PGN - DEMANDA DE ACCION POPULAR Sobre la publicidad de bebidas alcohólicas y embriagantes

DEMANDA DE ACCIÓN POPULAR-Sobre la publicidad de bebidas alcohólicas y embriagantes ACCIÓN POPULAR-Alcance El artículo 88 de la Constitución Política de 1991 estableció la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que defina la ley. ACCIÓN POPULAR-Definición Dicha acción fue definida en el artículo 2º de la Ley 472 de 1998 como el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, indicando que la misma se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre tales derechos e intereses, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. ACCIÓN POPULAR-Procedencia DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS-Control de calidad de bienes y servicios prestados a la comunidad INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-Naturaleza y funciones INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-Realizar el control y vigilancia de la publicidad del expendio de las bebidas alcohólicas Con fundamento en las citadas disposiciones, se concluye que corresponde al INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS realizar el control y la vigilancia de la publicidad del expendio de las bebidas alcohólicas, y por eso, dicho Instituto no cumple su deber de vigilancia cuando no adopta las medidas correctivas pertinentes ante la violación de lo previsto en los

artículos 1º y 3º de la Ley 124 de 1994 por parte de los particulares. INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-Incumplió su deber de ejercer vigilancia vulnerando los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas Corolario de lo expuesto, considera esta Delegada que el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, al no iniciar el proceso sancionatorio ni adoptar las medidas correspondientes en el caso concreto, incumplió su deber de vigilancia ante la violación de lo previsto en los artículos 1º y 3º de la Ley 124 de 1994 por parte del SUPERMERCADO “SU PAPÁ”, y en consecuencia, vulneró los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01

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IUS-2011-403133 De conformidad con los lineamientos arriba referidos y teniendo en cuenta los medios de prueba allegados al expediente, para esta Agencia del Ministerio Público es posible concluir que en el presente caso se encuentra demostrada la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y a la salubridad públicas por parte del INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, por lo que la decisión de primera instancia merece ser confirmada. Bogotá D.C., 1 de noviembre de 2011

Doctor

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA

Consejero Ponente – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-229

Acción Popular Radicado: 760012331 000 2010 01714 01

Actor: John Faber Castaño Demandado: Municipio de Santiago de Cali, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y el Supermercado “Su Papá”.

Honorable Señor Consejero: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, mediante el cual solicita se revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES 1-. Demanda El señor JHON FABER CASTAÑO, en ejercicio de la acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política de 1991, solicitó al Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01

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IUS-2011-403133 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ordenar a las entidades demandadas a que toda la publicidad de bebidas alcohólicas y embriagantes tenga la advertencia prevista en los artículos 1º y 3º de la Ley 129 de 1994, y

a cumplir con su deber de vigilancia sobre la propaganda comercial que el establecimiento de comercio demandado adelanta para promover la venta de bebidas embriagantes. Igualmente solicitó al Tribunal fijar el incentivo, de acuerdo a los parámetros indicados en el artículo 39 de la Ley 472 de 1998. Señaló como vulnerados los derechos colectivos a la seguridad y salubridad públicas, y los derechos de los consumidores y usuarios, previstos en los literales g) y n) del artículo 4º de la Ley 472 de 1998, con base en los siguientes hechos: - El SUPERMERCADO “SU PAPÁ” está manejando la publicidad del consumo de bebidas alcohólicas sin tener en cuenta la advertencia legal de que trata la Ley 124 de 1994, según la cual se prohíbe su consumo a menores y mujeres embarazadas, publicidad que aumenta sus ventas. - Lo anterior ocurre en la publicidad donde ofrece diversas promociones válidas del 15 al 18 de septiembre de 2010, publicidad en la que aparece registrada la oferta de bebidas alcohólicas sin hacer referencia expresa a que se prohíbe su expendio a menores de edad. - Tanto el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI como el INVIMA han incurrido en una actitud omisiva y negligente al permitir que la mencionada publicidad sea repartida y circule por toda la ciudad sin ningún control por parte de esas autoridades, a las que les compete hacerlo. 2-. Contestación de la demanda 2.1. El MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI contestó la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones; en relación con los supuestos fácticos, mencionó como ciertos los hechos relativos a la

realización de la publicidad por parte del Supermercado demandado sin tener en cuenta la prohibición contemplada en la Ley 124 de 1994, pero negó el Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133 hecho según el cual hubo una actitud omisiva de su parte; y propuso como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando que no hubo omisión del Municipio que tenga como consecuencia la violación o amenaza de los derechos e intereses colectivos; y la inexistencia de nexo de causalidad entre los hechos de la demanda y la actitud desarrollada por la entidad demandada. Expuso en su defensa los argumentos que se transcriben a continuación: “…la Alcaldía Municipal a través de sus diferentes secretarías ha venido actuando, para brindar una mejor calidad de vida a la comunidad y en este orden de ideas se ha realizado visita al establecimiento su papá teniendo para ello los correspondientes términos de ley sabiendo que la publicidad mencionada por el accionante es de fecha Septiembre de 2010 siendo imposible el actuar de forma inmediata por parte de la administración ya que para ellos e requiere el saber que establecimientos van a contrariar la norma sabiendo de antemano el impedimento de publicar estos avisos o promociones sin el lleno de los requisitos como los establecidos en el artíuclo 3 de la ley 124 de 1994, así

como lo establecido en la sentencia del consejo Superior de la judicatura CF 4884 de 2009. Por lo anterior consideramos estar dentro de los términos para proceder y en este caso en particular remitir a la Secretaría de Salud e Invima entes encargados de regular y sanción (sic) según el caso.” 2.2. EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA dio contestación a la demanda, oponiéndose a las pretensiones en lo que respecta a esa entidad, negando la actuación omisiva por parte del INVIMA e indicando que no le constaban los demás hechos. Propuso como excepciones la caducidad de la acción, la inexistencia de vulneración de los derechos colectivos por parte del INVIMA por acción u omisión, la falta de legitimación por pasiva y el ejercicio racional y proporcionado de las funciones del INVIMA; y expresó los siguientes argumentos: “Es importante manifestar que el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, no ha vulnerado los derechos a la seguridad y salubridad pública ni los derechos de los consumidores que aduce el actor por las siguientes razones: (…) El artículo 61 del Decreto 3192 de 1998, exige a los regulados someter a decisión previa de la autoridad sanitaria la publicidad Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133 de las bebidas alcohólicas sin que sea a ruego del Instituto que

el particular obtenga la autorización de la publicidad, existiendo un control adecuado a los principios de eficiencia y eficacia que son predicables de la administración, debiendo responder por los efectos nocivos de su conducta quien omite este deber legal… (…) De esta forma, en ejercicio del control eventual y posterior las acciones encaminadas hacia este objetivo pueden ser ejercidas de oficio como consecuencia de una programación de visitas hechas por la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas del INVIMA, actividad que en la actualidad se viene cumpliendo estrictamente, así como en atención a una queja o denuncia presentada por la ciudadanía. (…) Retomando, el instituto, quien conoció de la presunta vulneración a las normas sanitarias a través de la presente acción, ha dado inicio a las actividades de inspección, vigilancia y control en conjunto con el proceso sancionatorio, ejerciendo a cabalidad con sus funciones otorgadas por ley, por lo cual, se informa que se procedió a remitir los folios correspondientes al Grupo de Procesos Sancionatorios de Publicidad de la Oficina Asesora Jurídica del INVIMA, con Oficio No. 802-4734-10 para que se realice la investigación, de la cual se comunicará en su oportunidad al Honorable Tribunal. Así mismo, con Oficio No. 802-4735-10 se envió a la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas copia de la acción popular para que se ejerza inspección, vigilancia y control de la publicidad referida. Con todo, el Invima dio comienzo a lo de su competencia ante el conocimiento cierto, veraz y oportuno de la actividad que presuntamente desconoce de las disposiciones sanitarias

sin que se constituya una omisión de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrada en el numeral 2.1. de esta contestación y dará trámite al proceso sancionatorio en el plazo establecido por el artículo 38 del C.C.A. (…) Ahora Bien, aunque esta entidad sea la llamada a ejercer Inspección, Vigilancia y Control sobre la publicidad de bebidas alcohólicas, es imposible que conozca de cada una de las infracciones a la normatividad sanitaria vigente que se cometan en todo el territorio nacional. En ese sentido, el Instituto no pudo conocer de los hechos objeto de esta acción popular antes de su notificación, teniendo en cuenta la multiplicidad tanto de comercializadores como de medios con los que cuentan para pautar los productos que expenden. Por esto, sólo sería predicable una omisión de la entidad en el evento en que se aprueben publicidades sin la presencia de las advertencias legales, o que conocidas las irregularidades, no se diera inicio a las actividades de inspección, vigilancia y control o las sancionatorias del caso, eventos que no sucedieron en la presente causa al no presentarse para su aprobación la Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133 publicidad del mercado “Su Papá” y darse inicio a las acciones correctivas anteriormente mencionadas. (…) Luego de analizar los hechos de la presente acción popular se observa que al momento de la presentación de la demanda, es

decir el 29 de septiembre de 2010, ya no existía amenaza o vulneración de los derechos colectivos invocados y tampoco existen pruebas de daño que deba ser resarcido, ya que la vigencia de la promoción fue del 15 al 18 de septiembre del año en curso. Teniendo en cuenta que al momento de la presentación de la demanda no subsistía la amenaza, peligro o vulneración al derecho colectivo de la salud pública, la acción ha caducado.” 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió i) amparar el derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas, vulnerado por el SUPERMERCADO “SU PAPÁ”, EL INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI; ii) prevenir a dicho Supermercado para que toda publicidad que realice sobre la venta de bebidas alcohólicas tenga la advertencia q que hacen referencia los artículos 1º y 3º de la Ley 124 de 1994; iii) ordenar al INVIMA y al MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI cumplir con su deber de vigilancia sobre la propaganda comercial que los establecimientos de comercio adelantan para promover la venta de bebidas embriagantes; y iv) negar el incentivo. Para la adopción de las anteriores decisiones, el Tribunal expresó las consideraciones que se citan enseguida: “Para demostrar la publicidad comercial que se reprocha en la demanda, se encuentra en el expediente un folleto con el logotipo del Supermercado “Su papá” (fl 1), en el cual se promociona el “Quincenazo de Ofertas y Descuentos” válido

para los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2010, y se ofrecen vinos nacionales e importados con un 15% de descuento, sin que en ninguna parte se haga la advertencia de que trata el artículo 3 precitado. (…) Es indudable que la publicidad de bienes y servicios es determinante para su adquisición y consumo, pues la enorme influencia que ésta tiene respecto de los consumidores Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133 determina el éxito de la venta masiva de aquellos; principalmente tratándose de menores de edad, quienes, dado su proceso de aprendizaje y conocimiento del entorno, son altamente influenciables. (…) Corolario de lo anterior, para la Sala la publicidad de bebidas alcohólicas que se realice sin la advertencia ordenada por el artículo 1º de la Ley 124 de 1994 amenaza el derecho a la salubridad pública invocado por el actor popular, pues el inducir a los menores de edad a su consumo, sin advertirles acerca de los riesgos que ello conlleva, se está poniendo en riesgo su salud. (…) De la normatividad transcrita se desprende que tanto el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos como la Secretaría de Salud del Municipio de Santiago de Cali, tienen la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia sobre la publicidad comercial relacionada con el consumo de bebidas

alcohólicas. Por ello, cuando los particulares desatienden la obligación señalada en los artículos 1º y 3º de la Ley 124 de 1994 y esas autoridades públicas no adelantan las medidas correctivas pertinentes, es claro que incumplen el deber de vigilancia que les asigna la ley. Luego, son también responsables, por vía de omisión, de la amenaza del derecho colectivo a la salubridad pública de los menores. Teniendo en cuenta que el INVIMA manifestó en la contestación de la demanda que al conocer de la vulneración a las normas vigentes por los hechos narrados en esta acción, mediante Oficio Ni. 802-4734-10 remitió el caso al Grupo de Procesos Sancionatorios de Publicidad de la Oficina Asesora Jurídica, hecho a partir del cual pretende que se excluya su responsabilidad en la vulneración de los derechos e intereses colectivos invocados, considera la Sala que tal actuación no cumple el fin exceptivo por el cual se plantea, puesto que ésta sólo se presentó con ocasión de la esta (sic) acción popular, por lo que no puede constituir eximente de su responsabilidad.” 4-. Recurso El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revoquen los numerales primero y tercero de la sentencia de primera instancia, en el sentido de que el Instituto no ha vulnerado derecho colectivo alguno, con base en los siguientes argumentos: Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133 “La entidad que represento no comparte los argumentos presentados por el Tribunal de conocimiento por cuanto la sentencia impugnada solo se limita a citar el marco de las funciones del Instituto, indicando que no se ejerció ninguna medida correctiva contra el SUPERMERCADO SU PAPÁ, y que las acciones posteriores al conocimiento de la acción popular no lo exime de responsabilidad cuando tal y como se manifestó en la contestación de la demanda, el INVIMA ha venido cumpliendo a cabalidad, con todas y cada una de las funciones y competencias otorgadas por las ley (sic), realizando sus labores de inspección, vigilancia y control hasta donde su capacidad se lo permiten. Así mismo, se debe recordar que una vez el instituto tuvo conocimiento de los hechos que dieron lugar a la presente acción, inició las investigaciones del caso a fin de determinar la responsabilidad del comercializador. (…) De lo anterior, se infiere que el actor debió acreditar en el proceso que la publicidad objeto de debate fue aprobada por el INVIMA, lo cual brilla por su ausencia en el expediente, por lo que se concluye que no existió ningún incumplimiento por parte de este instituto respecto del control previo. Ahora bien, a pesar de que el INVIMA debe garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria, una trasgresión de la misma por parte de unos de sus vigilados no supone per se que el instituto sea responsable por omisión, ya que resulta materialmente imposible conocer sobre todas y cada una de las actividades de los particulares sujetos a Inspección, Vigilancia y Control, esto en concordancia con lo expuesto en la contestación

de la demanda. Es de resaltar que en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad objetiva se encuentra proscrita, por lo tanto, tal y como lo sostiene el Consejo de Estado, (incluso en la materia específica de publicidad de bebidas alcohólicas), la administración debe actuar ante “el conocimiento cierto, veraz y oportuno de una infracción sanitaria.” (…) No obstante lo anterior, se debe recordar que de conformidad con la publicidad aportada por el demandante, actualmente se encuentra en curso en esta oficina el respectivo proceso sancionatorio a fin de determinar la responsabilidad del comercializador.” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133  ¿Con la publicidad utilizada por el Supermercado “Su Papá” de la ciudad de Cali para los días 15 a 18 de septiembre de 2010, se vulneró por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA el derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas? ANÁLISIS JURÍDICO El artículo 88 de la Constitución Política de 1991 estableció la acción popular para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar

naturaleza que defina la ley. Dicha acción fue definida en el artículo 2º de la Ley 472 de 1998 como el medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, indicando que la misma se ejerce para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre tales derechos e intereses, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible. De igual forma, la Ley 472 de 1998 dispuso en el artículo 9º que las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. El actor popular adujo en la demanda que con la publicidad utilizada por el SUPERMERCADO “SU PAPÁ”, para promocionar, entre otros productos, bebidas alcohólicas para los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2010, sin tener en cuenta la prohibición establecida en la Ley 124 de 1994, se vulneraron los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas y los derechos de los consumidores y usuarios; y que tanto el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI como el INVIMA incurrieron en una omisión al permitir la circulación de dicha ciudad. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01

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IUS-2011-403133 Como se anotó, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca amparó el derecho colectivo a la seguridad y salubridad públicas, considerando que había sido vulnerado por EL SUPERMERCADO “SU PAPÁ”, EL INSTITUTO DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, sentencia contra la cual dicho Instituto presentó recurso de apelación, argumentando que tal derecho no fue vulnerado por el INVIMA. La Ley 472 de 1998, en el literal g) del artículo 4º, señaló como derechos e intereses colectivos los relacionados con la seguridad y salubridad públicas, respecto de los cuales el Consejo de Estado ha dicho: “En diferentes ocasiones la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los conceptos de seguridad y salubridad públicas; los mismos han sido tratados como parte del concepto de orden público y se han concretado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizar condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la vida en comunidad.” “…Su contenido general, implica, de acuerdo con la jurisprudencia citada, en el caso de la seguridad, la prevención de los delitos, las contravenciones, los accidentes naturales y las calamidades humanas y, en el caso de la salubridad, la garantía de la salud de los ciudadanos. Estos derechos colectivos están ligados al control y manejo de las situaciones de índole sanitario, para evitar que tanto en el interior como en el exterior de un establecimiento o de determinado lugar se generen focos de contaminación, epidemias u otras circunstancias que puedan afectar la salud y la tranquilidad de

la comunidad y en general que afecten o amenacen el estado de sanidad comunitaria. Es decir, que al momento de ponerse en funcionamiento determinados proyectos de los cuales se pueda derivar algún perjuicio para los ciudadanos, se deben realizar los estudios previos y tomar las medidas conducentes para evitar que se produzca un impacto negativo en las condiciones de salud y seguridad de los asociados”1. La Constitución Política de 1991 estableció en el artículo 78 que la ley regulará el control de calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización; y que serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y comercialización de los bienes y servicios, atenten 1 Consejo de Estado - Sección Tercera. Sentencia de 15 de julio de 2004. AP 1834. C.P.: Germán Rodríguez Villamizar. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133 contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Por su parte, la Ley 124 de 19942, estableció en el artículo 1º la prohibición del expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, en los siguientes términos: “ARTÍCULO 1o. Prohíbese el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La persona mayor que facilite las bebidas embriagantes o su

adquisición, será sancionada de conformidad con las normas establecidas para los expendedores en los Códigos Nacional o Departamental de Policía.” De igual forma, dicha Ley, en el artículo 3º, dispuso: “ARTÍCULO 3o. Toda publicidad, identificación o promoción sobre bebidas embriagantes debe hacer referencia expresa a la prohibición establecida en la presente ley. PARAGRAFO. Los establecimientos que expendan bebidas embriagantes deberán colocar en sitio visible el texto de la presente ley.” Así mismo, el literal d) del artículo 1º del Decreto 3466 de 1982, señaló que se entiende por propaganda comercial: “Todo anuncio que se haga al público para promover o inducir a la adquisición, utilización o disfrute de un bien o servicio, con o sin indicación de sus calidades, características o usos, a través de cualquier medio de divulgación, tales como radio, televisión, prensa, afiches, pancartas, volantes, vallas, y en general, todo sistema de publicidad.” En relación con lo anterior, el Consejo de Estado ha dicho en su jurisprudencia que con la publicidad de bebidas alcohólicas que no incluya la prohibición prevista en el artículo 1º de la Ley 124 de 1994, se amenazan los derechos e intereses colectivos a la seguridad y salubridad públicas, así: “Con la demanda fue allegado un cuadernillo plegable impreso por la sociedad Makro en el que se promocionan algunos 2 “Por la cual se prohíbe el Expendio de Bebidas Embriagantes a Menores de Edad y se dictan otras disposiciones”. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133 productos, dentro de la vigencia de 2 a 15 de diciembre de 2003 (fls. 70 a 85). En ese documento figuran las fotografías y una breve descripción, entre otros productos, de bebidas alcohólicas, concretamente en las páginas 1C, 5C, 6C, 12C. Solamente en las páginas 5 C y 6 C aparecen las leyendas “el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986” y “prohibida la venta de bebidas embriagantes a menores de edad o mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994” (folios 72 y 72 vto). En las otras páginas no constan dichas leyendas. Lo anterior muestra con claridad que, contrario a lo afirmado por la impugnante, no se hace expresa referencia a la prohibición establecida en el artículo 1º de la Ley 124 de 1994 en la totalidad de la publicidad comercial que adelanta para promover ofertas en el precio de bebidas alcohólicas. Este hecho, tal como lo ha reconocido esta Corporación, amenaza los derechos e intereses colectivos cuya protección se reclama en este asunto, en especial el derecho a la salubridad pública. Sobre el particular, es preciso citar lo precisado en la sentencia de 25 de marzo de 2003, proferida en la acción popular núm. 200202764-01 (Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Dr.

Darío Quiñónez Pinilla), en los siguientes términos: “En relación con la publicidad sobre ofertas en los precios de bebidas alcohólicas que ofrece la empresa Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A, se tiene que en un folleto sí hace referencia a la prohibición señalada en el artículo 1º de la Ley 124 de 1993, pero en el cuadernillo aportado por la demandante omitió la advertencia legal (folios 5 a 22 del cuaderno número 2). (...) Probado el hecho que se reprocha en la demanda, corresponde a la Sala averiguar si la inobservancia del deber legal de advertir la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad tiene incidencia directa sobre los derechos colectivos cuya protección se reclama y, por lo tanto, si el hecho probado viola derechos e intereses susceptibles de protección por medio de la acción popular. Para esta Sala es indiscutible que la publicidad en la adquisición de bienes es determinante para el consumo, pues la enorme influencia que tiene respecto de los consumidores determina el éxito de la venta masiva de aquellos. En otras palabras, está claro que la publicidad comercial es determinante en el mercadeo de bienes y servicios que se ofrecen al público en general y, en general, la propaganda que se dirige a disminuir los precios de un artículo induce a su compra. De manera específica, también es evidente que los menores de edad son altamente influenciables, pues precisamente parte del proceso de formación de la personalidad lleva Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 12 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

760012331 000 2010 01714 01 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-403133 implícita la facultad de percibir y aprender de todo aquello que se ofrece a la población. Consciente de lo anterior, el legislador diseñó un conjunto de medidas dirigidas a proteger a los menores de edad de la influencia negativa que pudiera causar la propaganda de bebidas embriagantes sobre la salud de aquellos. Dentro de esas medidas se encuentra la que hace referencia la demanda, pues es razonable considerar, de una parte, que la promoción generalizada de bebidas alcohólicas puede inducir a los menores de edad a consumir licores, con lo que se afectaría su salud, en tanto que es un hecho notorio y una realidad científica que las bebidas embriagantes son nocivas para la salud y, de otra parte, que es válido que el legislador oriente sobre la inconveniencia de su consumo y eduque a quienes representan el futuro del país. En este orden de ideas, la Sala concluye que el desarrollo de la publicidad de bebidas alcohólicas sin la advertencia señalada en el artículo 1º de la Ley 124 de 1994 amenaza el derecho a la salubridad pública de los menores de edad, por lo que prosperan las pretensiones de la demanda formuladas en ejercicio de