PGN - DELITO La víctima o el perjudicado tiene 2 vías para reclamar los perjuicios derivad

Honorables Magistrados Sala de Casación Penal

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

M. P.: Dr. Herman Galán Castellanos.

Bogotá, D. C.

REF.: Concepto Casación Oficiosa (Rad. 20.489) El Juzgado Promiscuo del municipio de Planeta Rica (Córdoba) declaró penal y civilmente responsable a Manuel Fernando Meza Orrego de los delitos de Homicidio y Lesiones Personales, ambos culposos, y en la misma providencia absolvió al tercero civilmente responsable.

En virtud del recurso de apelación que interpusieron el defensor del procesado y la parte civil, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería decretó la nulidad del fallo penal y confirmó tan sólo el punto de la exoneración de responsabilidad de carácter civil. Contra esta última determinación jurisdiccional, el actor civil en ejercicio del derecho de impugnación interpuso el recurso extraordinario de casación, cuya demanda inadmitió la Corte Suprema de Justicia pero ordenó el traslado al Ministerio Público para que conceptúe “sobre la posible vulneración de las garantías del debido proceso y de la víctima”.

1.- SITUACIÓN DE HECHO.

En horas del mediodía del 23 de enero del año 2000, en el kilómetro 63 de la vía que conduce de Planeta Rica a Caucasia, colisionaron el camión de placas SRX771, de servicio público, propiedad de Leasing de Crédito S.A., afiliado a la empresa Carga Villa de San Carlos, y el Renault de placas MLS-813 conducido por Verónica María Gil Álvarez, con el resultado de las lesiones que sufrió ésta,

sus acompañantes Dalia Cecilia Calderón Roldan, Diana Patricia Sierra Bartolo y la muerte de Alberto Quintero Pulgarín. Procuraduría Cuarta Delegada para la Casación Penal Carrera 5ª Nº 15-80 Piso 23 - PBX 3360011 / 3520066 - Ext. 12307/14 www.procuraduria.gov.co - casacion4penal@procuraduria.gov.co Radicación N° 20.489 Manuel Fernando Meza Orrego

2.- ACTUACIÓN PROCESAL Y CONCEPTO.

La investigación penal se inició contra los conductores de los dos vehículos, y como parte civil se constituyó Dalia Cecilia Calderón Roldan en su condición de esposa del fallecido y madre de la menor nacida de esa unión. A instancia suya se ordenó tener a la empresa Leasing de Crédito S.A., en calidad de tercero civilmente responsable representada por Fernando Rodríguez Carrizosa. En la oportunidad procesal de la definición provisional de la situación jurídica de los vinculados se ordenó la preclusión de investigación de Verónica María Gil Álvarez, y, en cambio, se dictó medida de aseguramiento de detención contra el conductor del primer vehículo, Manuel Fernando Meza Orrego, por el delito de Homicidio Culposo Perfeccionada en lo posible la instrucción, el mérito probatorio del sumario se calificó con Resolución de Acusación del 11 de septiembre de 2000 en su contra, por el concurso de delitos de Homicidio y Lesiones Personales, en su modalidad culposa, previstos en los artículos 329 a 342 del Código Penal vigente para la época, La etapa procesal del juzgamiento la adelantó normalmente el Juzgado

Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, que rituó el juicio oral público y mediante sentencia del 9 de noviembre de 2001, condenó al procesado de los delitos culposos de Homicidio y Lesiones Personales, a las penas principales de treinta meses de prisión, cinco mil pesos de multa y suspensión en el ejercicio de la conducción de automotores por un año; a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad; y a pagar en favor de Dalia Cecilia Calderón Roldan el equivalente en moneda nacional de 1.500 gramos oro, por perjuicios materiales, y 800 por los morales, y en favor de Verónica María Gil Álvarez y Diana Patricia Sierra Bartolo 100 y 200 gramos oro para cada una, por los mismos conceptos, respectivamente. 2 Radicación N° 20.489 Manuel Fernando Meza Orrego En cambio, absolvió al Tercero Civilmente Responsable de las pretensiones de la Parte Civil por no ostentar la condición de guardián del vehículo. Contra la expresada sentencia el defensor y también el apoderado de la Parte Civil, hicieron uso del derecho de impugnación. Inicialmente el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería, mediante providencia de efectos transitorios mientras se subsanaba la irregularidad de la falta de notificación personal a la Fiscalía se inhibió de conocer del recurso de apelación, el que más tarde por medio de la providencia el 13 de marzo de 2002 resolvió, así: (1) Por defectos de motivación según la parte motiva “en cuanto al aspecto penal

y los perjuicios en lo que afectan a Manuel Fernando Meza Orrego” decretó “la nulidad del fallo apelado por el defensor del procesado en orden al contenido penal”. (2) Confirmó el punto sexto de la sentencia penal apelada por el apoderado de la parte civil, esto es, la absolución de Leasing de Crédito S.A. Compañía de Financiamiento Comercial “puesto que esa empresa carecía del carácter de guardiana respecto del vehículo conducido por don Manuel Fernando Meza Orrego”. En este caso se trató de una providencia de naturaleza mixta que incluyó una decisión de índole interlocutoria como fue la resolución de nulidad, que no pierde su carácter y menos asume la condición de la sentencia por haber sido adoptada como consecuencia de la apelación de ésta. En esas condiciones, no era susceptible de casación, por cuanto a la luz del ordenamiento jurídico este recurso extraordinario únicamente procede contra las sentencias de segunda instancia proferidas por los Tribunales Superiores. La providencia del Tribunal no definió sobre la responsabilidad penal y civil del procesado por el delito culposo de Homicidio, simplemente aplazó su decisión, y no obstante que el tema objeto de impugnación era ajeno a la demostración o no de su existencia, la Corte Suprema de Justicia muy a pesar que reconoció la falta de precisión del demandante acerca si lo hacía por la vía excepcional, consideró que en atención a la pena señalada por la ley para esa infracción, abordó el examen de la demanda como si se tratara de una casación discrecional y la rechazó por la ausencia de los requisitos de la justificación del

desarrollo de la jurisprudencia o la violación de las garantías fundamentales. 3 Radicación N° 20.489 Manuel Fernando Meza Orrego El representante de la parte civil, según se lee en el escrito que presentó, simplemente interpuso “el recuso de casación exclusivamente en lo que tiene que ver con el numeral segundo de la sentencia de segunda instancia en lo que confirma la decisión adoptada en primera instancia al absolver al tercero civilmente responsable”. En el cuerpo de la demanda postula la casación contra la sentencia de segunda instancia pero también aclara que su finalidad es la de que se case parcialmente y se deje sin valor el numeral segundo de la misma. Independientemente de su contrariedad con la ortodoxia procesal, la Corporación jurisdiccional con la anulación del fallo de contenido penal y la confirmación de la absolución del tercero civilmente responsable decidió dejar sólo la validez de la sentencia de indiscutible carácter civil. Es sabido que la obligación de indemnizar que tiene el responsable del hecho punible y todo aquel que sin ser autor o participe del delito está obligado a reparar el daño en forma solidaria de acuerdo con la ley civil, tiene un contenido de este carácter y no muta su naturaleza ni sus consecuencias por su ejercicio dentro del proceso penal paralelamente a la acción penal1. De acuerdo con la jurisprudencia, sólo en relación con la censura de raigambre penal el Código de Procedimiento Penal de la materia exige la justificación de la discrecionalidad que se echa de menos2. Ahora bien, según lo previsto en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000 (antes, art. 226 Decreto 2700/91), son la presentación de una demanda en debida

forma y la existencia de un interés jurídico para recurrir los presupuestos para que el Órgano jurisdiccional de la casación adquiera competencia para conocer del recurso extraordinario, y el marco de referencia del Ministerio Público cuando rinde su concepto obligado, porque le está vedado formular nuevos cargos, reencauzar los propuestos, o sugerir pronunciamientos, salvo en casos de violación del debido proceso y las garantías fundamentales, que ninguna relación guardan con las pretensiones de la demanda, pues esta actividad resulta ajena a sus funciones, como de manera reiterada lo ha declarado la suma autoridad judicial en innumerables pronunciamientos3. Sin embargo, el desarrollo reciente de la jurisprudencia a pesar de que inadmite la demanda por no cumplir con los requisitos de forma cuando quiera que se advierte la existencia de una irregularidad que afecta los pilares básicos del proceso o las garantías fundamentales de los intervinientes, se arroga la 1 CFR. Gaviria Londoño Vicente Emilio, Monografía “Algunos Aspectos Civiles dentro del Proceso Penal” U. Externado de Colombia Pag. 38. 2 CFR. Sentencia Mayo 5 de 2004 M.P. Alfredo Gómez Quintero. 3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 10 de noviembre de 2004. M. P. Dr. Edgar lombana Trujillo. Rad. N° 18.428. (entre muchas otras). 4 Radicación N° 20.489 Manuel Fernando Meza Orrego competencia de manera oficiosa y ordena el traslado al Agente del Ministerio Público para que conceptúe exclusivamente sobre el vicio que se constituye en

el punto concreto y preciso en relación con el cual se debe pronunciar. En este concreto particular, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia vislumbra una eventual falta a la estructura del proceso o desconocimiento de los derechos fundamentales de la víctima, pero sin establecer un marco de referencia explicito sobre la forma como se puso de manifiesto la irregularidad sustancial, lo cual propicia el riesgo de no coincidir con el concepto del Ministerio Público. La obligación del tercero civilmente responsable de indemnizar en forma solidaria con el autor directo de la infracción penal se deriva o nace a consecuencia del delito demostrado en el proceso, luego la definición sobre la existencia de éste es condición o requisito sine qua non para el pronunciamiento de condena o absolución de aquel que sin haberlo cometido debe responder de acuerdo con las leyes civiles. En efecto, sabido es que de conformidad con la Legislación Civil (art. 1494 C. C.) una de las fuentes de las obligaciones es el delito, porque su ejecución puede generar un daño privado en la medida en que afecte los intereses patrimoniales o extrapatrimoniales de una o varias personas. El delito produce de ordinario un daño público que da nacimiento a la acción penal ejercida por el Órgano del Estado encargado de la persecución de la delincuencia, y un daño privado el cual origina la acción civil, cuya titularidad descansa en las víctimas o perjudicados con la transgresión de la ley, a quienes les asiste el derecho de reclamar el pago de los perjuicios materiales y/o morales que hayan sufrido con la conducta punible.

La víctima o el perjudicado con un delito tienen dos vías para reclamar los perjuicios derivados del ilícito: de un lado, promover ante la jurisdicción civil un proceso ordinario o bien, de otro, aprovechar la acción penal pública ejercida por el Estado contra los autores y partícipes de la ilicitud y dentro del respectivo proceso constituirse en Parte Civil. Esta última opción, fundada en el hecho de tener ambas acciones la misma fuente, estaba prevista en el artículo 43 del Decreto 2700 de 1991, vigente para cuando se dio inicio a la presente actuación, como igual ahora lo está en el artículo 45 de Ley 600/00 que consagra la posibilidad de acumular en el proceso penal el ejercicio de la acción civil indemnizatoria. 5 Radicación N° 20.489 Manuel Fernando Meza Orrego Empero, para que la víctima o perjudicado con un delito puedan hacer efectiva la anterior prerrogativa legal es menester, no solo la existencia y vigencia de un proceso penal por el respectivo hecho punible, sino que en el mismo existan personas identificadas e individualizadas como presuntas autoras y responsables de la conducta ilícita, y que no se haya promovido de manera independiente ante la jurisdicción civil la respectiva acción indemnizatoria, ya que de ser así es improcedente su ejercicio dentro del proceso penal. Las anteriores condiciones son las que le dan justamente a la acción civil ejercida dentro del proceso penal el carácter de accesoria, dado que una vez acumulada a la penal, aquella queda condicionada a la existencia de ésta, toda vez que la coherencia interna exigida por el proceso penal obliga a que la

pretensión adyacente de naturaleza civil siga la suerte de la pretensión principal y que si ésta desaparece, desaparezca la primera como su consecuencia lógica. Desde tal perspectiva el juez penal únicamente tiene competencia para pronunciarse sobre las pretensiones de la víctima o perjudicado con el delito, en la medida que la tenga para decidir sobre la responsabilidad del procesado, sin que pueda antes de dictar sentencia, resolver de fondo y con fuerza de cosa juzgada sobre los aspectos pretendidos en la demanda de Parte Civil. No escapa incluso a la doctrina la enseñanza conforme a la cual la jurisdicción penal sólo tiene competencia para la condena o absolución del condenado cuando se demande con base en la conducta punible del acriminado, pues si se pretende con fundamento en una responsabilidad objetiva del civilmente responsable que no fuese constitutiva de un hecho punible, la obligación es elegir la jurisdicción civil1. Se propone, de acuerdo con lo anterior, la nulidad oficiosa del fallo de carácter civil exclusivamente que dejó con vida jurídica el Tribunal. Son oportunas las palabras de la suma autoridad judicial cuando destaca que, “Así se proveerá a pesar de que el estatuto procesal civil no contempla la institución de la casación oficiosa, porque la única condición que establece la norma del código procesal penal que se acaba de citar es que sea ostensible que la sentencia atenta contra las garantías fundamentales, supuesto que sin duda se verifica en este asunto (Sentencia del 6 de julio de 2005. M.P. Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón. Rad. No. 21.995)”.

4.- PETICIÓN

1 Tamayo Jaramillo Javier, La indemnización de perjuicios en el proceso penal, Pag. 70. 6 Radicación N° 20.489 Manuel Fernando Meza Orrego Son suficientes las anteriores consideraciones para solicitar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que en forma oficiosa ANULE la sentencia por medio de la cual se confirmó la absolución del Tercero Civilmente Responsable. Atentamente, ALFREDO ALFONSO ARIZA PADILLA Procurador Cuarto Delegado para la Casación Penal Bogotá, 13 de julio de 2005. Rad. No. 20.489. 7