificación de la conducta así como el grado de culpabilidad, conforme a las consideraciones expresadas en el fallo de Primera Instancia, sin embargo en cuanto a la sanción impuesta por la Procuraduría Regional de la Guajira, la cual fue una sanción de multa equivalente a sesenta (60) días de salario devengado para el año 2002, por la suma de CUATRO MILLONES

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($4763.068)

m/cte, y sanción de inhabilidad especial por igual termino, es decir dos (2) meses, teniendo en cuenta que el disciplinado tuvo la intención de dar tramite a las solicitudes antes descritas, a través de la Doctora Mary Cruz, aunque a sabiendas no efectuó el seguimiento al encargo realizado en cuanto a la contestación de todos los oficios, ni la contestación adecuada a los mismos, por tanto se modificara la sanción impuesta por A-quo, en el sentido de imponer sanción de multa equivalente a la suma de Cuarenta (40) días de salario devengado para el año 2002, por la suma de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($3175.378) M/C, y sanción de inhabilidad especial por igual termino, es decir un (1) mes y diez días (10). Reunidos los presupuestos establecidos en el artículo 142 de la ley 734 de 2002 para proferir fallo sancionatorio, por obrar en el proceso prueba válidamente recaudada, de 6 Expediente No. 089-01689 Fallo Segunda Instancia Marisabel Tuiran C. la que se establece, en grado de certeza, el hecho tipificado en la ley como falta disciplinaria y la responsabilidad, procede confirmar el fallo apelado. En merito de lo expuesto, el Procurador Segundo Delegado para la Contratación Estatal, en ejercicio de sus funciones legales, RESUELVE: PRIMERO: Confirmar el Fallo de Primera Instancia proferido por La Procuraduría Regional de la Guajira, de fecha 25 de octubre de 2005, contra el señor JAIME

ALONSO DAZA ACOSTA.

SEGUNDO: Modificar la sanción del fallo de primera instancia proferido el 25 de Octubre de 2005, por La Procuraduría Regional de la Guajira, de multa equivalente a sesenta (60) días de salario devengado para el año 2002, por la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($4 763.068) m/cte, y sanción de inhabilidad especial por igual termino, es decir dos (2) meses, y en su defecto se impone sanción de multa equivalente a la suma de Cuarenta (40) días de salario devengado para el año 2002, por la suma de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($3175.378) M/C, y sanción de inhabilidad especial por igual termino es decir un (1) mes y diez días (10), a JAIME ALONSO DAZA ACOSTA, en su condición de Alcalde Municipal de Fonseca – Guajira.

TERCERO: NOTIFICAR al interesado el contenido de esta decisión por conducto de la Oficina de origen y DEVOLVER el proceso a la oficina de origen, previo registro de las constancias a que haya lugar.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

MARIO ROBERTO MOLANO LÓPEZ

Procurador Delegado 7 Expediente No. 089-01689 Fallo Segunda Instancia Marisabel Tuiran C.