PGN - DEMANDA DE CASACION En la modalidad discrecional

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

Magistrado Ponente: Dr. Augusto Ibáñez Guzmán

E. S. D.

Ref: Demanda de casación discrecional presentada por el defensor del procesado Jesús Antonio Ramírez Giraldo contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Antioquia que lo condenó como autor del delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado.

Rad. No. 27.457

Honorables Magistrados: El 8 de septiembre de 2006, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara, correspondiente al Distrito Judicial de Antioquia, profirió sentencia de primer grado en la que condenó al señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo a la pena principal de 56 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término, al encontrarlo responsable como autor de delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado.

La decisión fue apelada tanto por el defensor del procesado para el entonces, Dr. Jesús Adolfo Ramírez Torres, como por el implicado mismo; recurso que desató la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia, el 6 de diciembre de 2006, confirmándola en su integridad. Inconforme también con el fallo de segundo grado, el procesado interpuso recurso de casación excepcional, el cual fue sustentado a través de demanda que presentó su nuevo defensor, Dr. Amado de J. Ramírez Mejía, la que fue admitida 1 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto del 5 de

julio de 2007, por estar orientada a la garantía de los derechos fundamentales a la defensa y el debido proceso. Acorde con lo establecido en el artículo 213 de la ley 600 de 2000, una vez efectuado el respectivo reparto, correspondió a la Procuraduría Tercera Delegada para la Casación Penal emitir concepto sobre la viabilidad del recurso.

1. HECHOS La situación fáctica fue descrita por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara, en el fallo de primera instancia, así (Cfr. Folio 173, cuaderno 1): “La noticia criminis génesis del investigativo, obedeció a la denuncia penal elevada ante la Personería con sede en el municipio de Montebello Antioquia, por la menor JENZY DAHIANNA GIRALDO JARAMILLO, a la que se presentó en asocio de su progenitora, manifestando que conoció al procesado RAMÍREZ GIRALDO a través de una compañera CAROLINA SÁNCHEZ RAMÍREZ, y fue invitada con el fin de hacer un sancocho a una finca por la familia de ésta y ese día todo trascurrió normal y, éste le dijo que no le gustaban las niñas chismosas y al día siguiente regresaron y el procesado JESÚS ANTONIO RAMÍREZ GIRALDO, mientras las otras estaban en la piscina, se la llevó a mostrarle unas raquetas y unos globos a una habitación, y anota que en ésta había un baño, al cual la entró y, empezó a bajarle un pantalón rosado a la fuerza, ella se oponía y le dijo que tenía que dejarse hacer lo que él quería o sino le pegaba y le mostró el

cable de la antena parabólica, se puso a llorar, le tapó la boca y le empezó a chupar la vagina, la lamía y le tocaba también los senos. Ya más tarde se fueron para el pueblo y él la llevó al negocio donde estaban sus padres. Estos actos narra, sucedieron como en tres ocasiones y a la única que le había confidenciado lo ocurrido fue a su amiga (…)”. De conformidad con la denuncia y lo posteriormente establecido en el proceso, aunque no se precisó fecha exacta de los hechos, se tiene que ocurrieron a mediados del año 2003 en Montebello (Antioquia). 2

2. ACTUACIÓN PROCESAL Antecedentes Procesales El proceso de la referencia tuvo origen en la denuncia presentada por la menor Jenny Dahianna Giraldo J, en compañía de su madre y representante legal, Dora Jaramillo Llanos, el 6 de febrero de 2004, en contra del señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo, ante la Personera Municipal de Montebello (Cfr. Folio 2 y 3, cuaderno 1).

El 12 de febrero de 2004, la Personería Municipal de Montebello, remitió a la Fiscalía Seccional de Santa Bárbara (Antioquia) la antedicha denuncia, así como el informe del reconocimiento médico legal y copia de una hoja del diario personal de la menor relacionada con los hechos (Cfr. Folio 1, cuaderno 1). Correspondió el conocimiento del asunto a la Fiscalía Décima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Santa Bárbara, la que a través de resolución proferida el 16 de febrero de 2004, ordenó la apertura de instrucción en contra del

señor Jesús Ramírez Giraldo (Cfr. Folio 7, cuaderno 1). El 5 de marzo de 2004, la Personería Municipal de Santa Bárbara remitió con destino a la instrucción anotada, la denuncia presentada por otra menor, Cinthya Melissa Ciro López, en contra del mismo señor, Jesús Antonio Ramírez Giraldo, por hechos similares (Cfr. Folio 8 y 9, cuaderno 1). El señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo, fue vinculado formalmente al proceso a través de indagatoria rendida el 18 de marzo de 2005; vale resaltar que en esa oportunidad el indagado manifestó que no tenía a quien nombrar como defensor, por ello, la Fiscalía designó, al Dr. Jesús Adolfo Ramírez Torres, para que lo 3 asistiera sólo dentro de esa actuación, según consta en el acta (Cfr. Folio 39, cuaderno 1). La Fiscalía Décima Delegada resolvió la situación jurídica del investigado, el 8 de junio de 2005, absteniéndose de imponer medida de aseguramiento en su contra. Esa decisión aparece notificada personalmente al sindicado, el defensor designado en la indagatoria fue notificado por estado (Cfr. Folio 64 y 72, cuaderno 1). El 18 de agosto de 2005, se declaró el cierre de la investigación. Igualmente, esta decisión fue notificada personalmente al sindicado, pero no así al defensor. El 26 de septiembre de 2005 el procesado, Ramírez Giraldo, solicitó a la Fiscalía

designarle un defensor de oficio por no contar con los recursos económicos para sufragar uno, por lo que se nombró al Dr. William González Minotas para el efecto (Cfr. Folio 79 a 81, cuaderno 1) a quien se le notificó la decisión de cierre (Cfr. Folio 81, cuaderno 1). Dentro del término del traslado realizado previo a la calificación del mérito del sumario el investigado presentó alegatos (Cfr. Folio 82, cuaderno 1). El 27 de octubre del 2005, la Fiscalía Décima Delegada profirió resolución de acusación en contra del señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo a quien se imputó la comisión del delito de acto sexual abusivo realizado frente a la libertad, integridad y formación sexual de la menor Jenzy Dahianna Giraldo Jaramillo, decisión que fue notificada personalmente a todos los sujetos procesales (Cfr. Folio 90 y 99, cuaderno 1). Frente a ella el sindicado interpuso recurso de apelación, sin embargo, el mismo fue declarado desierto por falta de sustentación, pues el escrito no se presentó en término (Cfr. Folio 108, cuaderno 1). En firme la resolución de acusación correspondió el conocimiento del asunto al Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Santa Bárbara, Antioquia, el que, en 4 auto del 16 de enero de 2006, ordenó correr traslado a los sujetos procesales del término establecido en el artículo 400 de la ley 600 de 2000, dentro del cual las partes se abstuvieron de solicitar pruebas o nulidades (Cfr. Folio 120 y 121,

cuaderno 1). La audiencia preparatoria tuvo lugar el 17 de marzo de 2006, en la que se hizo presente el Fiscal Delegado y el abogado defensor del procesado. Dentro de la diligencia el juez de conocimiento no decretó nulidades por no encontrar irregularidad alguna dentro de la actuación que ameritara tal pronunciamiento. Así mismo, a solicitud de acriminado ordenó correr traslado del reconocimiento médico hecho el 7 de febrero de 2004 a la menor (Cfr. Folio 130 y 131, cuaderno 1). El 13 de julio de 2006, se realizó la audiencia pública de juzgamiento, en la que la defensa, en consonancia con lo expresado por el ministerio público, solicitó absolver al procesado en aplicación del principio in dubio pro reo (Cfr. Folio 170, cuaderno 1). La sentencia de primera instancia fue proferida el 8 de septiembre de 2006 declarando al señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo penalmente responsable del delito de acto sexual abusivo con menor de catorce años agravado (Cfr. Folio 188, cuaderno 1). El procesado designó al Dr. Jesús Adolfo Ramírez Torres como defensor de confianza el 14 de septiembre de 2006, quien en desacuerdo con la sentencia de primera instancia interpuso y sustentó recurso de apelación en su contra. Con la misma finalidad el investigado presentó escrito por separado. La alzada se desató por el Tribunal Superior de Antioquia, el 6 de diciembre de 2006, confirmando en

su totalidad la decisión recurrida (Cfr. Folio 217, cuaderno 1). 5 Ante la decisión de segunda instancia el procesado interpuso recurso de casación excepcional. El 30 de marzo de 2007 confirió poder a otro defensor de confianza, Dr. Amado de J. Ramírez Mejía, quien en su nombre y representación presentó la demanda de casación el 30 de marzo de 2007 (Cfr. Folio 260, cuaderno 1), la que admitió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 5 de julio de 2007, bajo el entendido que los reparos formulados pretenden la protección de garantías fundamentales del sindicado. (Cfr. Folio 11 a 25, cuaderno 2). Corresponde, entonces, conceptuar a esta Procuraduría Delegada para la Casación Penal sobre la viabilidad del recurso. Decisión impugnada La sentencia de primer grado fue recurrida por el defensor del investigado fundamentalmente bajo el argumento de que la prueba obrante dentro del proceso lejos de demostrar la responsabilidad penal de su defendido, por el contrario, arroja dudas frente a la misma. Por su parte, el Tribunal Superior de Antioquia tras analizar el material probatorio sostuvo que no le asiste razón al procesado ni a la defensa al afirmar que el proceso carece de elementos de convicción suficientes para construir la certeza necesaria para emitir un fallo condenatorio, pues, por el contrario, del acervo se desprende con claridad la responsabilidad penal del señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo, en consecuencia, confirmó la decisión de primera instancia.

3. SINTESIS DE LA DEMANDA DE CASACIÓN.

Después de hacer un resumen de los hechos, la actividad procesal y relacionar los sujetos procesales, pasa el recurrente a esgrimir los argumentos en que sustenta 6 el recurso extraordinario, al amparo de la causal tercera del artículo 207 de la ley 600 de 2000, por haberse dictado sentencia dentro de un juicio viciado de nulidad. El casacionista precisó un único cargo, como sigue: Cargo único –nulidad-. El demandante, al tenor de la causal tercera de casación contenida en el artículo 207 de la ley 600 de 2000, solicita la nulidad del proceso a partir del cierre de la investigación, de conformidad con lo establecido en los numerales 2º y 3º del artículo 306 de la misma ley. Funda la violación al debido proceso en el desconocimiento del principio de investigación integral, aduciendo que hizo falta realizar un esfuerzo probatorio mayor para valorar el diario de la menor en el que supuestamente narra los hechos y precisa el momento en que tuvieron lugar, al paso que critica la forma en que se analizó la prueba allegada, para concluir que no hubo imparcialidad en la búsqueda de la prueba por lo que se afectó la integralidad de la investigación. En cuanto a la violación del derecho de defensa, refiere que el procesado careció de defensa técnica en el curso de la investigación, toda vez que el defensor de oficio nombrado en la diligencia de indagatoria lo fue sólo para asistirlo en esa actuación, por lo que las pruebas se practicaron sin que se pudiera ejercer el derecho de contradicción frente a ellas, y la resolución a través de la cual se

resolvió situación jurídica fue notificada a un defensor que no tenía, lo que hizo que su defensa no fuera ni integral, ni ininterrumpida, ni material, ni técnica. Lo anterior, dice el casacionista, constituye una violación al artículo 29 de la Constitución Política, y los artículos 2º, 8º, 9º, 13, 16, 20 y 131 del Código de Procedimiento Penal. 7 En acápite separado el demandante esgrime los argumentos con base en los cuales solicita la admisión y trámite excepcional del recurso de casación dentro del presente caso, por considerarlo necesario para la garantía y defensa de los derechos del procesado Jesús Antonio Ramírez Giraldo, pues en su sentir resultaron vulnerados con la sentencia recurrida.

4. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA PARA LA

CASACIÓN PENAL.

Procede esta Delegada a emitir concepto frente a la demanda de casación admitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acorde con lo establecido en el artículo 213 de la ley 600 de 2000. Para un mejor tratamiento metodológico, el análisis se desarrollará así: (i) Análisis preliminar sobre la viabilidad del ataque mediante la causal invocada (ii) De la violación al derecho de defensa por falta de defensa técnica (iii) De la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso por desconocimiento al principio de investigación integral. A continuación se revisará lo concerniente al (iv) Mérito para la casación excepcional y por último se definirá la (v) Petición a que haya lugar.

(i) Análisis preliminar sobre la viabilidad del ataque mediante la causal invocada. Según quedó expuesto en el resumen de la demanda, solicita el casacionista, al amparo de la causal tercera del articulo 207 del Código de Procedimiento Penal, la nulidad del proceso a partir del cierre de la investigación, con fundamento en las causales segunda y tercera del artículo 306 de la ley 600 de 2000, que se refieren a la comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso y la violación del derecho a la defensa, respectivamente. 8 Con respecto a los parámetros y requisitos argumentativos que deben tenerse en cuenta al momento de escoger como causal de casación la nulidad, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Una vez más debe indicarse que la demanda de casación no es un escrito de libre formulación en el que su autor pueda plantear de manera genérica y desde personales puntos de vista las inquietudes, perplejidades, contradicciones, incoherencias o errores que advierta o le suscite el fallo de segunda instancia, sino que debe cumplir con las exigencias de técnica y de lógica necesarias para pretender desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad con que las sentencias impugnadas llegan a esta sede. Así mismo, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corte, la nulidad como motivo para atacar, por vía de casación, el fallo de segunda instancia, en “orden a la técnica propia de este medio extraordinario de confrontación de la legalidad de las sentencias, comporta los mismos niveles de exigencia que son inherentes a las demás causales dada su especial naturaleza, lo

cual significa que de modo insoslayable debe especificarse la causal o motivo de nulidad concurrente, demostrando el carácter sustancial del vicio o la irregularidad acusados y particularmente la etapa o el momento procesal a partir de la cual se hace imperativa la anulación, explicando justificativamente las razones por las cuales no media alternativa diversa que la de invalidar lo actuado”. [1] En otros términos, la nulidad no aparece marginada del imperativo de claridad, precisión y logicidad en cuanto a su postulación y demostración correspondientes, toda vez que es tan exigente como las demás dado el rigor predicable de la naturaleza misma de la casación, de manera tal que se impone para el actor el deber de concretar la índole del vicio, sea de estructura o de garantía, que se dice afecta el proceso, en qué grado y magnitud y desde qué actuación procesal se configura. Por consiguiente, tratándose del cargo de nulidad la demanda no es un escrito de libre confección, toda vez que también debe ajustarse a los presupuestos formales para su admisibilidad. De igual manera, en virtud del principio de trascendencia que gobierna la declaratoria de nulidad, según la cual, no basta con denunciar irregularidades o que éstas efectivamente se presenten en el proceso, sino que se hace indispensable demostrar que aquellas inciden de manera concreta en el quebranto de los derechos de los sujetos procesales, se hace necesario que el actor evidencie un perjuicio con el yerro in 9 procedendo denunciado, pues, caso contrario, la Corte , por razón del principio de limitación, no puede entrar a complementar al censor.”1

En efecto, el demandante acudió al recurso de casación al amparo de la causal tercera de casación; y, para la fundamentación del cargo, escogió, a la vez, dos hipótesis de nulidad, la de violación al derecho de defensa y la de violación al debido proceso. Sustentó la violación al derecho de defensa en la ausencia de defensa técnica a que estuvo expuesto el procesado durante el término de la investigación, lapso durante el cual se practicaron pruebas que no estuvo en posibilidad de contradecir; resulta, en principio, acertado haber orientado la primera censura al fallo impugnado a través de la causal tercera de casación, por vía de violación al derecho de defensa y la argumentación cuenta con los niveles de exigencia mínimos dispuestos por la ley y la jurisprudencia. El segundo reproche hecho a la decisión que se recurre, se fincó en la violación al debido proceso por desconocimiento al deber de investigación integral, pues considera el censor que se recogió exclusivamente la prueba que encartaba al procesado omitiéndose allegar la favorable. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que la infracción al principio de investigación integral puede afectar tanto el debido proceso como el derecho de defensa, circunstancia que constituye causal de nulidad de las actuaciones procesales al tenor de lo normado en el numeral 3º del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, resulta viable censurar el fallo impugnado a través de la causal tercera de casación, por vía de violación al debido proceso en razón del

desconocimiento al deber de investigación integral. 1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto inadmisorio proferido el 6 de marzo de 2008 dentro del Proceso No. 25.309. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 10 No obstante lo anterior, observa esta Delegada que el censor no fue del todo claro al momento de fundamentar el cargo, pues, en el acápite sobre el debido proceso se limitó a transcribir una serie de normas que desarrollan las garantías que comportan este derecho, sin hacer precisión sobre los supuestos fácticos en los que funda la violación, aspecto que desarrolló con posterioridad en el punto sobre la investigación integral. En efecto, pese a que señaló que el fallo impugnado vulneró los derechos al debido proceso y a la defensa técnica de su asistido, no precisó si en este caso el desconocimiento del deber de investigación integral afectó el debido proceso o el derecho de defensa, pero del análisis en conjunto de la demanda entiende esta Delegada que fue planteada como una vulneración al debido proceso. Adicionalmente, al sustentar las razones en las que funda la petición de nulidad por incumplimiento al deber de investigación integral, el libelista no deja de incurrir en una reiterada crítica a la forma en que se apreció la prueba por parte de las diferentes instancias, tema este propio de otra causal de casación que no fue seleccionada por la demanda, como lo podría ser la violación indirecta de la ley por error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad o por falso raciocinio. En todo caso, al margen de las anteriores deficiencias técnicas, acertadamente la

Sala de Casación Penal dando prevalencia a lo sustancial sobre lo formal según lo ordena el canon constitucional contenido en el artículo 218 de la Carta Política, admitió la demanda de casación discrecional orientada a la garantía de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, por lo que, a continuación, se procede al estudio del referido cargo. (ii) Nulidad por ausencia de defensa técnica. 11 Solicita el casacionista se anule el proceso desde el cierre de la investigación atendiendo a que durante esa etapa procesal el implicado estuvo práctica y literalmente sin defensor, lo que ocurrió antes de que fuera formalmente vinculado al proceso como después de que tuvo lugar la diligencia de indagatoria e incluso con posterioridad al cierre de la investigación, afectándose de esta forma su derecho de defensa. La trascendencia del derecho a la defensa, en general, y del derecho a la defensa técnica, en particular, ha sido de antaño reconocida tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Es así como, su protección tiene rango constitucional en los términos establecidos por el artículo 29 de la Constitución Política y del bloque de constitucionalidad en virtud del cual tienen son parte del ordenamiento jurídico colombiano las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” incorporado en nuestra legislación a través de la Ley 16 de 1972, en concreto, el artículo 8º que se refiere a las garantías judiciales. Igualmente, se trata de un derecho que ha tenido amplio desarrollo dentro de la legislación procesal penal, coincidencialmente, en el artículo 8º tanto de la ley 600 de 2000 como de la ley 906 de 2004; en efecto, la primera norma establece que la

defensa deberá ser integral, ininterrumpida, técnica y material; por su parte, en la segunda, frente a la defensa técnica refiere que el imputado tendrá derecho a ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado. En la misma vía se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para la que el derecho a la defensa técnica, esto es, la posibilidad del procesado de contar con un profesional en temas jurídicos en el curso del proceso penal, es un derecho fundamental que debe ser garantizado por los 12 funcionarios judiciales de manera “real, continua y unitaria”; justamente, que sea real implica que no basta su carácter nominal sino que el profesional del derecho debe obrar activamente sin perjuicio de que se adopte el silencio como una estrategia de defensa2. Frente a la vulneración al derecho de defensa técnica, la jurisprudencia del Tribunal de Casación ha sostenido que resulta inobjetable cuando el procesado ha permanecido desprovisto de defensor durante el proceso, bien porque no designó defensor de confianza y el Estado no le proveyó uno, o bien porque aún habiendo abogado dentro del mismo, el profesional desatendió completamente sus funciones, “al punto que aparezca ostensible que el fallo condenatorio se hubiera podido evitar o ser atenuadas sus consecuencias de haber contado el sentenciado con la oportuna y adecuada asesoría de un profesional del derecho”3. Así las cosas, a fin de verificar si se conculcó la garantía fundamental al derecho de defensa técnica o letrada dentro del presente caso, esta Delegada entra a revisar si hubo ausencias temporales o permanentes de defensor, las actividades

desplegadas por los profesionales que fueron designados y la trascendencia de su inactividad, si la hubo: Señala el demandante que desde el momento en que se abrió formalmente la investigación hasta aquel en que se escuchó al procesado en indagatoria éste estuvo desprovisto de defensa técnica y en esa etapa se practicaron una serie de pruebas que no pudo contradecir. En efecto, consta en el expediente que la apertura de la instrucción penal tuvo lugar el 16 de febrero de 2004, fecha en la que la Fiscalía Décima Seccional ordenó vincular mediante diligencia de indagatoria al señor Jesús Ramírez 2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia proferida 24 de octubre de 2007, dentro del proceso No 24.908. M.P. Maria del Rosario González de Lemos. 3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 9 de junio de 2008, proceso No. 29.795. M.P. Alfredo Gómez Quintero. 13 Giraldo, la que se realizó el 18 de marzo de 2005, esto es, aproximadamente un año después. Debe resaltarse que la dilación de la vinculación formal del señor Ramírez Giraldo se debió a las dificultades para su ubicación, pues en principio se le citó en el municipio de Bello y después en Santa Bárbara donde finalmente se le escuchó a través de comisionado. Durante el año que trascurrió entre esas dos actuaciones procesales, la Fiscalía, en ejercicio de la actividad probatoria, escuchó en declaración a la madre de la menor agredida, la víctima, una familiar del procesado y otra menor amiga de la

víctima (Cfr. Folios 12 a 15; 19 a 21). Ciertamente en ese lapso se recogieron por parte de la Fiscalía una serie de pruebas que, con posterioridad, valoradas en conjunto con otras, sirvieron de sustento para proferir sentencia condenatoria en contra del señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo. Sin embargo, el hecho de que durante ese tiempo el procesado hubiera carecido de defensor no implica, necesariamente, que el derecho a la defensa técnica se le hubiera conculcado, pues, tal y como tradicionalmente lo ha sostenido la jurisprudencia, “las ausencias temporales del defensor no siempre se traducen en invalidación del trámite, porque en virtud del principio de trascendencia que sustenta la nulidad, sólo cuando la irregularidad afecta adversamente las garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción o del juzgamiento, resulta imperativa la declaración de nulidad”4. En punto de la trascendencia de la irregularidad señalada, encuentra esta Delegada que desde la indagatoria el señor Ramírez Giraldo contó con defensor, quien tuvo la oportunidad de ejercer los actos defensivos frente a las pruebas practicadas con anterioridad, así que en este concreto aspecto no tendría ningún sentido retrotraer el proceso aplicándole el remedio procesal extremo de la nulidad 4Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Sentencia proferida el 21 de noviembre de 2002, proceso No 16.896. M.P. Jorge Anibal Gómez Gallego. 14 para que la defensa vuelva a tener una oportunidad con la que ya contó a lo largo

del mismo. Como es sabido el derecho de contradicción no se limita a estar presente en el momento de aducción y producción de la prueba sino que hace parte de esa garantía el análisis crítico que puede hacerse frente a ella mientras dure el debate; de suerte que, no se conculcó el derecho a la defensa técnica con la ausencia temporal de defensor entre el momento en que se abrió la instrucción y aquél en que se escuchó en indagatoria al procesado, como erradamente lo plantea el casacionista, y es por ello que resulta ligera la afirmación hecha en la demanda según la cual “cuando el imputado accedió al proceso mediante la indagatoria, ya prácticamente su suerte estaba echada” (Cfr. Folio 284, cuaderno 1). Sobre el particular se ha pronunciado la Corte de la siguiente manera: (…) la defensa como unidad, para que pueda entenderse garantía constitucional, debe ser real, permanente y continua durante la investigación y el juzgamiento, es decir, durante todo el trámite procesal, ya que sin posibilidades de contradicción no es plausible concebir legítimo hoy día el proceso. Esto no significa, sin embargo, que si ha dejado de tenerla en un determinado momento, la actuación así cumplida, o la subsiguiente, advenga por ese solo motivo ineficaz, pues en virtud del principio de trascendencia que orienta la declaratoria de las nulidades, sólo si la anomalía afecta realmente las garantías de los sujetos procesales, o desconoce las bases fundamentales de la instrucción o el juzgamiento, resulta inevitable que así se declare. Ha sido sostenido también que si la irregularidad es oportunamente corregida, de suerte que el profesional designado contó con posibilidad de

ejercer adecuadamente los actos defensivos que pudo haber llevado a cabo durante el tiempo que el procesado careció de defensa técnica, debe entenderse que el derecho no ha sido conculcado, pues ningún sentido tendría invalidar el proceso para que la defensa vuelva a contar con oportunidades que ya tuvo (Cfr. Sentencias de casación de 27 de mayo de 1999, M.P. Calvete Rangel; junio 15 y agosto 11 de 1999, M.P. Arboleda Ripoll).”5 (Subraya fuera del texto). 5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia proferida el 30 de mayo de 2002, dentro del proceso 11.978. Fernando E. Arboleda Ripoll. 15 Pasando al momento de la indagatoria, se tiene que el señor Jesús Antonio Ramírez Giraldo asistió a rendir su versión ante la Fiscalía sin que lo acompañara un defensor de confianza, por esa situación, el Despacho designó al Dr. Jesús Adolfo Ramírez Torres, sólo para esa diligencia, según consta y se resaltó en el acta. En todo caso el profesional se le reconoció personería jurídica, aceptó el cargo y juró cumplir bien y fielmente los deberes del mismo (Cfr. Folio 39, cuaderno). Las posteriores actuaciones procesales que tuvieron lugar en el curso de la investigación penal fueron notificadas al Dr. Jesús Adolfo Ramírez Torres, todas por estado, después de haberse intentado correcta y fallidamente notificarlo de forma personal; así ocurrió en particular con resolución de situación jurídica (Cfr. Folio 72, cuaderno 1), providencia que sí fue notificada según se refleja en el

expediente, a contrario de lo dicho del demandante. Sostiene el libelista que el defensor que se le designó fue un defensor de oficio ocasional, sólo para la indagatoria, por lo que desde esa diligencia hasta el cierre de la investigación el procesado careció de defensa técnica. Al revisar el expediente, encuentra este Ministerio Público que la afirmación del casacionista en el sentido de que el defensor designado al procesado lo fue sólo para esa diligencia es cierta, pues así consta en el acta de la indagatoria; no obstante, eso no significa que el procesado hubiese estado desprovisto de defensa desde ese momento aquél en que se le designó un nuevo defensor – después del cierre de