PGN - DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO ECONOMICO Hurto de hidrocarburos

Procurador General Bogotá, D.C., 2 de mayo de 2005 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, “por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones”.

Demandante: SANDRA CECILIA REY TOVAR

Magistrado Sustanciador: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Expediente No. D-5681 Concepto No. 3807 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución Política, procedo a rendir concepto en relación con la demanda que, en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1º de la Carta, instauró ante esa Corporación la ciudadana SANDRA CECILIA TOVAR REY, contra el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, que modifica el artículo 96 de la Ley 548 de 1999, según el cual se crea el delito de apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados cuando ellos sean transportados a través de oleoductos, gasoductos, naftaductos o poliductos o se hallen almacenados en fuentes de abastecimiento o plantas de bombeo y tal conducta sea atribuible a miembros de grupos armados al margen de la ley con el objetivo de obtener el financiamiento de tales grupos.

1. Planteamientos de la demanda La demandante aduce que la norma acusada vulnera el preámbulo y los artículos

13, 158 y 169 de la Carta Política, referidos a la garantía de un orden económico y social justo, el derecho de igualdad y la observancia del principio de unidad de materia, por las siguientes razones: Procurador General 1.1. No existe conexidad entre el artículo 44 y la finalidad perseguida por el legislador con la expedición de la Ley 782 de 2002. 1.2. La tipificación de una conducta encaminada a contrarrestar el financiamiento de los grupos alzados en armas sin la determinación legal del sujeto activo calificado vulnera los principios de proporcionalidad y racionalidad, porque al amparo de la misma disposición se permite el juzgamiento y condena de personas que no tienen vínculo alguno con tales grupos.

2. Problema jurídico Corresponde al Ministerio Público determinar si el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, al establecer el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados y omitir la determinación de un sujeto activo calificado, vulnera los principios de unidad de materia, razonabilidad y proporcionalidad de las normas jurídicas.

Sobre el particular, el Procurador General de la Nación ha de conceptuar lo siguiente:

3. La supuesta violación del principio de unidad de materia 3.1. La Corte Constitucional ha dicho que, si bien, la aplicación de la regla de unidad de materia está dirigida a la racionalización del ejercicio de la función legislativa y permite la coherencia sistemática de las normas dentro del ordenamiento jurídico, contribuyendo con ello al logro de la trasparencia de la actividad legislativa, ello no puede constituirse en un obstáculo para el desarrollo de la misma. Que por lo mismo, en aplicación de una concepción ampliamente

comprensiva de dicha regla, sólo aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales razonable y objetivamente no sea posible establecer conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia objeto de la ley, deben ser retirados del ordenamiento jurídico en virtud de la violación de la regla de unidad de materia (sentencia C-596 de 1996). Procurador General 3.2. La Ley 782 de 2002, "por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones", contempla en su exposición de motivos que, en virtud del avance del terrorismo en el país ha sido preciso adoptar normas encaminadas a frenar su actuar a través del establecimiento de programas de protección de testigos, controles sobre el uso de recursos de las entidades territoriales, protección a vehículos automotores contra hechos terroristas, creación de contribuciones especiales para financiar los gastos de seguridad, control sobre el porte de armas, municiones y explosivos, restricción al uso de sistemas de radiocomunicación, atención a las víctimas del terrorismo y concesión de beneficios por colaboración con la justicia. Que de esta cadena de normas hacen parte el Decreto 1793 de 1992 que declaró el estado de conmoción interior y otorgó facultades extraordinarias al Presidente de la República para proferir medidas tendientes a restablecer el orden público interno y la convivencia pacífica; la Ley 104 de 1993 -Ley de Orden Público-; la

Ley 241 de 1995, que prorrogó la vigencia de la anterior y estableció mecanismos para el acercamiento y negociación con los grupos guerrilleros y las Leyes 418 de 1997 y 548 de 1999, que introducen el concepto de organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional reconozca carácter político y excluye a los menores de 18 años de la prestación del servicio militar obligatorio. Agrega la Procuraduría que a esta relación ha de sumarse el Decreto-ley 1900 de 2002, declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C939 de 2002. 3.3. No queda duda alguna acerca de que la Ley 782 de 2002, hace parte de una normatividad especial proferida por el legislador para contrarrestar problemas de orden público y restablecer la convivencia pacífica. Adicionalmente, se tiene que, tal como lo sugiere el título de la ley, lo que se pretendió con su expedición fue prorrogar la vigencia de la Ley 418 de 1997 y modificar algunas de sus disposiciones. Procurador General Así las cosas, debe entenderse que, en el presente caso, la regla de conexidad no se vulnera en la medida en que el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, contiene una modificación del artículo 96 de la Ley 418 de 1997, toda vez que aquél expresa en su parte enunciativa que "El artículo 96 de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, quedará así:" . En otras palabras, la conexidad que rompe la violación de la regla de unidad de materia ha de buscarse en la

necesaria relación temática y teleológica que debe existir entre la ley modificatoria y aquella que se pretende modificar. 3.4. En ese orden de ideas, se tiene que el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, modificó el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, en el sentido de atribuir la competencia para el conocimiento del delito de hurto de hidrocarburos o sus derivados a los jueces del Circuito Especializados. De igual manera, el artículo 44 de la Ley 782, adicionó el contenido del artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, creando el delito autónomo de hurto calificado de hidrocarburos o sus derivados estableciendo las penas imponibles en atención a la cuantía del reato e introduciendo como circunstancia de agravación punitiva la realización de la conducta por parte del servidor público. El Legislador dentro de la aplicación de criterios y determinaciones que hagan parte de una política criminal encaminada a contrarrestar problemas de orden público y restablecer la convivencia pacífica, goza de libertad en cuanto a la configuración normativa de las disposiciones de orden penal que apunten a la creación de tipos autónomos no contemplados en el ordenamiento penal ordinario, que permitan preservar la convivencia y la seguridad, siempre y cuando tales medidas no desborden el orden constitucional en términos de la imposición de penas excesivas o prohibidas, o que afecten a quienes no deben soportar las cargas que dichas medidas imponen.

Así, entiende el Ministerio Público que la disposición cuestionada, no vulnera la regla de unidad de materia pues existe una conexidad temática y teleológica entre Procurador General el contenido del artículo 44 de la Ley 782 de 2002 y lo reglado previamente en el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por la Ley 548 de 1999, cuya modificación se propuso el legislador con la expedición del primero de los citados artículos. 3.5. Sin embargo, en virtud a que de la aplicación de la disposición contenida en el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, luego de su reforma, pueden resultar lesionados, dentro del proceso penal, los derechos de las personas que no hacen parte las organizaciones armadas al margen de la ley, este Despacho advierte la necesidad de condicionar la aplicación del artículo 96 de la Ley 418 de 1997, tal y como quedó redactado con la modificación introducida por el artículo 44 de la Ley 782, por las siguientes razones: La Ley 418 de 1997, estableció en relación con su objeto: "Artículo 1º. Las normas consagradas en la presente ley tienen por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia". Dentro de este contexto dicha normativa contempla una variedad de instrumentos, mecanismos y prohibiciones encaminados al cumplimiento de su objeto, con distintos destinatarios en consecuencia, al momento de analizar cada disposición

debe situársela, además del contexto general, en un contexto normativo específico dentro del cual ésta resulta aplicable dada la estructura de la ley. Así, el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, tal y como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, se ubica dentro del Título II "CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES ARMADAS AL MARGEN DE LA LEY", Capítulo tercero. "Embargo Preventivo y Extinción del derecho de Dominio de Bienes vinculados a la Comisión de delitos de Competencia de los Jueces Regionales". Procurador General 3.6. En consecuencia, el delito allí tipificado sólo es aplicable a los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley que realicen la conducta descrita con el fin de obtener el financiamiento de la organización armada. Debe tenerse en cuenta que el delito de hurto calificado contemplado en el artículo 240 del Código Penal sin sujeto activo determinado, establece como circunstancia de agravación punitiva el hecho de que el mismo recaiga "Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento", por lo cual esta norma es la que resulta aplicable a las personas que no hacen parte de organizaciones armadas al margen de la leyartículo 241, numeral 14-. Como la conducta de hurto de hidrocarburos o sus derivados se encuentra penalizada en la legislación ordinaria como delito contra el patrimonio económicoLey 599 de 2000y ello no excluye su penalización cuando existen otros

ingredientes normativos ajenos a las situaciones de conmoción y alteración del orden público que ameritan el tratamiento punitivo diferenciado, lo que en el presente caso se traduce en el cierre de las fuentes de financiamiento de las organizaciones terroristas que desestabilizan la convivencia pacífica entre los ciudadanos, lo procedente y, constitucionalmente válido, en criterio del Ministerio Público, es que el artículo 96 de la Ley 418 de 1977, luego de su reforma y adición, introducida a través de la promulgación del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, sólo puede ser aplicable respecto de los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley cuando la realización de la conducta punible allí consagrada esté dirigida al financiamiento de tales organizaciones armadas.

4. La disposición acusada no desconoce el principio de proporcionalidad de las normas penales 4.1. Para que una norma jurídica no desconozca el principio de proporcionalidad, ha de entenderse que los medios utilizados por el legislador para la obtención del fin perseguido sean adecuados, además, que surja, de manera evidente, la necesidad de aplicación de tales medios a objeto de la consecución del fin, es decir, que no exista otro medio a utilizar para el logro del propósito, pues el Procurador General utilizado resulta menos oneroso y, adicionalmente, que el medio utilizado sea proporcional al fin deseado, ello es, que no se sacrifiquen valores y principios de mayor peso que el principio a satisfacer (sentencia C-022 de 1996). 4.2. En el caso del tipo penal cuestionado, se cumple con los anteriores

presupuestos, pues para contrarrestar el avance de las fuentes de financiamiento de los grupos al margen de la ley que causan terror y desestabilizan la convivencia pacífica se hace necesario tipificar como conducta punible el hurto de hidrocarburos o sus derivados de manera especial para que el producto de tal ilícito no engrose la masa de bienes al servicio de la insurgencia. Adicionalmente, se considera que el instrumento punitivo es el más idóneo, pues no existe otro medio que permita someter la conducta de los miembros de organizaciones al margen de la ley que se apoderan de los recursos del Estado o de los particulares con desconocimiento de los derechos de propiedad consagrados en normas constitucionales -artículo 58 de la Carta Política. Finalmente, no se evidencia que con la promulgación del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, que modifica y adiciona el artículo 96 de la Ley 418 de 1997 los principios de orden superior o los derechos constitucionalmente reconocidos a otras personas, tales como la igualdad, se vean menoscabados o desconocidos y, por el contrario, la tipificación del delito de hurto de hidrocarburos en la precitada norma, siempre y cuando se entienda que la misma tiene como destinatarios a los miembros de grupos al margen de la ley, entraña incalculables beneficios para la comunidad, máxime si se tiene en cuenta que empresas estatales utilizan los oleoductos para el transporte de crudos.

5. Conclusión El Procurador General de la Nación, solicita a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD CONDICIONADA del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, bajo el

entendido que la norma que allí se modifica y adiciona, ello es, el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999, sólo es aplicable a los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley Procurador General cuando la conducta allí descrita esté dirigida al financiamiento de tales organizaciones. Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación SPTB/ACA/ncdem.