PGN - DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL PUDOR SEXUALES La publicación del nombre y de las fo

Bogotá, D.C., 3 de septiembre de 2007 Señores Magistrados

CORTE CONSTITUCIONAL

M. P. Dr. Nilson Elías Pinilla Pinilla

E. S. D.

Ref.: Demanda de Inconstitucionalidad contra el artículo 48, inciso 2º, de la Ley 1098 de 2006, “Por la cual se expide el Código de la infancia y la adolescencia”.

Demandante: LUZ XIMENA ESPAÑA AFANADOR

Expediente No. D-6821 Concepto No. 4366 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Constitución, y en virtud de la designación especial realizada por el Procurador General de la Nación mediante Resolución No. 228 del 24 de agosto de 2007, al haberse aceptado su impedimento y el del Viceprocurador General de la Nación, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por la ciudadana LUZ XIMENA ESPAÑA AFANADOR, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6º y 242, numeral 1º, de la Carta Política, solicita a la Corte declarar la inconstitucionalidad del artículo 48, inciso segundo, de la Ley 1098 de 2006, mediante la cual se expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia, cuyo texto es el siguiente:

T I T U L O II

GARANTIA DE DERECHOS Y PREVENCION CAPITULO I Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado “Artículo 48. Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de derechos. Los contratos de concesión de los servicios de

radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, las niñas y los adolescentes y a sus familias. En alguno de estos espacios y por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, “Delitos contra la libertad, Integridad y Formación sexuales”, cuando la víctima haya sido un menor de edad”” (resaltado lo acusado).

1. Planteamientos de la demanda 1.1. La Constitución Política ordena a las autoridades públicas otorgar protección especial a los niños, niñas y adolescentes, pero en desarrollo de este principio superior el legislador no puede cercenar otras normas constitucionales, sino buscar su armonización. Por ello, es inaceptable que el artículo 48, inciso 2º de la Ley 1098 de 2006, so pretexto del interés preponderante del menor, atente gravemente contra valores constitucionales como la dignidad humana, por cuanto a través de esa norma se cosifica al condenado, sometiéndolo al escarnio público, con miras a intimidar a los posibles futuros infractores. 1.2. Tal disposición, a juicio de la demandante, vulnera el artículo 12 de la Carta Política, dado que consagra un trato denigrante que mina y coarta la readaptación social del sentenciado, y además lo pone en peligro inminente

cuando haya cumplido la pena privativa de la libertad en una sociedad violenta e intolerante. 1.3. Con la disposición impugnada se pretende el restablecimiento y garantía de los derechos de los menores, pero ello ya se ha garantizado a través de la pena impuesta, razón por la cual la norma resulta además innecesaria e ineficaz. 2 1.4. El inciso acusado no puede considerarse desarrollo del artículo 44 Superior, que consagra la primacía de los derechos de los niños, pues tal prevalencia solo opera frente a conflictos inminentes, y no en abstracto; es decir, no puede aplicarse en general sino frente a situaciones concretas donde resulte necesario proteger y garantizar la eficacia de sus derechos. 1.5. La disposición acusada infringe así mismo, según la demandante, el principio de igualdad y desconoce el artículo 5º de la Constitución, porque establece un trato discriminatorio e injusto con respecto a un grupo de condenados y no frente a los demás, lo que abre paso a la aplicación de sanciones penales con base en tesis peligrosistas, “so pretexto de la protección “eficaz” al menor, la cual, per se, se encuentra en un estado privilegiado gracias a otras disposiciones”, entre las que se destacan las del Código Penal que sancionan severamente los delitos sexuales contra menores, lo mismo que la violencia intrafamiliar (Ley 294 de 1996). Por último, la accionante solicita a la Corte que se pronuncie también sobre el acuerdo No. 280 del 8 de mayo de 2007, expedido por el Concejo Distrital de Bogotá D. C., con base en el precepto acusado, donde se permite

publicar en sitios públicos las fotos de los individuos condenados por delitos sexuales contra menores.

2. Problemas jurídicos 2.1. Si el artículo 48, inciso 2º de la Ley 1098 de 2004, establece un trato denigrante y utiliza al sentenciado como un objeto de intimidación, afectando su dignidad humana, cuando ordena que en alguno de los espacios de programación cedidos por los concesionarios de los servicios de radiodifusión, televisión y del espacio electromagnético, se publique el nombre y la foto de las personas condenadas durante el último mes por delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, cuando la víctima ha sido un menor de edad. 3 2.2. Si el principio del interés superior del niño consagrado en el artículo 44 de la Constitución únicamente tiene aplicabilidad frente a conflictos actuales o inminentes, en los cuales es preciso acudir al mismo para garantizar de esta forma los derechos del menor, y por tanto la disposición acusada carece de fundamento constitucional. 2.3. Si la medida en estudio vulnera el principio de igualdad en cuanto sólo se aplica a los condenados por delitos contra la libertad, Integridad y Formación sexuales, y no a los sentenciados por delitos distintos.

3. Alcance de la norma demandada 3.1. En el Capítulo I, Título II de la Ley 1098 de 2006, donde se consagran las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado para la garantía de los derechos de los niños y adolescentes y para prevenir su vulneración, el legislador contempló, en el artículo 47, las responsabilidades especiales de los medios de comunicación. Entre ellas se destaca la obligación de

“Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología de hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o pornográficas” (numeral 6º). La misma disposición legal señala, como obligación para los medios, abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia, si ésta fuere desconocida, pues en cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres, o en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (numeral 8º). De manera particular, la ley también estableció en el artículo 48 inciso 2º, el deber de los concesionarios de los servicios de la radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos de ceder espacios de su programación para 4 presentar por lo menos una vez a la semana, con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, esto es, por “Delitos contra la libertad, Integridad y Formación sexuales”, cuando la víctima haya sido un menor de edad. 3.2. En tal sentido, y conformidad con la referida disposición: 3.2.1. Se impone una carga pública especial a los concesionarios de los

servicios de radiodifusión, televisión y del espacio electromagnético, consistente en ceder espacios de su programación, al menos una vez por semana, para difundir un información determinada, como un plus orientado al logro de una mayor eficacia y materialización de las garantías y restablecimiento de los derechos prevalentes de los menores afectados con los delitos sexuales. 3.2.2. Los aspectos que deben ser publicitados son dos: aEl nombre completo de la persona condenada, es decir, de aquella sobre la cual se ha proferido sentencia ejecutoriada, por alguno de los “Delitos contra la libertad, Integridad y Formación sexuales” cometido sobre un menor de edad, y bLa fotografía reciente del condenado. Bajo tal perspectiva, de acuerdo con los parámetros fijados en esta norma, y a la luz de su marco semántico, no es del caso informar concretamente en el espacio televisivo o radial sobre el delito concreto cometido por el sentenciado, o datos adicionales del mismo, como su relación con la víctima, la ubicación geográfica donde tuvo lugar la conducta sancionada, la pena impuesta, ni mucho menos algún tipo de información que involucre o permita identificar al menor víctima, pues ello implicaría incurrir en flagrante desconocimiento de los derechos fundamentales constitucionales del niño o adolescente (dignidad humana, honra y buen nombre), que han sido 5 taxativamente amparados mediante disposiciones como el artículo 47 numeral 6 del Código de la Infancia y la adolescencia, que impide efectuar esta clase de divulgaciones1. Tales límites internos, desde luego, resultan imperativos y vinculantes, con el

objeto de garantizar por esta vía los derechos de los menores víctimas de agresiones sexuales, ya que si a través de los medios de comunicación se mencionara tanto el autor responsable, como las características del delito y del menor víctima2, aunque no se diga su nombre, éste eventualmente podría ser identificado en la comunidad, lo que habría de conducir a una puesta en riesgo o lesión inadmisible de sus derechos fundamentales prevalentes. 3.2.3. La presentación de dichos informes debe llevarse a cabo por lo menos una vez a la semana, y en una franja horaria destinada a la población adulta. En relación con este aspecto, estima el Ministerio Público que si bien la disposición legal no lo señala en forma expresa, la transmisión de tales informes por radio o televisión debe efectuarse exclusivamente en franjas de adultos, es decir, ni infantil ni juvenil, por dos razones3: i) la mencionada información no ostenta contenido pedagógico para los niños que pueden recibirla, es decir, no atiende a la naturaleza de la programación que debe trasmitirse en tales franjas4; y, ii) en relación con la víctima en particular, es claro que la medida no puede constituir una agresión adicional para el niño o adolescente víctima del delito, porque su finalidad es precisamente 1 En este sentido la Convención sobre los derechos del niño consagra en el artículo 16 que “1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”

2 Como cuando se afirma que hubo incesto, conducta que naturalmente involucra algún grado de parentesco entre el condenado y el menor, o cuando se indica que fue cometida sobre una menor de x edad, o sobre un niño afectado por alguna condición física o mental especial. 3 Además de las razones que a partir de la finalidad de la prevención general social de la pena, que se esbozarán posteriormente. 4 Artículo 49 de la ley 1098 de 2006 “Obligación de la Comisión Nacional de Televisión. La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces garantizará el interés superior de la niñez y la familia, la preservación y ampliación de las franjas infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de dichas franjas que asegure la difusión y conocimiento de los derechos y libertades de los niños, las niñas y los adolescentes consagradas en la presente ley. Así mismo, la Comisión Nacional de Televisión garantizará que en la difusión de programas y materiales emitidos en la franja infantil no se presentarán escenas o mensajes violentos o que hagan apología a la violencia.” 6 garantizar los derechos de los menores, de tal forma que debe asegurarse que la víctima no estará en peligro de volver a ver el rostro de su agresor, recordar la situación traumática vivida, o crear de esta manera las condiciones propicias para dinamizar un proceso de victimización secundaria. 3.2.4. Dicha información sólo puede incluir a los condenados mediante sentencia ejecutoriada proferida durante el mes inmediatamente anterior a la fecha de transmisión. Es decir, que no es objeto de esta medida la información respecto de sentencias sancionatorias ejecutoriadas con

anterioridad al último mes, ni mucho menos los datos sobre aquellas personas que ya han cumplido la pena. Lo anterior significa, a la luz de una interpretación razonable de la disposición demandada, que los condenados por delitos sexuales contra menores sólo podrán ser publicados en los medios televisivos o radiales por un plazo máximo de un mes contado a partir del momento en que la sentencia cobre firmeza, y no de manera indefinida, ya que tales listas, de acuerdo con el marco semántico de la norma, deberán ser renovadas mensualmente. Tal perspectiva de análisis, en criterio del Ministerio Público, procura un equilibrio entre la protección de los derechos del menor afectado, y las garantías del condenado, quien no puede ser sometido de manera indefinida a tales publicaciones de su nombre y fotografía, ya que ello implicaría una restricción irrazonable y desproporcionada de sus derechos fundamentales. 3.3. Se trata entonces de una disposición que con la finalidad de proteger los derechos de los niños y adolescentes, ordena dar publicidad o informar sobre las sentencias condenatorias que involucran como víctimas a este particular sector de la población a través de un espacio en la programación de los servicios de radiodifusión, televisión y de uso del espacio electromagnético5, con las restricciones que impone el respeto por éstos, tales como la omisión de cualquier dato que permita individualizar o conocer la identidad del menor 5 De ninguna manera se involucra la publicación en medios de información escrita, o en documentos o elementos (como cajas de leche) que puedan trascender más allá del factor temporal previsto en la norma, y estar al alcance permanente de cualquier menor de edad e incluso de la víctima.

7 agredido, que incite a la violencia6, que haga apología de hechos delictivos o contravenciones, o que contenga descripciones morbosas o pornográficas, razón por la cual, atendiendo al fin de protección de la norma, sólo es posible publicar la fotografía y hacer referencia a los nombres de las personas condenadas con sentencia en firme, por cualquiera de los delitos consagrados en el Título IV de la Ley 599 de 2000, en los eventos donde el sujeto pasivo haya sido un menor de edad.

4. Publicidad de las decisiones de la administración de justicia y dignidad humana de la persona condenada.

El primer cuestionamiento que formula la demandante consiste en que la norma vulnera el principio de dignidad humana, porque se somete al condenado al escarnio público, para intimidar de esta manera a los posibles infractores futuros de la ley penal. Sea lo primero recordar que de conformidad con los artículos 74 y 228 de la Carta Política, las decisiones de la administración de justicia son públicas, es decir, que deben estar al alcance de toda la población, con las excepciones legales, principio de publicidad consagrado igualmente en el artículo 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En concordancia con ello, el artículo 64 de la Ley 270 de 1996 establece que ningún servidor público que administre justicia podrá en materia penal o disciplinaria divulgar, revelar o publicar las actuaciones que conozca en ejercicio de sus funciones, y por razón de su actividad, mientras no se encuentre en firme la resolución de acusación o el fallo disciplinario dictado

por el Consejo Superior o los Consejos Seccionales de la Judicatura, respectivamente. 6 Como puede ser la información relacionada con el delito cometido y la pena impuesta , aspectos que pueden ser valorados en forma distinta, e incluso censurados, por la comunidad. 8 Al respecto la Corte Constitucional, en la sentencia 037 de 1996, precisó: “De ahí que la constitucionalidad en este caso se condicione igualmente a la posibilidad de comunicar las informaciones que de conformidad con la ley, no están sujetas a reserva y, en este evento, deberá también permitirse el acceso público a las mismas. Por lo demás, debe la Corte aclarar que, en lo que se refiere a los procesos que se adelanten en el Congreso de la República contra los funcionarios que gozan de fuero constitucional especial, en los términos de los artículos 174, 175 y 178 de la Carta, salvo que exista reserva legal expresa, la disposición no es aplicable, habida cuenta de la naturaleza pública que caracteriza esta clase de juicios” y avaló que los funcionarios judiciales dieran a conocer al público en general la información sobre las decisiones judiciales, no sometidas a reserva. Sobre la publicidad de las actuaciones judiciales, la Corte Constitucional, en la sentencia C-641 de 2002 advirtió: “A partir de las regulación de la Carta Fundamental, en torno al debido proceso en las actuaciones judiciales surge la publicidad como uno de sus principios rectores, en virtud del cual, el juez tiene el deber de poner en conocimiento de los sujetos procesales y de la comunidad en general, los actos que conduzcan a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación, sanción o multa,

teniendo en cuenta que su operancia no constituye una simple formalidad procesal, sino un presupuesto de eficacia de dicha función y un mecanismo para propender por la efectividad de la democracia participativa. Con todo, el mismo texto constitucional legitima que se establezcan mediante ley, excepciones al conocimiento de ciertos documentos o actuaciones públicas, para que a través de un juicio de ponderación constitucional, se otorgue prioridad al principio de reserva, como sucede con la etapa de instrucción en un juicio criminal. ..., el artículo 64 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en concordancia con los artículos 74 y 228 de la Constitución, impone el deber a los jueces de comunicar y divulgar a la opinión pública o a la comunidad en general, el contenido y los efectos de sus decisiones, salvo en aquellos casos en los cuales exista reserva legal.” Conforme a lo expresado, debe entenderse entonces que la presentación de los nombres e imágenes de las personas respecto de las cuales se profirió sentencia condenatoria, cuya ejecutoria se produjo en el mes previo a la 9 transmisión, es una forma de dar publicidad a la decisión judicial, con una finalidad preventiva general, como lo señala el actor, pero no con el matiz ni con el propósito de someter al condenado al escarnio público, como quiera que la información suministrada debe limitarse a los dos aspectos indicados (nombre y totografía), de tal forma que el comportamiento propiamente dicho y censurado penalmente, no se comunica a la opinión pública para su valoración. La pérdida de la autoestima frente a los demás, o la incidencia de la publicidad sobre la percepción que los otros construyen sobre la persona

condenada penalmente, se fundamenta en el hecho de haber sido hallado responsable de una conducta que afecta gravemente a la sociedad y a la familia, y no de la mera publicidad de la sentencia que así lo declara. En tal sentido, no se considera trato degradante7 la imposición misma de una pena como consecuencia de la comisión de una infracción penal, ni el descrédito que de ello se deriva en el colectivo social8, como lo ha señalado la reiterada línea jurisprudencial de la Corte en torno a este tópico. La publicidad de la decisión judicial de condena no puede asumirse como una forma de someter al condenado al escarnio público, al juzgamiento popular de sus actuaciones, o como una forma de violencia moral, pues en este orden, cualquier otra forma de publicidad de las sentencias condenatorias en firme, incluso un edicto, podría calificarse como acto degradante y constitucionalmente proscrito. En tal sentido, una postura como la asumida en la demanda llevaría a la necesidad de prohibir con carácter 7 Entendiendo como tal, aquel que puede crear en la persona temor, angustia, humillación, sentimiento de inferioridad y que la envilece frente a los demás. 8 De acuerdo con el artículo 1º de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, La tortura es una forma agravada de trato degradante y “No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente

de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que “"sería absurdo sostener que cualquier pena judicial, debido al aspecto humillante que ofrece de ordinario y casi inevitablemente, tiene una naturaleza degradante (...); para que una pena sea "degradante" (...), la humillación o el envilecimiento que implica, tiene que alcanzar un nivel determinado y diferenciarse, en cualquier, caso, del elemento habitual de humillación (...)" y que " su constatación … ello depende de todas las circunstancias del caso y, en particular, de la naturaleza y el contexto de la misma pena y de la forma y método de su ejecución" (Europe Court of Human Rights, Tyrer Case, parágrafo N.° 30, último párrafo) 10 general a los medios de comunicación suministrar información respecto de las decisiones judiciales definitivas adoptadas en cualquier proceso penal, porque podría considerarse que la misma somete a los afectados con la misma al escarnio público y vulnera por tanto la dignidad humana. Ahora bien, publicar a través de los medios radiales y televisivos la emisión de un fallo condenatorio de la administración de justicia penal, procura garantizar o materializar la función de prevención general de la pena allí impuesta, sin que ello implique quebrantar la dignidad humana del condenado, pues el efecto disuasorio que se procura, parte de la imposición de la sanción penal, y se encuentra en el fundamento de su existencia. La publicidad de la sentencia es el medio, instrumento o mecanismo que permite transmitir a la sociedad ese mensaje que encierra la imposición de

una pena: que la comisión de determinada conducta es sancionada, y que esa norma penal quebrantada por el autor tiene plena vigencia, es decir, confirmar la vigencia de la norma y la obligatoriedad de actuar conforme a la ley. En este sentido cabe recordar que la publicidad es un presupuesto de eficacia de las decisiones judiciales, y en el caso de delitos contra menores, la publicidad especial de los fallos condenatorios a través de los medios de comunicación, con el objeto de lograr un efecto expansivo de los fines de prevención general de la pena, se orienta a un fin constitucionalmente legítimo, en virtud de la prevalencia de los derechos conculcados a los menores. En la sentencia C-641 de 2002, también afirmó la Corte Constitucional: “El principio de publicidad conduce al logro de la obediencia jurídica en un Estado democrático de derecho, ya que sólo en la medida en que las personas tienen conocimiento de las actuaciones judiciales, esto es, del principio, regla o razón jurídica que constituye la base de una decisión judicial, las partes o los interesados podrían apelar a dicho fundamento para ajustar su conducta a las decisiones de los jueces. En este orden de ideas, es preciso recordar que así como la imperatividad y obligatoriedad de la ley presupone su conocimiento por parte de los ciudadanos mediante su publicación en el diario oficial, también la imperatividad y obligatoriedad de las sentencias judiciales suponen su publicidad, pues lógicamente aquello que es desconocido por las 11 partes o terceros no puede ser objeto de imposición, so pena de alterar y desconocer los valores, principios y reglas de un Estado

Social Derecho. Sin embargo, es preciso aclarar que en cada caso la publicidad debe adecuarse a los sistemas de comunicación previstos en la ley.” (Subrayamos). En suma, para el Ministerio Público la emisión pública del nombre y fotografía de las personas condenadas por sentencia definitiva en el último mes por delitos sexuales contra menores, no constituye una forma de escarnio público o trato degradante que afecte la dignidad humana del condenado, como lo alega la demanda, y en consecuencia se solicitará a la Corte Constitucional declarar exequible el inciso 2° del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, respecto de los cuestionamientos antes examinados.

5. Proyección del principio del interés superior del niño Aunque el segundo cuestionamiento formulado en la demanda se refiere a la ausencia de fundamento constitucional en el artículo 44 Superior, lo que en estricto sentido no constituye un cargo de inconstitucionalidad, es decir, no propone una oposición concreta entre la norma y el ordenamiento constitucional, es conveniente consignar unas breves reflexiones respecto del ámbito de aplicación del principio del interés superior del niño.

En el orden nacional el artículo 44 de la Carta Política señala que: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 12 ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.” El artículo 3, numeral 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que "en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño", principio que también se encuentra previsto en los arts. 9.1, 18.1 y 21 ídem, y que junto al artículo 19, numeral 1º ibídem9, confieren fundamento a la norma examinada, en cuanto la misma contempla un mecanismo tendiente a asegurar el cumplimiento de la función preventiva general de la condena impuesta, y de esta forma se orienta a la protección efectiva del niño contra toda forma de abuso sexual, como lo ordena el artículo 44 Superior. En efecto, el principio antes mencionado no sólo se proyecta en torno a la resolución de conflictos concretos en los cuales se encuentren involucrados derechos del niño o adolescente, sino que vincula primordialmente a las autoridades responsables, y concretamente al legislador, quien en desarrollo

de su labor, debe asegurar que las disposiciones dictadas por el órgano legislativo reflejen la prevalencia constitucional de los derechos de los menores. La proyección universal, más no absoluta de este principio, fue destacada por la Corte Constitucional en la sentencia C-796 de 2004, donde afirmó que “tanto autoridades públicas como particulares en ejercicio de sus competencias y desarrollo de sus funciones, están obligadas a hacer prevalecer en todo caso el deber de asistencia y protección a la población infantil”, y en particular sobre la actividad legislativa, reiteró lo expresado en 9 De acuerdo con dicha disposición, corresponde al Estado adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 13 la sentencia C1064 de 2000, en el sentido de que “la regulación que se expida sobre los derechos de los menores deberá reflejar la dimensión normativa del mismo, no sólo desde el punto de vista sustancial sino también procedimental, con miras a la efectividad y garantía de sus derechos y su desarrollo integral y armónico, como así lo quiso el Constituyente de 1991” Son suficientes los anteriores argumentos para desestimar el cuestionamiento ciudadano donde se indica que la disposición acusada carece de fundamento constitucional, y solicitar en consecuencia la exequibilidad de la misma, frente a este particular cargo.

6. Presunta violación del principio de igualdad Finalmente la demanda, aún cuando no precisa los supuestos fácticos o normativos a partir de los cuales debería llevarse a cabo el juicio de comparación, en forma genérica deja planteada la posible vulneración del principio de igualdad, reconocido en el artículo 13 superior, por considerar que la norma acusada, con fundamento en tesis peligrosistas, amplía el radio de acción de la pena únicamente para los condenados por delitos sexuales, cuando la víctima sea un menor, lo cual, a su juicio, consagra un trato desigual que resulta discriminatorio frente a los condenados por delitos similares. 6.1. Así planteada la censura, lo primero que debe precisarse es que el objetivo de la norma acusada