PGN - DELITO Significado del carácter de flagrancia según la doctrina

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C. julio catorce (14) de dos mil cinco (2005). Aprobado en Acta de Sala No. 28

Radicado: 16102681 (008-50020/00)

Investigado: CARLOS ENRIQUE GALLEGO CATAÑO

Cargo y Entidad Subintendente Policía Nacional Quejoso: JOSÉ ANTONIO AMAYA ARENAS Fecha Queja Agosto 16 de 2000

Fecha hechos: Agosto 15 de 2000

Asunto: Apelación Fallo Sancionatorio

P. D. PONENTE: Dra. DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ La Sala Disciplinaria, en ejercicio de la competencia otorgada por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 del 2000, conoce mediante recurso de apelación interpuesto por la defensora del SI. CARLOS ENRIQUE GALLEGO CATAÑO, del fallo de mayo 16 de 2005 (c2 fl. 435), por el cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos le impuso sanción de suspensión en el ejercicio del cargo y sin derecho a remuneración, por el término de noventa (90) días, al hallarlo disciplinariamente responsable del cargo de homicidio en ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ, conforme a hechos sucedidos el 15 de agosto de 2000 en la ciudad de Bucaramanga (Santander).

Mediante ese mismo fallo, la Delegada absolvió al Agente de la Policía Nacional JOSÉ FERNANDO RODRÍGUEZ LIZCANO del cargo que se le había formulado, medida que no fue recurrida, y por obvias razones esta decisión no

ocupa la atención de la Sala Disciplinaria. ANTECEDETES La tarde del 15 de agosto de 2000, los policiales SI. GALLEGO CATAÑO CARLOS y Agente RODRÍGUEZ LIZCANO JOSÉ FERNANDO, ambos en motocicleta; el SI. LUIS DOMINGO ESTUPIÑÁN MENDOZA y el Agente GABRIEL GONZÁLEZ, estos dos en una camioneta, realizaban en el sector norte de la ciudad de Bucaramanga, barrio "Esperanza III" o tres esquinas, un "plan requisa e identificación de personas" .En cumplimiento de esa labor fueron enterados por un ciudadano que en "tres esquinas" estaban atracando, motivo por el cual se dirigieron a ese lugar y al llegar, algunas personas salieron corriendo, entre ellas el hoy occiso ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ, quien, según los militares, llevaba un revólver y debido a que emprendió carrera por vías peatonales, el Agente GABRIEL GONZÁLEZ se quedó cuidando los automotores en tanto que sus tres compañeros perseguían al portador del arma. Los tres uniformados que perseguían al joven armado fueron informados que éste había ingresado a su residencia y por esa razón dos de ellos (Estupiñán y Rodríguez Lizcano) penetraron en esa casa, contando con el esquivo consentimiento de YULEISI AMAYA SÁNCHEZ, hermana de aquél, en tanto que el SI. Cataño quedó afuera. En este inmueble no encontraron a quien perseguían pero Cataño los enteró haber recibido información que esa persona se había refugiado en otra casa que ya tenía ubicada. Según los policiales, a este segundo inmueble ingresaron

CATAÑO y RODRÍGUEZ, en tanto que ESTUPIÑÁN quedó afuera prestando seguridad, pero, según los familiares y amigos del hoy occiso, a ésta casa tan solo entró CARLOS ENRIQUE GALLEGO CATAÑO, en tanto que otro de ellos quedó afuera prestando seguridad y el tercero continuaba en la primera residencia revisándola minuciosamente. En lo que coinciden las versiones de civiles y militares es acerca de haberse hecho tan solo un disparo por parte de GALLEGO CATAÑO en el segundo piso de la segunda de esas viviendas, que impactó en la espalda del perseguido al tratar de huir por una ventana y cayó herido a la calle y posteriormente falleció camino al hospital a donde fue llevado por sus perseguidores y una amiga de la víctima, Según Gallego Cataño y Rodríguez Lizcano, en la habitación donde ocurrieron los lamentables hechos, ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ apuntó el revólver que portaba, calibre 38, a RODRÍGUEZ LIZCANO quien estaba de espalda, exigiéndole la entrega de la metralleta que tenía terciada a la espalda y al amagar dispararle, el compañero de éste, GALLEGO CATAÑO, percutió su arma de dotación causándole la muerte al joven. A pesar que al informe respectivo se adjuntó el revólver calibre 38 corto "en mal estado de conservación y mantenimiento", con la inscripción "Made In Usa, marca registrada SMITH WESSON SPRINGFIELD, MASS" y cinco cartuchos calibre 38 corto, que supuestamente portaba la víctima, los familiares, amigos y vecinos del occiso sostienen que el joven no portaba arma

de fuego sino que permanecía con un cuchillo, el cual llevaba en la pretina de la pantaloneta cuando fue muerto. Familiares, amigos y vecinos de la víctima aceptan que éste consumía marihuana, permanecía armado con un cuchillo y se dedicaba a atracar peatones, taxistas, conductores de buses (c. 1 fls, 5, 40 , 53 vto., 54 vto. , 58 vto., 61 vtro. Y 67 vto,). A folio 54 vto. Del cuaderno uno, consta que en diferentes Fiscalías cursaban o cursaron diligencias penales en su contra por hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas y violencia contra empleado oficial. Por el homicidio, se ordenó indagación preliminar el 23 de agosto de 2000 (c.1 fl. 5); apertura de investigación el 4 de abril de 2001 (c.1 fl. 14); se formularon cargos el 14 de marzo de 2003 (c. 1 fl. 229); se corrió traslado para alegar (c.2 fl. 420) y, por último, el16 de mayo de 2005 se profirió el fallo objeto de alzada (c.2 fl. 435). FALLO DE PRIMERA INSTANCIA En el fallo que por vía de apelación revisa la Sala Disciplinaria, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos (c, 2 fl. 435), declaró disciplinariamente responsable al Subintendente de la Policía Nacional CARLOS ENRIQUE GALLEGO CATAÑO de la conducta de homicidio en ALEXANDER AMAYA

SÁNCHEZ, ocurrida el 15 de agosto de 2000 en la ciudad de Bucaramanga, a título de dolo, con lo cual afectó la función pública de proteger la vida de los ciudadanos y consideró la falta Grave, porque aplicó disciplinariamente, en virtud de los principios de legalidad y favorabilidad, la ley 200 de 1995, artículos 40 -numerales 1, 2, 6 y 22y art. 41. También estimó aplicables el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Consideró la Delegada que no resulta legalmente atendible el argumento de la legítima defensa expuesta por los investigados, porque los residentes en la casa donde sucedieron los hechos, Doris Rojas Villamizar y Daniel Rojas Blanco, les consta que el único que ingresó con arma en la mano fue el subintendente GALLEGO CATAÑO, lo cual concuerda con la versión de GERMÁN ROJAS BLANCO quien trabajaba en la puerta de ese inmueble y ratifica que solamente ingreso un Agente y que no hay prueba alguna que lleve a pensar que los deponentes se confabularon para perjudicar a los servidores del Estado y que, además, los ratifica el protocolo de necropsia que estableció impacto de proyectil de arma de fuego por la espalda lo que indica que su agresor estaba detrás de él y por consiguiente no estaba de frente y encañonándolos y tan solo pretendía huir por la ventana, siendo este el motivo por

el cual su cuerpo cayó del segundo piso a la calle. Dice la primera instancia, no entender cómo un policial adiestrado, persiguiendo a un posible delincuente armado con revólver haya ingresado a la vivienda "con la metralleta terciada en la espalda" y mucho menos que el perseguido lo hubiera saludado desde una de las habitaciones de la casa, como lo afirma RODRÍGUEZ LIZCANO pues es increíble que el perseguido lo estuviera saludando y a la vez amenazándolo con el arma. Igualmente, como el citado Agente de la Policía Nacional dice que estaba en el balcón cuando escuchó la detonación, el a-qua concluye que en consecuencia no es cierto que estuvieran los dos policiales juntos cuando Gallego disparó. También concluye que el civil no portaba arma de fuego porque ninguno de los declarantes la vio. Analiza la Delegada que el disparar hacia el perseguido no era necesario, habida consideración que no contaban con orden de captura que justificara la persecución, la única salida era la ventana que daba hacia la calle y en ésta se encontraban los otros agentes, quienes hubieran podido reaccionar al caer al suelo. Por todas estas razones el juzgador de primera instancia no acogió las exculpaciones dadas por el Subintendente CARLOS ENRIQUE

GALLEGO CATAÑO.

También analizó la primera instancia, para restarle credibilidad a la supuesta legítima reacción en defensa de un compañero amenazado con arma de fuego, que en total intervinieron en el operativo cuatro unidades, que en ese momento estaban ubicadas, así: uno se quedó custodiando los automotores; otro estaba en la residencia del hoy

occiso (según su hermana Yuleisi Amaya); un tercero estaba frente a la casa donde sucedieron los hechos, prestando la debida seguridad y el cuarto, esto es, el investigado, en el segundo piso de la segunda de las mencionadas casas, solo, frente a ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ, circunstancia ésta que desvirtúa por completo el argumento defensivo. SUSTENTACIÓN RECURSO DE APELACIÓN Dice la defensora del SI. CARLOS ENRIQUE GALLEGO CATAÑO (c. 2 fl. 487 y ss); que su patrocinado actuó en legítima defensa porque el occiso era una persona reconocida en el sector como violenta, atracadora, consumidor de droga y portador de armas para cometer sus ilícitos, tanto así que se le encontró un revólver y no hay prueba que desvirtúe este hecho; que la primera instancia no tuvo en cuenta que los declarantes que incriminan a los policiales son amigos del hoy occiso e inclusive le ayudaban a eludir a las autoridades y dice no entender cómo se le da tanta credibilidad a las personas que ayudan a los delincuentes. Afirma ser cierto que no había orden de aprehensión en contra del perseguido pero no por ello puede afirmarse que su defendido buscó a ALEXANDER AMAYA con el propósito doloso de asesinarlo. Argumenta que su defendido no violó derechos humanos dado que actuó como Policía en ejercicio de sus funciones y utilizó su arma de dotación legítimamente en defensa propia, de su vida y la de su compañero. A folio 490 del cuaderno dos sintetiza su punto de vista probatorio, afirmando que al no haber el Estado establecido que el hoy occiso no portaba un arma de fuego, lo cual es negado por los interesados familiares y amigos de la

víctima, necesariamente surge duda al respecto que debe resolverse a favor del investigado y tras considerar que el actuar de su representado se enmarcó dentro de los parámetros de la legítima defensa, bajo ese concepto invoca la absolución. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Como ya se dijo, el 15 de agosto de 2000 los integrantes de la Policía Nacional, señores GALLEGO CATAÑO, ESTUPIÑÁN MENDOZA y RODRÍGUEZ LIZCANO, ante la información de un ciudadano sobre la presencia de atracadores en el sitio tres esquinas, hicieron presencia en ese lugar, en donde observaron que un hombre (Alexander Amaya) corría con un arma de fuego en la mano -según ellos y desmentido por otros declarantes-motivo por el cual emprendieron su persecución y como aquél se refugió en la vivienda de DORIS ROJAS, hasta allí ingresó, al segundo piso, el Subintendente CARLOS ENRIQUE GALLEGO CATAÑO, quien antes que el ciudadano se lanzara por una ventana al primer piso, accionó su arma de dotación y el perseguido cayó al primer piso, en la calle, con herida de proyectil que penetró por la espalda y le ocasionó la muerte momentos después cuando los Agentes de la Policía lo llevaban al hospital para que se le prestara atención médica. El cargo endilgado al Subintendente CARLOS ENRIQUE GALLEGO CATAÑO se puede leer a folio 235 del cuaderno uno y es del siguiente tenor: “EI 15 de agosto de 2000, en su condición de Subintendente de la Policía Nacional, adscrito al Departamento de

Policía Santander, usted ingresó sin permiso de sus moradores a la casa de habitación de la familia AMAYA SÁNCHEZ, en busca del joven ALEXANDER sin lograr encontrarlo dirigiéndose posteriormente al inmueble de la señora DORIS ROJAS VILLAMIZAR, ubicado en la carrera 24 No. 12N 20, Barrio La Esperanza, III Etapa donde igualmente sin obtener permiso de sus ocupantes, ingresó y procedió a requisar todos los lugares, hasta encontrar en el segundo nivel, al señor ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ, contra quien accionó su arma de dotación oficial, arrojando como resultado la muerte del joven, quien conforme a las pruebas testimoniales recaudadas en este plenario, se había refugiado allí huyendo de la ley, conducta de “lesa humanidad" que de acuerdo con las pruebas recaudadas, se le endilga a título de dolo y reviste el carácter de falta disciplinaria". La primera instancia analizó que conforme al principio de legalidad y dado que la normatividad viable es la ordinaria, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia C-620 de noviembre 4 de 1998, la ley aplicable es la 200 de 1995, vigente para el 15 de agosto de 2000 y no la 734 de 2002 y como aquella no contempla el homicidio como falta gravísima, optó por considerar la falta como grave. Desde ahora, la Sala Disciplinaria comparte esta apreciación del a-quo, a más que no es objeto de impugnación. Como normas posiblemente infringidas, se le citaron: artículo 5 numeral 1 de la Convención Americana de Derechos

Humanos (C.A.D.H.) o "Pacto de San José de Costa Rica", suscrita el 22 de noviembre de 1969 en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, aprobada por Colombia mediante la ley 16 de 1972, que entró en vigencia el 18 de julio de 1978; artículos 6, 11, 93 y 95 - numerales 1 y 4 -de la Constitución Política y como norma disciplinaria la ley 200 de 1995, artículos 40 numerales 1, 2, 6, 13 y 22 y se le dijo que las transgresiones de esas disposiciones pueden constituir faltas disciplinarias al tenor de los artículos 38 y 40 numerales 1 y 2 de ésta última. Acompaña la razón a la defensa respecto a que el occiso era un reconocido delincuente porque ello consta en el cuaderno uno, folios 5, 40, 53 vto., 54 vto., 58 vto. 61 vto. Y 167. En esos folios aparece que consumía marihuana, cometía hurto calificado y Agravado a transeúntes y conductores de buses y taxis, porte ilegal de armas y ejercía violencia contra empleados oficiales, tanto que atacó a un Policía de apellido GAMBOA con arma blanca y "si no hubiera sido por el chaleco antibala que porta, le hubiera causado herida" (ver c. 1 fl. 58 vto.). Es más, según su vecino y amigo BIANOR CALDERÓN GARCIA (c.1 fl. 87), la fecha en que murió, "se la pasó todo el día atracando,

cosa que venía haciendo día por día" y entró a la casa corriendo como siempre lo hacía después de haber cometido delito, empuñando un revólver". Los otros familiares y vecinos amigos de ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ, reconocen abiertamente que consumía marihuana, cometía delitos y que siempre portaba un cuchillo, junto al cual murió. Hasta aquí el acervo probatorio indica que en un principio el accionar de los miembros de la Policía Nacional era legítimo, dado que perseguían a un reconocido delincuente que estuvo "todo el día atracando", según BIANOR CALDERÓN GARCÍA. Sin embargo, no hay que olvidar que el derecho a la vida no puede ser diferenciado según el destinatario y que, meramente a manera de ejemplo, la muerte extralegal de delincuentes no tiene justificación alguna, incluido el fatal argumento del bien que se le hace a la sociedad. De lo hasta ahora expuesto, se deduce que los Agentes de la autoridad, legítimamente perseguían a alguien señalado de comisión de delitos, lo cual está conforme a la ley. Sin embargo, desde el momento en que los policiales ingresaron a la vivienda del fugitivo y después a la residencia de DORIS ROJAS VILLAMIZAR, en donde se realizó el fatal disparo, la situación varió sustancialmente porque a partir de allí se encontraban en juego derechos como la inviolabilidad del domicilio, el ingreso a domicilio ajeno en persecución de delincuente sorprendido en flagrancia y, por último, el derecho a la vida, protegidos por los artículos 11, 28 y 32 de la Constitución política. En consecuencia,

deben dilucidarse y son tema de debate en la segunda instancia, los siguientes aspectos: Si ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ fue sorprendido en flagrancia en comisión de delito; si llevaba consigo un revólver; si amenazó con esa arma a los Agentes de la autoridad, poniendo en riesgo sus vidas. Según el resultado probatorio en relación con estos puntos, se tomará la decisión que corresponda, partiendo de la base, como ya se dijo, de reconocer que le asiste razón a la defensa en cuanto que el perseguido era proclive al delito pero, también, si el operativo se realizó bajo los límites racionales y democráticos del uso de la fuerza para rechazar al agresor injusto o mantener las condiciones necesarias para el legítimo ejercicio de las libertades ciudadanas. Antes de entrar a analizar los referidos aspectos, y dado que la prueba sobre lo acontecido es testimonial, salvo el informe de novedades, y, además, la defensa cuestiona -sin hacer análisis del conjunto probatoriola credibilidad de los declarantes por su amistad con la víctima, de tal intimidad que inclusive le colaboraron para que pudiera eludir a la fuerza pública, es preciso decantar el conjunto testimonial de cargo y darle a cada uno de los deponentes la credibilidad o incredibilidad que merecen. Encuentra la Sala que no presenciaron los hechos y por consiguiente muy poco aportan para dilucidar el caso, los siguientes declarantes: El padre de la víctima y quejoso, señor JOSÉ ANTONIO AMAYA ARENAS (c.1 fl. 4,90 y 112); la madre del occiso, señora OLGA MARÍA SÁNCHEZ (c. 1 fls. 54 y 74); MARÍA GLADIS BLANCO MEJIA (c.1 fl. 135);

EMERITA RODRIGUEZ GUALDRON (c.1 fl. 139), aunque esta señora acompañó a los Agentes de la Policía a llevar el herido al hospital y según sus palabras, murió en sus brazos; ZOÍLA GUALDRÓN DE RODRÍGUEZ (c. 1 fl. 179); MARÍA GLADIS BLANCO MEJÍA (c. 1 fl. 135); Capitán VÍCTOR WILSON RIVERA CASTILLO y Agente de la Policía GABRIEL GONZALEZ, quien se encontraba a dos (2) cuadras cuidando los automotores (c.1 fl. 56). La Sala analiza a continuación los testimonios de quienes presenciaron parcialmente lo acontecido en el inmueble donde la víctima recibió el disparo o en los alrededores de esta casa, dejando para el final el del menor de trece (13) años de edad DANIEL ROJAS BLANCO, quien estaba presente cuando ocurrieron los hechos en el segundo piso de la edificación. a).- YULEISI AMAYA SÁNCHEZ (c. 1 fls. 71 y 133), es hermana del occiso, de quien informa era atracador pero que los ilícitos los cometía utilizando un cuchillo, no arma de fuego y que había estado retenido en Inspecciones Permanentes y en la Correccional de Piedecuesta. Dice que estando en su casa entraron dos Policías y tras una somera revisión al inmueble, uno de ellos se fue pero el otro quedó adentro revisando cuidadosamente y en el momento en que le exigía que abriera la puerta de una habitación que el padre de la joven utilizaba como taller de

carpintería, escucharon el disparo, ante lo cual el Agente que estaba en su casa, dijo: "por fin cogieron a esa gonorrea, ahora sí me doy cuenta que no estaba acá". Informa haber escuchado solamente un disparo y que el único presencial en el momento de los hechos era un niño que se llama DANIEL ROJAS. Observa la Sala en esta declarante, ausencia de interés en ocultar la verdad, pues no de otra forma hubiera sido tan enfática en afirmar que no presenció el momento de la muerte de su hermano y que esto tan solo le consta a un niño. Si ella no hubiera estado hablando con otro Policía, a quien acompañaba en la minuciosa revisión del inmueble, bien pudiera haber aseverado que presenció el momento del disparo y si tuviera interés en perjudicar a los uniformados, muy posiblemente no hubiera escogido a un menor de edad, de tan solo 13 años, para que la acompañara en el aventurado montaje que la defensa expone. No presenció el momento del disparo y no lo relata; escuchó un solo disparo y comprobado está que efectivamente no fue sino uno; no niega que su hermano se dedicaba a actividades ilícitas y eso es cierto; su padre no estaba en la casa y por ello muy posiblemente "el taller" estaba cerrado y eso demoró al Policial empeñado en encontrar al perseguido. Es cierto que en buen número de casos, lo natural es que a las personas cuyos familiares han sido muertos, los acompañe interés de venganza, pero también hay casos en los cuales tan solo piden justicia y todo demuestra que nos encontramos ante uno de éstos últimos. Lo cierto es que,

salvo por el parentesco, no hay absolutamente ninguna prueba, y no la menciona la defensa, que indique siquiera la posibilidad de estar en presencia de una declarante que falta a la verdad, esto es, que permita sospechar de su versión. Su versión la corroboran MAYERLY ESPINOSA VARGAS y parcialmente BIANOR CALDERÓN GARCÍA porque éste ratifica que al inmueble ingresó únicamente un Agente, aunque informa que la víctima portaba un revólver con el que apuntó al uniformado (c. 1 fls. 80 y 87). b).- La joven de 17 años de edad, MAYERLY ESPINOSA VARGAS estaba en la casa de la víctima en compañía de la hermana de éste (Yuleisi Amaya Sánchez) y en términos generales relata lo mismo, esto es, que a ese inmueble ingresaron dos Agentes de Policía, uno de los cuales se fue mientras el otro siguió buscando dentro del inmueble a quien perseguían y cuando pretendían abrir "el taller" escucharon un disparo y de inmediato el Policía que estaba con ellas dijo que por fin se convencía que el sujeto no estaba en esa casa y los tres (el Policía y las dos mujeres) salieron corriendo a mirar lo acontecido. Respecto de esta declarante son válidas las apreciaciones que la Sala hizo del testimonio de la hermana de la víctima porque estaban en el mismo sitio, con las mismas restricciones para observar lo que sucedía en la casa donde se hizo el disparo y por eso no relata lo acontecido en ésta. Informa que a la víctima lo conocía desde pequeño y era como su hermano, pero aún así no niega que consumía

drogas y era un ladrón más no asesino y que siempre llevaba consigo un cuchillo, el cual vio cerca al herido. Discrepa de los Policiales tan solo en cuanto al arma que portaba el joven y respecto a que en su casa había un Policía cuando se escuchó el disparo, aspectos éstos que analizará la Sala más adelante. La corroboran la hermana del occiso YULEISI AMAYA SÁNCHEZ y parcialmente BIANOR CALDERÓN GARCÍA porque éste afirma que al inmueble únicamente ingresó un Agente, aunque informa que la víctima portaba un revólver con el que solía cometer los ilícitos (c. 1 fls. 71, 87 y 133 ). c).- BIANOR CALDERÓN GARCÍA (c. 1 fl. 87) es un declarante que tiene un negocio frente a la residencia donde ocurrieron los hechos y dice haber sido amigo del occiso y de su familia y por el conocimiento que tiene de esta familia, sabe que aquél tenía por profesión actividades ilícitas. Informa que para el día del acontecimiento, él lo vio en sus actividades delincuenciales y observó cuando entró al inmueble a donde siempre llegaba después de cometer sus fechorías, con un revólver en la mano y "el agente que lo venía persiguiendo" (obsérvese que se refiere tan solo a un agente) entró a la casa con autorización de una señora, subió al segundo piso y en el momento en que requirió al perseguido, éste le apuntó con el revólver y quiso escapar por una ventana, momento en el cual el Agente le disparó, cayendo el herido a la calle y siendo trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Dentro de las fotocopias allegadas de la investigación penal, no consta la razón por la cual esta persona aparece declarando, esto es, quién la citó como testigo, aunque sí se capta que a los presenciales se les recibió declaración en el mes de octubre de 2000 (c.1 fls. 62 a 81) y a éste ciudadano se le recepcionó su testimonio en el mes de marzo de 2001, pocos días después de rendir su declaración el Agente RODRÍGUEZ LIZCANO JOSÉ FERNANDO. No se demostró mediante diligencia judicial si desde el sitio donde se encontraba podía observar y oír lo que narra, lo que parece improbable habida consideración que los acontecimientos se desarrollaron dentro del inmueble y las ventanas no son lo suficientemente amplias como para permitir audiovisualidad a su interior (ver fotografías de cuaderno dos, folios 377 y ss.); tampoco se sabe qué tipo de negocio tiene y si es conocido en el lugar; igualmente, no se le preguntó cómo las señoras GLADYS BLANCO MEJÍA o DORIS ROJAS VILLAMIZAR, únicas mujeres ocupantes del inmueble, podían conceder permiso al Agente para ingresar a la casa, si ninguna de ellas estaba allí en ese preciso momento (ver c. 1 fls. 115 y 135). Lo cierto es que respecto de este declarante, tampoco hay prueba que permita afirmar su falsedad y por ello, debe analizarse, como es obvio, en conjunto con las demás probanzas. Independientemente de si contaba con audiovisualidad respecto de lo que narra, lo cual no fue desvirtuado por la investigación, el declarante corrobora a los investigados en cuanto que la víctima portaba un revólver con el cual

encañonó a los Policiales pero, igualmente, respalda los testimonios de los civiles (familiares y amigos del hoy occiso) respecto a que solamente un Agente de la autoridad ingresó al inmueble. De estos dos aspectos, si la víctima llevaba esa arma y cuántos Agentes ingresaron al inmueble, se ocupará la Sala posteriormente y allí se tendrá en cuenta esta versión. d).- En el inmueble donde sucedieron los hechos, vivían DORIS ROJAS VILLAMIZAR, GERMÁN ROJAS BLANCO y el menor DANIEL ROJAS BLANCO, quienes tenían estrecha amistad con la víctima, tanto que según BIANOR CALDERÓN GARCÍA, era allí a donde ingresaba después de cometer sus delitos y tanto DORIS como DANIEL, aceptan que el día de los hechos pretendieron ayudarlo a eludir a sus perseguidores (ver c.1 fls. 54 vto., 63, 113, 115, 186 y c. 2 fl. 419). d.1.- Germán Rojas Blanco, estaba ocupado arreglando una reja en la puerta externa de la casa cuando -según élun Policía ingreso sin su permiso y en el segundo piso le disparó a ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ, quien cayó del segundo piso a la calle. Es enfático en no haber presenciado lo ocurrido en el segundo piso de su casa y tan solo le consta que AMAYA SÁNCHEZ portaba un cuchillo, fumaba marihuana y se dedicaba a actividades ilícitas. Igualmente, le consta que tan solo un Agente entró a la casa, fue quien disparó y es de apellido GALLEGO porque es

conocido en el sector y así lo llama la gente. Es parco en su declaración, lo que de por sí lo excluye de ser un testigo sospechoso por ausencia de revesadas e innecesarias explicaciones. Cierto es que era gran amigo de la víctima, pero lo que narra no aparece huérfano de respaldo porque efectivamente hubo tan solo un disparo, hay prueba que tan solo un Agente ingresó al inmueble y dice de ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ lo que casi todos los declarantes informan, esto es, que era consumidor de drogas, proclive al delito y portaba un cuchillo. Estas circunstancias permiten creer lo que dice. d.2.- Doris Rojas Villamizar era gran amiga del occiso, tanto que cuando se presentó el caso iba para donde una vecina a pedirle que dejara subir a ALEXANDER AMAYA SÁNCHEZ al techo de su casa. Ratifica que su amigo consumía drogas y cometía delitos pero ya en lo sucedido dentro de su casa entra en inexplicables contradicciones que llevan su testimonio al campo de la sospecha porque, contrario a sus hermanos, muestra inusitado interés en pro de la víctima, tanto que afirma que si el joven hubiera tenido un arma de fuego se hubiera enfrentado a la Policía y con ventaja porque, según ella, "ese muchacho era muy ágil", denotando no solamente amistad sino admiración hacia el joven y de paso menos precio por los Agentes de la .Autoridad. En efecto, al leer sus declaraciones de folios 62, 115 y 189 del cuaderno uno hay contradicción entre las dos primeras y la última de sus versiones, en un aspecto que es de suma importancia probatoria, como es el saber en

dónde se encontraba ella en el momento del disparo. En las dos primeras ocasiones (fls. 63 y 115) dijo que cuando sonó el disparo ella estaba en el primer piso en la puerta de la casa y por eso vio caer al muchacho del segundo piso; después (fls. 189 del c. 1 y fls. 381, 382 y 392 del c. 2) afirma que estaba en el segundo piso, presenció y escuchó todo lo que allí sucedió. Ante tan diametral variación en sus declaraciones, las cuales fueron ignoradas por los investigadores porque no la interrogaron sobre ello, la Sala Disciplinaria considera que su testimonio es sospechoso, máxime si se tiene en cuenta que el declarante BIANOR CALDERÓN GARCÍA (C. 1 FL. 88) dice que una “jibara" de seudónimo "Leo" dijo que iba a demandar a la Nación para sacarle dinero, lo cual ha sido patrocinado por la familia del finado. En consecuencia, su testimonio será comparado en cada uno de los puntos que toca, con las demás pruebas. d.3.- Daniel Rojas Blanco tenía 13 años de edad, amigo de la víctima a quien ayudó informándole dónde estaban y cuántos Policías había. Él y los demás civiles afirman que presenció lo que aconteció en el segundo piso de su casa. Sus declaraciones se pueden leer a folios 54 vto.,113 y 186 del cuaderno uno y, por último, en el folio 419 del cuaderno dos, en las cuales siempre fue coherente, no entró en contradicciones significativas y en términos generales dice que al segundo piso solamente subió un Agente quien le dijo una grosería a ALEXANDER AMAYA SANCHEZ y

cuando éste giró hacia la ventana intentando huir, el Policía le disparó y aquél cayó al primer piso. Siempre ha dicho, en términos generales, lo mismo, lo que permite pensar que su testimonio no fue programado para engañar, sino que relata lo que recuerda y por eso en su última versión (c.2 fI. 419) fue .conciso, se circunscribió solamente a lo quedicerecordaba porque algunas circunstancias ya las había olvidado. Pero el aspecto central de su declaración, esto es, lo acontecido en el segundo piso de su casa, las palabras que escuchó y los movimientos de la víctima y del Agente, no los