PGN - DEMANDA DE CASACION Contra la sentencia que modificó el fallo de primera instancia y

DEMANDA DE CASACIÓN-Contra la sentencia que modificó el fallo de primera instancia y en su lugar condenó al procesado por los delitos de falsedad material en documento público en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo MOTIVACIÒN FALLOS JUDICIALES-Derecho constitucional derivado del derecho al debido proceso CASACIÒN PENAL-Violaciòn de la ley sustancial, por interpretación errónea del precedente jurisprudencial Casación N° 55.897

ABELARDO PRADA Concepto P1DCP – CON – N.° 55

Bogotá 15 de julio de 2022

HONORABLES MAGISTRADOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

M.P. HUGO QUINTERO BERNATE

E. S. D.

RADICADO: 55.897

PROCESO: LEY 906 DE 2004

PROCESADO: ABELARDO PRADA En mi condición de Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la Casación Penal, en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, presento concepto en defensa del orden jurídico, de los derechos y garantías de los intervinientes, frente a la demanda de casación interpuesta por la apoderada de las víctimas, LUIS ALBERTO AGUILAR FÚQUENE y LUZ MARINA MORENO PÁEZ, contra la sentencia del 3 de abril de 2019 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que modificó el fallo emitido el 16 de noviembre de

2018 por el Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esa misma ciudad, en su lugar condenó a ABELARDO PRADA por la autoría de los delitos de falsedad material en documento público en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo, con obtención de documento público falso, estafa agravada en concurso homogéneo y concierto para delinquir, sancionó con 117 meses de prisión, multa de 722.9 s.m.l.m.v., e inhabilitó por 63 meses y 21 días para el ejercicio de derechos y funciones públicas. HECHOS Así se sintetiza en la sentencia de segunda instancia: 2 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA “1. los ciudadanos Luz Dary Cáceres Tavera y Juan Pablo Díaz Sánchez, como titulares del derecho de dominio identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50 S – 40116035 ubicado en esta ciudad, al momento de solicitar la declaración del impuesto predial, establecieron que su bien no se encontraba registrado a su nombre sino al de Abelardo Prada, a pesar que jamás lo habían ofrecido en venta, tampoco conocían al prenombrado. En su labor de investigación obtuvieron el registro de la escritura pública No. 2542 de 16 de agosto de 2012 de la Notaria 9 de Cali que reposa en la Oficina de Registro de

Instrumentos Públicos, y la cotejaron con lo que obra en el protocolo de la Notaria 9 de Cali y concluyeron que aquel no correspondía con el registrado. Adicionalmente, Luz Dary Cáceres y Juan Pablo Díaz fueron contestes en señalar que no suscribieron la escritura No. 2542. 2. el segundo evento se relaciona con el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50s 40060140, que tenía registrad como anotación una compraventa hecha mediante escritura pública No. 1318 del 14 de septiembre de 2012 de la Notaria 2 de Neiva (Huila), en la cual el propietario Jorge Enrique Ibáñez Vargas transfería el derecho de dominio a Abelardo Prada. Se estableció que la mencionada escritura era apócrifa, toda vez que la misma correspondía a otro acto suscrito. Además, los titulares del bien señalaron que las firmas impuestas en ese documento, diferían de las utilizadas en sus actos públicos y privados. 3. como tercer hecho, se señala que la señora Graciela Duarte de Siachoque le compró a Abelardo Prada, el lote de terreno ubicado en la carrera 114 D No. 152 B 39 Lote 16, Manzana 88, con matricula inmobiliaria No. 50N – 20105137 adquirido mediante escritura pública No. 1539 de 8 de agosto de 2014 en la Notaria 63 de Bogotá, a quien le entregó un total de $71.000.000. al intentar iniciar obra en el inmueble llegó una persona aduciendo ser la dueña del lote. En labores de investigación, se entrevistó a Francisco Javier Quintero

Restrepo, quien aparece vendiendo el predio a Abelardo Prada mediante 3 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA escritura pública No. 129 del 26 de junio de 2014 de la notaria Única de Suaita, el cual manifestó que no había concurrido al despacho notarial, ni muchos menos conoce el municipio donde se generó el documento. Igualmente, el inmueble se encontraba embargado por el Juzgado 3 Civil Municipal, la Fiscalía 328 Seccional y el Juzgado 18 Civil Municipal, despachos que indicaron que las medidas cautelares se encontraban vigentes.

4. El cuarto evento fue puesto en conocimiento por José María Mauricio Rivera Ochoa, quien como propietario del lote identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50N-505659, al acercase a su terreno observó una licencia de construcción de la Curaduría Tercera en cuyo aviso los solicitantes eran Luis Alberto Aguilar Fúquene y Luz Marina Moreno Páez. En razón de lo anterior solicitó el certificado de libertad en el cual aparecía la anotación de la venta hecha mediante escritura pública No. 1137 de 17 de julio de 2012 de la Notaria Primera de Facatativa a través de la que transfería el derecho de dominio a Abelardo Prada, acto público que José María Mauricio negó haber ejecutado.

En el mismo certificado, aparecía la anotación de la transferencia del derecho de dominio de Abelardo Prada a los mencionados Luis Alberto Aguilar y Luz Marina moreno Páez. Al verificar en el protocolo de la Notaria Primera de Facatativá, el propietario estableció que la escritura No. 1123 que reposaba en ese despacho correspondía a un acto totalmente distinto, sin embargo obtuvo una fotocopia de la escritura espuria registrada en el certificado. Respecto de la escritura pública No. 3724 del 19 de diciembre de 2013 de la Notaria 19 de Bogotá, el perito experto estableció que la huella dactilar obrante al lado de quien funge como Abelardo Prada codifica con su cupo numérico. Igualmente se sometió a estudió grafológico la firma de José María Mauricio Rivera que aparece en la misma escritura y el perito experto señaló que si bien 4 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA no fue posible emitir un concepto de fondo, noto diferencias en el origen gráfico frente a las muestras aportadas por el denunciante. A su turno Luis Alberto Aguilar Fúquene y luz Marina Moreno Páez denunciaron que con Abelardo Prada suscribieron la escritura pública No. 3724 de 19 de diciembre de 2013 en la Notaria 19 de Bogotá, a quien entregaron la suma de $85.000.000 y el 15 de enero de 2014 le hacen entrega del bien, no

obstante fueron sorprendidos que a través de una querella José María Rivera Rocha pretendiera recuperar la posesión del mismo. 5. el quinto evento se relaciona con los hechos puestos en conocimiento por Hely Jiménez Perilla, quien indicó fungir como dueño del lote de terreno identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50 S – 4013083, quien el 12 de noviembre de 2013 se acercó al inmueble y observó que el encerramiento que le tenía había sido desmontado. Al verificar el folio de matrícula observó que se encontraba registrada la escritura pública No. 792 de 15 de agosto de 2012 de la Notaria Segunda del Espinal, mediante la cual transfería el derecho de dominio a Abelardo Prada y éste a su vez mediante escritura pública No. 6378 de 5 de noviembre de 2013 lo traspasaba a los ciudadanos Alirio Contreras y María Stella Cucaita de Contreras. Igual que en los casos anteriores se estableció que la mencionada escritura No. 792 correspondía a un asunto diferente. Relacionado con lo anterior, los mencionados Alirio Contreras y María Stella Cucaíta mediante denuncia, pusieron en conocimiento la forma de adquisición del predio, que en efecto fue negociado con Abelardo Prada, persona que les enseño el lote y la documentación que lo amparaba como dueño. Posteriormente, cerraron el negocio con una oferta que le hicieron de $43.000.000 y suscribieron la escritura pública el 5 de noviembre de 2013 en la Notaria 68 de Bogotá, los cuales afirmaron que después de haber tomado

posesión del lote es cuando aparece el señor Hely Jiménez”. 5 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA ACTUACIÓN PROCESAL El 9 de mayo de 2018, ante el Juzgado 77 Penal Municipal de Bogotá con Funciones de Control de Garantías, la Fiscalía imputó a ABELARDO PRADA la autoría por el primer y segundo evento semejante para cada uno, los delitos de falsedad material en documento público en concurso heterogéneo con fraude procesal; por el tercer evento falsedad material en documento público en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con obtención de documento público falso, en concurso con fraude procesal en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con estafa agravada; el cuarto evento falsedad material en documento público en concurso heterogéneo con fraude procesal y estafa agravada; y, por el evento cinco, falsedad material en documento público en concurso heterogéneo con fraude procesal, estafa agravada y concierto para delinquir, cargos que aceptó el imputado. Correspondió el conocimiento al Juzgado Cincuenta y Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el 9 de agosto de 2018 se llevó a cabo la verificación de allanamiento a cargos, con observancia de garantías constitucionales y legales, una vez los aprobó, anunció el sentido de la

sentencia condenatoria, y el 16 de octubre de 2018 profirió la sentencia, decisión que fue modificada por el Tribunal Superior de Bogotá al desatar el recurso vertical elevado en su contra por las víctimas, el cual es objeto de demanda de casación que ocupa la atención de esta agencia ministerial. LA DEMANDA El apoderado de las víctimas, presentó demanda de casación, en la que postuló las siguientes censuras: Primer Censura: al amparo de la causal primera de casación prevista en el artículo 181 numeral 1 de la ley 906 de 2004, reclama que la sentencia 6 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA condenatoria viola de manera directa la ley sustancial, por interpretación errónea del precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias con radicado números 39831 del 27de septiembre de 2017, y radicado números 51.142 de 2018, condujo a la inaplicación del artículo 349 del Código Penal, lo que conllevo a la judicatura a reconocer descuento del 35% del quantum punitivo de la sanción impuesta al procesado, a la cual no tenía derecho.

Segunda Censura: bajo la causal de casación prevista en el numeral segundo del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, reprocha que la sentencia ostenta vicios que acarrean nulidad, por desconocimiento de garantías fundamentales,

por cuanto los juzgadores en las decisiones incurrieron en motivación sofistica, aparente o falsa, por cuanto desconoció el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, con una motivación equivocada, vulnerando el debido proceso, por cuanto el requisito de reintegrar el 50% de lo percibido para darle cabida al derecho penal premial, no puede suplirse con los restablecimientos del derecho ordenados en la sentencia por los registros fraudulentos, ni tampoco para las víctimas terceros de buena fe, exentos de culpa, con el incidente de reparación integral o la jurisdicción civil, siendo institutos procesales disimiles, con lo que se incurre en violación de las garantías fundamentales, lo que conduce a que se case el fallo del tribunal y se profiera uno de reemplazo que garantice los derechos de las víctimas. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA DELEGADA Primer cargo: Teniendo en cuenta que el demandante postula el cargo bajo la causal de casación prevista por el artículo 181 numeral 1 de la ley 906 de 2004, centra la inconformidad en contra de la sentencia de segunda instancia en que le fue concedido el descuento de la pena al procesado por haberse allanado a cargos sin que haya reintegrado al menos el 50% del incremento patrimonial producto del delito y garantizado el recaudo del excedente, actuación con la que 7 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897

ABELARDO PRADA desconoce el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Suprema de Justicia en las sentencias con radicado número 39.831 del 27 de septiembre de 2017 y radicado 51.142 de 2018, Desde ya se advierte que le asiste razón al demandante en reclamar a la judicatura que previo a otorgar la rebaja de pena por el hecho de que el procesado se haya allanado a cargos en la audiencia de imputación, ya que los juzgadores no tuvieron en cuenta que a pesar que la audiencia de imputación se llevó a cabo el 9 de mayo de 2018, posterior al cambio jurisprudencial, derivado de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Penal, con radicado número 39.8331 del 27 de septiembre de 2017, criterio que no fue observado por las instancias judiciales, ya que la Corte determinó que: “…, esta postura, fundada en reconocer que el allanamiento a cargos es una modalidad de acuerdo y no una simple manifestación unilateral de sometimiento a la justicia por parte del imputado o acusado sin contraprestación ninguna, le implica necesariamente a la Corte el tener que precisar que, a más del deber de acreditar el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el artículo 349 del CPP, el escrito de acusación, para que pueda servir de fundamento del fallo anticipado que del juez de conocimiento fiscalía y defensa demandan, debe incluir el acuerdo a que estas partes llegaron en relación con las consecuencias jurídicas de la conducta objeto de imputación”. Y el tribunal determinó que como el procesado se allanó a cargos en la

audiencia de formulación de imputación llevada a cabo el 9 de mayo de 2018, y pese a existir el cambio jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia, que exige para otorgar rebaja alguna cuando haya allanamiento a cargos, el sujeto activo de la conducta debe haber reintegrado el 50% del valor equivalente al incremento percibido y asegurar el recaudo del remanente; sin embargo el tribunal le rebajó el 35% de la pena a imponer bajo el entendido de que como el procesado se allanó a cargos y que para garantizarle la concesión 8 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA del beneficio proporcional como contraprestación a su aceptación inicial de cargos, y de que los verdaderos propietarios recobraron los derechos patrimoniales mediante la cancelación de los registros en las respectivas oficinas de registro de instrumentos públicos. La decisión del Tribunal contradice abiertamente los postulados de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, reseñados en la decisión con radicado número 39.831 del 27 de septiembre de 2017 y reiteradas en la sentencia con radicado número 51.142 del 21 de febrero de 2018, al advertir que el allanamiento a cargos es una modalidad de acuerdo y no una simple manifestación unilateral de sometimiento a la justicia por parte del imputado o acusado sin contraprestación ninguna, le implica necesariamente a la Corte el

tener que precisar que, a más del deber de acreditar el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el artículo 349 del CPP, el escrito de acusación, para que pueda servir de fundamento del fallo anticipado que del juez de conocimiento fiscalía y defensa demandan, debe incluir el acuerdo a que estas partes llegaron en relación con las consecuencias jurídicas de la conducta objeto de imputación”. Por lo anotado, se advierte que el tribunal desconoce las previsiones establecidas por el artículo 349 de la ley 906 de 2004, que han sido objeto de desarrollo jurisprudencial por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicados 39.831 de 2017 y 51.142 de 2018, por lo tanto en aras de garantizar el principio de legalidad, se hace necesario que la Corte case la decisión objeto de impugnación y profiera fallo de reemplazo donde proteja el derecho de las víctimas al acceso a la justicia y la reparación de los daños causados con el ilícito proceder del procesado, bajo estas consideraciones el cargo tiene vocación para prosperar. SEGUNDO CARGO El cargo fue ventilado por la causal prevista en el numeral 2 del artículo 181 de la ley 906 de 2004, centra la inconformidad en que el fallo del Tribunal adolece 9 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA de una adecuada motivación, derivando en motivación sofistica, aparente o

falsa, por cuanto no justificó el requisito de procedibilidad del artículo 349 de la ley 906 de 2004, desconoció el precedente jurisprudencial de la Corte, según el cual para efectos del reconocimiento de la rebaja de “hasta la mitad”, debe verificarse como requisito de la rebaja el reintegro del 50% del incremento patrimonial fruto de las conductas punibles; sin embargo la segunda instancia justificó el descuento punitivo del 35%, bajo unos argumentos sofísticos que no corresponden con la realidad, mencionó que el allanamiento se produjo con anterioridad al cambio jurisprudencial del 27de septiembre de 2017, afirmación que no corresponde con la realidad, ya que el allanamiento a cargos se dio a instancia de la audiencia de imputación surtida el 9 de mayo de 2018, y además de que para cumplirle al procesado lo acordado de la rebaja de hasta el 50% de la pena imponible, dio por acreditado que los derechos a las víctimas se garantizó con la cancelación de los registros de instrumentos públicos de las escrituras apócrifas, produciéndose de ese modo el reintegro del incremento patrimonial con lo que concedió la rebaja. Y desplazo a los compradores de los inmuebles vendidos por el procesado con las escrituras apócrifas, terceros de buena fe, exentos de culpa, que adelanten incidente de reparación integral o acudan a la jurisdicción civil. Acerca de los requisitos que se debe tener en cuenta al confesionar las sentencias, se desprende del artículo 162 de la ley 906 de 20041 que debe los juzgadores deben hacer una fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con

indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral. 1 Ley 906 de 2004, ARTÍCULO 162. REQUISITOS COMUNES. Las sentencias y autos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Mención de la autoridad judicial que los profiere.

2. Lugar, día y hora.

3. Identificación del número de radicación de la actuación.

4. Fundamentación fáctica, probatoria y jurídica con indicación de los motivos de estimación y desestimación de las pruebas válidamente admitidas en el juicio oral.

5. Decisión adoptada.

6. Si hubiere división de criterios la expresión de los fundamentos del disenso.

7. Señalamiento del recurso que procede contra la decisión y la oportunidad para interponerlo.

10 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA Acerca del deber de motivar las decisiones judiciales, al respecto la Corte Constitucional2, ha precisado lo siguiente: “La motivación es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho genérico al debido proceso. Esto se explica porque sólo mediante la motivación pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes públicos, y porque sólo cuando la persona conoce las razones de una decisión puede controvertirla y ejercer así su derecho de defensa. En el caso de los jueces de última instancia, la motivación es, también, su fuente de legitimación

democrática, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jurídicas y sociales”. En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia con radicado número 42.039 de 2016, destacó que en aquéllas hipótesis en que hay una completa y absoluta falta de consideración de las razones alegadas o los motivos del disenso, o si la dada es en tal forma incomprensible que conspire contra el ejercicio del contradictorio, exclusivo ámbito en que se hace viable sostener vulnerado el debido proceso y eventualmente el derecho de defensa, aspectos todos recogidos por la doctrina de la Sala dentro de las categorías de motivación ausente, incompleta o deficiente, ambivalente o dilógica y falsa o sofística» Descendiendo al caso en concreto se advierte que el Tribunal Superior de Bogotá determinó que para el momento de la formulación de imputación, a pesar que ocurrió el 9 de mayo 2018, con posterioridad al cambio jurisprudencial en la sentencia con radicado 39831 de 2017, y además de considerar de que no se ha reparado en parte a las víctimas, con ocasión del allanamiento a cargos, le rebajo en 35% de la sanción a imponer; sin embargo del fallo se advierte que el tribunal incumplió el deber de motivar adecuadamente la sentencia, ya que con argumentos errados, desconociendo 2 Sentencia corte constitucional, tutela 214 de 2012. 11 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615

Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA al realidad procesal determinó otorgar la rebaja de la pena, apartándose del mandato de verificar presupuestos del artículo 349 de la ley 906 de 2004, sin embargo optó por otorgar la rebaja del 35% de la pena con el argumento de cumplir lo pactado en el allanamiento a cargos de otorgar hasta el 50% como premio por el allanamiento a cargos. De la decisión confutada se advierte que la sentencia impugnada carece de una adecuada motivación, los falladores se movieron tras el vaivén de impartirle legalidad al allanamiento a cargos, sin observar presupuestos establecidos tanto en la ley 906 de 2004 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, radicado 39831 de 2017; de la sentencia de instancia no se advierte claridad al individualizar la pena y menos aún la concesión del descuento punitivo; carencias en la motivación que afectan el debido proceso de las víctimas, por cuanto se les restringe el derecho a la justicia, imponiéndoles una carga que no deben soportar; por lo tanto se hace necesario que la Corte se pronuncie de fondo, adecue la sentencia de acuerdo a los criterios establecidos para ello en la ley 906 de 2004 y la jurisprudencia de esa corporación, bajo esta óptica el cargo está llamado a prosperar. En el contexto previamente destacado, se advierte que el tribunal desconoció la norma llamada regular el caso, otorgó rebaja de pena por allanamiento a cargos en la audiencia de imputación sin verificar el cumplimiento lo previstó

por el artículo 349 de la ley 906 de 2004, desconoció presupuestos establecidos por la jurisprudencia de la corporación de cierre de la jurisdicción ordinaria en ese sentido, además de no motivar adecuadamente la sentencia, por tanto los cargos están llamados a prosperar, la sentencia objeto de impugnación debe ser casada y la Corte proferir fallo de reemplazo donde se aplique la ley llamada a regular el caso, realizando una debida motivación, conforme lo prevé la ley 906 de 2004, por lo tanto los reproches tienen vocación de prosperar.

PETICIÓN

12 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C. Casación N° 55.897 ABELARDO PRADA Con base en lo anterior, este Delegado comedidamente solicita de los Honorables Magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, casar el fallo objeto de impugnación, proferir uno de reemplazo donde se privilegie el principio de legalidad, se tenga en cuenta el precedente judicial, se garantice el acceso a la justicia de las víctimas. De los Señores Magistrados, Cordialmente

MIGUEL ALEJANDRO PANESSO CORRALES

Procurador Delegado de Intervención 1, Primero para la Casación Penal DR. 13 Procuraduría Delegada de Intervención 1, Primera para la Casación Penal Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12615 Bogotá D.C.