PGN - DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA La inhabilitación para el ejercicio de func

Señores

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. YESID RAMIREZ BASTIDAS

E. S. D.

Ref.: Casación de Rodrigo Humberto Arango

Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte, por el delito de Peculado por apropiación Rad. Nº. 20.669

Honorables Magistrados: El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 06 de junio de dos mil dos (2002), confirmó el fallo condenatorio de primera instancia proferido el catorce (14) de diciembre de dos mil uno (2001) por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello - Antioquia, mediante el cual condenó a Rodrigo Humberto Arango Cadavid, como autor del delito de Peculado por apropiación, a la pena de siete años de prisión, multa de dos mil millones de pesos ($2 000 000 000), y a la interdicción de derechos y funciones públicas por siete (7) años; en el mismo sentido, condenó a Carlos Restrepo Arbeláez, Roberto Antonio Gómez Olarte, Héctor Javier Giraldo Velásquez y Héctor Darío Builes Tobón, como cómplices de la misma conducta punible, a las penas principales de tres (3) años y seis (6) meses de prisión, cada uno una multa de mil millones de pesos ($1 000 000 000), y en forma solidaria, por concepto de

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Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 perjuicios materiales, la suma indexada de dos mil millones ($2 000 000 000) de pesos; además, les negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Los defensores de confianza de los sentenciados Rodrigo Humberto Arango Cadavid (fls. C. 3 / 684 - 792), Carlos Restrepo Arbeláez (fls. C. 4 / 829 - 909), Héctor Darío Builes Tobón (fls. C. 4 / 952 - 1021) y Roberto Antonio Gómez Olarte (fls. C. 4 / 1027 - 1042), formularon demandas de casación que fueron admitidas por la H. Corte, por reunir los requisitos formales, motivo por el cual la Delegada rinde concepto sobre su viabilidad.

1. CONDUCTA PUNIBLE El doctor Rodrigo Humberto Arango Cadavid, fue elegido como alcalde municipal de Bello, Departamento de Antioquia, para el período constitucional que comprendido entre el primero de enero 1998 al 31 de diciembre de 2000.

El treinta de mayo de 1998 se aprobó el Plan de desarrollo para los años 1998 a 2000, mediante Acuerdo Nro. 016. Dicho plan señaló como meta para esos tres años, en vivienda de interés social, la construcción de doscientas (200) unidades, dotadas de los servicios públicos básicos adjudicables a pobladores de los sectores urbano y rural, cuyos ingresos no superen los cuatro salarios mínimos mensuales.

el 13 de julio de 1998, el señor alcalde Rodrigo Humberto Arango Cadavid, compró el lote "Los mangos", ubicado en los suburbios de Bello, a Roberto Antonio Gómez Olarte; el terreno cuenta con una extensión aproximada de C2arrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 catorce hectáreas, y comprende un área urbana de 79.200 metros cuadrados y una rural de 76.923,70 metros cuadrados. Participaron en la negociación el señor Carlos Restrepo Arbeláez, en condición de comisionista, quien entregó al alcalde un avalúo del predio, elaborado por Héctor Javier Giraldo Velásquez, fechado en mayo 18 de 1998, en el que fijó un precio de $4 535 466 020 00 (fls. 1 / 6 - 14; 126 - 141), y el señor Héctor Darío Builes Tobón, quien realizó otro avalúo fechado el 25 de mayo de 1998, en el que le fijó al terreno un valor de $4 384 696 728 (fls. 1 / 142 - 157). Con estos dos avalúos como base para decidir la negociación, las partes

convinieron un precio de veintiséis mil pesos ($26 000) por metro cuadrado, para un gran total de cuatro mil millones sesenta y seis millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta pesos (sic.) ($4 066 279 880, fls. 16 cuad. Nro. 1 de instrucción). El acuerdo fue suscrito en una promesa de compraventa y luego protocolizado en la escritura 1508 del 13 de julio 1998, en la Notaría Primera de Bello, y el pago fue acordado con una cuota inicial de $1 366 279 880 00, pagadera al momento de la firma de la escritura, y el resto en cuotas mensuales de doscientos millones de pesos, para los primeros novecientos millones, más cien millones, en forma sucesiva, y otros novecientos millones de pesos en igual forma, por los años 1999 y 2000, con un interés anual del 29%, sobre cada uno de los pagarés con los cuales se garantizó el pago del saldo de la deuda. Posteriormente, el inmueble fue vendido por el Municipio de Bello al establecimiento público municipal "Instituto de Proyectos Especiales -IMPES-, del C3arrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 mismo municipio, mediante la escritura pública Nro. 1645, del 14 de noviembre de

1998, otorgada en la Notaría Segunda de Bello, por la suma de $4 535 466 020 00, mas la corrección monetaria. (fls. 18, 19 cuaderno Nro. 1 instrucción). El Instituto Geográfico Agustín Codazzi avaluó el terreno en $1 447 782 200, de suerte que, a partir de este precio, se detectó un peculado por la diferencia encontrada con el precio de compra, es decir, por dos mil seiscientos dieciocho millones, cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos ochenta pesos ($2 618 497 680 00)

2. SINOPSIS PROCESAL El 23 de agosto de 1999 la fiscalía primera delegada ante la unidad nacional especializada en delitos contra la administración pública declaró abierta la investigación penal (fl. C. 3 / 56), el 14 de septiembre de 1999 escuchó en indagatoria a Roberto Antonio Gómez Olarte (fls. C. 3 / 62 - 67; ampliación el 7 de octubre de 1999, fls. 210 - 211), el día 15 del mismo mes escuchó a Rodrigo Humberto Arango Cadavid (fls. C. 3 / 68 - 73; ampliación nov. 29 de 2000, fls.

C. 5 / 151 - 166), el 5 de octubre siguiente escuchó a Carlos Restrepo Arbeláez

(fls. C. 3 / 123 - 126), y el 6 de octubre a Héctor Darío Builes Tobón (fls. C. 3 / 127 - 130); el 30 de junio de 2000 resolvió la situación jurídica de los procesados con medida de aseguramiento de detención preventiva (fls. C. 4 / 126 - 140), que

C4arrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 fue confirmada en segunda instancia por la Unidad nacional de Fiscalías, el 30 de agosto de 2000 (fls. 6 - 31 del cuaderno de segunda instancia). El 25 de enero de 2001 decretó el cierre de investigación (fl. C. 6 / 95), el 15 de marzo de 2001 calificó el mérito del sumario con resolución de acusación contra Rodrigo Humberto Arango Cadavid, en condición de autor material, Roberto Antonio Gómez Olarte en condición de determinador, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y otro en condición de cómplices del delito de Peculado por apropiación (fls. C. 6 / 257 - 285), medida que fue apelada por el defensor de Arango Cadavid (ver cuaderno 7), y confirmada en su integridad el 7 de junio de 2001 (fls. 34 - 41 del cuaderno de segunda instancia). El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello adelantó el juicio (fl. 5 del C. 1 del juicio), el 13 de septiembre de 2001 celebró la audiencia preparatoria (fl. 120

C. 1 del juicio), el 30 de octubre de 2001 inició la audiencia pública de

juzgamiento (fls. 1 - 190 del cuaderno 2 del juicio); el 14 de diciembre de 2001 profirió sentencia condenatoria contra Rodrigo Humberto Arango Cadavid en calidad de autor, y contra Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón, Roberto Antonio Gómez Olarte y otro, en condición de cómplices del delito de Peculado por apropiación (fls. 191 - 271 del cuaderno 2 del juicio). El fallo fue impugnado por el Fiscal (fls. C 2 / 276 - 292.), por el defensor del sentenciado Héctor Darío Builes Tobón (fls. C. 2 / 293 - 302), por el defensor de Carlos Restrepo Arbeláez y Héctor Javier Giraldo V (fls. C. 2 / 315 - 336), por el defensor de Roberto Antonio Gómez Olarte (fls. C. 2 / 338 - 346), por el C5arrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 procesado Rodrigo Humberto Arango Cadavid y por su defensor (fls. C. 2 / 347374; fls. 387 - 341, respectivamente), y por el defensor de Héctor Darío Builes Tobón (fls. C. 2 / 376 - 386), como consecuencia, el 06 de junio del 2002, el

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, confirmó la sentencia (fls. C. 3 / 469 - 587).

3. DEMANDA El defensor de los intereses de Rodrigo Humberto Arango Cadavid presentó seis cargos contra el fallo, el defensor de Carlos Restrepo Arbeláez presentó cuatro cargos, el defensor de Héctor Darío Builes Tobón cinco cargos, y el defensor de Roberto Antonio Gómez Olarte un único cargo contra el fallo condenatorio.

Para hacer claridad en materia metodológica sobre la forma como se resumirán y responderán los cargos propuestos en las distintas demandas, la Delegada debe advertir que los defensores de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez y de Héctor Darío Builes Tobón, quienes formularon múltiples cargos, fueron respetuosos del principio de prioridad, en virtud del cual formulan un primer cargo principal, y los demás de manera subsidiaria, para observar el principio lógico de no contradicción, luego, en esta materia no se presentará ningún tipo de crítica. De otra parte, al advertir que las demandas subsiguientes repiten cargos ya formulados en la demanda anterior, la Delegada las resumirá de manera conjunta, C6arrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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e indicará los procesados a que se refiere cada reproche, tanto en la síntesis, como la respuesta. 3.1. Nulidad por violación del debido proceso. Como el fiscal en la audiencia pública solicitó la absolución del procesado, sostienen los recurrentes que no mantuvo la acusación, luego, al proferir fallo de condena, el sentenciador violó los artículos 250 de la Constitución Política y 234 del C. de P.P. Este reparo lo presentan, como censura principal, los defensores de Rodrigo Humberto Arango Cadavid y de Héctor Darío Builes Tobón. Arguyen que, a partir del inciso segundo del artículo 234 de la Ley 600, "durante el juzgamiento" la carga de la prueba de la responsabilidad penal corresponde a la Fiscalía, de suerte que se trata de un "imperativo procesal y probatorio" que el fiscal, además de acusar, mantenga, sostenga y sustente formal y materialmente la acusación en la audiencia pública, por ser el titular de ella, y por la sencilla razón de que, no puede existir juicio penal sin un actor que lo promueva y sustente la formulación de cargos en el juicio. Sin embargo, el fiscal que intervino en la audiencia pública de juzgamiento solicitó sentencia absolutoria, porque estimó que los procesados eran inocentes, bien porque el hecho no existió, o porque no estaba suficientemente demostrado, de manera que, al no mantener la acusación en la fase de juzgamiento, se sustrajo del imperativo, de la carga de demostrar la responsabilidad penal; de C7arrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 suerte que, si "el Estado se sustrae de ejercitar el ius puniendi en contra del imputado", por consiguiente, el juez que asume la acusación deja de ser imparcial e independiente. Y en tales circunstancias, afirman los opugnadores, se presentó un error in procedendo que afecta el debido proceso, y que debe conjurarse con la anulación, a partir del fallo de primera instancia, para que sea reemplazado con sentencia absolutoria, en tanto, "no se cumplió la regla suprema del acusatorio" (art. 217 - 1 del C. de P.P.). 3.2. Nulidad por violación del derecho de defensa, al desconocer el principio de contradicción de la prueba trasladada del proceso disciplinario al proceso penal, porque no se brindó la oportunidad de contradecir los avalúos presentados por entidades oficiales, lo que determinó la violación de los artículos 29 de la C. Pol., 8, 13 inc. 1, 24, 239, 254, 255 y 306 del C. de P.P. Este reproche lo presenta, de manera subsidiaria, el defensor de Rodrigo Humberto Arango Cadavid; el defensor de Carlos Restrepo Arbeláez lo formuló como principal, el defensor de Héctor Darío Builes Tobón como segundo cargo, subsidiario, y el defensor de Roberto Antonio Gómez Olarte lo

presentó como única censura. Según los impugnantes, al proceso penal se incorporaron los avalúos rendidos, por la Oficina de Catastro del Departamento de Antioquia (inicialmente), y por el C8arrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el curso del proceso disciplinario seguido contra Arango Cadavid; del primer avalúo no se surtió traslado a los sujetos procesales, con el fin de que se ejercitaran el derecho de contradicción, mediante la solicitud de aclaraciones, ampliaciones, objeciones, o para cuestionarlo o desestimarlo. En relación con el segundo avalúo, a pesar de que el fiscal dispuso correr traslado a los sujetos procesales para dichos efectos, en últimas, también negó el derecho de contradicción probatoria, pues, en la respuesta a las contradicciones formuladas, declaró que dicho trámite no era procedente y válido, porque entendió erradamente que, en el proceso penal, la prueba trasladada no admitía ninguna clase de objeción, luego, sería objeto de apreciación sin mayores formalidades; de manera que con esa conducta, el funcionario limitó el derecho de defensa, que es un principio, garantía fundamental del proceso penal (art. 24), que desconoció

al invocar el C. de P. C., para negar la contradicción de tales pruebas. La trascendencia del cargo la hacen consistir en que, de haber permitido ejercicios de contradicción de dichos avalúos, tales como solicitar ampliaciones, aclaraciones, adiciones, objeciones, respecto de las metodologías empleadas, se habría dado paso, "como posibilidad, como probabilidad real", a la desestimación de sus contenidos, y sobre todo, si se tiene en cuenta que los sentenciados como cómplices, Restrepo Arbeláez, Builes Tobón y Gómez Olarte, no fueron procesados en sede disciplinaria, lo que implica que no podían oponerse en esa actuación. De manera que se les mutiló la garantía del derecho de contradicción, en tanto, hubieran podido objetar por error grave esos dictámenes que, en C9arrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 últimas, sirvieron como base para fundar, tanto la resolución de acusación como la sentencia condenatoria de primera y segunda instancias. En consecuencia, los censores piden decretar la nulidad del proceso a partir del cierre de la investigación, para "habilitar" la contradicción probatoria. 3.3. Nulidad por violación del debido proceso. En la audiencia pública de

juzgamiento, el fiscal no mantuvo la acusación, estimó que se trataba de un "injusto genérico de celebración indebida de contratos" y no procedió, debiendo hacerlo, a variar la calificación jurídica de la conducta. Con tal forma de proceder, el fallador violó los artículos 29 de la C. Pol., y 404 núm. 1 del C. de P.P. Este reproche lo formulan los defensores de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, en el tercer cargo (subsidiario); de Carlos Restrepo Arbeláez, en el segundo cargo (subsidiario), y de Héctor Darío Builes Tobón, en el tercer cargo (subsidiario). En la intervención en la audiencia pública de juzgamiento, cuyos apartes transcriben los impugnantes, el fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Medellín, además de pedir la absolución de los procesados afirmó, entre otras cosas, que "...si se examina en toda su dimensión esa normatividad referida a la contratación administrativa es de donde puede deducirse que, de pronto, y es lo que yo quiero puntualizar, el pliego de cargos que se le han formulado a los sindicados puede estar elaborado con una técnica procesal equivocada". C1a0rrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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Insistió el funcionario que el patrimonio del ente territorial no sufrió ningún tipo de detrimento, de donde, se debe discriminar si se incurrió en una conducta punible de peculado por apropiación o de una forma irregular de contratación en cualquiera de las modalidades que están contempladas dentro del mismo título de delitos contra la administración pública1. En aquella intervención de la audiencia pública, el fiscal criticó la resolución de acusación que formuló su antecesor, y criticó al juez del conocimiento por no haber variado la calificación en el espacio procesal de la audiencia preparatoria, que es la oportunidad que le brinda la Ley 600 de 2000, en su artículo 404. Se trata, dicen los impugnantes, de un error in procedendo que afecta de nulidad el proceso, por el hecho de que, si en el juicio, el fiscal advirtió la necesidad de variar la imputación por el "delito genérico de celebración indebida de contratos", era imperativo que se procediera de conformidad, en virtud, tanto del principio de prevalencia del derecho sustancial, como del mandato del artículo 404 inciso 1 del C. de P.P.. Al no obrar de conformidad, el juzgador infringió la garantía constitucional y legal del debido proceso, pues, hizo posible una condena por peculado por apropiación. 1Ya antes, en el primer cargo, al transcribir apartes de la intervención del fiscal en la audiencia pública de juzgamiento, el demandante reseñó la siguiente glosa: "...a lo sumo se trataría de una mala contratación administrativa, conducta por la que podría llegar a condenarse, pero de hacerse, sería algo sorpresivo, ya que sobre ello no versó la

resolución de acusación y sería atentatorio contra el derecho de defensa, obstáculo fundamental que impediría al fallador pronunciarse en ese sentido" (ver página 16 de la demanda presentada por el defensor de Arango Cadavid). C1a1rrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 En virtud del cargo, los impugnantes solicitan a la H. Corte decretar la nulidad a partir del acto procesal de la audiencia pública, con el fin de que el titular de la acusación proceda de conformidad con lo que estimó en su intervención. 3.4. Violación directa de la Ley sustantiva por falta de aplicación de los artículos 2,3 y 4, y por aplicación indebida de los artículos 23 y 133 del anterior código penal (arts. 22 y 29 de la L. 599). Principio de confianza basado en la actividad de subalternos. Esta censura la presenta, de manera subsidiaria en el cuarto cargo de la demanda, el defensor de Rodrigo Humberto Arango Cadavid. Afirma el casacionista que la conducta del procesado es socialmente adecuada, en tanto, cubierta por el principio de confianza al delegar funciones en personas idóneas. En materia de administración pública, v.g. en una alcaldía municipal como la de Bello, opera el principio de confianza, según el cual, quien delega en una persona

idónea el cumplimiento de una determinada función, confía en la probidad de la persona que ejecuta la actividad, de manera que no puede extenderse ilimitadamente la imputación de responsabilidad. En el presente asunto, el Dr. Arango Cadavid delegó en sus inmediatos colaboradores, los doctores Carlos Piedrahita y Alvaro de Jesús Barco Gallo, este último Director de Planeación del municipio, la preparación del contrato de C1a2rrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 compraventa del predio los mangos, es decir, la indagación acerca de, si el predio cumplía los requerimientos del plan de vivienda que pretendía implementarse, y cuál era el precio del terreno, tal como se anuncia en la narración de los hechos. El Alcalde Delegó al Sr. Barco Gallo, Secretario de planeación, para que solicitara al Sr. Builes Tobón otro avalúo del lote de terreno (fl. 9, sentencia de segunda instancia), y en tales condiciones, no era jurídicamente censurable que delegara en un funcionario idóneo, y que confiara en que la gestión de los doctores Piedrahita y Barco Gallo era correcta, puesto que se trataba de funcionarios con hojas de vida limpias, a quienes encomendó preparar la negociación; además, el perito avaluador (Sr. Builes Tobón) pertenecía a la Lonja

de propiedad raíz de Medellín y de Antioquia, luego era de reconocida idoneidad para realizar avalúos de este tipo. De suerte que, en virtud del principio de confianza en sus delegados, quienes nunca le advirtieron sobre alguna irregularidad posible en el proceso de contratación, el alcalde firmó los documentos relevantes para la compraventa del lote de terreno, siempre bajo el supuesto de que sus subalternos habían cumplido bien sus encargos, además de que no tenía motivos para dudar de ellos, ni para poner en tela de juicio los avalúos, realizados por personas expertas de la Lonja de propiedad raíz. Con todo, el fallador no reconoció que el procesado se encontraba cobijado por el principio de confianza, y que como consecuencia de ello, su conducta no era penalmente relevante puesto que no era consciente de estar tomando parte en un C1a3rrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 atentado patrimonial contra el municipio, a más de que, la experiencia le indicaba que los trámites hechos por los dependientes de su despacho se adelantaron conforme a la Ley, luego, no había razón para sospechar que los avalúos que le presentaron no traducían un precio real, o que los delegados hubiesen

confabulado con el vendedor y con los peritos para lesionar el patrimonio municipal. En todo caso, afirma el impugnante, la responsabilidad penal es individual, y no puede negarse la operancia del principio de confianza; de suerte que no existe fundamento alguno para imputar al alcalde la conducta de otra persona, puesto que quien actúa en virtud de tal principio, no realiza ningún tipo penal, ni doloso, ni culposo, precisamente porque esta amparado por la permisión, y al ámbito penal no ingresan conductas permitidas. Por ello, el alcalde tenía derecho a signar los contratos para la compra del lote, a confiar en que las personas (llámense delegados, comisionados, encargados) que fueron escogidas por él para la preparación jurídica y administrativa de tales documentos habían hecho bien las cosas, a confiar en que obtuvieron legalmente el segundo avalúo pericial que ordenó, con el fin de compararlo con el primero que se le hizo llegar; de suerte que su conducta no puede ser al mismo tiempo permitida y prohibida legalmente (típicamente antijurídica). Entonces bien, como en virtud del principio de confianza no es viable afirmar que, de la conducta del alcalde emerge el dolo del tipo de peculado por apropiación de un sobreprecio para el vendedor, lo máximo que podría predicarse C1a4rrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto

Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 de su comportamiento es una confianza imprudente o negligente, que, a lo sumo fundamentaría una culpa. En todo caso, concluye el censor, al no ser típica ni antijurídica dicha conducta del alcalde, tampoco puede calificarse como culpable a título de dolo, luego, resulta imposible atribuirle la condición de autor. En consecuencia, solicita a la H. Corte casar el fallo impugnado y absolver al Sr. Arango Cadavid, porque su conducta no es típica, antijurídica, ni culpable. 3.5. Violación directa de la Ley sustantiva por falta de aplicación del artículo 32 - 10 de la L. 599 (error de tipo), y aplicación indebida del art. 133 del código anterior Esta censura es presentada de manera subsidiaria en el quinto cargo, solamente en la demanda a favor de Rodrigo Humberto Arango Cadavid. Afirma el casacionista que el alcalde del municipio de Bello contrató la compra del lote de terreno, actuando bajo circunstancias de error de tipo invencible, en tanto, tuvo como referencia los avalúos realizados por Héctor Javier Giraldo Velásquez y por Héctor Darío Builes Tobón, para comprar el lote de terreno. A partir de una transcripción parcial que el casacionista hace del fallo censurado, afirma que el Tribunal reconoció y aceptó que el dueño del predio (Gómez Olarte) determinó la conducta del Alcalde, "...omitiendo informarle sobre el precio de C1a5rrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

SEGUNDA DELEGADA PARA LA CASACION PENAL Ext. 12615

www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 compra del 74.25% efectuado siete meses atrás y precisamente cuando ya realizó la promesa de compraventa, ante la exigencia del representante legal del municipio para que la venta se hicieses sobre el total del precio, debió reconocer a favor del propietario del 24.75% del lote una suma muchísimo superior por metro cuadrado a la pagada por él por el porcentaje mayor (74.25%), como se ha demostrado en las consideraciones anteriores de la sala..." (cfr. página 107 del fallo de segunda instancia) Argumenta el censor que, al haber reconocido en el fallo de segunda instancia que, a Rodrigo Humberto Arango se le ocultó información por parte del vendedor en lo atinente al precio de la negociación que había hecho inicialmente del 75.25% del lote de terreno, así como en relación con el posterior precio pagado por el 24.75% restante de dicho predio, lo que en últimas reconoció el Tribunal fue que el procesado actuó en circunstancias de error de tipo, que en últimas negó al proferir sentencia condenatoria. Por esa razón violó en forma directa la ley sustantiva, al excluir de su aplicación el artículo 32 - 10 de la Ley 599, y al condenar por el delito de peculado (art. 133 y otras normas que determinan la existencia de conducta típica y la responsabilidad

penal, indebidamente aplicadas), porque en últimas cuando el procesado contrató, "lo hizo desconociendo las condiciones de la compraventa previa del inmueble "los mangos", realizada por el propietario vendedor, a la vez que, los peritos Giraldo Velásquez y Héctor Darío Builes Tobón, nunca le dieron explicaciones en relación con la fijación del precio del lote, por metro cuadrado, y de la totalidad del lote". C1a6rrera 5 N° 15-80 Piso 26 Pbx 3360011 – 3520066 www.procuraduria.gov.co

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www.casacion2penal@procuraduria.gov.co Casación de Rodrigo Humberto Arango Cadavid, Carlos Restrepo Arbeláez, Héctor Darío Builes Tobón y Roberto Antonio Gómez Olarte Rad. Nº. 20.669 Por ello solicita a la H. Corte casar el fallo impugnado, y en su lugar absolver al sentenciado, reconociendo a su favor la causal de ausencia de responsabilidad denominada error de tipo. 3.6. Violación directa de la Ley sustantiva por falta de aplicación del art. 137 (peculado culposo) y aplicación indebida del art. 133 del anterior código penal. Esta censura es presentada de manera subsidiaria, en el sexto cargo de la demanda presentada en favor de Rodrigo Humberto Arango Cadavid. A partir del siguiente texto del fallo impugnado: "...Respecto del comportamiento asumido por los peritos Héctor Javier Giraldo Velásquez y Darío Builes Tobón cabe predicar la manera irregular como se hicieron los avalúos, omiti