PGN - DELITO DE ESTAFA Elementos integrantes

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P.: Dr. JORGE LUÍS QUINTERO MILANES

Ciudad.

REF.: Casación JOSÉ ÁLVARO BARÓN PUIN (Rad Nº 25.252) En cumplimiento del mandato previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal de 2000, el Ministerio Público, representado por la Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal, procede a emitir concepto respecto de la demanda de casación presentada en nombre y representación del procesado JOSÉ ÁLVARO BARÓN PUIN contra la sentencia proferida el 5 de Mayo de 2005 por el Tribunal Superior de Bogotá, por medio de la cual confirmó la condena que por el delito de Estafa Agravada emitió el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito del mismo

Distrito Judicial.

1. HECHOS Por ajustarse plenamente a la realidad procesal, esta Procuraduría Delegada acoge la relación que sobre los hechos realizó el Juez de Primera Instancia: “Historian los autos que JOSÉ ÁLVARO BARÓN PUIN, giró a favor de JULIO CÉSAR WELMAN MARTÍNEZ el cheque 2022077 contra la cuenta corriente 07159658 del Banco Popular, sucursal Marly, por la suma de $80.000.000; título que al ser presentado para su cobro fue impagado por la causal de cuenta embargada, situación que originó el proceso ejecutivo adelantado por el Juzgado 5 Civil del Circuito de Bogotá, que libró mandamiento de pago y ordenó el embargo y secuestro de bienes.” “El 6 de junio de 1997, los trabados en la litis suscribieron

“CONTRATO DE TRANSACCIÓN” con el objeto de consolidar arreglo amistoso a que llegaron respecto del proceso civil, comprometiéndose BARÓN PUIN a cancelar a WELMARN 2 MARTÍNEZ la suma de $94.000.000.oo, en tres cuotas mensuales de $31.466.000.oo, cada una, representada en los cheques 1659484, 1659486 y 1659486 (sic), de la cuenta corriente 017159641 de la misma sucursal bancaria y a partir del 15 de agosto de 1997”. “Pero ocurrió que, cuando se intentó por el demandante WELMAN MARTÍNEZ hacer efectivo el primer cheque en esa calenda, la entidad bancaria lo devolvió por la causal 1ª, esto es, cuenta “EMBARGADA-INACTIVA”, por lo que no se presentaron para cobro los restantes títulos valores, sin que hasta la hora de ahora el denunciante haya logrado el pago de los mismos”.

2. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE Agotada la indagación preliminar iniciada con fundamento en la denuncia instaurada por el acreedor, en cuyo desarrollo se allegaron algunos elementos de juicio al expediente, se ordenó la apertura de la correspondiente investigación penal, a la que se vinculó mediante indagatoria a JOSÉ ÁLVARO BARÓN PUIN una vez se produjo su aprehensión, luego de lo cual su situación jurídica provisional fue resuelta el 22 de Febrero de 2001 con medida de aseguramiento consistente en Caución Prendaria en cuantía equivalente a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes como presunto autor del delito de Estafa

Agravada. El 9 de marzo de 2001 fue admitida la demanda de constitución de parte

civil instaurada por el denunciante mediante apoderado. Perfeccionada en lo posible la investigación, el 30 de Marzo de 2001 se ordenó su cierre, determinación ratificada por el instructor en virtud del recurso de reposición interpuesto por la defensa, luego de lo cual, el 19 de septiembre de 2001, calificó el mérito probatorio del sumario con resolución de acusación en contra del sindicado, como presunto autor del delito de Estafa, oportunidad en que, atendiendo a la entrada en vigencia de la nueva legislación, revocó la medida de aseguramiento que le hubiera sido impuesta. 3 En atención al recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la providencia calificatoria, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior la confirmó en su integridad mediante Resolución del 3 de septiembre de 2003, fecha en que alcanzó ejecutoria la acusación. Seguidamente el Juzgado Treinta y Ocho Penal del Circuito inició la etapa de la causa con la orden de correr traslado a los sujetos procesales de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Procesal Penal de 2000, término durante el cual la defensa solicitó la práctica de algunas pruebas, al igual que la nulidad de lo actuado, siendo ésta última petición despachada desfavorablemente. Agotado el acto público de juzgamiento, el 9 de Septiembre de 2004 se emitió el fallo de primer grado, mediante el cual se condenó al acusado a las sanciones principales de dieciocho (18) meses de prisión y multa de Cincuenta Mil pesos ($50.000.oo) como autor del delito de Estafa Agravada,

así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por lapso igual al de la pena privativa de la libertad. Concedió el Juzgador la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y se abstuvo de imponerle obligación alguna al condenado por concepto de indemnización por los perjuicios causados con el ilícito. La defensa interpuso apelación contra el mencionado fallo de primera instancia y el 5 de mayo de 2005 se pronunció el Tribunal Superior de Bogotá en el sentido de confirmarlo en su integridad. La sentencia de segundo grado fue objeto del recurso extraordinario de casación, y presentada por el defensor la demanda correspondiente en nombre y representación del sentenciado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la declaró ajustada a las exigencias legales.

3.- RESUMEN DE LA DEMANDA.

Cuatro son los cargos mediante los cuales aspira el Letrado a derruir la doble presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia de segunda instancia, los que desarrolla en los siguientes términos: 4 3.1. Primer Cargo (Principal) Al amparo de la causal tercera de casación, alega el Libelista defectos de motivación como aspecto sustancial que vulnera el debido proceso de su representado. Específicamente señala la deficiente motivación del fallo de condena como motivo que quebranta el artículo 170 del Código de Procedimiento Penal sobre redacción de la sentencia, específicamente los numerales 4° y 5º que estipulan la necesidad del análisis de los alegatos y de la valoración jurídica de las pruebas en que ha de fundarse la decisión, así como la calificación

jurídica de los hechos y la situación del procesado. Asegura que no atina la sentencia a cumplir con la obligación constitucional de dar a conocer el criterio judicial mediante el cual se soporta o fundamenta la declaración de responsabilidad de su defendido, por cuanto ignoró o simplemente “respondió a medias” los reparos presentados por la defensa en la impugnación de la sentencia de primer grado Agregó que no existe enumeración y valoración de los elementos materiales probatorios o de evidencia física que cuente con la contundencia suficiente para derruir la presunción de inocencia, y menos se pondera algún medio de prueba como lo exige el Estatuto Procesal. Arguye que el Tribunal ignoró los argumentos de la defensa encaminados a acreditar la necesidad de declarar la inexistencia de las pruebas practicadas por fuera del término señalado en la ley para la instrucción penal, en razón a que, en su sentir, una vez agotada dicha oportunidad, la competencia del funcionario instructor se limita a la calificación del mérito probatorio del sumario. Afirmó que en tales condiciones, al catalogarse como pruebas aquellos elementos de juicio allegados con posterioridad al vencimiento del término legal, se vulnera el debido proceso, planteamiento que no obstante haberse invocado con apoyo en jurisprudencia de la Corte Constitucional, fue ignorado en la sentencia impugnada. Pone de presente que la defensa invocó igualmente carencias probatorias, que de no haberse presentado, sin duda alguna habrían permitido acreditar la inocencia del procesado, además de que resaltó algunas pruebas a las que debería negárseles capacidad probatoria en razón a que eran

insuficientes, ligeras, dubitativas y carentes de contundencia, pese a lo cual 5 el Tribunal Superior no se refirió a esos señalamientos ni ofreció razones para desvirtuar las afirmaciones de la defensa. Aseguró que ningún comentario del funcionario de segundo grado ameritó el cuestionamiento efectuado respecto del contenido de la certificación emitida por el Banco Popular, concretamente acerca de que ese documento no acreditaba si para el momento de emisión de los títulos valores la cuenta del procesado ya se encontraba embargada, o si por el contrario dicha medida cautelar únicamente impidió su cobro. Con apoyo en el criterio de autoridad de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de doctrinantes extranjeros, resaltó la importancia de la motivación de las decisiones, y afirmó que la fundamentación del fallo supone la concordancia entre los hechos y la norma penal, además que esos hechos deben corresponder a aquellos probados acorde con las reglas del debido proceso, y no simplemente los que el funcionario quiera darles importancia acorde con su voluntad. Por último, afirmó que en contra de la evidencia que arroja el proceso, la determinación adoptada por el Tribunal Superior para estructurar el delito de estafa acude a “corazonadas, pálpitos o sospechas”, ante la ausencia de pruebas que acrediten el daño 3.2. Segundo cargo (Subsidiario) Con apoyo en la causal tercera de casación, propugna el Libelista por la nulidad de la actuación, en esta oportunidad, porque en su sentir las normas que rigen el capitulo de pruebas en el Código de Procedimiento Penal,

resultaron vulneradas por la omisión en la práctica de pruebas que, además de pertinentes y conducentes, eran necesarias para determinar la verdad real de los acontecimientos. La violación del principio de investigación integral que cataloga de postulado constitucional y legal, dice que constituye en este caso no sólo una irregularidad sustancial que afecta el debido proceso (vicio de estructura), sino que vulnera también el derecho de defensa (vicio de garantía), porque solamente se destacaron las manifestaciones del denunciante, y se dejó de lado en forma abrupta y ostensible la posibilidad de que concurrieran a declarar en la investigación las personas respecto de quienes se solicitó se tuvieran como testigos, además que no fue posible se practicara diligencia 6 que permitiera el contra interrogatorio del denunciante con la finalidad de acreditar que sus manifestaciones no eran más que una versión acomodada de los hechos. Cuestionó igualmente que no se hubiera dado publicidad a las pruebas, cuando era deber primordial facilitar de esta forma el ejercicio oportuno del derecho de contradicción, de donde surge incuestionable que ningún cargo puede estructurarse con fundamento en dichos medios de convicción, en cuanto no fueron sometidos al principio de contradicción. Señala que al testimonio de oídas del denunciante y demás probanzas dubitativas, en lugar de rechazarlas, caprichosamente se les otorgó pleno valor probatorio. Argumentó que se imposibilitó al procesado interrogar a la abogada con quien realizó la transacción al no realizar los funcionarios las labores pertinentes en orden a obligarla a rendir su versión sobre los hechos bajo la gravedad del juramento, elementos de juicio mediante los cuales pretendía

demostrar que las afirmaciones del denunciante carecían de veracidad. Finalmente, luego de transcribir apartes de pronunciamientos de la Corte Constitucional, sostuvo que la omisión en la práctica de pruebas permitió a los sentenciadores de instancia afirmar la existencia de artimañas y engaños, conclusiones que no habrían sido posibles de haberse allegado al expediente los elementos de juicio que echa de menos. 3.3. Tercer Cargo (Segundo Subsidiario) El Tercer Cargo que el censor anuncia, fundamentado en el apartado segundo de la causal primera de casación, presupone la ocurrencia de un error de hecho por falso juicio de identidad respecto de los medios de convicción valorados en el fallo de segundo grado para demostrar la culpabilidad del acusado, con lo cual se violó directamente el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, e indirectamente el artículo 246 del Estatuto Penal de 2000. Sostiene el Libelista que el error del Tribunal consistió en dar al conjunto de pruebas un alcance que no tienen en razón a la distorsión de su contenido fáctico, al deducir de las mismas que para el momento en que fueron girados los títulos valores entregados a la víctima, la cuenta bancaria se 7 encontraba afectada con la medida cautelar, eventualidad utilizada por el Tribunal para edificar la certeza acerca de la voluntad de su representado de engañar y causar daño a los beneficiarios de los cheques. En concreto, asegura que de no haberse otorgado a la certificación enviada por el Banco Popular un alcance que no le corresponde, se habría concluido que al girarse los cheques la cuenta solamente se encontraba inactiva, pero

no embargada, y, por consiguiente, se demostraría que el comportamiento de JOSÉ ÁLVARO BARÓN PUIN no fue doloso, menos aún si se tiene en cuenta que los títulos valores fueron girados en garantía de la deuda por él reconocida. Agregó que de igual forma distorsionó el Tribunal Superior lo afirmado por el sindicado en indagatoria respecto a que los lotes ofrecidos en pago de la deuda se encontraban embargados, pues si bien para el momento de la versión esa era la situación jurídica de los mencionados inmuebles, lo cierto es que en el instante de entregarlos en garantía, carecían de cualquier gravamen, además que efectivamente eran de su propiedad Destaca que sin la distorsión de estas pruebas, se debió haber reconocido la inocencia de su representado respecto del comportamiento ilícito que le fuera atribuido. 3.4. Cuarto Cargo (Tercero Subsidiario) Finalmente, al amparo de la causal primera de casación alega violación indirecta de la ley sustancial por error de hecho que determino el desconocimiento del principio de in dubio pro reo, ya que no se logró demostrar la plena e indiscutible responsabilidad de JOSÉ ÁLVARO BARÓN PUIN en la conducta punible imputada. Puntualiza que el Tribunal desconoció el principio de in dubio pro reo por un error de hecho consistente en falso juicio de existencia por suposición de prueba, y luego de disertar ampliamente respecto de este apotegma y la presunción de inocencia, insiste en que el error del ad-quem consistió en que las pruebas que sirven de sustento al fallo dejan sin

acreditar los elementos estructurales del delito. Puntualizó que los funcionarios nunca se preocuparon por allegar al expediente las piezas procesales correspondientes al proceso ejecutivo, no 8 obstante lo cual a partir de la suposición de su existencia, dio por establecido el juzgador que el daño no había sido suficientemente reparado. Agregó que los mencionados documentos, que han debido aportarse al expediente y ser analizados en sana crítica, permitían acreditar que en el proceso ejecutivo ordinario se ordenó el embargo de bienes del sentenciado y su correspondiente remate, y en consecuencia, a su representado no se le podía reprochar que no hubiera reparado el daño. Sostuvo el Letrado que si el iudex ad-quem hubiera analizado adecuadamente las pruebas, no habría fundamentado su decisión de condena en elementos de juicio materialmente inexistentes en el proceso. En sentir del recurrente, la irregularidad denunciada condujo a dictar una sentencia ilegal, debido al desconocimiento del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, referente al principio de necesidad de la prueba, y a la consecuente violación indirecta del artículo 246 del Código Penal, por aplicación indebida. En el último aparte de la censura, solicitó a la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia impugnada y en su lugar decretar la nulidad de lo actuado por ausencia de motivación. Como petición subsidiaria, solicitó decretar la nulidad de lo actuado a partir del cierre de investigación en orden a garantizar el principio de investigación integral. En el evento de no decretarse la nulidad, pidió se absolviera a su representado, bien por ausencia de prueba que acreditara su

responsabilidad en el comportamiento investigado, o en consideración a la inexistencia de certeza sobre el hecho y la responsabilidad.

4.- CONCEPTO.

Entre los requisitos de forma que según la ley debe contener toda demanda de casación se indican expresamente, entre otros, la identificación de los sujetos procesales y el resumen de la actuación procesal, y si bien el actor cumple con ellos, en ese cometido anticipa incorrectamente 9 cuestionamientos que están reservados sólo al anuncio y desarrollo de los cargos contra la sentencia. De otra parte, la demanda de manera equivocada postula un cargo principal fundado en haberse dictado la sentencia dentro de un proceso viciado de nulidad, y otro más de la misma estirpe como subsidiarios, cuando está ampliamente decantado que la denuncia de vicios in procedendo mediante el recurso extraordinario responde a criterio diverso, por cuanto el orden de presentación se contrae al mayor radio invalidante de la actuación en razón del defecto de estructura o garantía alegado. Es sabido que el principio de prioridad con el cual se resuelve esta clase de situaciones, permite dos lecturas diversas: (1) De un lado, a la vanguardia de la demanda debe aparecer el reclamo de aquel tipo cuando es insular y viene acompañado de otro u otros desarrollados por causales diversas, y; (2) Si ocurre que es acusada paralelamente la presencia plural de vicios de actividad, su exposición deberá estar encabezada por el que en mayor extensión afecte la actuación, luego seguirá el proyectado con un menor alcance y así sucesivamente1. En el presente caso, el orden de los cargos no responde al criterio demandado de antaño por el Órgano Jurisdiccional de la Casación en virtud

el principio de prevalencia o preeminencia, toda vez que el reparo por presunta violación del principio de investigación integral debió invocarse en primer lugar, pues de prosperar, abarcaría un mayor radio invalidatorio que aquella censura referida a defectos de motivación del fallo de segundo grado. A pesar de las inconsistencias advertidas, ello no es óbice para abordar el estudio de fondo de los cargos, sólo que en el orden que impone el principio de prevalencia. 4.1. Segundo Cargo (Nulidad por violación del principio de investigación integral) 1 En sentido semejante, entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 18 de octubre de 2005, M. P. Yesid Ramírez Bastidas, Radicado No. 19.845. 10 Funda el reparo el Libelista en que fue negada la práctica de pruebas, tanto en la etapa de la investigación como en la del juzgamiento, con las cuales se habría demostrado que lo manifestado por del denunciante se trataba simplemente de una versión acomodada de los hechos. En concretó, se refirió al hecho de que no hubieran concurrido a declarar las personas respecto de quienes se solicitó se tuvieran como testigos, así como a la imposibilidad de contra interrogar al denunciante. El principio de investigación integral, tal y como lo sostiene el abogado impugnante, está ligado con el de oficiosidad, el cual impone al operador jurídico la carga procesal de investigar no sólo lo desfavorable sino también lo beneficioso al procesado, pero es igualmente sabido que la inactividad en la práctica de pruebas afecta la validez de la actuación únicamente cuando

tiene la connotación de arbitraria por obedecer al capricho del funcionario. En verdad todo acusado tiene derecho a obtener la comparecencia y el interrogatorio de los testigos de descargo en las mismas condiciones que los testigos de cargo, y no se discute que el derecho a la defensa puede resultar conculcado cuando el funcionario instructor sin fundamento racional alguno se abstiene de verificar las citas hechas por el procesado, o no cumple con su deber legal de practicar las diligencias que propusiese para comprobar sus afirmaciones como manifestación de la defensa material. No obstante lo anterior, el derecho a la prueba no se manifiesta como un derecho ilimitado a llevar a cabo la actividad probatoria que se proponga la parte, pues la misma ley procesal autoriza al funcionario judicial a rechazar la práctica de las legalmente prohibidas o ineficaces, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes y las manifiestamente superfluas, lo que significa que cuando se demande en casación la afectación a dicho derecho se deben indicar las pruebas que se debían practicar y justificar la pertinencia de la mismas, cometido éste último que no cumple el recurrente ya que tan sólo especula acerca de que la versión de los testigos mencionados, habría cambiado el rumbo de la investigación. Así ha razonado la jurisprudencia: “Los jueces no están en la obligación de practicar todas las pruebas que pudieran surgir de la investigación, y tampoco ordenar todas las que le sean solicitadas. El recaudo de cada elemento de convicción, 11 depende fundamentalmente de su conducencia y pertinencia; por ello, en ocasiones, se puede perfectamente omitir la práctica de una

prueba si se considera que el hecho cuya demostración se pretende, ya se encuentra suficientemente probado, siendo por tanto superfluo su ordenamiento”.2 Desde esa perspectiva la inactividad en la práctica de pruebas con capacidad de ocasionar lesión al derecho de defensa o al debido proceso, debe tener la connotación de arbitraria por obedecer al capricho del funcionario, lo cual ocurre cuando de la actuación emerge de manera innegable la necesidad de realizar determinadas probanzas y aquel no hace nada para llevarlas a cabo, o cuando niega las solicitadas por la parte interesada pese a estar debidamente justificadas, siendo claro que ninguna de las anteriores situaciones tiene configuración en el caso analizado. Es fácil advertir, la manera cómo el Libelista se queda en el simple enunciado al indicar que tales probanzas eran imprescindibles para descartar la veracidad de lo manifestado por el denunciante, pero sin detenerse a demostrar la utilidad procesal y el beneficio para su representado, y, mediante el cotejo hipotético con el resto del caudal probatorio, denotar la incidencia que habrían tenido de cara a las conclusiones de responsabilidad penal del fallo atacado; lo propio era demostrar su trascendencia, porque la omisión en la práctica de determinada prueba, no deriva de manera indefectible en el quebrantamiento de tal garantía3. Un repaso al expediente muestra que durante la instrucción y el juzgamiento fue ordenada la práctica de las pruebas mencionadas por el demandante. Específicamente en cuanto se refiere a la versión de la presunta víctima, señor JULIO CÉSAR WELMAN MARTÍNEZ, fue ordenada mediante

Resolución del 20 de agosto de 1998 por la Fiscalía Seccional Noventa y Seis de la Unidad Segunda de Fe Pública y Patrimonio Económico, y reiterada el 30 de octubre y el 10 de diciembre del mismo año. 2 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 22 de octubre de 1999, Rad. 11127 y reiterada en la Sentencia del 24 de enero de 2007, Radicado 22412 3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 24 de Octubre de 2002. M.P. Jorge Enrique Córdoba Poveda. “Cuando se reclama por la vulneración del principio de investigación integral, no basta con indicar cuáles medios de convicción no fueron aducidos, sino que se debe mostrar su conducencia, pertinencia y utilidad y, especialmente, su trascendencia, que no emana de la prueba en sí misma considerada, sino de su confrontación lógica con los elementos que sustentaron el fallo, de modo que se evidencie que de haberse practicado la orientación de éste hubiera sido distinta, por lo que la única manera de remediar el vicio es invalidar lo actuado para que se alleguen, carga que no cumplió el demandante.”. 12 Ya en la etapa de la causa, atendiendo a la solicitud de pruebas elevada por la defensa, mediante telegramas 269 y 270 fueron citados la doctora

MARTHA ROCÍO QUINTERO CRISTANCHO y el señor JULIO CÉSAR

WELMAN MARTÍNEZ, respectivamente. Se observa en el proceso, que efectivamente, en la fase instructiva no se llevaron a cabo las diligencias que echa de menos el impugnante, pues

pese a las reiteradas citaciones a los testigos, éstos no concurrieron a la investigación. Sin embargo, esas irregularidades no tienen la entidad suficiente para generar la nulidad invocada porque no se avizoran razones que señalen que la aportación de las pruebas añoradas por el defensor al caudal probatorio brindarían un panorama distinto y derrumbaría las conclusiones del fallo, máxime si se tiene en cuenta que fueron otros elementos de juicio los que de manera contundente acreditaron su responsabilidad penal, entre ellas, el propio reconocimiento del sindicado en su indagatoria respecto a que para la fecha en que giró los títulos valores, la respectiva cuenta bancaria se encontraba embargada, relato que encontró respaldo con la certificación expedida por el Banco Popular, Sucursal Marly, aspectos advertidos tanto por el Juez a-quo como por el Tribunal Superior en las sentencias de instancia. Los aspectos relacionados con los pormenores de la suscripción del documento de transacción sobre los que aspiraba diera cuenta la doctora MARTHA ROCÍO QUINTERO CRISTANCHO, con quien fue suscrito, en nada modifican su atestación inicial sobre la situación en que se hallaba la cuenta corriente para el momento en que giró los cheques, como tampoco puede modificar dicha situación el que los mencionados títulos valores hubieran sido expedidos en garantía de la deuda, en razón a que nada podían garantizar proviniendo de una cuenta que se encontraba embargada. Igual situación se predica de la versión de la víctima, en cuanto cualquier controversia en torno a sus manifestaciones, que en lo fundamental deberían corresponder al relato contenido en el escrito de denuncia, bien

podían haber sido expresadas en las diversas etapas procesales previstas para presentar las consideraciones en torno al caudal probatorio obrante en el expediente. 13 En este orden de ideas, el cargo no tiene vocación de prosperidad. 4.2. Primer Cargo (Nulidad por falta de motivación de la sentencia) Denuncia el Libelista haberse omitido en el fallo del Tribunal la identificación de la prueba que sirvió de fundamento para hallar responsable al procesado, sin que en su sentir fuera suficiente la escueta referencia al contenido de la denuncia, por cuanto no cumple la sentencia con la obligación de dar a conocer el criterio judicial mediante el cual se soporta o fundamenta la declaración de responsabilidad de su defendido. En verdad, a la falta de motivación de la sentencia se puede llegar por la imposibilidad absoluta de determinar la fuente probatoria que sustenta sus conclusiones y a su vez constituir causal de invalidación de la actuación porque impide el ejercicio del derecho de defensa. Pero esta no es la situación que se desprende del contenido del fallo, porque contrario a lo señalado por la demandante, que sólo se remite a un sector específico de él, debió analizarlo en toda su extensión para concluir si aún así persistía la existencia de su reparo. Se observa que se concentró en algunos puntos específicos de la sentencia, cuando toda ella constituye un solo cuerpo en donde las partes se complementan mutuamente, independientemente de la estructura que se adopte y que en este caso se prefirió resolver inicialmente el planteamiento de nulidad en que insistió la defensa pese a que ya había esgrimido los mismos motivos de invalidez resueltos negativamente en desarrollo de la audiencia preparatoria, acápite del pronunciamiento en que dejó plasmado

el Tribunal Superior su criterio en torno a que el hecho que no se citara por parte de las autoridades a una audiencia de conciliación no constituía irregularidad, en el entendido que “…si el procesado y la defensa tenían intención de conciliar, hubiese solicitado a la Fiscalía o al Juez formalmente la realización de una audiencia, pero nunca lo hicieron. De todas maneras mírese que ya en el proceso civil se había intentado un arreglo, totalmente incumplido por el aquí procesado…”. Agregó el funcionario de segundo grado en la providencia impugnada, que los funcionarios encargados del trámite procuraron en múltiples oportunidades la comparecencia del denunciante y su abogada, sin que 14 hubiese sido posible que concurrieran a rendir declaración, eventualidad que en su sentir ponía en evidencia que no se presentó pasividad de su parte. Seguidamente procedió la Corporación Judicial a examinar la situación jurídica del procesado, en cuyo contexto argumentó que se encontraba plenamente acreditado en las diligencias que la cuenta corriente contra la cual se giraron los títulos valores se encontraba inactiva-embargada, y que carecía de toda relevancia el que sólo se hubiere presentado un cheque para su cobro, pues de todas formas los restantes habrían de ser impagados por la misma causal. Aseveró igualmente que el hecho de haber sido entregados los cheques en garantía en nada modificaba la situación, en la medida en que los mismos “…se encontraban fechados y por lo tanto prescribirían en un término de seis meses a partir de la fecha de su exigibilidad, luego, no se puede pretender que se crea tal exculpación cuando el cheque, en este evento no

servía de garantía del acuerdo…”, y seguidamente mencionó la normatividad comercial referida a la caducidad y prescripción de la acción cambiaria, de donde concluyó que carecía de lógica entender que los títulos valores girados por el procesado lo fueron en garantía. Puso de presente así mismo que si bien el proceso ejecutivo continuó su curso, ello obedecía a la necesidad de cobrar la deuda pendiente desde el año 1997. Por último, dedicó el Tribunal Superior un aparte del pronunciamiento al análisis de los elementos estructurales del delito de Estafa y su real configuración en este evento. Lo anterior para desvirtuar las situaciones puntuales alegadas por la defensa, es decir, dar a conocer el criterio judicial en que se fundamenta la declaración de responsabilidad de su defendido, y ofrecer respues