PGN - DELITO DE ESTAFA Casos especiales

Honorables Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

E. S. D.

REF.: Casación de ANA MARIA PALMA OSPINA por los delitos de Falsedad en documento Público agravado por el uso y Estafa. (Rad.28.188) El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha Sala de Descongestión, en sentencia del 1 de marzo de 2007, Confirmó el fallo proferido por el Juzgado 38

Penal del Circuito de Bogotá en contra de la señora ANA MARIA PALMA OSPINA por el delito de Falsedad en Documento Publico Agravado por el Uso y Hurto en concurso homogéneo, que lo condenó a la pena de ochenta y dos (82) meses de prisión; el pago de perjuicios materiales en cuantía de 50 salarios mínimos legales mensuales y la interdicción de derechos y funciones por el mismo lapso, al tiempo que no le otorgó el beneficio de sustitución condicional de la ejecución de la pena. Modificando el Juez colegiado la decisión exclusivamente en la calificación de la conducta del Hurto la cual sentenció que se trataba de Estafa. 1.- HECHOS El señor RAMIRO REYES SILVA poseedor del vehículo de servicio público de placas SCB 665 por compra que le hiciera a RAFAEL LADINO, luego de haber obtenido la autorización del Ministerio de Transporte para la repotenciación de su vehículo por 10 años más a un costo que superaba los 35 millones de pesos, al momento de inscribir el nuevo estado del rodante encontró que el mismo en lugar

de figurar a nombre de Central Leasing y con prenda a favor de Vehícredito tal como él lo había adquirido, figuraba como chatarrizado por lo que fue cancelada su tarjeta de operación y objeto de reposición. Encontrándose en consecuencia el cupo asignado al vehículo igualmente de servicio público de placas SII 399 a nombre de la señora BARBARA LEÓN DE TOLOSA, razón por la cual formuló denuncia penal en contra de la citada el día 4 de diciembre de 2002 en la ciudad de Bogotá. Hechos por los cuales fue legalmente vinculada al proceso penal ANA MARIA PALMA tramitadora de transito quien fue la persona que realizó la negociación con la nueva titular del cupo por reposición, esto es del vehículo de placas SII 399. (fls 1 a 15 cuaderno original 1) 2.- SINOPSIS PROCESAL  Con fecha enero 8 de 2003 la Fiscalía Seccional 106 adscrita a la Unidad segunda contra la fe pública y el patrimonio económico, profirió resolución mediante la cual decretó indagación preliminar. (fl 16 c.o.1)  El 9 de octubre de 2003 luego de haberse recolectado la documentación que sobre el vehículo reposa en el SETT y de haber escuchado en versión libre a la señora BÁRBARA LEÓN DE TOLOSA, la Fiscalía 136 declaró abierta la Instrucción por el delito de Hurto respecto de ANA MARIA PALMA ordenando entre otras diligencias vincularla mediante indagatoria para lo cual ordenó su captura y adicionalmente se dispuso inhibirse de abrir investigación en favor de BÁRBARA LEÓN DE TOLOSA (fl.71 c.o.1).  Por Resolución fechada el 14 de enero de 2004 la Fiscal 176 ordenó apertura

de instrucción y un vez más se ordenó la vinculación de la señora ANA MARIA PALMA como presunta autora de delitos contra la fe pública y la administración de justicia. ( fl. 110 c.o.1)  El 13 de mayo de 2004 se escuchó a ANA MARIA PALMA OSPINA en injurada. Diligencia en la que la procesada se mostró ajena al ilícito indicando que ella había adquirido el cupo que le vendió a la señora TOLOSA por compra que le hiciera a Rosa Contreras. (fl 155 y ss. C.O 1).  El 17 de mayo de 2004 se resuelve la situación jurídica de la procesada imponiendo medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de estafa en concurso homogéneo y sucesivo. (fl. 167 y ss c.o.1)  La Fiscalía 176 de Delitos contra la Administración Pública el 6 de octubre de 2004 profiere resolución de acusación en disfavor de la señora ANA MARIA PALMA OSPINA por los delitos de Falsedad en Documento Público agravado por el uso, en concurso homogéneo y sucesivo con el de Estafa y mantiene la medida de aseguramiento impuesta en su contra.  El Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito de esta ciudad avoca el conocimiento de la causa. 2  El 5 de abril de 2005 inicia y concluye la audiencia pública (fl. 13 a 27 c.o. Etapa de Juzgamiento).  Con fecha 25 de agosto de 2005 se profiere fallo por el Juez 38 Penal del

Circuito de Bogotá, en el cual se declara responsable a la señora ANA MARIA PALMA OSPINA como autora del concurso homogéneo de conductas punibles de falsedad en Falsedad en Documento público agravada por el uso, y hurto en su modalidad simple. Condenándola a una pena de ochenta y dos (82) meses de prisión; el pago de perjuicios materiales en cuantía de 50 salarios mínimos legales mensuales y la interdicción de derechos y funciones por el mismo lapso de la pena principal, al tiempo que no le otorga el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni domiciliaria como sustitutiva. (fl 93 a 109 c.o. etapa de juzgamiento)  La Sentencia proferida fue recurrida en apelación por la defensa de la procesada y resuelta el 1 de marzo de 2007 por el Tribunal Superior de la Guajira -Descongestiónen el sentido de confirmarla integralmente, empero modificando la adecuación del tipo penal de Hurto por el de Estafa conforme había sido acusada la procesada. (fl.35 y ss c. o. de segunda instancia).  En términos de ley la defensa de la parte civil interpuso recurso extraordinario de casación, y presentó demanda el 23 de julio de 2007 la cual fue declarada ajustada el 29 de agosto de 2007.

3.- LA DEMANDA.

El casacionista en representación de la señora ANA MARIA PALMA OSPINA, plantea tres cargos así: 3.1 CARGO PRIMERO: Propuesto al amparo de la Causal Primera del art. 207cuerpo segundo del C.P.P. “por violación indirecta de la ley sustancial originada en un error de hecho, por falso raciocinio, en las pruebas que se tuvieron en cuenta en el proceso de adecuación típica de los documentos que sirvieron de base para la imputación de falsedad en documento público agravada por el uso”. Inicia la demostración del cargo, diciendo que: “la señalada imputación surgió de los tres (3) formularios de trámite distinguidos con los números 829659 01-11001, 983811-02-110001 y 983810-02-11001, utilizados para solicitar el levantamiento de la prenda, cancelación de la matricula y tarjeta de operación de la buseta de servicio público distinguida con la placa SCB -665, que supuestamente fue objeto de reposición por destrucción, entrando en su lugar la buseta de placas SII 399 y a 3 estos tres formularios de trámite los falladores de las instancias les dieron el carácter de documentos públicos, lo cual riñe con la lógica, porque estos documentos, no pueden tener jamás el carácter de PÚBLICOS, porque a pesar de haber entrado a las oficinas de Circulación y Transito de la Secretaría de Bogotá, no fueron expedidos por ningún funcionario de dicha entidad distrital.” Cita el censor apartes de la sentencia del Tribunal que ataca, en lo que atañe a la respuesta ofrecida en punto del mismo tema que fue materia de la apelación respecto del fallo de primera instancia, en los que se indica que “tales documentos, poseen todas las características de los documentos públicos, ya que fueron suscritos por los funcionarios del SETT, por lo que poseen capacidad y

aptitud probatoria, de manera que la cancelación de la licencia y la tarjeta de operación del vehículo plurimencionado, son documentos de carácter público, los cuales resultaron falsos atendiendo las solicitudes, los soportes y contenidos expresados en los formularios 829669,983810 y 983811, estos sí con las características de documento privado, debido a que parecen signados al parecer por la particular MARIA LOURDES FIRPI SAMPER… las firmas que aparecen suscritos en los referidos formularios no corresponden a la de ella…” Igualmente trascribe del fallo de segunda instancia la cita textual que consta en la sentencia del juez 38 Penal del Circuito en que se dice que si bien es cierto los documentos que se dice firmados por la señora MARIA LOURDES FIRPI SAMPER. Su naturaleza primaria es de carácter privado, adquirieron la naturaleza de públicos al ser incorporados en el registro automotor produciendo la cancelación de la matrícula y la tarjeta de operación de la buseta de placas SCB 665 con el consecuente traspaso del cupo a otro vehículo, “sobre los cuales se extendieron por los funcionarios del SETT, informaciones y certificaciones respecto de la situación del automotor materia del proceso”. Para decir que un razonamiento como el expresado “es una apreciación más que absurda que pueda existir en el derecho penal porque una metamorfosis así concebida, riñe con las reglas de la lógica y las pautas de la ciencia y de la experiencia, que permite concluir que los juzgadores desconocieron de manera manifiesta los postulados de la sana crítica, equivocación que condujo a una

decisión injurídica, por error en la adecuación del hecho punible de FALSEDAD EN DOCUMENTO PUBLICO por la que verdaderamente correspondía, que era falsedad en documento privado”. De esa manera el Tribunal de descongestión de la Guajira vulneró los postulados de la sana crítica al dar otro valor a los 3 formularios en tanto los consideró como documentos públicos, siendo de naturaleza privada, “y ese falso juicio de raciocinio lo llevó a declarar una verdad distinta de la que realmente revela el proceso”. Lo cual en punto de la trascendencia se presenta tanto en la adecuación 4 típica como en el juicio de responsabilidad penal y por supuesto en la dosificación de la pena. Sostiene el censor que no solamente se trató de un falso raciocinio en cuanto a la naturaleza jurídica de los 3 formularios, sino a la propia existencia de los mismos, por cuanto fueron aportados al proceso penal en fotocopia simple, razón por la cual carecían de poder persuasivo para determinar la materialidad de la infracción, pues debieron allegarse en original. 3.2 SEGUNDO CARGO: Propuesto al amparo de la causal primera del artículo 207, por violación de la ley sustancial debido a error de hecho por falso raciocinio en relación con la adecuación típica como falsedad en documento público de documentos. Manifiesta el censor que los falladores realizaron una mezcla entre los diferentes documentos que obran en el proceso omitiendo su clasificación, confundiendo aquellos que tenían apariencia de públicos con los eminentemente privados, por lo que ocurrió lo mismo con los formularios de trámite con los cuales se globalizó la

situación, diciendo que la nueva lista de documentos eran públicos sin especificar su apocrificidad de cada uno como la trascendencia en el mundo jurídico. Considera el libelista que no hubo la suficiente motivación por parte de los falladores, equivocándose de esta forma lo que corresponde al silogismo que debe constituir la sentencia. Aduce el censor que los falladores se limitaron a decir que eran de contenido falso los documentos que sirvieron de base para cancelar la matricula de la buseta de placas SCB–665 de propiedad de RAMIRO REYES y en su lugar introducir la buseta de placas SII 399 de propiedad de BÁRBARA LEÓN DE TOLOSA, en tanto que no fueron suscritos por el verdadero representante legal de la firma que aparecía como titular de la propiedad, por lo que concluyeron que eran falsos tales documentos públicos, lo cual constituye “un falso raciocinio que además es incompleto, ante una correcta motivación del fallo”. Manifiesta el libelista que ese segundo grupo de documentos de naturaleza privada fue el que sirvió de base para la calificación de falsedad en documento público agravada por el uso, equivocación que viola las reglas de la lógica, creando así los falladores de primera y segunda instancia “un error de hecho por falso raciocinio con entidad jurídica de ser violatoria de la ley sustancial por vía directa”, abandonado la razón para imponer su capricho en el análisis de tales documentos privados. 5 Considera el casacionista que si tanto el Juez de primera instancia como el de segunda instancia hubieran hecho una valoración juiciosa de este segundo grupo de documentos hubiesen llegado a la conclusión de que se trató de una falsedad

en documento privado, con dosificación punitiva más benigna, sin que se haya realizado la adecuación típica sugerida. 3.3 TERCER CARGO: Formulado al amparo de la causal primera cuerpo segundo del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusando a la sentencia de ser violatoria por error de hecho debido a falso raciocinio a partir de la adecuación equivocada del tipo de Estafa. Inicia la censura manifestando que en el presente asunto, fue acusada la señora ANA MARIA PALMA por el delito de estafa, y condenada en primera instancia por el delito de hurto el cual fue variado por la segunda instancia calificándolo como estafa. Considera el censor que no resulta posible imputar el tipo penal de Estafa en tanto que entre la señora PALMA OSPINA y el señor RAMIRO REYES, propietario de la buseta de placas SCB–665 matricula fraudulenta que fue cancelada contra la voluntad del titular no hubo ninguna relación contractual que sirviera de enlace, para la obtención de ventajas ilegales. Desarrolla el libelista la estructura del delito de estafa y parte su análisis de identificarlo como un tipo de medio y no de resultado como el hurto, aduciendo la secuencia que debe presentarse en el tipo penal finalmente imputado. Por lo que considera que el Tribunal de Riohacha para variar la adecuación típica partió de lo consignado en la resolución de acusación, para decir que la defraudación al patrimonio del señor REYES SILVA fue evidente modificando la tipicidad de hurto simple por el de estafa, pero la colegiatura no precisó el recorrido del delito hincando por el engaño así como los demás elementos estructurales del tipo, sin

que la investigación ofrezca prueba alguna de que hubo negocios comerciales entre los citados, y el fallo del Tribunal no es explicito en ese particular. Para concluir que no están dados los presupuestos del tipo penal de estafa y que los falladores se equivocaron al declarar probada la responsabilidad en cabeza de PALMA OSPINA, dado que no está demostrado que la citada engañó al denunciante. Advierte el fallador que no asiste razón ni al juez de primera instancia que condenó por el delito de hurto ni el juez colegiado que condenó por el delito de estafa, en la medida que no existe prueba idónea de responsabilidad de cualquiera de estos dos delitos lo que constituye el error de razonamiento al adecuar la tipicidad como la responsabilidad penal en cabeza de PALMA OSPINA, 6 lo cual constituye un falso raciocinio por parte del juez de segundo grado “que peca contra las reglas de la lógica, porque sin existir elementos estructurales del delito de estafa, no puede condenarse por esa conducta delictiva”, todo lo cual causa perjuicios de orden moral y material para la procesada. Para concluir que de haberse estudiado la situación fáctica y probatoria por parte del Tribunal habría tenido que llegar a una sentencia absolutoria a favor de su representada o por lo menos aplicar la duda probatoria, lo cual al no acontecer significa que se desconocieron los postulados de la lógica y esa equivocación condujo a una decisión injurídica. 4.- CONCEPTO Sea lo primero advertir que una vez declarada ajustada la demanda, en principio la Corte está dando por superados los defectos de técnica que la misma presente, sin embargo, no puede el Ministerio Público sustraerse de manifestar que el

escrito formulado como demanda de casación en el presente asunto dista mucho de reunir los presupuestos básicos que exige la sustentación del recurso extraordinario como pasa a demostrarse: 4.1.- EN RELACIÓN CON EL PRIMER CARGO El demandante anuncia que acusa la sentencia de error de hecho por falso raciocinio, que habría ocurrido cuando los falladores le atribuyeron a unos documentos, que el censor estima de naturaleza privada, el carácter de públicos, como quiera que la sentencia lo fue precisamente por falsedad en documento público. No obstante lo anterior, y aun aceptando, como lo hizo la Corte al declarar ajustada la demanda que sea correcto plantear una censura de tal tenor por vía indirecta, en la forma de error de raciocinio, y no por la causal primera cuerpo primero de violación directa, pues lo que sugiere el demandante es un problema de puro derecho, dado que no plantea ninguna discusión sobre la existencia material de los documentos, ni sobre su contenido, sino que se limita a “discutir” la atribución jurídica que los falladores le otorgaron. Ha sostenido esa Corporación en relación con las conclusiones que extrae el juzgador a partir de la valoración de las pruebas y se cuestionan a través de error de hecho por falso raciocinio que: 7 "En materia casacional no es lo mismo tergiversar el contenido material de una prueba, que errar en la valoración de su mérito persuasivo o determinación del grado de credibilidad por desconocimiento de las reglas de la sana crítica. Se trata de supuestos diversos, que dan origen a errores diferentes, y exigen formas y métodos de demostración totalmente distintas.

Cuando se presenta el primer supuesto, el error es de identidad; cuando se está frente al segundo, es de raciocinio. El primero, ha sido dicho por la Corte, es de carácter objetivo contemplativo; el segundo, es valorativo, como quiera que implica un juicio de valor, una operación mental de carácter inferencial. "El error de raciocinio implica, por su parte, el desconocimiento de las reglas de la sana crítica. Se presenta, no en la contemplación material de la prueba, como ocurre con el de identidad, sino en su valoración, o proceso mental que debe preceder las conclusiones sobre el mérito persuasivo del medio, o las conclusiones probatorias de carácter inferencial. Dado que el error surge del desconocimiento de las reglas de la sana crítica, la forma de demostración no puede ser otra que explicando, en forma clara y precisa, cuáles reglas de la lógica, cuáles máximas de la experiencia, o cuáles leyes de la ciencia fueron desconocidas por los juzgadores en dicho proceso, y qué incidencia cierta tuvo el error en las conclusiones del fallo".1,2 Ha dicho también la Corte cuando es ésta la vía de ataque escogida: “7. Cuando el actor puntualiza que el yerro de hecho de los juzgadores consistió en un "error de apreciación", pareciera que alude al falso raciocinio, empero, como se sabe por abundante pedagogía jurisprudencial de la Sala, esta modalidad de dislate consiste en que una prueba, legal y regularmente allegada a la actuación, pese a ser apreciada por el fallador en su exacta dimensión fáctica, al asignarle el mérito persuasivo transgrede los

postulados de la lógica, las leyes de la ciencia o las reglas de experiencia, es decir, los principios de la sana crítica como método de valoración probatoria.”3 Por su parte en sentencia reciente y en punto del falso raciocinio cuando se discurre sobre la prueba reiteró esa alta Corporación: “2. A través de la formulación del falso raciocinio debe evidenciarse el absurdo de los razonamientos probatorios del fallador, no los de las pruebas en sí mismas, sin perder de vista que lo que interesa no es construir otra 1 Sentencia del 10 de agosto de 2005 2 Sentencia de Casación exp. 22356 M. P. Maria Del Rosario González de Lemos 23/08/07 3 Sentencia proceso 19389 M.P. Julio E Socha Salamanca 28/02/07 8 explicación de los hechos, a partir de la prueba que el demandante examina en perspectiva diferente a la del juzgador, sino demostrar que definitivamente en el fallo cuestionado no hubo ese despliegue elemental de la lógica, la ciencia o la experiencia común, que conforman la sana crítica o persuasión racional, como que no son las elucubraciones subjetivamente lanzadas por el recurrente las que desquician lo que está acreditado debidamente en la sentencia.” 4 En esos eventos corresponde al casacionista indicar qué fue lo inferido por el juzgador con base en lo que de manera objetiva dice el medio de prueba, no la prueba en si misma como lo intenta el censor, es decir, cuál fue el mérito persuasivo otorgado con desconocimiento de determinado postulado de la lógica,

ley de la ciencia o máxima de experiencia, y luego señalar cuál es el aporte científico correcto, la regla de la lógica apropiada, la máxima de la experiencia que debió tomarse en consideración para la apreciación correcta de la prueba que cuestiona, lo cual habría dado lugar a proferir un fallo sustancialmente distinto y opuesto al impugnado. El demandante no supera la fase de enunciación del cargo, porque se restringe a transcribir apartes del fallo de segunda instancia para terminar concluyendo que la apreciación es absurda, sin que señale nunca la razones por las que considera que los documentos son de naturaleza privada y no publica, incurriendo al final de su alegato en una típica actuación propia de quien no tiene claro el rigor de la sede en la que está actuando - casación-, pues adiciona que “el falso raciocinio” no sólo ocurrió por la atribución de características jurídicas equivocadas a los documentos, sino sobre todo porque los mismos se aceptaron en una fotocopia simple que a su juicio los hacían inaceptables. Nótese como deriva el cargo que enunció como error de hecho por falso raciocinio a uno de pura legalidad, en punto de que discute que la prueba no debió admitirse y menos aún valorarse por no reunir los requisitos de ley, que además nunca señala cuales son. Una demanda así presentada no tiene ninguna vocación de prosperidad por que quien la suscribe no expresa claramente la idea de que es lo que quiere atacar y por qué lo quiere hacer. La casación no es una tercera instancia, no es un escrito libre, donde se plasman las particulares apreciaciones del casacionista. Vale

recordar, que para quebrar una sentencia que viene amparada de la presunción de legalidad y acierto, el ataque, debe ser coherente, fundado, lógico con criterios claros, demostrando que de no haber existido el yerro otra había sido la decisión y de ahí es que se impone la determinación diferente en sede de casación a partir del recurso extraordinario. Insiste la delegada que el censor obvió precisar cuales 4 Auto de casación 24160 M.P. Alfredo Gómez Quintero. 9 fueron las reglas de la experiencia, las máximas de la lógica o las leyes de la ciencia que fueron desconocidas siendo ella la única forma de evidenciar la violación. Ahora bien, aun cuando estuviese bien formulado el cargo debe decirse que la naturaleza de los documentos examinados en efecto son documentos de carácter público, entendiendo que quien lo diligencia es un particular y que ingresa al mundo jurídico una vez está signado por el servidor público, adquiriendo la virtud de modificar una circunstancia relacionada con su contenido. Recordando, nos parece de manera oportuna, la clasificación de los documentos, en públicos y privados, así como los requisitos que tiene el documento público, que es aquel otorgado por un funcionario público en ejercicio de su cargo, con las formalidades legales o con la intervención del mismo. “La naturaleza del documento público le viene de su origen oficial, del hecho de haber sido expedido en ejercicio de función pública y no de la categoría de su autor. Sea este cual fuere el documento será de carácter particular siempre que no se encuadre entre los que el funcionario tiene que emitir en ejercicio de su función, de acuerdo con la ley o reglamentos que define sus atribuciones,

hipótesis en la cual es el individuo y no el Estado quien estará expidiendo el documento.” “Es pues la naturaleza de la función que ejerce una persona dentro de los cuadros de la administración pública o de las ramas legislativas o jurisdiccional del poder público lo que define cuando un escrito tiene carácter de documento público.” “Por su parte son documentos privados, por eliminación todo escrito que no constituya documento público. Lo son en primer término los elaborados por los particulares con cualquier fin, siempre que puedan servir de prueba. En segundo lugar aquellos elaborados por funcionarios públicos no competentes o que han sido formados sin el lleno de los requisitos legales”5 Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Corte, debe decirse que los tres formularios diligenciados en su contenido y que debió suscribir el funcionario de la oficina de transito, y que sirvieron de base para la cancelación de la prenda, de la matricula como de la tarjeta de operación de la buseta de placas SCB 665 cuya tenencia estaba acreditada en cabeza de RAMIRO REYES SILVA, y por cuya virtud la Secretaria de Transito y Transporte SETT expidió una nueva licencia de operación y la matricula de la buseta identificada con placas SII 399 a nombre de la señora BÁRBARA LEÓN DE TOLOSA, son documentos públicos, por cuanto en su validación aparece el servidor que reconociendo la buena fe del particular que 5 Crf. La falsedad documental LUIS ENRIQUE ROMERO SOTO. 10 los entrega estampa su firma y los ingresa con todo y sus efectos al mundo jurídico. Sin que se confunda la destinación probatoria con la capacidad

probatoria. Pues aquella supone la existencia de la segunda, pero no a la inversa, puede haber capacidad probatoria sin destinación probatoria. Como si puede existir ésta sin aquella. Empero en relación con el vehículo de placas SCB556 del cual es tenedor REYES SILVA, por virtud de tales documentos materialmente falsificados, se generó la nueva tarjeta de operación de la buseta de placas SII 399 de propiedad de BÁRBARA DE TOLOSA, cancelándose de manera consecuente e ilícita la primera a partir de la falsedad material que se había tipificado en los citados formularios. En relación con los formularios que fueron presentados por la señora PALMA OSPINA a la Secretaría de Transito y Transporte (SETT) y de los cuales la procesada admite que diligenció, a pesar de que en su defensa manifestó que los había recibido de manos de ROSA CONTRERAS, resulta innegable la falsedad tanto de las firmas como de su contenido, en tanto que está demostrado que no fue el verdadero representante legal de CENTRAL LEASING S.A. (empresa en proceso de quiebra), que figuraba como su titular quien solicitaba el levantamiento de la prenda, como la cancelación de la matrícula y de la tarjeta de operación; pues quien en ellos aparece como signataria MARIA DE LOURDES FIRPI SAMPER nunca tuvo relación con la firma de LEASING, según lo atestiguó aquella en la investigación; y de otro lado, la tarjeta de operación legalmente no podía sustituirse por la de la señora DE TOLOSA, toda vez que no se había dado la destrucción del rodante que figuraba de manera primigenia que lo pudiera dejar fuera del servicio público al cual estaba inscrito y menos aun cancelar su matricula

sacándolo del mundo jurídico. Considera necesario la Delegada manifestar, que si bien es cierto, los formularios que se presentan ante las oficinas de transito son los particulares quienes diligencian los espacios en blanco, no por ello como tal son documentos de naturaleza privada, aun cuando su manifestación primaria lo sea, pues tal gestión se hace exclusivamente en aras de agilizar los trámites, no por razón diferente, teniendo como base el principio de la buena fe consagrado en la Constitución Nacional, en armonía con los desarrollos legislativos que facilitan el tráfico jurídico como el Decreto anti trámites y en concordancia con las normas que rigen en materia de transito; siendo ello así, las atestaciones que se hagan constan en un documento público que perfectamente puede ser diligenciado por el servidor encargado con base en la documentación que se le ponga de presente por quien tenga el interés y la capacidad legal para modificar una situación sobre un bien sujeto a registro, no muta su naturaleza al ser diligenciado prima facie por el particular. 11 Documentos que en punto de la trascendencia que poseen son la fuente para la expedición de otros documentos igualmente públicos que ponen de presente o hacen constar modificaciones o variaciones de la situación legal de los rodantes, las cuales han llegado a conocimiento del Estado –oficina de transitoe ingresan a formar parte, como en este caso del historial del bien mueble (vehículo). La anterior afirmación se deriva del contenido del Acuerdo 0051 del 14 de Octubre de 1993, “Por el cual se dictan disposiciones en materia de Tránsito Terrestre automotor y se derogan los Acuerdos 0034 de 1.991,00022 de 1992 y 00052

de 1992" cuyo texto dice: “CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1.- Las disposiciones consagradas en este Acuerdo conforman el régimen bajo el cual se fijan todos los procedimientos y requisitos de 106 trámites que se adelantan ante los organismos de tránsito del país y algunos que tienen relación con el INTRA. ARTICULO 2. - Con fundamento en los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que se adelanten ante los organismos de transito y ante el INTRA, el presente Acuerdo, va encaminado a suprimir los requisitos y procedimientos innecesarios, buscando con ello celeridad, eficacia, aprovechamiento del recurso humano y lo que es más importante beneficio al usuario. ARTICULO 3.- La responsabilidad de todos los trámites que se lleven acabo ante los organismos de tránsito y ante el INTRA, estará en cabeza del propietario, vendedor, comprador, mandatario, importador, tenedor, poseedor del vehículo; médicos en el evento de la práctica de los exámenes para la obtención de la licencia de conducción; propietarios, representante legal, directores de las escuelas de enseñanza automovilística, etc., sin perjuicio de las acciones legales que de ello se desprendan…” Por último, sobre la Falsedad ha dicho la Honorable Corte: “4. Se trata, por tanto, de la creación mendaz con apariencia de verosimilitud, que en el caso de la falsedad documental pública se entiende consumada con la editio falsi, es decir, con la simple elaboración o hechura del documento que se at